“El juez tiene que convertirse en director del proceso, no en dictador”

abril 29, 2015
in Category: Entrevistas
0 46160 0
“El juez tiene que convertirse en director del proceso, no en dictador”

Vanessa Aguirre, coordinadora de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Andina Simón Bolívar, analiza el proyecto del Código Orgánico General de Procesos (COGP) que aprobó la Asamblea Nacional en marzo. Puntualiza a la oralidad como una de las principales ventajas que presenta el proyecto y advierte algunas de las potenciales debilidades.

¿Cuáles son los cambios fundamentales que presenta el Código Orgánico General de Procesos (COGP) con respecto a los cuerpos legales vigentes a la fecha?

Bueno, la primera gran modificación está dada en la implementación de un proceso que se sustancia por audiencias orales. El proyecto lo que pretende es implementar este sistema para todos los procesos, porque oralidad tenemos en los procesos penales, en los de niñez y adolescencia y en los laborales, pero falta dar el salto hacia los demás y eso es lo que pretende este Código, es decir, que el precepto constitucional de la oralidad se haga realidad al fin.

¿Que otro cambio cree usted que presenta el COGP?

La estructura de los procesos. Este Código la quiere simplificar totalmente para hacer que el litigio se haga más sencillo y más accesible a los ciudadanos. En la actualidad, tenemos muchos trámites y eso en algún momento puede complicar a un litigante que no es experto, al momento de establecer cuál es el trámite por el cual tiene que encaminar una pretensión o hay, a veces, algunas complicaciones propias de ciertos procesos que inciden en que estos no se sustancien y no se despachen pronto. Lo que busca el Código es simplificar el trámite, hacerlo más rápido y más expedito para que, además, el juez pueda tener una efectiva participación dentro del proceso, en conjunto con las partes. Esa es realmente una gran ventaja que se deriva del sistema oral.

¿Cuáles son los retos que enfrenta el Sistema de Justicia con la aplicación de este Código?

Los mismos retos que presentó en su momento la oralidad en otras materias. Creo que esto se puede resumir esencialmente en dos cosas. La primera: la infraestructura. No podemos hablar de oralidad si es que los tribunales y las judicaturas no tienen unas instalaciones adecuadas. Se necesita contar con salas de audiencias debidamente equipadas para que los testigos no se encuentren unos con otros, que se puedan grabar las actuaciones, que exista un soporte fidedigno de lo que se hace en esas actuaciones. Por otra parte, la segunda, que es la más difícil, es la adecuada preparación de los actores, porque una cosa es litigar en un sistema escrito y otra es hacerlo en un sistema, donde tanto el juez como el abogado, tienen que estar muy bien preparados para poder intervenir. Esos son, a breves rasgos, los dos grandes restos de la oralidad.

Entonces podríamos decir que en el COGP prácticamente se instaura la oralidad para todos los procesos…

Claro, excepto para algunos casos. Hay que tener claro que este código no se aplica en el ámbito constitucional ni en el penal, porque son materias que tiene sus propias especificidades, entonces existen por un lado el Código Orgánico Integral Penal, con reglas distintas por la materia, y lo mismo cabe decir para el ámbito constitucional. Por lo tanto, este Código se va a aplicar para todo lo demás, es decir, para lo civil, laboral, niñez y adolescencia y cualquier otro proceso que no esté incluido en lo penal y constitucional.

¿Cuál es impacto social más importante para el ciudadano promedio que utiliza el sistema de justicia en el ámbito civil? ¿Nos puede dar un ejemplo concreto?

