La justicia ecuatoriana es un modelo referente regional de buena práctica

La justicia ecuatoriana es un modelo referente regional de buena práctica

diciembre 27, 2014
in Category: Entrevistas
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La justicia ecuatoriana es un modelo referente regional de buena práctica

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, considera al 2014 como un año positivo para el sistema de justicia del Ecuador. La infraestructura, la evaluación de desempeño, la vigencia del COIP, las unidades de flagrancia son algunos puntos que resalta sobre el proceso de transformación de la justicia. Para el 2015, la gran apuesta será tecnológica para mejorar el servicio y facilitar la atención a la ciudadanía.

¿Cómo ha mejorado la Función Judicial con la transformación que impulsa el Consejo de la Judicatura que se posesionó en el 2013?
El impacto del trabajo que hemos venido desarrollando empieza a ser muy sensible sobre todo desde este 2014 y será aún más manifiesto durante el 2015. Todo lo que hemos sembrado durante el 2013 realmente crece, empezamos a dar frutos importantes en este año. Por ejemplo, el año pasado todavía fallaban las audiencias: el 35 por ciento, en materia penal, no se realizaba , hoy por hoy, el 98 por ciento se desarrolla plenamente. Este es un aspecto trascendental en el mejoramiento del sistema de justicia porque aunque podemos tener nuevos edificios, infraestructura, más jueces, si las audiencias fallan es un problema muy grave para el usuario.

¿Cómo funciona el sistema para que no fallen las audiencias?
Estamos permanentemente pensando en los usuarios del sistema de justicia y esto ha sido un trabajo coordinado con la Fiscalía, la Defensoría Pública, los sistemas informáticos, la coordinación de audiencias y el sistema disciplinario. Todo esto ha dado como resultado el resolver ese grave problema que arrastraba la Función Judicial históricamente.
Este modelo de trabajo se ha convertido en un referente regional tanto que colegas de otros países nos piden asesorías sobre como resolver las audiencias fallidas que sigue siendo, en algunos países de América Latina, un gran problema que el Ecuador ha podido resolver.
Otro aspecto que refleja lo que significa actualmente la administración de justicia, a nivel regional, es que antes nosotros íbamos a otros países a tomar nota de lo que estaban haciendo. Hoy, en cambio, varios países nos piden pasantías de quince días o un mes para sus jueces. El poder judicial peruano nos ha solicitado dos pasantías para grupos numerosos de jueces que quieren venir a conocer el trabajo en nuestras unidades de flagrancia, porque, justamente, estas unidades también se están convirtiendo en un referente regional de una buena práctica para luchar contra la impunidad, bajo el debido proceso, con celeridad, pero también con certezas. Las unidades de flagrancia que funcionan en Quito, Guayaquil, Manta, Quevedo están siendo un ejemplo a replicar.

17¿Cuál es la cifra de privados de libertad que tienen sentencia?
Un poco más del 60 por ciento de nuestros privados de libertad tienen sentencia, esto es producto de una mayor celeridad en materia penal. Si hay una justicia que debe ser rápida y certera justamente es la penal. En años anteriores, la productividad llegaba al 40 por ciento, hoy se evacúa el 110 por ciento, es decir, lo que ingresa sale y, además, se está descongestionando lo de años pasados. Otro de los aspectos muy relevantes del año 2014: contamos con más jueces, antes teníamos apenas cinco jueces por cada cien mil habitantes, hoy tenemos 11, que es el promedio latinoamericano.
Esto ha permitido que haya una mayor productividad. Además, la evaluación de desempeño, que por primera vez se ha hecho en la Función Judicial, a nivel de oportunidad y productividad de la justicia, dio como resultado un desempeño mucho mayor históricamente que ha permitido llegar a estas tasas de resolución. En esta línea, hay una noticia muy buena: nuestros jueces recibieron con entusiasmo la evaluación, no la vieron como una amenaza o un riesgo sino como una oportunidad de medir su desempeño. El siete por ciento de los jueces no aprobó la evaluación, lo digo positivamente, el 93 por ciento pasó la evaluación y con las reconciliaciones será solo el 5 por ciento.

¿Qué exigencias tenía la evaluación realizada a los jueces?
Tenía exigencias de despacho de procesos, quienes estuvieron por encima del 85 por ciento de despacho tuvieron la nota satisfactoria; quienes llegaron a un 70 por ciento de despacho sacaron una evaluación aceptable; y quienes estaban por debajo del 70 por ciento no aprobaron la evaluación. Antes, el 40 por ciento se despachaba, hoy pusimos como mínimo el 60 por ciento de despacho. Pero la gran mayoría está en el nivel satisfactorio.

