Política de justicia y regulación de los procesos no penales

Política de justicia y regulación de los procesos no penales

abril 29, 2015
in Category: Análisis jurídico
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Política de justicia y regulación de los procesos no penales

Los procesos no penales que se aplican actualmente en la justicia ecuatoriana, han evidenciado no ser el mecanismo idóneo para la solución de los conflictos individuales y colectivos, pues se han convertido en verdaderas piezas de museo. Frente a ellos, los ciudadanos resuelven sus controversias diariamente por medios informales, a veces violentos y mafiosos. Pensemos, por ejemplo, en los problemas de tierras, deudas comerciales, atención al consumidor, conflictos laborales y un infinito etcétera.

Ante esta realidad nace el proyecto de Código Orgánico General de Procesos (COGEP) que reúne todos los procedimientos no penales en un solo cuerpo legal, basado en los principios de inmediación, oralidad y economía procesal. Tomó como modelo inicial el Código Procesal Modelo de Iberoamérica (1988), el nuevo Código Procesal Civil de Uruguay (1988 y sus reformas) y, la Ley de Enjuiciamiento Civil de España (2000 y sus reformas a 2014), que integran los últimos avances de la teoría y práctica procesal del derecho continental europeo y latinoamericano.

Este Código es, a su vez, una consecuencia de la transformación de la justicia que propuso la Constitución de 2008 y el Código Orgánico de la Función Judicial (2009), que consagró el paradigma del Estado constitucional, de derechos y justicia, lo que significa que los derechos constitucionales se materializan a partir de políticas de justicia, y que pone en el centro de la legitimación de nuestra democracia al sistema de justicia, con los jueces a la cabeza. De esta manera, el texto constitucional no es solo formalmente supremo y oponible, como estatuto sustancial, a todo el sistema político-jurídico, sino una realidad tangible de la obligación positiva del Estado ecuatoriano de desarrollar decisiones de todo para dar vida a los derechos. Justamente, el COGEP busca dar vida a los derechos en la realización de las relaciones de derecho privado entre los particulares, entre sí y con el Estado.

Me parece, en esta medida, que este cuerpo legal trae grandes avances. Quiero resaltar los siguientes: a) simplifica y unifica los procesos hoy en total desorden en varios cuerpos legales, incluso los contencioso-administrativos y tributario, con lo que se ganaría certeza y seguridad jurídicas; b) implementa los procedimientos por audiencias y reglas para la intervención en ellas, con lo cual se lograría disminuir el tiempo de respuesta judicial que en la actualidad están tremendamente dilatados (tutela judicial efectiva); y, c) incorpora procedimientos novedosos y sumarios como el monitorio que está para los temas más comunes de las personas, contratos de baja cuantía, algunos procesos laborales. Se basa esto en la idea de que si existe certeza en el título de una obligación, el procedimiento debe ser muy sumario.

Esta reforma es importante, pues apunta a cambiar y mejorar el sistema de justicia, con lo cual se espera una reducción en los tiempos procesales y un uso más racional de las herramientas del proceso. Al mismo tiempo, posiblemente, se genere una mayor inmediación y comunicación del proceso a la gente común y corriente mediante los procesos por audiencias. Y, sin duda, todo esto redundará en la democratización del proceso judicial y legitimidad social, puesto que se mejorará la resolución de conflictos sociales con mayor eficiencia y calidad. El beneficio para la población sería, por tanto, una mayor aceptación y confianza en el sistema de justicia para solucionar los conflictos individuales y colectivos, lo cual disminuirá las soluciones informales y violentas; y, la cercanía del sistema de justicia a las cuestiones comunes de lo cotidiano de la gente. Aquí, los procesos monitorios van a ayudar mucho. Finalmente, el COGEP garantizará la seguridad jurídica, puesto que existirían menos procedimientos en este Código.

Sin embargo, esta transformación significa para el sistema de justicia asumir algunos retos imprescindibles. Primeramente, juezas y jueces deberán adquirir nuevas destrezas, particularmente, respecto de la actuación de audiencias, la materialización de la oralidad y, especialmente, en la práctica de la prueba (contradicción y análisis probatorio). Paralelamente, la educación universitaria de los abogados debe revolucionarse desde el pregrado, con el fin de que el COGEP, una vez vigente, permita soluciones reales a los conflictos individuales y colectivos.

Luego, el sistema de justicia deberá implementar una logística precisa y planificada para la implementación ordenada del COGEP, pues se necesitarán salas de audiencias adecuadas, equipos de reproducción y grabación, sistemas informáticos y automatización de los archivos, entre otras cosas.