Si consideramos que el trámite idealmente se acortaría, la ventaja para el ciudadano será contar más rápidamente con una resolución. Eso por una parte, que es importante porque como sabemos “justicia que tarda no es justicia”. En segundo lugar, el sistema oral presupone que exista más publicidad dentro del proceso. ¿A qué me refiero? A que las actuaciones del proceso sean visibles para todos. No es que cualquier persona pueda entrar a todo juicio, sino que el ciudadano(a), al ser una de las partes, puede tener mayor acceso a lo que se hace y lo que se dice en su proceso. Además, un sistema de audiencias supone que el juez tiene un mayor contacto con las partes y viceversa. Eso significa también que el ciudadano(a) de alguna forma puede fiscalizar lo que se está haciendo en su proceso, no solo por parte del juez, sino también de su propio abogado. En resumen, lo que más se predice que de esta modalidad es la rapidez y la simplificación de los trámites.

¿Cómo quedaría el tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el COGP?

Ese es un tema interesante porque el Código casi no hace mención de los métodos alternativos de solución de conflictos. Por tanto, deberíamos entender que basta con que esté regulado en una ley propia que es la Ley de Arbitraje y Mediación. Yo creo que eso es mejor, esto no es una cuestión que tendría que topar el Código Orgánico General de Procesos.

Entonces es mejor que esté así

Sí, porque con los métodos alternativos de solución de conflictos sucede algo que no es contradictorio, ni excluyente, sino que se manejan bajo una mecánica distinta. Es un proceso mucho más sencillo que se rige por sus propias reglas, las partes pueden fijar las pautas de la solución del conflicto con el árbitro, por ejemplo. Estamos hablando de que no se necesita aplicar a rajatabla las reglas de un proceso judicial. Por ejemplo, en un proceso de arbitraje, las partes fijan con el árbitro el calendario de actuación de las pruebas. No es como el proceso judicial en el que se tiene que seguir inflexiblemente ciertos plazos y términos, hay mucha flexibilidad para lograr acuerdos. En lo que sí pone énfasis el Código Orgánico General de Procesos es en que el juez pueda proponer fórmulas de arreglo a las partes y ahí estamos hablando de un método alternativo de solución de conflictos que se llama conciliación.

¿De qué manera lo hace?

El Código, recogiendo un principio que está en el Código Orgánico de la Función Judicial, señala expresamente que si el juez propone fórmulas de arreglo a las partes no se le puede acusar de que está parcializado o prevaricando, que es una acusación frecuente en la práctica. Por eso los jueces prefieren no proponer fórmulas de arreglo en los procesos. Muchas veces la solución a un conflicto es muy sencilla y el juez lo puede visualizar, pero con el actual sistema, no lo propone. En los ámbitos de lo laboral y de niñez y adolescencia, a veces sí lo hace, pero en lo civil son raras las ocasiones en las que sucede. Bajo ese punto de vista, podríamos decir que el Código, con esa fórmula, sí ayuda a que se potencie la conciliación.

¿Qué sucede con los otros métodos alternativos para la solución de conflictos?

Del arbitraje no se habla mucho porque no tiene para que meterse, está regulado bajo su propia ley. Con respecto a la mediación, yo diría que sí falta una norma específica para que quizás exista una etapa previa. Esa es ya una decisión del legislador(a), que dependerá de si lo considera o no bueno. En algunos países ha funcionado y en otros no. En el nuestro habría que hacer la prueba.

Con respecto al rol de los jueces, que va a ser un poco más activo, y las herramientas que les ofrece el COGP ¿Qué se puede comentar?

Esto se deriva de la propia Constitución, porque ella dice que el Estado es constitucional de derechos y de justicia, esa perspectiva impone que la jurisdicción como potestad tiene que redimensionarse, esta ahí para hacer realidad los derechos de las personas. Entonces el juez tiene que convertirse en una suerte de director del proceso, no dictador, que es uno de los temores que existe cuando aumentamos sus poderes. No estamos diciendo que tenga discrecionalidad para decidir la causa de acuerdo a su íntima convicción, porque eso sería injusto, sino que debe utilizar herramientas para parar por ejemplo el litigio de mala fe o la deslealtad procesal (cualquier mecanismo que en el área judicial busque generar un daño en la contraparte).

¿De qué tipo de herramientas estamos hablando?

