Una supuesta ilegalidad aún pesa como condición sobre los migrantes

Una supuesta ilegalidad aún pesa como condición sobre los migrantes

febrero 28, 2015
in Category: Perspectivas
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Una supuesta ilegalidad aún pesa como condición sobre los migrantes

Los seres humanos no somos ilegales. No se puede ser ilegal porque nuestra primera condición, al nacer, es ser libres e iguales, y la libertad es un derecho que debe ejercerse a plenitud. Sin embargo, un extranjero sin los documentos que exige el país en el que reside, es considerado “ilegal”, entra en el grupo de ciudadanos “peligrosos”, porque su sola presencia, supuestamente, amenaza la seguridad interna de ese país. Desde la perspectiva del Derecho, se trata de una aberración jurídica, pues las personas no son ilegales, ilegales son los actos que pueden cometer.

La concepción general sobre los migrantes, en cualquier condición, en sí mismo evidencia un enfoque alejado de los derechos humanos, abriendo más de una puerta para que una gama de abusos opere sobre ciudadanos que por diversas razones salieron de sus países de origen. Naciones Unidas más de una vez ha señalado la vulneración de derechos contra los no nacionales por actos xenofóbicos que alimentan el racismo contemporáneo: “A menudo, los migrantes son objeto de discriminación en el ámbito de la vivienda, la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social. Se trata de un problema mundial que afecta a los países de origen, a los de tránsito y a los de destino”. Según la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, alrededor de 200 millones de personas viven fuera de su país de origen, una cifra que para el 2010 constituía el 3,1 por ciento de la población mundial.

La pobreza y la violencia son las razones principales por los cuales las personas migran, y un número significativo suele hacerlo de manera irregular. El Ecuador sabe a ciencia cierta lo que significa la migración: a finales de los noventa y los primeros años de la década del 2000 miró como más de un millón de sus ciudadanos se fue buscando un mejor futuro a consecuencia de la pobreza que dejó el descalabro bancario. No obstante, Ecuador también sabe lo que significa recibir migrantes, la gran mayoría colombianos que salieron de su país por la segunda razón por la cual la gente migra: la violencia. Según Acnur, 54 000 personas tienen condición de refugio en nuestro país, de ellas, el 98 por ciento es de origen colombiano que llegó huyendo del conflicto armado.

Hay una tercera forma de migración no regular que, además, es una de las más infames que ocurre en el mundo: la trata de personas liderada por mafias internacionales. El Informe Mundial sobre trata, de 2012, señala que entre el 55 % y el 60 % del total de víctimas detectadas son mujeres que provienen de 136 nacionalidades distintas, en 118 países del mundo. El documento contiene información de unas 43 000 mil víctimas, 12 000 de ellas menores de edad.

Las personas que no cuentan con un estatus migratorio regular, generalmente, son detenidas en centros administrativos o en prisiones, pese a que las normas internacionales de derechos humanos recomiendan que el encarcelamiento sea la última decisión a tomar. Estas medidas responden a “las políticas de seguridad” reforzadas con legislaciones punitivas que han creado los delitos migratorios en franca contradicción con los derechos humanos.

Los resultados de la implementación de estas políticas y leyes son la criminalización del migrante y otra serie de consecuencias en detrimento de sus derechos. Incluso, al migrante se le convierte en un delincuente por no tener una condición migratoria regular y, a su vez, se reafirma el prejuicio sobre el extranjero como el “peligroso”.

En esa línea, los países siguen afianzando políticas y leyes para impedir el ingreso de ciudadanos de otros lares. En España, por ejemplo, se ha encendido la alerta por las “expulsiones express” contra inmigrantes, particularmente, contra aquellos que no provienen de la Unión Europea. En un tiempo récord de 72 horas, la policía española lleva adelante el procedimiento de expulsión a riesgo de vulnerar derechos como lo ha señalado el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE); en 2013, se registró la expulsión de 6462 personas.

También es válido recordar el muro que separa a México de Estados Unidos. En 1994 empezó su construcción bajo la “Operación Guardián” para impedir el ingreso de migrantes. En 2011, el presidente Obama declaró (Telesur) que estaban construidos 1044 kilómetros y que se pretendía extender hasta 1120 de una línea de 3200 kilómetros que separa esas fronteras.

Amnistía Internacional, en el informe que publicó en 2014 sobre migración en Europa, denuncia que “los estados miembros de la UE incumplen las obligaciones internacionales y regionales que han contraído en materia de derechos humanos, mientras que la UE en sí parece haber renunciado a sus valores y principios fundamentales al hacer oídos sordos a las violaciones de derechos humanos que se comenten en sus fronteras”. Y va más allá: “la atención de los responsables de tomar las decisiones en Europa sigue centrada en la exclusión: construcción de vallas más altas, instalación de más material de vigilancia y mayor control de las fronteras”.

Las campañas electorales para la presidencia de la república en países como Francia, por ejemplo, enarbolan el combate a la migración como la medida ideal para reducir la inseguridad. En una de sus declaraciones con mayor carga xenófoba, Jean-Marie Le Pen, fundador del ultraderechista Frente Nacional, dijo que “tres meses de ébola pueden arreglar la explosión demográfica mundial y detener la inmigración masiva”.

En América Latina no se han construido muros ni se ha llegado tan lejos, pero cobra fuerza ese concepto discriminador de que el migrante es por esencia peligroso. En un estudio realizado en varias ciudades de América Latina (2010), que fue entregado a la anterior administración de la Alcaldía de Quito, consta que cuatro de cada diez quiteños no quisiera tener como vecinos a colombianos o cubanos. Se trata de un prejuicio que se ha construido con la ayuda de los medios de comunicación, que mediante información descontextualizada y ambigua, reafirma el referente de que el extranjero es una las principales razones para el incremento de la inseguridad. Esta premisa se aplica con toda seguridad en los demás países de la región.

En medio de este escenario complejo, la Unasur propuso, en 2014, la ciudadanía suramericana para garantizar que los ciudadanos de la región, con total libertad, trabajen, estudien, hagan negocios… en cualquier país. En palabras del Secretario General, Ernesto Samper, el propósito es “garantizar la libre movilidad de los 400 millones de suramericanos por la región, el derecho al trabajo, la homologación de títulos universitarios y la protección jurídica”.

Es un paso enorme que dará la región cargado de un fuerte simbolismo de justicia e igualdad que hace trizas el turbio concepto de “migrante ilegal”. En este contexto, se puede presumir que Ecuador se adelantó a esta propuesta planteando la ciudadanía universal y considerando en su Constitución (artículo 40) que “(…) no se identificará ni considerará a ningún ser humano como ilegal por condición migratoria”.

Esta visión sobre las personas encarna un profundo concepto de justicia e igualdad, porque será capaz de promover la integración de los migrantes en las sociedades a las que desplazan y les abrirá formalmente las puertas para que contribuyan al desarrollo del país que los recibe con el evidente beneficio personal que representa esta medida.

Además de los obvios beneficios económicos, sociales, políticos e incluso culturales, es evidente que la ciudadanía suramericana tal como la concibe Unasur, consolidará las aspiraciones de la región de construir un subcontinente integrado bajo los principios de paz, derechos humanos y democracia como lo han previsto los presidentes sudamericanos.

Ernesto Pazmiño Granizo es el Defensor Público General del Ecuador y Coordinador para América del Sur de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF)

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