Mediación: La Defensoría Pública cree en la gestión de conflictos

Mediación: La Defensoría Pública cree en la gestión de conflictos

noviembre 18, 2012
in Category: Perspectivas
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Mediación: La Defensoría Pública cree en la gestión de conflictos

Luego de cinco años de haberse creado esta institución sus servicios se extienden también al establecimiento de políticas institucionales.

Uno de los temas que es importante visualizar en este momento del desarrollo de la Defensoría Pública en el Ecuador, es el relacionado con la perspectiva en el abordaje de la conflictividad que asume esta institución.

Dado que el escalamiento de los conflictos no es otra cosa que el resultado de una inadecuada gestión de las divergencias entre las personas y los colectivos. Los conflictos, los problemas como hechos naturales que se producen en el convivir social, son imposibles de eliminar y evitar que se den porque son connaturales al ser humano y a la convivencia entre diferentes.

La Defensoría Pública en el Ecuador surge en un contexto socio político de permanente reforma normativa, en un escenario de cambios paradigmáticos en los procesos judiciales, de un sistema escrito a un sistema oral y durante la vigencia de una nueva Constitución, norma fundamental considerada como la mejor en la historia de nuestro país y un referente a nivel mundial.

Hoy, luego de cinco años de su creación, la Defensoría Pública desarrolla su función cumpliendo el mandato constitucional como actor de la Función Judicial, en los requerimientos de oficio y en procedimientos establecidos en la ley y bajo la óptica oficial de tratamiento de los conflictos.

Además de este rol pre asignado, la Defensoría Pública tiene un gran espacio de cobertura en sus servicios permitido por la Constitución, que abre posibilidades para el establecimiento de políticas institucionales de gestión de los conflictos que se presentan en la cotidianeidad de la comunidad y que luego pasan a ser materia de abordaje por el sistema oficial de justicia, esto guarda relación con lo establecido en el art. 191 de la Constitución y que tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia de las y los ciudadanos: “La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la función judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas”.

Alberto Binder, destacado jurista argentino, en relación a este tema manifiesta que “… en los sistemas adversariales se toma el conflicto y se interviene para dar una respuesta a ese conflicto…” desde la planeación estratégica institucional debe trabajarse también el enfoque en macro e integral de abordaje a los conflictos y con los diversos métodos de tratamiento de los mismos que se proponen, tanto desde una cultura de diálogo, como de la confrontacion al imperante.

En esta óptica, la tarea de la Defensoría Publica, su cobertura y límites de intervención, se amplían, desde lo prevencional. El objetivo es tratar al conflicto antes de su judicialización, con el uso de métodos eficaces de gestión de los conflictos basados en los acuerdos y consensos que promueven soluciones definitivas, que hace que las cosas vuelvan a su cauce de armonía y que restauran la paz social.

Lo óptimo es que las y los ciudadanos podamos ver que los conflictos, que en la mayoría de los casos paralizan nuestro desarrollo, los podamos manejar nosotros mismos de manera autónoma, sin depender de las decisiones de otras personas o instituciones, que sean las diferencias y el extremo respeto a los derechos ajenos, elementos promotores de libertad, pero en armonía y equilibrio con el entorno.

En este contexto, el gran escenario de aplicabilidad de los métodos alternos de gestión de conflictos es la transigibilidad de los derechos, la gran variedad de posibilidades en las que los ciudadanos y ciudadanas podemos actuar dialogando en la búsqueda de acuerdos a través de la negociación directa como parte del conflicto o como tercero imparcial; también, a través de la mediación, método o procedimiento en el que directamente participa un tercero como mediador en la formulación de un acuerdo que lo construyen las partes y que toma fuerza legal de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada.

Esta transigibilidad opera en los derechos susceptibles de renuncia, de cesión de las partes intervinientes en el proceso de mediación y por ende en la formulación del acuerdo que resuelve el conflicto. Esta amalgama de situaciones nos muestra que no solo desde el punto de vista sociológico, sino que desde la legalidad, existe un amplio escenario y espectro de posibilidades de intervención y gerencia discrecional, en una gran gama de conflictos que son plenamente manejables y susceptibles de evitar que ingresen a ser conocidos por el sistema judicial, esta opción debería ser la extrema, de última ratio.

Cabe subrayar que la oportunidad para la Defensoría Pública de abordar los conflictos a través de los métodos alternativos, toma fuerza y mayor importancia, desde que la entidad abre su cobertura de atención a otras materias distintas a la penal, como civiles, laborales, etc. y en estos temas la gran mayoría de casos pueden ser negociados, susceptibles de mediación y conciliación, lo cual quiere decir que todos o casi todos los conflictos en estas materias que conoce la Defensoría Pública podrían ser gestionados con métodos alternos y, por tanto, evitar que conozca el sistema judicial.

Red de servicios legales

La Defensoría Pública en el Ecuador, al ser concebida también como una Red de Servicios Legales en todo el país, que incluye a las universidades y facultades de Jurisprudencia, a través de sus consultorios jurídicos y, a los centros legales gratuitos de las organizaciones no gubernamentales, posee una gran fortaleza institucional para abordar con mayor capacidad y cobertura la gestión de los conflictos y cumplir, de esta manera, el mandato Constitucional de garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos y ciudadanas.

Cristóbal Machuca Reyes

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