Si un litigante no cumple con sus disposiciones, que cuente con herramientas coercitivas como multas que sean efectivamente disuasivas. El Código actual de Procedimiento Civil dice que si no presenta algún documento que haya sido requerido se le aplicará una multa, hasta llegar a un tope de 20 dólares. Hablamos de montos que no son realmente una constricción. Ya hay la herramienta previa en el Código Orgánico de la función Judicial, ahora se necesita que a nivel procedimental se le den más herramientas al juez para hacer esta dirección. Esto por una parte, pero por otra, la labor de dirección también se hace evidente en la actuación y en la discusión de la prueba.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, cuando el juez empieza a ver que el testigo está eludiendo la respuesta, le puede pedir que concrete. En un sistema escrito no se puede hacer ese control, porque las preguntas están escritas en un papel y fuera de ese libreto no se puede ir. Acá en cambio, el juez sí puede controlar esos aspectos. También puede pedir al defensor que se refiera a lo que se está discutiendo y que no intente desviar la atención a otros puntos. Entonces, en esos aspectos que son meramente procedimentales, una adecuada conducción ayudaría a que el proceso avance de mejor manera e incluso a saber sobre qué se está discutiendo exactamente. Además, el papel director del juez es especialmente importante para contar con un proceso que esté libre de nulidades, porque el juez siempre tiene que velar porque el proceso sea válido. Entonces, con estas herramientas, una declaratoria de nulidad sería excepcional, a diferencia de lo que sucede en el actual sistema.

¿Cuál considera usted que será el rol de la Defensoría Pública con el COGP?

Tenemos una norma que dice que la defensa pública tiene que ser accesible a todos y ahí hay varios retos. En principio, la Defensoría Pública enfocó sus esfuerzos en los procesos penales, pero cuando la Constitución habla de que la justicia debe ser gratuita no hace limitación solo a esos procesos. Por tanto, deberíamos entender que este es un derecho que debe ser aplicado a todas las materias, incluso a las patrimoniales.

En principio no hay interés público en este ámbito, pero hay personas que están peleando por un terreno y para estas ellas pueden ser cuestiones realmente importantes. Entonces, se trata evidentemente de un derecho que está ligado al acceso a la justicia. El defensor es importantísimo y eso es algo que no hay que perder de vista. El abogado sea público o privado es el agente que depura la causa y la lleva al juez, y ese es el rol, el de colaborador con la administración de justicia.

Ahora hablemos un poco de las debilidades que podría presentar este Código ¿Cuáles cree usted que podrían ser?

El Código es como un claroscuro. En términos generales la estructura es buena. Lo que sucede es que se pueden encontrar algunas disposiciones sueltas que nos hacen preguntar qué hacen en el Código. He criticado, por ejemplo, la inclusión de muchas disposiciones que favorecerían al Estado y a sus instituciones, en el momento de litigar contra él. Eso rompe el principio de igualdad formal que debe existir en el proceso. Fuera de litigios, está muy bien que el Estado tenga una relación de jerarquía porque de otra forma cómo se logra el pago de impuestos o el respeto de la normativa tributaria, pero trasladar eso al campo de la justicia no está bien porque se supone que en el proceso tenemos que litigar en igualdad, para que podamos hacer realidad nuestro derecho a la contradicción. Si en el proceso no preservamos la igualdad, el ejercicio del derecho a la contradicción no va a ser efectivo.

¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de esas disposiciones que favorecerían al Estado?

Cuando usted deduce un recurso de casación, usted debe rendir una caución, que es un monto económico para que la sentencia se ejecute. El Estado no tiene que hacerlo. De igual manera, para poder impugnar una coactiva, usted tiene que cancelar la deuda primero. Ahí se está supeditándose el acceso a la justicia a la capacidad económica. Además, no se contempla como excepción a la coactiva la prescripción de la deuda. Entonces, supongamos que una persona debía algo, pero la administración no se preocupó de cobrarle durante el tiempo que la ley establecía, no importa, le podrá cobrar luego de 15 o 20 años. Eso es preocupante porque es abrir un espacio para la discrecionalidad y para la inseguridad jurídica. Además, contraviene la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana lo ha señalado en varias ocasiones, pero se sigue manteniendo porque teóricamente está ligado al cobro eficaz de las acreencias al Estado.

