La indefensión: un asunto que va más allá de la carencia de un abogado

La indefensión: un asunto que va más allá de la carencia de un abogado

noviembre 18, 2012
in Category: Análisis jurídico
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La indefensión: un asunto que va más allá de la carencia de un abogado

“Todo estudioso de la sociedad humana puede hallar en la simpatía por las víctimas de los procesos históricos y el escepticismo respecto a las vanaglorias de los triunfadores las salvaguardias esenciales para no quedar prendido en la mitología dominante”.

Barrington Moore.

Cuando las personas carecen de defensa, hablar de justicia es un lugar común, un relato vacío de contenido y, en el mejor de los casos, una arquitectura normativa ilusoria, que oculta los problemas de fondo: la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad.

Los especialistas han hecho hincapié en la insuficiencia de la legislación en los derechos de las personas, si el Estado no ofrece garantías para que esos derechos sean ejercidos en igualdad de condiciones por todas las personas y porque la pobreza no sea un obstáculo para acceder al sistema de administración de justicia, pues así como la interculturalidad solo se puede ejercer con la precondición de un diálogo entre iguales, el ejercicio de la justicia exige el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley como un derecho fundamental de la persona. ¿Pero somos iguales ante la ley, cuando existen más de 4 millones de personas pobres y esto es en sí mismo una injusticia? La pobreza es una barrera estructural que condena a amplios sectores sociales a la más absoluta indefensión, no solo porque debido a su condición económica y social no puedan pagar un abogado, sino porque el sistema de justicia (policía, jueces, fiscales) generalmente le da poca importancia a las causas de los pobres, que además desconocen sus derechos, ignoran cómo opera el sistema judicial y desconocen cómo actuar para obtener una resolución a su favor.

8De 11 grupos de atención prioritaria, con información del Censo 2010 y de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2011, se realizó un registro de 9 grupos de atención prioritaria, cruzados por pobreza y extrema pobreza por NBI, que constituyen la demanda potencial de defensa pública.

Los datos evidencian lo anotado anteriormente, pero lo más preocupante es que sobre todo indican una concentración de la pobreza y la extrema pobreza entre los grupos de niñas, niños y adolescentes, personas residentes en áreas rurales, personas sin instrucción o educación primaria o básica, así como pueblos y nacionalidades indígenas, afro descendientes y montubias.

Lo que dice la ley

Si nos atenemos a la norma mayor, la Constitución dispone que “toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión.

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley” (Art. 75). En base a este y otros mandatos constitucionales se creó la Defensoría Pública el 2007, precisamente con el objeto de que todas las personas, pero especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, tengan acceso digno y equitativo a la justicia.

El Sistema de Gestión de la Defensa Pública registra en cinco años el patrocinio de más de 150 mil defensas penales en todo el país, de cuyos datos válidos el 43,3% corresponden a personas con nivel de instrucción primaria y más del 48% a instrucción secundaria, siendo indicadores elocuentes de un contexto de exclusión. De no existir la Defensa Pública, todas estas personas habrían estado en indefensión total.

Desde el 2007, en que se patrocinó 407 defensas, cada año se experimentó un incrementado absoluto de patrocinios, siendo característico que quienes soliciten un abogado sean principalmente jóvenes (63%), solteros y en unión libre (55,2% y 22,5% respectivamente), y mestizos (85%) . Los patrocinios penales a población afroecuatoriana representan el 7%, en tanto que porcentajes menores se distribuyen para población indígena y montubia (3% cada uno). Aún así, es importante anotar que entre el 2008 y 2012 la población indígena atendida se incrementó sustantivamente, al pasar de 0,1% en el primer año a cerca del 60% el 2012 (17-09), sin contar el último trimestre.

El Patrocinio Social

La Defensoría Pública ha dado sus primeros pasos y en un tiempo relativamente breve (desde marzo de 2010), brindó atención a más de 27 mil causas en niñez y adolescencia. Salta a la vista la gran mayoría de solicitudes de pensión para niños y niñas por parte de mujeres que se registran en la categoría de “trabajador del hogar no remunerado”, lo que revela su condición de vulnerabilidad.

9-1También se ha patrocinado cerca de 8 mil causas en defensa laboral, siendo en su mayoría trabajadores adultos ubicados en el rango de 30 a 60 años. El camino está trazado y la población, especialmente aquella que sufre los embates de la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad, cuentan hoy día con Defensa Pública, porque más que un eslogan existe la convicción de que sin defensa no hay justicia.

Los tipos de delito

Es revelador que los tipos de delitos principales imputados a indígenas, sean el robo/hurto y las contravenciones de tránsito, que suman juntas el 48%. En tercer lugar figuran los delitos sexuales, con 13%.

Marlo Brito

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