El Código Orgánico General de Procesos, cambio de paradigma

El Código Orgánico General de Procesos, cambio de paradigma

abril 29, 2015
in Category: Análisis jurídico
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El Código Orgánico General de Procesos, cambio de paradigma

Un viejo anhelo del Foro Ecuatoriano se ha hecho realidad. Después de décadas de reformas, parches y remiendos, hemos sepultado al obsoleto régimen del Procedimiento Civil, dominado por la escritura, causante de la lentitud de los trámites legales y demora en resolver los litigios, lo que deterioró la calidad de la justicia donde las decisiones las toma un juez que, casi siempre, no ha tenido el suficiente conocimiento de la causa y que forma su convicción basándose solamente en lo escrito, juzgando sobre la base de declaraciones que nunca ha oído y respecto de partes que nunca han comparecido ante sus ojos, dictando sentencias que no están apegadas ni a la verdad procesal ni a los hechos.

El Código Orgánico General de Procesos, en adelante COGEP, configura un modelo de política procesal inmerso en las condiciones y las situaciones de la realidad del Ecuador. La sociedad ha decidido pasar de un modelo procesal a otro, transitando de un proceso eminentemente escrito a un modelo moderno donde predomina la oralidad, debiendo superar barreras, ya que la presencia de una nueva cultura del litigio procesal impone a los operadores de justicia el acomodarse a los nuevos mandatos de optimización que regirán al nuevo proceso.

Así manifiesta el tratadista uruguayo Roberto Berizonce: “Debe superarse la ilusión que la sola sanción de la norma procesal pueda por puro voluntarismo modificar la realidad. Todo cambio debe empezar por los hombres, como enseñaba Carnelutti, pero resulta más fácil hacer una revolución que cambiar los hábitos (Ortega). Antes de concluir el discurso con lo consabido “resulta necesario un cambio de hábitos” de los operadores jurídicos, es menester comenzar por preguntarse y proponer las formas y modos para modificar la cultura judicial”.

Esto no sería posible sino se utiliza, en el proceso, todos los avances tecnológicos en materia de informática y telecomunicaciones, y se permite la realización y conservación electrónica, en audio y video de las actuaciones procesales, reafirmando la seguridad y confianza que la sociedad debe tener en el proceso y sus operadores.

El por qué de la reforma

La Constitución de 1998 dispuso que en el plazo de cuatro años se debía transformar el procedimiento civil en un sistema oral. Pero no dijo aquella Constitución en qué siglo se debía realizar dicha transformación. Han pasado 17 años para que se tome la decisión política de dotar al Ecuador de un nuevo Código Orgánico General de Procesos. El sistema procesal civil ecuatoriano, desarrollado en el Código de Procedimiento Civil, como casi todos los sistemas procesales latinoamericanos, es un sistema escrito, basado en la ley civil de vieja data y en los principios del derecho romano-canónico.

7Este sistema de procedimiento civil absolutamente formalista, lleno de rituales, frases sacramentales repetidas por años sin que tengan un mandato de optimización, una larga letanía jurídica, un proceso engorroso, escondido, oficinesco, parsimonioso, lánguido, sin inmediación, carente de un contacto vital y directo con los sujetos procesales, sin un conocimiento oportuno de la prueba, y con insuficiente publicidad, ha sido la causa de una atávica administración de justicia absolutamente desprestigiada. Todo el proceso es tramitado por los amanuenses, curiales, auxiliares, secretarios relatores, llegando al juez folios y folios que supuestamente había revisado para dictar sentencia.

Más de ochenta tipos de juicios tiene el Código de Procedimiento Civil con una infinidad de recovecos y marañas procesales que convertían al proceso en un infinito trajinar por los obscuros pasillos de una justicia enferma de “tramititis”. Todo esto como parte de un servicio obsoleto y caduco de justicia con sus monumentales necesidades en recursos humanos, tecnológicos y materiales, con jueces y operadores de justicia con remuneraciones ínfimas, lo que se tradujo en graves consecuencias, dificultades y problemas, que dio como resultado una tremenda disconformidad de los usuarios.