¿Qué va a pasar con el cinco por ciento que no aprobó?
Ellos, según la Ley, tienen tres meses más, serán notificados y tendrán los meses de diciembre, enero y febrero para alcanzar los parámetros mínimos. Si no pasan tendrán que abandonar la carrera.

¿Qué otros saldos positivos deja el 2014?
La gran infraestructura arrancó con la inauguración del edificio remodelado de la Corte Provincial de Guayas, esa es una remodelación histórica. También este año hemos inaugurado la Corte Provincial de Pichincha y varias obras importantísimas. Otro elemento interesante del 2014 es el proyecto del Código General de Proceso que dejamos en la Asamblea y, posiblemente, en este mismo año terminemos con la segunda aprobación.
Por otro lado, tenemos la entrada en vigencia del COIP que ha sido un desafío enorme para el Consejo. Tenemos un informe extraordinario del trabajo de la Escuela Judicial en capacitación a fiscales, defensores públicos, jueces, inclusive, a policías judiciales. Además, pusimos en marcha el casillero electrónico. Realmente ha sido un año de realizaciones muy importantes en diversas áreas.

Una de las preocupaciones que está latente es cómo las cifras de eficiencia de la Función Judicial están directamente relacionadas con la calidad del servicio. ¿Cómo lo garantiza la Función Judicial?
Con un abordaje integral del sistema penal y uno de los ejemplos justamente son las unidades de Flagrancia que grafican esa coordinación interinstitucional, que también son un reflejo de lo que hacemos en las mesas de justicia que el Consejo de la Judicatura convoca todos los meses en las que participan las más altas autoridades del sector: el Pleno del Consejo, el Presidente de la Corte Nacional, el Fiscal General, el Defensor Público General, el Defensor del Pueblo y también el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Allí se hacen las coordinaciones respetando cada uno su ámbito de competencia, pero garantizando que esas cifras reflejen el debido proceso. Es decir, no que haya más detenidos sino que haya una lucha contra la impunidad dentro del debido proceso y de una manera adecuada. El trabajo en las unidades de flagrancia se refleja en que ahora tenemos personas que tienen rápidamente una ratificación de inocencia o una sentencia que les establece una responsabilidad. Y, las personas privadas de libertad tienen derecho a un juicio rápido y justo.

¿Qué lectura le da a que actualmente el país tenga más 26 mil personas detenidas?
Habría que medirlo en tasa y compararlo al número de la región. El Ecuador tiene alrededor de 156 personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes, de las cuales la mayoría tienen sentencia. Si lo comparamos con la región no llegamos ni al promedio latinoamericano que estaba en 200 personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes. Chile tiene 250, Costa Rica alcanza los 270. Y hablo de estos dos países que son referentes de buenas prácticas en América Latina. Tenemos Honduras con 90, pero en este caso se llega a detectar problemas de impunidad. En El Salvador hay 230 y en Estados Unidos 750 por cada cien mil habitantes, que es una cifra elevadísima.
No podríamos decir que hay una explosión de privados de libertad por cada cien mil habitantes en relación a su población, lo que hay es un crecimiento producto de una mayor eficiencia en el sistema penal y aquí lo importante es que haya debido proceso. La cifra es orientadora de lo que puede estar pasando y, sobre todo, para que el Ministerio de Justicia tome las medidas pertinentes en cuanto al crecimiento de la población penitenciaria. No se puede decir en la sociedad que si hay muchos detenidos, que ya no haya juicios penales. Si hay delitos tienen que haber juicios penales bajo el debido proceso y la sanción pertinente. Así que esa cifra en sí misma no nos dice todo y de todas maneras estamos por debajo del promedio latinoamericano.

¿Cómo evalúa estos tres meses de funcionamiento del COIP?
Positivamente, porque tenemos nuevas figuras como el juicio directo que se está aplicando bien en la mayoría de provincias, aunque todavía hay provincias en las que hay algunas falencias. El nuevo COIP permite un juicio rápido en 10 días, en 25 días para que el inocente sea declarado inocente en un delito de flagrancia o que se asuman las responsabilidades y no tengamos como cómplice al tiempo que a veces demora los juzgamientos y que atenta contra la certeza, entre más tiempo pasa, es más difícil que tengamos certezas. El juicio directo se está aplicando, es una buena herramienta para ir más rápido en los procesos penales y, por otro lado, el Consejo tomó las medidas para la correcta aplicación del COIP.

