El Estado debe garantizar la protección de los derechos humanos

El Estado debe garantizar la protección de los derechos humanos

noviembre 18, 2012
in Category: Perspectivas
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El Estado debe garantizar la protección de los derechos humanos

Toda modernización de la administración de justicia en lo penal ha sido el resultado de un largo proceso en el cual han intervenido numerosos expertos, líderes de opinión y autoridades, quienes articularon los consensos para transformar los modelos anticuados en uno en el cual se respeta el debido proceso y la presunción de inocencia.

La reforma procesal penal, con la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal en el 2001, constituye un cambio radical del sistema de justicia criminal en el Ecuador y es uno de los esfuerzos más significativos por mejorar la justicia penal y, sobre todo, por acercarla a las personas, especialmente a los más pobres.

La mayoría de personas imputadas por delitos son pobres; la principal clientela de nuestras cárceles provienen de los barrios marginados.

El preso está preso más por pobre que por delincuente y esta marginalidad tiene consecuencias gravosas tanto para los afectados como para el Estado y la propia sociedad.

Los elevados índices de pobreza en un país obligan a establecer adecuados sistemas de defensa pública como un factor indispensable para el éxito de sistemas orales o adversariales construidos básicamente en torno a los principios de presunción de inocencia y el derecho a una defensa efectiva y de calidad, no de caridad. Un sistema acusatorio es un modelo de partes, donde la práctica probatoria deja de ser una labor judicial para convertirse en una atribución confiada a las partes, donde el conflicto pertenece a los interesados, eso sí con la precisión que al tratarse de materia penal y en concreto en los delitos de acción pública la sociedad se halla representada por el Ministerio Público.

Por lo tanto, la producción de información y con ello la toma de la resolución queda confiada a la labor de introducción de información y mutua depuración entre los abogados que representan cada una de las posiciones.

Un diseño de esta naturaleza, resulta simplemente inviable la administración de justicia, si no se cuenta con instituciones fuertes capaces de asumir la representación de los intereses tanto de los ciudadanos como de la sociedad.

18-1El nuevo sistema adversarial resulta más entendible para el ciudadano, a lo cual contribuye la publicidad de las audiencias, la lógica de juicios orales y el nivel de atención que los actores deben dispensar a víctimas y victimarios, explicándoles sus derechos, las acciones que se desarrollarán, las decisiones que se tomarán, entre otros aspectos.

Es verdad que se reconoce el derecho del Estado a castigar a quienes cometen un delito, pero ese derecho, sin embargo, no es absoluto ni puede ser ejercido de manera arbitraria. Un detenido se enfrenta solo ante la maquinaria punitiva del Estado expresado inicialmente en la actuación de la policía y la fiscalía; pero ese mismo Estado tiene la obligación de no dejar desprovisto de protección a ese individuo de manera que no se vea imposibilitado de defenderse.

Por esta razón, como una limitación en el ejercicio del ius puniedi, el Estado garantiza el acceso a la justicia de todo ciudadano proveyéndole de un defensor público gratuito si por sus condiciones económicas, sociales o culturales no puede procurarse un abogado que defienda sus derechos y le asegure las garantías del debido proceso.

El sistema adversarial exige la creación de instituciones fuertes que actúen en nivel similar. El acceso a la justicia se ve reflejado en la creación de un ente especializado de persecución criminal que debe velar por los intereses de la comunidad, labor que se desarrolla de modo gratuito y que en la práctica supone una gran diferencia con el antiguo sistema, toda vez que se ha creado un organismo público independiente encargado de dirigir las investigaciones las evidencias, tomando en cuenta las peticiones de las víctimas, las que de todos modos tienen derecho a querellarse y de actuar autónomamente en caso de disconformidad con las decisiones adoptadas por el Ministerio Público.

El acceso también se expresa en la creación de una Defensoría Penal Pública que entrega asesoría jurídica gratuita y de calidad a los imputados que carecen de medios para proveerse de una defensa técnica por sí mismos. El financiamiento de esta defensa es aportada por el estado y ha permitido elevar considerablemente los estándares de calidad en la prestación de servicios de asistencia judicial en materia penal.

Mirando la reforma en su conjunto, es posible concluir que representa un esfuerzo de innovación normativa, lo cual se ha concretado sustituyendo un código vetusto – estructurado a partir de lógicas inquisitivas – por otro cuerpo de corte adversarial. Además, la reforma ha sido una apuesta de país hacia la modernización de la administración de justicia, y un esfuerzo de coordinación sistémica al interior de la institucionalidad pública, transformando las prácticas policiales y las funciones del poder judicial, mejorando los servicios auxiliares y capacitando a los actores del nuevo sistema. En tal sentido, la reforma ha implicado un cambio profundo en la cultura jurídica del país, que de manera gradual ha otorgado espacios a los actores para que se acostumbren a nuevos estilos de litigación y negociación penal, al funcionamiento de un sistema acusatorio-adversarial cuyos principios no eran ajenos, a la separación de las funciones de investigación, acusación y juzgamiento, al reemplazo del proceso escrito por uno oral. En suma, se trata de una mejor sustantiva que ha dotado de mayor legitimidad al sistema jurídico, fortaleciendo nuestra democracia y la confianza en las instituciones.

Cabe precisar que el éxito de la reforma procesal depende en gran medida de la capacidad de los operadores por satisfacer las expectativas, estándares y objetivos que se tienen del modelo. Como siempre, habrá aspectos que seguir debatiendo en el futuro y consideraciones jurisprudenciales a tomar en cuenta, pero no quepa duda que estamos frente a una obra que persigue colaborar en la correcta comprensión del modelo adversarial y en la calidad de los servicios profesionales entregados a los intervinientes.

Ahora bien, debemos estar claros que los sistemas adversariales plantean mayores exigencias sobre la necesidad de contar con una defensa técnica y de calidad, que aquellas que existían en el anterior juzgamiento escrito, inquisitivo, secreto y con investigación de carácter judicial, pues en ese sistema tradicional, escrito y sin publicidad, es ampliamente tolerante con la mediocridad, debido a que permite espacios para suplir el desconocimiento por parte de todos los actores; no contiene estímulos para que el juez y las partes sientan comprometido su prestigio por actuaciones mediocres, debido a la poca visibilidad que tienen las actuaciones escritas. E.P.G.

Los objetivos

Se ha tenido especial atención en las posibilidades de ofrecer a los ciudadanos una justicia más rápida y objetiva.

Se ha anhelado otorgar una justicia oportuna que, sin descuidar el legítimo debate y la correcta evaluación de los antecedentes por terceros imparciales, sea ágil y expedita.

Junto a la transparencia y la velocidad de respuesta, también era urgente ocuparse de los niveles de acceso a la justicia y a la comprensión de los ciudadanos de los mecanismos de resolución de conflictos, en el ámbito penal.

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