¿Puede señalar usted alguna otra debilidad del Código?

Tal vez falta un análisis más sosegado de qué causas se deben sustanciar en un proceso que conocemos como ordinario y cuáles en un sumario. La diferencia esencial entre los dos es que el ordinario tiene dos audiencias y el sumario una. Entonces la pregunta es si, por ejemplo, una causa de propiedad intelectual podrá ser sustanciada en una sola audiencia o si necesita dos. La dificultad de determinados casos quizás hace necesario que exista un poco más de discusión. Entonces no por lograr rapidez, necesariamente se tiene un mejor proceso, porque hay el riesgo de comerse en el camino un montón de garantías y de derechos. La idea es que las causas se discutan lo necesario como para contar con una resolución lo más justa posible.

22Hay algunas otras disposiciones más puntuales sobre las que sí merece la pena detenerse. Por ejemplo, me llama muchísimo la atención que se diga que la naturaleza puede ser actora o demandada. No se necesita ser abogado para entender que a naturaleza no puede ser demandada porque, por ejemplo, sembré y no me dio los frutos. Uno puede tomarse la representación de la naturaleza cuando esta ha sufrido daños, y esa es una figura que está muy bien, pero que la naturaleza sea demandada me parece mucha novelería.

¿Qué se puede decir sobre el tiempo del que disponen los jueces para dictar sentencia?

Es otra cuestión que a mi personalmente me parce discutible, el hecho de que al término de la audiencia final el juez tenga que dictar la sentencia. Me temo que si ese juez no está adecuadamente preparado lo que va a suceder es que se va a dejar impresionar por el alegato de un abogado que tiene buena habilidad expositiva y el problema es que en Ecuador la mayoría de los abogados no tenemos esas habilidades. Decía al principio que para implementar este sistema se necesita tener una muy buena capacitación. Las técnicas de litigio oral son completamente distintas a las que tenemos ahora en el proceso escrito. Es muy fácil litigar por escrito, no lo es en cambio en el proceso oral. Entonces el juez debe estar preparado para evidenciar cuando el discurso argumentativo del abogado es preciso para no dejarse impresionar y dictar una sentencia que posiblemente sea equivocada. No sé si se gane mucho con que la decisión sea al terminar la audiencia.

Entonces, ¿el juez debería tener un tiempo extra para reflexionar?

El argumento en contra sería que otra vez tendríamos una demora porque el juez no cumpliría con los plazos, pero para eso están las multas. Terminando la audiencia, si es que el juez no dicta sentencia en un determinado tiempo, ese es un mal juez. Quizás el Código propondrá una solución intermedia, que en casos difíciles se pida un tiempo para reflexionar y dictar la decisión. De lo contrario, finalmente ganaríamos celeridad pero aumentaríamos el riesgo de contar con sentencias que sean erróneas.

¿Cuáles considera usted que serán los retos para la academia y el foro de abogados con el COGP?

Bueno, el tema de la formación es un reto para la academia, en cuanto tiene que revolucionar totalmente la forma en la que se enseña el Derecho. El defecto más extendido en la enseñanza de las ciencias jurídicas es que se liga esencialmente a lo que dice la ley. Entonces si cambia el código, el profesional ya no va a saber cómo actuar. Lo que tenemos que enseñar es un derecho por instituciones. No tenemos que enseñarle al estudiante cuales son los medios probatorios, sino qué hacer con ellos. Necesitan aprender técnica para argumentar y adquirir cierta capacidad expositiva y de convencimiento.

