En el COGEP la prueba para mejor resolver ¿vulnera o no los derechos?

En el COGEP la prueba para mejor resolver ¿vulnera o no los derechos?

abril 29, 2015
in Category: Análisis jurídico
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En el COGEP la prueba para mejor resolver ¿vulnera o no los derechos?

Dentro del articulado del Código General de Procesos (COGEP), nuevo cuerpo legal que regulará todos los procesos no penales en Ecuador, se practica un esfuerzo para fusionar las normas dispersas en materias procedimentales civiles.

Uno de los elementos fundamentales para el tratamiento de los procesos judiciales es la prueba. En este caso podríamos decir que mantiene esa misma importancia así como lo señala José García Falconí en la Revista Jurídica Derecho Ecuador: “(…) pues como dice la doctrina, la actividad probatoria no solo se limita al campo de lo estrictamente procesal, ni siquiera al campo de lo estrictamente jurídico, sino que a veces rebasa esos campos”. Por esta razón, el tratadista Alcalá Zamora sostiene que la prueba es el nudo del proceso, porque precisamente, el desatar ese nudo, implica solucionar el problema sobre el que hay incertidumbre o duda, y es justamente esa incertidumbre o duda que hay que despejar, y se despeja desatando el nudo del proceso y solucionando el problema que tal nudo plantea.

La prueba, como procedimiento, tiende a proporcionar al juzgador el conocimiento de la verdad procesal, conforme señala el artículo 27 del Código Orgánico de la Función Judicial.

El Título II del proyecto, para segundo debate del COGEP, desarrolla lo concerniente a la prueba y la ubica con la finalidad de llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos, la misma que para respetar el principio de oportunidad deberá ser adjuntada en la demanda, contestación de la demanda, reconvención y contestación a la reconvención.

Adicionalmente, permite que la prueba revestida de mayor complejidad para su acceso deberá ser anunciada para que sea el auxilio del órgano jurisdiccional quien ordene a los terceros la entrega de la misma, el artículo termina invocando la legalidad para la obtención de la prueba y que su práctica será oral en la audiencia de juicio.

Seguido de esto se desarrollan temas procedimentales de admisión, idoneidad y pertinencia, necesidad probatoria, valoración, entre otros. Esta situación, que parecería normal y obvia en la adhesión a un sistema oral, nos obliga a realizar una lectura con mayor detenimiento a la llamada “Prueba para mejor resolver”.

15Esta facultaría al juzgador, en casos excepcionales y dejando constancia de sus motivaciones, a ordenar la práctica de una prueba que permita el esclarecimiento de los hechos controvertidos en los que se encuentren inmersos las niñas, niños y adolescentes o en materia laboral, la particularización de estos casos nos invita a presumir que el papel adoptado por el juez será de garante de una de estas personas que son parte de los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución.

En legislaciones que persiguen garantizar los derechos de los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad, el papel de la justicia cumple el rol de garantizar no solo su efectivo y universal acceso sino también de evitar el desequilibrio dentro del mismo proceso judicial. Es por eso que en la región existe un amplio debate sobre “la prueba para mejor resolver” o también denominada la “prueba de oficio” que en estricto sentido es la participación del juez para ordenar la práctica de una prueba que considera relevante para obtener más claridad sobre los hechos que están siendo materia del juicio.

En resumen, los estudiosos del derecho, que están a favor de otorgar esta facultad al juez, alegan que prohibir legalmente el decreto de pruebas de oficio dentro de los procesos no es sino desconocer el valor de la justicia así como las obligaciones de las autoridades judiciales de propender hacía la búsqueda de una verdadera defensa de los derechos que están consagrados en los tratados internacionales y en las constituciones. Estas afirmaciones se sostienen en que ninguna ley debe limitar a los jueces su capacidad de razonar y analizar, dado que ello perjudicaría el derecho de acceder a la administración de justicia al limitarlos a ser simples árbitros pasivos frente a la probable violación de derechos fundamentales. Por el contrario, en su función de garantes su actitud debe ser activa y vigilante.