Uno de los temas que más resalta en el COIP es la normativa en cuanto a violencia de género. ¿Cómo ha recibido esta responsabilidad la Fiscalía que no estaba acostumbrada a este tipo de procesos?
En la mesa de justicia topamos ese tema. En una coordinación interinstitucional, el Consejo creó los juzgados de lucha contra la violencia intrafamiliar y eso es un avance importante. Ahora bien, el COIP establece que también hay los delitos de violencia intrafamiliar y de género, y esos se deben denunciar directamente en la Fiscalía. En los primeros días, hubo malestar porque en la Fiscalía no se emitían boletas de auxilio y la persona tenía que volver al juzgado de violencia para que se emitiera la boleta. Cuando iba al juzgado de violencia se emitía directamente la boleta de protección y a la persona se le decía que eso era un delito y que debía ir a la Fiscalía.
Entonces, hicimos una resolución para que desde la Fiscalía se solicite por cualquier vía (correo electrónico, llamada telefónica) la boleta de auxilio al juez competente quien la emitía por la misma vía. El secretario de la Fiscalía sienta una razón y se le da la boleta de auxilio. Por lo cual la persona no tiene que estar en esta ida y vuelta. Emitimos el protocolo para resolver ese problema, se está aplicando y por el momento sabemos que los fiscales ya están entrando en esa dinámica del otorgamiento de la boleta de auxilio.

¿Se ha pensado plantear una reforma para este tema?
Eso ya le corresponde analizar a la Asamblea, nosotros, en nuestro campo de competencia, sacamos el protocolo que es lo que podemos hacer. Luego, si hay reformas legales aplicaremos lo que las nuevas normas digan.

18¿Cómo ha ayudado la aplicación de medidas alternativas a la resolución de conflictos a descongestionar el sistema judicial y darle una respuesta inmediata a la gente?
Esto es uno de los aspectos prioritarios del Consejo de la Judicatura. En este año hemos abierto más de 55 centros de mediación, antes teníamos apenas cinco. Tenemos casi 100 mediadores que están trabajando en prácticamente todo el país. Se trata de un servicio que cada vez es más demandado por la ciudadanía, porque creemos que debemos entrar en una cultura de diálogo, que la gente no solamente plantee denuncias, demandas o juicios sino que también lleve sus casos a mediación. Estamos trabajando también con colegios de abogados, que entienden el perfil que deben tener los abogados modernos para que entren a esta dinámica de llevar los procesos de sus clientes hacia mediación.
La descongestión se irá logrando con el tiempo, lo importante primero es dar la posibilidad a la gente de que puede mediar y así ir generando una cultura de diálogo y de uso de esos mecanismos, pues vamos a la velocidad de los valores sociales y de la cultura social de llevar los casos a mediación. Nosotros iremos aumentando la oferta de este servicio a medida que vaya siendo demandado.

¿Cómo evalúa la aplicación del principio de favorabilidad?
Estas normas están en vigencia desde el 10 de agosto. Los jueces la están aplicando a medida de los pedidos que se presentan porque no es un tema de oficio, es un tema a pedido. Sobre todo cuando hay sentencia, si no hay sentencia el juez aplica la norma vigente. Pero si ya hay sentencia la norma establece que quien crea haberse beneficiado debe pedir y evacuarse ese pedido en una audiencia pública.

¿Qué opinión tiene la ciudadanía sobre el trabajo que realizan los operadores de justicia?
Creo que es una valoración muy positiva. Son sensibles las felicitaciones de lo que es más visible, ni siquiera para los usuarios sino para la comunidad en general, que es el mejoramiento en infraestructura, en comodidad, en acceso al servicio. En cuanto a la rapidez, más allá de los resultados, es interesante porque la gente pierde un juicio, pero dice “bueno, se solucionó rápido, aunque haya perdido, ya veré si apelo o no”. Ya hay una celeridad mayor. Evidentemente nos falta mucho por hacer, jamás podríamos decir que está todo resuelto y a veces digo con rigurosidad que nos falta más por hacer que lo que ya hemos hecho. Lo que se ha hecho es comparativamente enorme e histórico frente a lo que existía antes en nuestro país como servicio de justicia e incluso muchas de nuestras prácticas son referentes.

¿Se puede decir que el país cuenta con seguridad ciudadana?
La seguridad ciudadana ha mejorado enormemente y no solamente porque la Policía está haciendo un mejor trabajo sino porque también hay una mejor lucha contra la impunidad y eso repercute directamente en la seguridad ciudadana. Además de esa seguridad ciudadana, hay seguridad jurídica, porque los juicios son más rápidos, son más ágiles, están en manos de jueces de carrera no en jueces temporales y ese es otro de los logros importantes de este 2014. Antes, más del 50 por ciento eran jueces temporales, hoy solo el cinco por ciento; el 95 por ciento son jueces de carrera que ganaron un concurso para estar en sus cargos. Entonces, sí tenemos seguridad ciudadana y también mayor seguridad jurídica.