Los estudiantes de Derecho, en su mayoría, no saben construir argumentos sólidos y en un sistema oral tienen que ser capaces de exponer una teoría del caso que, en pocas palabras, quiere decir saber identificar cuál es el problema sobre el cual se va a discutir. Por otro lado, nos hemos acostumbrado a llenar el proceso de medios probatorios que son inútiles, no sirven para demostrar el punto. Hay juicios que tienen 30 o 40 cuerpos, de los que servirá el 20 por ciento. Entonces tenemos que acostumbrarnos a un nuevo paradigma y eso viene desde la universidad.

Eso para los abogados, para los jueces el reto no está tanto en las universidades, sino en la Escuela de la Función Judicial.

Entonces en la Escuela Judicial ¿qué se le debe enseñar a un juez?

En primer lugar, debe tener una formación muy sólida en lo que concierne a derechos humanos y derecho constitucional que son las bases sobre las cuales se maneja un proceso. En segundo lugar, creo que los jueces deben tener una formación muy amplia en conducción de audiencias, porque ahora lo que sucede es que en una audiencia va un abogado un poco gritón y enojón y prácticamente ordena. Incluso, van algunos con una memoria externa y entregan la exposición al ayudante judicial para que se transcriba. Eso no es oralidad. En el caso de los defensores, la Escuela de Función Judicial también cumple el papel de profundizar en las técnicas de litigio, que consisten básicamente en reforzar la capacidad argumentativa, establecer exactamente cuál es el punto de la discusión y cómo sustentarlo con los medios de prueba.

¿Y cuáles son los retos para el foro de abogados?

En primera instancia sería no oponerse por oponerse al cambio. Es curioso como los abogados suelen ser los primeros en resistirse, quizás porque es mucho más cómodo litigar en un proceso escrito. Creo que lo deseable en el Foro sería la receptividad. Lo que, por otro lado, las autoridades deben entender es que no pueden dejar de oír al gremio y eso es algo que no estamos viendo en estos momentos. Hay un choque entre el Consejo de la Judicatura y el Colegio de Abogados de Pichincha. De lado y lado hay posiciones que deben conciliarse para que el cambio sea dialogado. Los colegios de abogados tienen que dar sus sugerencias, porque son la entidad que agrupa a los abogados en libre ejercicio, y el Consejo de la Judicatura tiene que mostrar apertura y voluntad de explicar a profundidad en qué consisten los cambios.

23Son cosas buenas, por ejemplo, que se disponga de un casillero electrónico para las notificaciones, lo que pasa es que existen muchos colegas que no saben muy bien cómo funcionan las computadoras, mucho menos acceder a internet. En ese sentido, el Consejo debe contemplar la capacitación para quien la desee. Entonces, les falta dialogar para ver cómo recoger las experiencias del Foro, que es lo que le corresponde, no solo defender al gremio, sino también recoger sus inquietudes y llevarlas al Consejo de la Judicatura. Y este debe estar abierto a recibir todos los comentarios para ver qué hace con ellos. Si se logra la apertura de los dos lados, yo creo que el Código va tener éxito.

¿Qué decir sobre el tiempo que se ha propuesto para que entre en vigencia el Código?

Se está proponiendo una puesta en vigencia demasiado rápida, debería haber una Vacatio legis (periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta que esta entra en vigor) más amplia. Es un cambio tan radical que se necesita materializarlo de a poco. El plazo propuesto de un año resulta insuficiente. Considero que debería ser de dos años y con una aplicación progresiva, desde los distritos judiciales menos congestionados hacia los que más lo están. Esta aplicación permite, además, mirar sobre la marcha qué está pasando para irlo corrigiendo. En materia laboral ya sucedió que se tuvo que reformar el código tres veces, no podemos darnos el lujo de cometer los mismos errores. Si los abogados no nos capacitamos bien, lamentablemente al que no pueda pagarse un buen abogado no le va a ir bien en un juicio oral. Por eso la Defensoría Pública tiene que asumir este rol con tanta responsabilidad.

 María José Lasso

Periodista , comunicadora y defensora de lso derechos humanos y de la naturaleza

,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *