Acerca de la cultura de paz y los procesos en materia penitenciaria

Acerca de la cultura de paz y los procesos en materia penitenciaria

abril 29, 2015
in Category: Perspectivas
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Acerca de la cultura de paz y los procesos en materia penitenciaria

Desde el año pasado, la Defensoría Pública ha promovido varias campañas para promover una cultura de paz en el ámbito carcelario. En un primer momento, a partir de abril 2014, los defensores públicos comenzaron a promover la judicialización de los beneficios penitenciarios. La publicación del COIP (10 de febrero 2014) y el hecho de que algunas normas entraron en vigencia desde ese momento, generó una paralización de los trámites respectivos. Los directores de las cárceles consideraban que no tenía la potestad legal de otorgar los beneficios y los jueces de garantías penitenciarias aún no habían asumido su nuevo rol.

Parte de la confusión se debía a la vigésima primera disposición transitoria del COIP, que dispone que “hasta que se nombren a las y los jueces de garantías penitenciarias (…) el otorgamiento de libertad condicional, libertad controlada, prelibertad (…) le corresponderá al ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos”. Ahora bien, el Consejo de la Judicatura había delegado la función de los jueces de garantías penitenciarias a los jueces de garantías penales (con resolución 018-2014, vigente desde el 03.02.2014), no obstante, ellos no habían comenzado a actuar como tales.

Debido a la confusión, los intereses y esperanzas de las personas privadas de libertad quedaron entrampados en algo que se podría llamar “desinterés o indolencia institucional”. Nadie se sentía responsable de asumir la decisión sobre la concesión o negación de los beneficios. Muchos jueces de garantías penales se inhibieron simplemente de conocer las causas que eran de su competencia. La resistencia al interior del poder judicial fue tan fuerte, que el mismo Consejo de la Judicatura se vio obligado a ratificar, con una segunda resolución (resolución 032-2014, aprobada el 20.02.2014), la decisión de ampliar la competencia de los jueces de garantías penales.

28Cierto es, que al inicio tampoco los defensores públicos o privados tenían una estrategia. Hasta antes de la entrada en vigencia del COIP, la mayor parte de la labor de los defensores que trabajaban en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, consistía en promover trámites y de participar en actividades propias de la administración penitenciaria como audiencias disciplinarias. Consecuentemente, la unidad especializada de la Defensoría Pública se llamaba “Unidad Administrativa Penal”.

Con la nueva legislación en vigencia, surgen otras vías de reclamo jurídico, pero aún no había la experiencia en su uso. Fueron los representantes de las personas privadas de libertad del expenal García Moreno quienes tuvieron la idea, urgidos por sus bases, de comenzar con la judicialización de los beneficios. Prepararon un listado de casi cien personas que podían acogerse a la rebaja de la pena, prelibertad y libertad controlada. Al inicio, los dirigentes querían que un abogado particular llevara los casos, no confiaban en que la Defensoría Pública les pudiera ayudar. Esta desconfianza hacia la labor de los defensores públicos, se convirtió en un reto institucional que finalmente desembocó en la implementación de una nueva política de atención. A su vez, constituyó el punto de partida de la primera campaña de litigio.

Con el listado de los dirigentes, la Defensoría Pública desarrolló modelos de escritos para solicitar la concesión de los diferentes beneficios. El tiempo apremiaba, ya que los dirigentes perdían la paciencia y querían ver los sellos de ingreso de judicatura en sus respectivos escritos de defensa. La Defensoría Pública logró recuperar la confianza de sus usuarios, sin embargo, fue el inicio de un proceso que aún no ha concluido.