¿Cuáles son los mecanismos y estrategias para garantizar la independencia judicial?
Fortalecer la carrera judicial y ahí es donde se mide la independencia de la justicia y no tanto en discursos políticos, hechos por políticos con intereses políticos, refiriéndose a un caso u otro porque simplemente no le gustó a alguien una sentencia. La independencia judicial se mide en la independencia del funcionario y en la motivación que el funcionario hace de sus sentencias. La carrera es fundamental, los jueces que se designan por concursos y son sometidos a la evaluación de desempeño. En esta línea, la medición de las quejas de los usuarios es una herramienta fundamental para fortalecer la independencia, pues si no se atienden esas quejas se debilita la independencia, porque está relacionada con la rendición de cuentas, con la transparencia. El Consejo ha fortalecido todo aquello: la carrera, remuneraciones, tenemos las mejores remuneraciones de América Latina para los jueces de primer nivel. Eso fortalece la independencia, su estabilidad, su tranquilidad, su transparencia.

En el tema de la carrera judicial, ¿cómo se vincula a los fiscales y a los defensores públicos?
Los defensores también tienen una carrera, deben entrar a sus puestos por concurso. Con la Defensoría Pública estamos coordinando para hacer los concursos para que los defensores no estén a contrato sino que pasen a una carrera por nombramiento, pero la puerta de entrada a ese nombramiento no es el contrato sino el concurso. Igualmente con la Fiscalía, ya se han nombrado 200 fiscales que entraron por concurso.

En el tema salarial, una de las discusiones que siempre se ha generado es que los jueces, defensores y fiscales tengan las mismas condiciones porque están en el mismo nivel…
No tienen la misma remuneración, eso depende de las políticas salariales que mandan del Ministerio de Relaciones Laborales y de Finanzas. En eso, entiendo que hay una relación directa entre la Defensoría Pública y el Ministerio de Relaciones Laborales donde definirán esas escalas salariales, porque eso depende también de la política estatal no solamente de la Función Judicial.

¿Cuánto incide el salario en la independencia de un funcionario?
Por supuesto que puede incidir. Los valores son lo más importantes y al final del día cada funcionario y cada juez es el responsable de su independencia y de sus valores, pero hay que tener las condiciones de trabajo adecuadas, remuneraciones adecuadas, eso ayuda y aporta para la calidad del trabajo y para la tranquilidad del juez, del funcionario, para que esté más libre de cualquier presión, tentación y concentrarse en su carrera. Nadie está libre de una mala práctica por eso tenemos el sistema disciplinario.

¿Cuáles son los retos del Sistema de Justicia para el 2015?
Los retos que tenemos son buenos, grandes y que nos entusiasman mucho. A nivel de infraestructura están los nuevos centros judiciales para Quito que hacen mucha falta, las unidades de flagrancia para varios cantones del país. La entrada en vigencia del nuevo Código General de Procesos va a ser un hecho histórico en el año 2015, pues significa tener la oralidad en todas las materias. Seguramente, la Asamblea determinará un número de meses de Vacatio Legis que entrará en vigencia en la segunda parte del año 2015. Vamos a estar listos con toda la capacitación, infraestructura y tecnología para la oralidad en todas las materias, es un desafío enorme para el 2015, nos va a dar una herramienta extraordinaria para brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Fortalecer la mediación y la justicia de paz es otro de los elementos que nos esperan. A nivel tecnológico, la generalización del casillero electrónico y la puesta en marcha a mediados del 2015 del expediente electrónico entregando firma electrónica para los abogados en libre ejercicio que puedan también presentar escritos desde sus despachos privados con firma electrónica.
Nos estamos preparando para cumplir todos esos retos enormes que generarán muchos beneficios para la sociedad.

1 comment

  1. aida landeta
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    sin duda alguna , nuestras Autoridades, hacen lo mejor que pueden.y si bien es cierto los jueces son nombrados por concurso de méritos ,sin embargo existe uno en especial, que cuando fue Director de CRS trasladó a mi familiar con Falsos y gravísimos argumentos de intento de fuga , mala conducta y prostitición de mujeres, con la sola intención de causarle el mayor daño posible : alejarlo de su familia, enviarlo al peor sitio de la penitenciaría, y desde luego para q no se beneficie con prelibertad etc. Estos funcionarios hacen quedar mal al Régimen

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