5Por último, el rol de defensores y jueces deberá entenderse como de intervención y actuación procesal, por lo cual su actuación procesal ya no puede dirigirse simplemente al control remoto los procedimientos y a la regularidad de las formas procesales. Aquello quiere decir que para estos operadores de justicia, el COGEP implicará mayor responsabilidad política, administrativa y judicial. Así, por ejemplo, en el proceso no penal actual, la mayoría de las providencias judiciales se realiza por escrito y la responsabilidad del operador de justicia está únicamente en la firma de los documentos del proceso. Con la implementación de un proceso en el que se encuentran regladas las intervenciones orales, los operadores de justicia deben responder públicamente ante los ciudadanos. Es decir, se acabaría, en principio, aquel adagio popular que dice: “el papel aguanta todo”. Digamos que, simbólicamente, los operadores judiciales tendrían en cada actuación en las audiencias una especie de rendición de cuentas en tiempo real de sus actuaciones procesales. Y los ciudadanos recibirán respuestas ágiles a sus requerimientos.

A pesar de las bondades de esta reforma transformadora, creo que es necesario pensar estratégicamente en su implementación. Debe ser progresiva y planificada en un tiempo no menor a dos años para la fase inicial y luego a mediano y largo plazos sería recomendable considerar un período de unos diez años, que parece razonable en el contexto inédito de estabilidad política de los últimos años. Así, parece enseñarlo la experiencia de otros sistemas judiciales en la región. Veamos, por ejemplo, el caso de Chile (llevan diez años trabajando en esto), Colombia (demoraron cinco años desde 1991, y aún siguen en eso), y Perú, donde desde 1993 hasta 2004 trabajaron en la transición del sistema judicial. El caso de Perú fue interesante debido a la reflexión que hubo en sectores académicos y políticos del Código Procesal Constitucional que permitió su aprobación en 2004, luego de diez años.

Finalmente, aunque la discusión del COGEP no ha estado en el centro de la opinión pública, uno de los temas que ha surgido en los últimos días es lo relativo a la eliminación del apremio personal para los obligados subsidiarios o secundarios en caso del incumplimiento del pago de pensiones de alimento para niños, niñas y adolescentes.

Considero que esta reforma es positiva, pues la eliminación de la privación de libertad debe mantenerse únicamente para los obligados principales y no extenderla para los secundarios. Considero que este principio es protectivo, puesto que la privación de libertad para los obligados principales constituye un mínimo jurídico como excepción a la prisión por deudas de consenso universal, por lo cual no debe extenderse a los obligados subsidiarios. En todo caso, se mantendrá en contra de los obligados principales, sin perjuicio de que se aplique en contra de los obligados secundarios la responsabilidad civil y pecuniaria. Esto supone un beneficio, además, porque este tipo de medidas extremas afecta en la actualidad a la estructura familiar, pues genera desagregación y conflictos internos en las familias. Además, la privación de libertad en contra de los obligados secundarios se presenta como una medida socialmente ilegítima, pues existiría una percepción ciudadana de que este tipo de privaciones son injustas. Esta eliminación, en definitiva, es un enorme avance constitucional.

El rol de la Defensoría Pública, ante esta reforma que transformará la forma de entender y actuar judicialmente en los procesos no penales, nos obliga a profundizar nuestra política, interviniendo en los procesos en los que se encuentre involucrada la protección de grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad, como ha sucedido desde 2007 y, particularmente, luego de la creación de los estándares de calidad y atención para grupos prioritarios desde 2012.

En el proyecto original del COGEP se disponía que el juez determinara si era necesario el patrocinio de un defensor público, de manera parecida a lo que sucede en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Pero en el proyecto, para segundo debate, se cambió esto y el usuario puede acudir a la defensa pública libremente y la Defensoría podrá seleccionar los casos que profundicen su mandato de protección de derechos en favor de los más débiles. Nuestro modelo de gestión permite focalizar el servicio y la defensa estratégica justamente de los más pobres de los pobres. La reforma y regulación de los procesos no penales se vuelve algo más que necesaria: se vuelve una oportunidad para una justicia acorde a los retos del Ecuador de hoy.

Ernesto Pazmiño Granizo

Defensor Público General del Ecuador; Coordinador para América del Sur (AIDEF)

1 comment

  1. Felicita Jiménez Silva
    Reply

    Importante esta transformación de la justicia, estamos en un sistema oral y es conveniente que se aplique en todas las áreas, hará que exista mayor fluidez en los procesos y descongestionamiento, beneficoso para una aplicación de justicia oportuna con una verdadera tutela judicial efectiva

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