Podemos mencionar que por ahora los defensores públicos de Pichincha han podido conseguir los resultados siguientes: 1) Se interpusieron 248 recursos de rebaja de penas, prelibertad y libertad controlada. 2) De los pedidos de rebaja de la pena, un total de 60 casos fueron acogidos concediendo rebajas del 10 al 50 % de las penas impuestas; 31 casos no han sido resueltos, seis fueron archivados, 12 personas cambiaron a un abogado particular y en 24 casos los jueces se inhibieron a conocer las causas. 3) De las 105 casos de prelibertad presentados, 27 fueron concedidos, seis negados, en 29 casos los jueces se inhibieron a conocer la causa, en 31 casos no hay resolución hasta la fecha, tres causas fueron archivadas, en ocho casos los posibles beneficiarios se cambiaron a un abogado particular y un caso está pendiente porque no se ha entregado la documentación completa. En cambio, no se consiguió un resultado positivo en ninguno de los dos casos presentados para la libertad controlada: uno fue negado, el otro sigue pendiente.

29El alto número de inhibiciones se debía, también, al traslado de las personas del expenal García Moreno al CRS de Latacunga, hecho invocado por algunos jueces para justificar su falta de competencia. Decisiones que carecían de fundamento jurídico, ya que el Código Orgánico de la Función Judicial determina que “fijada la competencia con arreglo a la ley ante la jueza, juez o tribunal competente, no se alterará por causas supervinientes” (artículo 163 núm. 2.).

Lo que enuncia la norma, es el principio de la “perpetuation jurisdictionis”. El traslado a Latacunga, en aplicación del mencionado principio, es una causa superviniente y no afecta la competencia de los jueces de garantías penitenciarias. Si uno quisiera darle cualquier otra interpretación a la referida norma, la competencia judicial estaría atada a decisiones de la Administración Penitenciaria, lo que vulneraría la seguridad jurídica y el derecho a una tutela judicial efectiva de las personas privadas de libertad. El alto número de inhibiciones muestra que la resistencia que existía en el poder judicial, en conocer causas del ámbito penitenciario, aún no había sido superada, ni luego de las dos resoluciones del Consejo de la Judicatura.

La primera campaña en materia penitenciaria permitió que tanto los jueces como los defensores públicos adquieran las primeras experiencias de litigio en materia penitenciaria. Más adelante, vamos a describir algunos desafíos pendientes que dejó esta primera experiencia.

La campaña siguiente y más conocida y publicitada es la del principio de favorabilidad o de la aplicación de la ley penal más benigna. Se trata de un conjunto de actividades que ha contribuido a la liberación anticipada de más de 2000 personas privadas de libertad, quienes se beneficiaron del cambio de la legislación penal y de la puesta en marcha del COIP. Especialmente, personas condenadas por la posesión de drogas han alcanzado su libertad años antes de lo que estipulaban sus respectivas sentencias. Todo ello fue posible gracias a la intervención organizada y planificada de los defensores públicos quienes tuvieron que judicializar las respectivas causas ante los juzgados de garantías penitenciarias.

Jorge Paladines, asesor penal de la Defensoría Pública, ha analizado, con mucha claridad, las debilidades de la actuación de los jueces y de varios los fallos judiciales (en la revista Defensa y Justicia No. 13). Aquí queremos mirar el tema desde otra perspectiva, destacando que el logro de la Defensoría Pública también puede ser entendido como una debilidad del poder judicial (véase Art. 181 núm. 5 de la Constitución), pues legalmente los juzgadores deberían haber aplicado la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición alguna (art. 16 núm. 2 COIP). Cada posible beneficiario del principio de favorabilidad podía, al momento de la entrada en vigencia del COIP, tener la expectativa justificada que se le conceda, de oficio, la rebaja respectiva.

Si uno visitaba la cárcel en esa época, se encontraba con una multitud de personas con nuevas esperanzas y sueños de libertad. Fluía una energía diferente que contagiaba de manera positiva el ambiente. No queremos pensar en qué hubiera pasado si la Defensoría Pública, ante la falta de actuación de oficio de los jueces, hubiera dejado de impulsar una campaña para hacer efectivo el principio de favorabilidad, muchas esperanzas se hubieran frustrado. La esperanza es un pacificador y un medio de control utilizado generalmente por la administración penitenciaria para mantener el orden y la seguridad en los centros de reclusión, es un elemento esencial para garantizar una cultura de paz.