Escasos han sido los intentos, que quedaron en eso, de dotar de un sistema procesal moderno de administración de justicia. Pocas instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal habían presentado anteproyectos de ley, sin embargo, para nuestra cultura procesal más fácil era repetir los procedimientos tediosos y fatigosos manteniendo un sistema injusto, cansino y corrupto que demoraba interminables años en juicios que fácilmente podían llegar a los veinte años o más de tramitación. Una justicia lenta es una justicia corrompida.

El pueblo, a través de una consulta, decidió transformar la administración de justicia. La Constitución de 2008 nos ha dotado de garantías y principios que son el soporte dogmático para el nuevo Código Orgánico General de Procesos. Esta reforma trascendental, de iniciativa del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia, contó con el apoyo de la Función Ejecutiva, y la participación de grandes actores como la universidad ecuatoriana, los institutos de Derecho Procesal, Tributario y Administrativo, profesores, académicos, juristas y muchos grupos sociales que contribuyeron a una discusión seria y responsable que contó con el soporte técnico de asesores especializados.

Finalidades de la transformación

Los fines de la transformación son terminar con el escenario que hemos puntualizado, destacar la esencia sistémica, global e integral del COGEP, que incluye de manera exhaustiva a todas las materias que no sean constitucionales, electorales y penales, entendiéndose a las materias civil, mercantil, niñez y adolescencia, familia, laboral, contencioso tributario, contencioso administrativo, ambiental y otras.

8La Constitución de 2008 reconoce a todas las personas la tutela judicial efectiva, una justicia gratuita, imparcial y expedita basada en los principios de inmediación y celeridad. Un mandato de optimización fundamental es el derecho a la seguridad jurídica asegurado en preceptos jurídicos previos, claros, públicos y aplicados por juzgadores idóneos, para una administración de justicia, que emana del pueblo y es ejercido por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones previstos en la Constitución, porque el sistema procesal es un elemento para la realización de la justicia, el cual debe contener principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, respetando y haciendo cumplir las garantías del debido proceso. No se impedirá la acción de la justicia por la falta de formalidades.

Esta transformación no llegará a feliz término si se considera que solo es necesario mutar estructuras y procedimientos procesales. Es un cambio de mentalidad, de comportamiento social, de desterrar las viejas prácticas corruptas para alcanzar un verdadero servicio de administración de justicia que otorgue la solución ecuánime y rápida a las disputas características del convivir humano.

Particularidades distintivas del Código Orgánico General de Procesos

EL Código Orgánico General de Procesos contiene cinco Libros: (I) Normas Generales, (II) Actividad Procesal, (III) Disposiciones Comunes a todos los Procesos, (IV) De los Procesos y (V) Ejecución.

El Libro IV establece los procesos de conocimiento, diferenciando al procedimiento ordinario, y a los procedimientos contencioso tributario y contencioso administrativo. Se define al procedimiento sumario. Se instituyen los procedimientos voluntarios y los procedimientos ejecutivos se organizan en el procedimiento ejecutivo y el procedimiento monitorio.

En el Código de Procedimiento Civil existen aproximadamente ochenta tipos de juicios. Con el Código Orgánico General de Procesos se concentran todos los procesos en cuatro procedimientos, evitando la redundancia de procedimientos, buscando la economía procesal, la eficiencia y eficacia de la administración de justicia.

Procesos de conocimiento

Los procesos de conocimiento son aquellos que resuelven una controversia sometida por las partes al órgano jurisdiccional y que se tramita sobre derechos y pretensiones contrapuestas, que debe resolver el juzgador declarando a quien pertenece el derecho cuestionado o la cosa litigiosa. En los procesos de conocimiento siempre hay disputa, siempre hay dos partes. Son aquellos en los cuales se produce una declaración de certeza sobre una situación jurídica.