Por otra parte, existe una posición contraria arguyendo que esta norma lesiona directamente el principio de independencia judicial al considerar que el deber del juez es que prevalezca el derecho sustancial sobre el procesal y de esta manera hacer efectiva la búsqueda de la verdad y de la justicia. Todo basado en que el real y verdadero acceso a la justicia para efectivizar los derechos de los ciudadanos no se termina con la presentación de una demanda y la consecuente práctica de diligencias o el uso de algunos recursos, sino que finalmente prime la justicia y la vigencia de un orden justo, considerados como valores supremos.

Esta última posición también puede ser analizada desde el punto de vista del riesgo que correría el sistema de justicia cuando el juez pase de ser director del proceso a dictador del mismo; esta línea delgada puede ser fácilmente transgredida por la constante tentación de evitar las injusticias o desde la actuación judicial, obtener aprobación de la gestión por parte de la sociedad, para esto pueden contribuir varios factores externos que van desde lo mediático hasta lo religioso. El peligro de la pérdida de imparcialidad del juzgador respecto a las partes se vería irreparablemente afectado y, además, se transitaría en contracorriente del derecho fundamental del debido proceso, que no es más que el respeto a sus propios principios dentro del juicio.

La Constitución de la República reconoce este derecho como fundamental y en esencia precautela la oportunidad para contradecir ante un juez competente dentro de un régimen jurídico preexistente. Basado en este principio jurídico, Alvarado Velloso efectúa una crítica a la facultad probatoria de oficio argumentando que cualquier iniciativa que irrumpa en el desarrollo y estructura fundamental de los procedimientos o que afecta la legítima defensa, encajaría como una conducta que violenta el debido proceso y por ende afectaría a una de las partes que se encuentran dentro del litigio.

Sin perjuicio de lo descrito anteriormente, en casos en los cuales intervienen en favor de los derechos de la niñez y adolescencia, y de los trabajadores, los administradores de justicia motivadamente podrían requerir la incorporación de pruebas en favor de estos, si es que posterior a la presentación de una demanda, se presenta un hecho de particular importancia que puede alterar en su favor la pretensión inicial o es extemporáneamente aportada la prueba, es en ese único momento, y con la concurrencia de la probable vulneración de un derecho de estos grupos poblacionales, cuando el juez debería ordenar su incorporación de oficio evitando que se afecte la realidad de los hechos. Esta excepcionalidad debe ser tratada como tal y evitar que se convierta en generalidad.

En el fondo, de lo que se trata es que la totalidad del proceso debe permearse de garantismo procesal para que el corolario sea la verdadera realización de los derechos ante un sistema de justicia imparcial, evitando que la prueba de oficio o para mejor resolver no viole el debido proceso, fundamentalmente el derecho a la legítima defensa del cual somos titulares todos los ciudadanos. La posibilidad de que el juez disponga una prueba de oficio obliga en él una actitud de absoluta responsabilidad con la sociedad y el estado social de derechos y justicia.

Julio Ballesteros Vaca

Experto en análisis político

3 comments

  1. JOSE GAIBOR DE LA PARED
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    SINCERAMENTE MIS FELICITACIONES JULITO, ESTO DEMUESTRA SU DEDICACIÓN Y DISERTACIÓN CONSTANTE Y PERMANENTE A FAVOR DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.
    REITERO MI FELICITACIÓN.

    ATT JOSE

  2. Andrés Barrera Bravo
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    Uno de los pilares fundamentales para llegar a dar con la verdad de los hechos dentro de un proceso judicial en cualquier materia del Derecho, es precisamente la prueba, la misma que obliga a las partes a ser cautelosos pero acertados. El avance procesal conseguido en el nuevo Código Orgánico General de Procesos es el resultado de la lucha constante latinoamericana por instaurar un modelo propio de justicia y no uno impuesto por las grandres potencias; es el resultado de nuestra independencia.

  3. Adriana Gaibor
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    Julito es un artículo muy interesante, gracias por compartir sus conocimientos que son de mucha utilidad. Felicidades.

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