Cuando, tras la vigencia plena del COIP, en agosto del año pasado, las personas no salieron libres, el ambiente en la cárcel se ponía más y más denso. Las personas privadas de libertad pensaban que no existía una voluntad real de aplicar la nueva legislación (miedo que con las primeras resoluciones positivas se logró superar). Ante el eminente peligro de amotinamientos, las autoridades penitenciarias pidieron que la Defensoría Pública vaya a las distintas cárceles para promover la tramitación de los casos de favorabilidad. El uso del derecho aparecía, de repente, como una válvula de escape contra un inminente peligro de violencia.

Es importante mantener en mente esta utilidad práctica del uso del derecho en el ámbito penitenciario. Antes, las autoridades penitenciarias percibían, a menudo, la presentación de un recurso ante la judicatura como un desafío de su autoridad. Las personas privadas de libertad tenían temor a represalias cuando recurrían al reclamo de sus derechos (para un estudio sobre el tema véase Stippel). Fueron las mismas autoridades que ahora querían que se judicialicen los casos, para así evitar conflictos. Un cambio de actitud que, al prolongarse en el tiempo y profundizarse en las materias, podría llevarnos de un sistema autoritario de mantener el control mediante la fuerza física, amenazas e incentivos rudimentarios, a uno de un carácter más burocrático legal, donde las personas privadas de libertad pueden confiar en la utilidad práctica y vigencia real de las normas (véase Ditchfield).

Es en el contexto de este desarrollo y con el afán de contribuir al cambio del modelo penitenciario, la Defensoría Pública impulsa la campaña de litigio en materia penitenciaria. De cierta manera se trata de retomar y continuar la primera campaña. Por un lado, se van a judicializar los beneficios penitenciarios contenidos en el Código de Ejecución de Penas y demás normas vigentes antes de la entrada en vigencia del COIP. A su vez, se comienza a litigar a favor de la aplicación de los beneficios contenidos en el COIP. Algunos de los conflictos legales que van a tener que ser resueltos en sede judicial, ya son previsibles.

Un primer conflicto puede darse en cuanto a la interpretación de la vigencia continua del Código de Ejecución de Penas prevista en la tercera disposición transitoria. El COIP dispone que “los procesos, actuaciones y procedimientos en materia de ejecución de penas privativas de libertad que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose conforme al Código de Ejecución de Penas y demás normas vigentes al tiempo de su inicio y hasta su conclusión”.

30Lo que estipula la norma, es que cada persona detenida en un centro de reclusión antes de agosto 2014, puede acogerse (también en cuanto a los beneficios) a la legislación vigente antes del COIP. En cambio, no es necesario que la persona haya sido condenada o que la sentencia haya adquirido la calidad de cosa juzgada ante de la fecha señalizada. El COIP se refiere de manera genérica a la “materia de ejecución de penas”. Una interpretación sistemática muestra, que el legislador bajo la denominación del Libro Tercero, “Ejecución”, engloba tanto a medidas cautelares como a penas privativas de libertad. A su vez, la primera disposición transitoria dispone que también los procesos penales iniciados antes de agosto 2014, sigan tramitándose conforme a la anterior legislación. Es decir, el legislador optó por un sistema que garantiza la seguridad jurídica y que impide la dispersión de procesos. Es esa la claridad que las personas privadas de libertad necesitan para iniciar sus trámites de beneficios. Desde esta interpretación se entiende que el artículo 667, párrafo 2 del COIP, disponga que para el cómputo de la pena “se tomará en cuenta el tiempo que la persona sentenciada está efectivamente privada de su libertad” y no solo el tiempo que este privada de libertad con sentencia ejecutoriada.

Otro conflicto que ya se ha dado, es la interpretación de algunos requisitos exigidos para postular a la prelibertad. El Reglamento del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social (publicado en el Registro Oficial 379 el 30.07.2001) exige, para la concesión de la prelibertad, que los internos acrediten, entre otras, que se encuentran “en un centro de seguridad mínima o en las secciones equivalentes de los centros mixtos o especiales”. El problema se da, porque el proceso de clasificación en los distintos niveles de seguridad, aun no es transparente.

En Latacunga se ha visto que cada cambio de director del centro -en los últimos 12 meses han habido seis directores diferentes- conlleva un proceso de reubicación y reclasificación de muchas personas. Ocurre que mientras se está tramitando una solicitud de prelibertad ante los jueces de garantías penitenciarias, de repente se cambia al peticionario de una sección de mínima seguridad a una de mediana. Pero la causa del cambio no radica necesariamente en el comportamiento del sujeto, sino en problemas logísticos y de hacinamiento. Los defensores públicos han presentado reiteradas solicitudes ante los directores del CRS pidiendo una justificación por las reubicaciones, lamentablemente sin, a la fecha, recibir respuesta alguna. Lo importante será que los jueces de garantías penitenciarias también hagan uso de la sana crítica al momento de evaluar si una persona está ubicada en una “sección equivalente” a una de seguridad mínima. Cuando, por ejemplo, un cambio a un sector de mediana o máxima seguridad se debe únicamente a problemas logísticos o si la administración no justifica las razones de la reubicación, una interpretación constitucional exige que se conceda el beneficio.

El Código Orgánico de la Función Judicial nos ofrece una orientación, en ese sentido, al disponer que “las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional” (artículo 6). La cita permite recordar que el derecho penitenciario no es un apéndice del derecho penal, se trata más bien de un área del derecho que concretiza el significado y el alcance de los postulados constitucionales en el ámbito penitenciario. No existe, por ello, una prohibición de analogías o de interpretar las normas sino, al contrario, el deber de hacerlo acorde a los requerimientos constitucionales.

En ese espacio no vamos a poder dar respuesta a todos los conflictos posibles que van a surgir en esta nueva campaña de litigio. Pero queremos resaltar dos conflictos más que ya han impedido que las personas privadas de libertad puedan acceder a los beneficios, en este caso previstos en el COIP. Algunos juzgados han argumentado que, ante la ausencia de un reglamento y de los dispositivos de vigilancia electrónica, no podían resolver sobre la concesión del régimen semiabierto y abierto (véase art. 695 a 699 COIP).

Es importante resaltar que, contrario a lo que se ha caracterizado como típico de una cultura jurídica legalista” (Friedman) o de un “paradigma legalista” (Squella, 579), la vigencia de una norma no depende de la aprobación de un reglamento, ni puede ser modificado por su contenido. Aldo Valle, en alusión a la cultura jurídica chilena de corte legalista, explica que en los operadores jurídicos se cree que el derecho debe ser obedecido antes que pensado críticamente, ya que subyace la idea que el derecho es más un acto de autoridad y no una técnica social cuya legitimidad responde a la racionalidad de intereses, fines y normas (citado según Squella, 580).

Recordemos que el constituyente ecuatoriano quería superar este paradigma. Ecuador se define como “un Estado constitucional de derechos y justicia social (…) (artículo 1)”, cuyo deber primordial es “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (…)” a todas y todos los ciudadanos (art. 3 núm. 1 y art. 6 párr. 1). Es decir, los derechos enunciados en las leyes, no son solo “programas o proyectos políticos”, sino garantías cuyo goce se garantiza constitucionalmente. En consecuencia, son las autoridades estatales, los órganos obligados por la Constitución de garantizar el cumplimiento de los derechos” (art. 11 núm. 1 Constitución). Es más, los derechos son plenamente justiciables y “no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento” (artículo 11 núm. 3).

Si la Función Legislativa asume una decisión y la plasma en una ley, la Función Ejecutiva tiene que generar las condiciones para su implementación. En el caso del COIP, la “vacatio legis” de más que medio año, le dio también tiempo suficiente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de generar las condiciones para la implementación de las normas. Si no se ha dictado reglamento alguno y si no existen dispositivos de vigilancia electrónica, eso no puede servir de argumento para frustrar la aplicación de la normativa. Es más bien deber de los jueces de garantías penitenciarias darle una interpretación constitucional a estas exigencias normativas. Nada impide, por ejemplo, recurrir a los requisitos y exigencias establecidas para los beneficios equivalentes en el Código de Ejecución de Penas. A su vez es de notar, que el COIP no habla de “brazalete electrónico” sino de “dispositivos de vigilancia electrónica”. Todos sabemos que los “teléfonos inteligentes” modernos contienen un modo de ubicación por GPS, nada impide presumir que estos pueden ser dispositivos de vigilancia electrónica.

Quiero terminar el artículo volviendo al tema de la esperanza. Encontramos que la esperanza también forma parte del concepto de la dignidad humana. En una sentencia, que versa sobre la constitucionalidad de la pena perpetua, el Tribunal Constitucional Federal Alemán opina que el Estado tiene la obligación “de garantizar un mínimo de existencia, que asegure ante todo una vida acorde con la dignidad humana. Por ello, sería incompatible con este concepto de dignidad humana que el Estado se apropiara de la facultad de privar de la libertad a las personas sin darles por lo menos la posibilidad de poder obtenerla nuevamente […], pues el núcleo de la dignidad humana se ve conculcado si se obliga al condenado, independientemente del desarrollo de su personalidad, a abandonar toda esperanza de volver a obtener su liberta” BVerfGE 45, 187 (Cadena perpetua8).

Vemos que el Tribunal Constitucional Federal Alemán relaciona la esperanza con el desarrollo de la personalidad. Si una persona, hasta aquella condenada a pena perpetua, evoluciona, si desarrolla su personalidad, también tiene el derecho a la esperanza. El desarrollo de la personalidad no requiere necesariamente de una acción de parte del condenado, se puede dar también a consecuencia del cumplimiento de la pena. Es decir, la personalidad también puede desarrollarse por el simple transcurso del tiempo, pero es parte de la dignidad humana, el derecho que la esperanza a una vida en libertad sea el incentivo para este desarrollo.

En una sentencia previa el Tribunal Constitucional Federal Alemán había resuelto que “el delincuente no puede convertirse en simple objeto de la lucha contra el crimen con violación de sus derechos al respeto y a la protección constitucional de sus valores sociales (BVerfGE 28, 389 [391])”.

Si entendemos ambos fallos en conjunto, la jurisprudencia dice que el Estado al quitarle la esperanza a una persona privada de libertad, la convierte en simple objeto del ejercicio del poder, en desconocimiento de su calidad de sujeto de derechos.

Es en ese sentido que se pretende que el trabajo conjunto de los defensores públicos, de los funcionarios penitenciarios y de los jueces de garantías penitenciarias ayude a fortalecer el reconocimiento de las personas privadas de libertad como sujetos de derechos, dignos de tener la esperanza que las normas les otorgan derechos sean cumplidas.

Jorg Stippel

Penalista y docente universitario.

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3 comments

  1. Elizabeth
    Reply

    Por favor avisen si el Papa otorga la rebaja de la sentencia a las ppl… les agradecería mucho ya q nadie hablan sobre esto en los medios de comunicación

  2. Marco
    Reply

    Excelente el trabajo jurídico y humano de la Defensoría Pública del Ecuador. Es muy clara la normativa de nuestra Constitución de la República del Ecuador que es la norma superior y la disposición transitoria del COIP respecto a materia de ejecución de penas de la Prelibertad. Por favor que se ponga en conocimiento de los señores jueces respectivos para que no haya negativas o confusiones al momento de solicitar la Prelibertad.
    Felicitaciones a la magnifica gestión de la Defensoría Pública del Ecuador en cuanto a derechos humanos.

  3. Nicolas
    Reply

    El problema no es solo de los jueces, radica tambien en la Comision de Beneficios Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la misma que en todos los informes que realiza coloca que el interno NO CUMPLE EL LITERAL A de los requitos del Art. 38 del Reglamento Sustitutivo del Codigo de Ejecucion de Penas. Lo que dice este literal a, en “encontrarse en un centro de minima seguridad”, pero cuando a traves del director del centro o del departamento de diagnostico y evaluacion se pide informacion sobre la clasificacion de los centros lo que indican es que “no existe una clasificacion formal” o que “los centros no se encuentran clasificados”. No se que se puede hacer. Le agradeceria se comunicara conmigo a mi correo, el cual dejo en mis datos.

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