Procedimiento ordinario

En el procedimiento ordinario se tramitarán todas aquellas controversias que no tengan un proceso especial. El Procedimiento Ordinario, también es conocido en la doctrina como proceso común o simple, porque en él se concentran todas la “ritualidades comunes”.

9La mayor innovación en este procedimiento es la creación de dos etapas claras y definidas: la audiencia preliminar y la audiencia de juicio en las que se ratifica el principio de oralidad, y se permite intervenir libremente a las partes y sus abogados y en las que están garantizadas los principios constitucionales del debido proceso, concentración, contradicción y dispositivo, además de la inmediación, legalidad, jurisdicción, competencia, intimidad, transparencia, publicidad, celeridad, probidad, independencia, unidad jurisdiccional y gradualidad, especialidad, gratuidad, buena fe y lealtad procesal, verdad procesal, interpretación de las normas procesales, interculturalidad, tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica.

El procedimiento ordinario tiene demanda y contestación a la demanda en forma escrita, con el anuncio de toda la prueba, con la facultad de sanear el proceso. La audiencia preliminar es un acto que tiene la característica de otorgar a los sujetos procesales la oportunidad de participar, actuar, revisar el proceso, es decir, en suma, ser los protagonistas de toda la actividad procesal y el motor del proceso.

La audiencia preliminar tiene dos fases: una ratificatoria de las pretensiones y eventualmente una de rectificación de algún error u omisión de las partes en sus actos de proposición. En esta se puede llegar a la conciliación que el juez debe proponer a las partes, buscando una solución íntegra y completa del litigio, o disminuir los tiempos del proceso respecto a la cosa litigiosa, la prueba y otras operaciones sobre el litigio. Aquí, de igual manera, se sanearán asuntos que puedan entorpecer o impedir solucionar el fondo del proceso, estableciendo claramente la naturaleza del litigio y especialmente el anuncio u ofrecimiento de la prueba y su contenido y finalidad.

En la audiencia de juicio se va a dar el veredicto del tribunal sobre la base de las pruebas que las partes habían anunciado y que se han practicado en la misma audiencia. Tenemos los alegatos como herramienta para fortalecer nuestros argumentos jurídicos, que son conclusiones finales, verbales con una duración determinada por el juzgador y de acuerdo con la complejidad del asunto, y posteriormente, se dicta sentencia en la propia audiencia o en un abreviado lapso ulterior, pero dentro de una audiencia.

Procedimientos Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo: el Procedimiento Contencioso Tributario

Los procesos contencioso tributarios son aquellos que se dirimen para garantizar la legalidad de los actos que emanan de la administración tributaria, central, de los gobiernos autónomos descentralizados y los de excepción, de tal manera que el órgano jurisdiccional pueda llegar a establecer la invalidez de los actos administrativos tributarios.

Estos procesos protegen los intereses de los administrados siempre que sean razonables y gocen de respaldo jurídico. Es decir, es el control jurídico ejercido por la Función Judicial de las actuaciones de la administración tributaria garantizando la efectiva tutela de los derechos de los contribuyentes.

El Procedimiento Contencioso Administrativo

Los procesos contencioso administrativos son aquellos conflictos jurídicos que se generan entre un particular y la administración del Estado en cuanto esta actúa realizando actos de poder o de autoridad y no de carácter patrimonial regido por las normas generales. Estos procesos tienen por objeto tutelar los derechos de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos de la Administración Pública sujetos al derecho administrativo; así como, conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa, incluso la desviación de poder. Están sujetos también a la jurisdicción contencioso administrativa las personas de derecho privado que ejerzan potestad pública en virtud de concesión o delegación a la iniciativa privada.

El Procedimiento Sumario

Este es similar al procedimiento ordinario. Su característica fundamental es que los trámites son más simplificados y abreviados, se desarrollan en una sola audiencia. Su característica particular es que expresa la especialidad de la materia, es decir, que no es para todas, sino para las especialidades expresamente previstas en el Código para procedimientos concretos y que requieren tratamiento ágil y urgente, que se logra precisamente con la simplificación del procedimiento.

10El procedimiento sumario se desarrollará en audiencia única, con dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación; y la segunda, de prueba y alegatos. Esta audiencia se realizará en el término máximo de treinta días a partir de la contestación a la demanda. En materia de niñez y adolescencia, la audiencia única se realizará en el término mínimo de diez días y máximo de veinte días contados a partir de la citación. En las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los dirigentes sindicales, la audiencia única se realizará en el término máximo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la citación. En materia tributaria, en acción especial por clausura de establecimientos, la audiencia única se realizará en el término máximo de cuarenta y ocho horas. En las controversias sobre alimentos, tenencia, visitas y patria potestad de niñas, niños y adolescentes, la o el juzgador para dictar la sentencia no podrá suspender la audiencia para emitir la decisión oral.

Los procedimientos voluntarios

Los procedimientos voluntarios son aquellos cuyo objeto está constituido por una solicitud procesal no contenciosa en cuya virtud se reclama, ante un órgano judicial y en interés del propio solicitante, la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica privada. En estos procesos voluntarios no hay pretensión porque no se persigue una decisión entre dos partes, sino solamente con relación al sujeto o sujetos que reclaman el ejercicio de la actividad judicial en casos concretos. En el proceso voluntario, el concepto de parte es sustituido por el de solicitante y el de la demanda por el de solicitud.

Es preciso aclarar que la oposición de un interesado legítimo o de las discrepancias que se susciten entre los propios peticionarios transforman, total o parcialmente, el proceso voluntario en contencioso. Hugo Alsina, al referirse al proceso voluntario dice: “en el juicio voluntario las partes actúan en común acuerdo y solo requieren la intervención del juez para consolidar una situación jurídica”.

Los procedimientos ejecutivos: el Procedimiento Ejecutivo

En el Título II del Libro IV se establece el procedimiento ejecutivo, que es la actividad procesal jurídicamente regulada, mediante la cual el acreedor, fundándose en la existencia de un título ejecutivo que hace plena prueba contra el deudor, demanda la tutela del órgano jurisdiccional a fin de que este, coactivamente, obligue al deudor al cumplimiento de una obligación insatisfecha.

En los procesos ejecutivos no se busca la declaración del derecho, pues dicho derecho ya está contenido en un título valor o en cualquier documento que preste mérito ejecutivo. No existe para este tipo de procedimiento el recurso de casación.

El Procedimiento Monitorio

Se incluye en el Libro IV un procedimiento innovador y novedoso, que viene a solucionar graves injusticias que se cometen en contra de los acreedores que no pueden cobrar sus créditos por falta de un título ejecutivo, lo que hace que las deudas no sean honradas por lo deudores, provocando un alto grado de morosidad, creando inseguridad en el sistema económico y atentando contra la confianza y la buena fe crediticias.

11El procedimiento monitorio es un procedimiento creado con el objetivo primordial de demandar el cobro de manera rápida y sencilla deudas determinadas de dinero. Es un procedimiento especial dado que se invierte el contradictorio, es decir, que sin haber escuchado aún al demandado, el juez le ordena el pago desde la resolución inicial, dándole para tal efecto un plazo de quince días.

El avance dogmático se refleja en que se procederá a la ejecución directamente si el deudor no comparece dentro del término concedido o si lo hace sin manifestar oposición, y además tendrá el efecto de cosa juzgada, y se procederá al embargo o secuestro de los bienes del deudor que el acreedor ha señalado. No existe para este tipo de procedimiento el recurso de casación.

La Ejecución

La Ejecución es el conjunto de actos procesales para hacer cumplir las obligaciones contenidas en títulos de ejecución como son: la sentencia ejecutoriada, laudo arbitral, acta de mediación, contrato prendario y de reserva de dominio, sentencia, laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en territorio extranjero homologados, y actas transaccionales válidamente celebradas ante autoridad competente.

En la Ejecución, el juzgador dirigirá el procedimiento con plena autoridad. Las partes actuarán en plano de igualdad, pero limitándose exclusivamente al control del cumplimiento de la sentencia. Como innovación, y que sirve para garantizar el cobro de las deudas, el juzgador tendrá la facultad de acceder, a petición de parte, a los registros públicos de datos del ejecutado para recabar información relativa a sus bienes.

La sentencia, para que pueda ejecutarse como tal, debe cumplir con ciertos presupuestos y, además, estar guiada por ciertos principios y procedimientos, entre los cuales se encuentran la ejecución de obligaciones de dar, hacer y no hacer, el remate de los bienes embargados y la liquidación del crédito.

En todo caso, se trata de un proceso que vuelve factible la labor de tutela judicial por parte del Estado, en su deber de dar protección jurisdiccional y no meramente declarativa, sino material y real.

El Procedimiento Concursal

Los procedimientos concursales se encaminan hacia la protección del negocio jurídico realizado a través de la actividad económica, que conlleva, la preservación del empleo y la protección del sistema crediticio y de la economía en general. Estos propósitos se obtienen mediante el sometimiento de los deudores que afrontan crisis económicas a ciertos procedimientos: el concurso preventivo o concordato, que es un acuerdo de recuperación de los negocios del deudor, y el concurso de acreedores o quiebra, que es la liquidación obligatoria de los bienes del deudor para cumplir con el pago ordenado de sus obligaciones y compromisos.

Los procedimientos concursales tienen su fundamento constitucional en el deber del Estado de crear mecanismos para proteger y promover el sector empresarial, y así preservar la función que este cumple en materia de desarrollo económico. El artículo 284, numeral 2 de la Constitución, establece que la política económica está a cargo del Estado tendrá los siguientes objetivos: incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional.

Cuando no se cumplen estos compromisos y obligaciones, se regula la facultad del Estado para garantizar el libre desarrollo de la economía, por lo que se crea el concurso de acreedores que es un procedimiento judicial, cuya petición resulta exigida para todo aquel deudor que se halle inmerso en los casos de cesión de bienes o en estado de insolvencia. En este se examina si el deudor puede cumplir con todo o parte de la deuda con su patrimonio. También caben los acuerdos colectivos entre el deudor y los acreedores con la finalidad de reducir o aplazar el pago de algunas deudas, buscando la solución consensuada menos gravosa para todos.

El rol de los jueces y tribunales

La dirección del proceso está a cargo del juzgador, el que controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias. El impulso procesal corresponde a las partes procesales, conforme con el principio dispositivo. En función de este principio, el juzgador podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas. El juzgador debe corregir las omisiones o errores de derecho en que hayan incurrido las personas que intervienen en el proceso. Sin embargo, no podrá otorgar o declarar mayores o diferentes derechos a los pretendidos en la demanda, ni fundar su decisión en hechos distintos a los alegados por las partes.

Para que esto funcione debemos dejar atrás el papel anticuado de los jueces y tribunales. Desde siempre se ha creído que el juez era un simple espectador pasivo, al cual coadyuvaban los operadores menores que se encargaban de tramitar el proceso y solamente al momento de dictar sentencia el juez conocía del proceso, y sobre la base de papeles, dictaba su fallo.

Ahora con el COGEP su papel es otro. Es un protagonista con una intervención dinámica, diligente desde el inicio del proceso, con facultades específicas, ya que examinará que la demanda cumpla con los requisitos legales generales y especiales que sean aplicables al caso. Si los cumple, calificará, tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Si la demanda no cumple con los requisitos previstos, el juzgador dispondrá que el actor la complete o aclare, si no lo hace, ordenará el archivo y la devolución de los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias. Podrá denegar incidentes y otros asuntos que pudieran entorpecer innecesariamente el estudio y desarrollo normal de las audiencias.

Establecida así la dirección y trámite del proceso en manos del juzgador y de los tribunales, estos están impedidos de impulsar de oficio cualquier actividad probatoria, salvo en las materias de niñez y adolescencia, y laboral en casos excepcionales, y detenta expresas potestades de rechazo de pruebas en la audiencia preliminar en los supuestos de inadmisibilidad, improcedencia, impertinencia, inconducencia, inutilidad o falta de idoneidad del medio. Todas las pruebas anunciadas deben ser practicadas. El juzgador dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer la verdad procesal.


Matices de la transformación.

Esta transformación trascendental requiere de una gran inversión en recursos humanos, tecnológicos e infraestructura. La transformación no busca solamente celeridad, busca un cambio en las estructuras mentales y morales de los actores principales del sector justicia, jueces, abogados, operadores, de la gente en general. Se busca calidad en el servicio de justicia. Aspiramos que toda la sociedad cambie, que se acepte que podemos actuar con lealtad procesal, que los abogados no son boxeadores ni luchadores, sino adalides del derecho y la justicia.

Todo esto debe ser complementado con capacitación permanente a los jueces, defensores públicos, abogados y operadores de justicia. Esta es una responsabilidad histórica del Consejo de la Judicatura. La divulgación del COGEP es fundamental para que la gente vuelva a tener confianza en una administración de justicia cierta, eficiente y humana, que es lo que anhela la sociedad. Es tiempo de actuar, no de criticar por criticar. ¡Non verba, nihil criticae, actiones et opera!

José Javier Jarrín B.

Abogado, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, máster en Ciencias Jurídicas y Administración de Justicia.

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23 comments

  1. Jenny Alexandra Ramirez
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    Excelente, un giro de 360 grados a la administración de justicia que es lo que la sociedad siempre espero.

    1. xc
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      un giro de 360 gradis no hubiera cambiado nada a la administracion de justicia…. muchas veces se repiten las cosas como loro parlante

  2. Luz Ines Plasencia Tonato
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    Deseo tener una respuesta a una inquietud: que pasa si un recurso de casación es fundamentado con la nueva ley de casación constante en el COGEP, el recurso es rechazado o el Con juez debe entrar a resolver la cuestión de fondo del recurso. Por favor, necesito saber esto.
    Anticipo mis agradecimientos por la respuesta.

  3. francisco carrasco
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    Esperamos que estos cambios en el procemiminto procesal con la entrada en vigencia del COGEP sean para bien, para dar más agilidad procesal, que es lo que anhela la sociedad, ya que una justicia que tarda no es justicia. El momento actual que vivimos con una administración de justicia con Jueces sin experiencia suficiente, no todos lógicamente, con procedimientos conocidos como “requemientos”, que en la práctica son un saludo a la bandera, porque en nada se ha resuelto hasta ahora la agilización de los procesos, todo lo contrario los juicios duermen el sueño de los eternos.

  4. freddy jimpikit
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    Buenas tardes en materia del COGEP si procede la demanda de Impugnacion de Paternidad sii se lo puede realizar o No.

  5. Patricia B
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    Para cobro de deudas se debe presentar cualquier documento
    Pueden ser cheques ? Y en que caso
    Se considera que hay prescripcion de la deuda

  6. Juan Carlos
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    Tengo un contrato de compra venta de hace 3 años y el vendedor no quiere hacerme las escrituras. puedo obligarlo via titulo ejecutivo.

    Tener en cuenta que el contrato compra venta esta notarizado. osea se lo hizo en notaria.

  7. Patricia fabre
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    En un divorcio por abandono qué artículo se tipifica en este código nuevo…y en una petición de alimentos congruos conforme bajo que artículo se puede demandar?

    1. Mariana Gaibor
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      Gracias por su invaluable información, y de ser posible según su competente opinión , en el caso de disolución de una sociedad civil mercantil que siempre estuve inactiva, se puede tramitar en una notaria considerándola como un procedimiento voluntario?

  8. antonio bautista
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    necesito un modelo de demanda de divorcio por abandono según el COGEP, cuales son los procedimientos

  9. Maria Beltran
    Reply

    En caso de consentimiento de adoptabilidad, que procedimiento aplico y cuales son las pruebas que debo presentar CON EL COGEP y en la demanda de patria potestad las investigaciones de la Oficina Tecnica judicial y de la Dinapen debe hacerse nuevamente a pesar que existe en el juicio de medidas de protección O ESTAS ME SIRVEN

  10. Julio Baquero Pérez
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    Buen día Señoes.!! Tengo una curiosidad en un juicio contencioso administrativo el juez dio 30 días para que se presenten los descargos pero la entidad demandada no presentó los descargos ni ha señalado casillero judicial a pesar de haber sido notificada… Pregunto como debe el juez tomar esta omisión por parte del demandado según la ley??? Y el juez podra se considerar pruebas de descargo en otra etapa del juicio a pesar que hizo omisión o rebeldía ante una providencia???
    Agradeceré mucho su respuesta a esta inquietud

  11. Eduardo
    Reply

    Un placer saludarles… tal vez alguien me puede ayudar con una solicitud de interdicción provisional por discapacidad… esta solicitud no contiene generales de ley del demandó como lo exige el art 142 numeral 4? citación o familiares que deberían ser tomados en cuenta?

  12. MARCO ANTONIO GUACHI CASAME
    Reply

    LAS DEMANDAS DE DISOLUCION VOLUNTARIA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL EN QUE ME FUNDAMENTO, EN QUE PROCEDIMIENTO. GRACIAS.

  13. Gabriela Mosquera
    Reply

    S.O.S
    GRACIAS ANTICIPADAS POR UNA RESPUESTA ORIENTADORA A LO QUE SIGUE:
    Un contrato de obra, realizado en modalidad SUBCONTRATO puesto que su origen esta un una OBRA PUBLICA contratada con el estado Ecuatoriano. Resulta que firme un subcontrato con clausulas muy claras, de las cuales se desprende en resumen que la modalidad de contrato por cantidades de obra ejecutada (precios unitarios, monto referencial) sobre todo porque en la clausula de FORMA DE PAGO se específica que se cancelará en base a la medición de los realmetne ejecutado.
    resulta que se incrementaron los volumenes de obra y AHORA LA CONTRATISTA DEL ESSTADO se niega a pagarme los rubros en que se incremento el volumen de obra; tengo el informe de la FISCALIZACIÓN DEL ESTADO en la cual se certifica que efectivamente se debió incrementar los v olumenes para poder EJECUTAR EL PROYECTO.
    la pregunta es?
    BAJO EL NUEVO COGEP.- debo demandar en juicio ordinario el cumplimiento de contrato o debo demandar en juicio ejecutivo, basado en el SUBCONTRATO DE OBRA este ultimo esta con las firmas originales de las partes pero no esta inscrito (notarizado).
    ? este contrato es un titulo ejecutivo?
    ? podría comparecer a juicio ejecutivo, si es que realizo una declaración juramentada de que EJECUTE LA OBRA Y ME ENCUEENTRO IMPAGO?
    ? por otra parte, las medidas preventivas son complejas por el SIGILO BANCARIO, es verdad que puedo hacer una acto PREPROCESAL PARA QUE EL JUEZ OBTENGA EL NUMERO DE CUENTAS B ANCARIAS DE MI CONTRATANTE (empresa que contrato con el estado)???

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