Los derechos ciudadanos se garantizan con una defensa pública sólida

Los derechos ciudadanos se garantizan con una defensa pública sólida

noviembre 18, 2012
in Category: Análisis jurídico
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Los derechos ciudadanos se garantizan con una defensa pública sólida

La Defensoría Pública debe ser una institución fuerte. Solo así podrá defender a los ciudadanos y a la sociedad.

Un sistema acusatorio es un modelo de partes en el cual la práctica probatoria deja de ser una labor judicial para convertirse en una atribución confiada a las partes procesales – fiscal y defensor -.

En los delitos de acción pública, la sociedad se encuentra representada por el Ministerio Público. Por lo tanto, la toma de la resolución queda confiada a la labor de introducción de información y mutua depuración entre los abogados que representan cada una de las posiciones.

Por ello, para un diseño de esta naturaleza resulta inviable la administración de justicia, si no se cuenta con instituciones fuertes capaces de asumir la representación de los intereses tanto de los ciudadanos como de la sociedad.

La necesidad de formar una Defensoría Pública robusta y fortalecida es garantizar los derechos fundamentales de la parte más débil del proceso penal: los acusados, especialmente los que se encuentran en situación de cárcel.

La verdad es que el nuevo sistema adversarial o acusatorio, como nos dice Raúl Tavolari, “resulta más cercano, más entendible para el ciudadano, a lo cual contribuye la publicidad de las audiencias, la lógica de juicios orales y el nivel de atención que los actores deben dispensar a víctimas y victimarios, explicándoles sus derechos, las acciones que se desarrollarán, las decisiones que se tomarán, entre otros aspectos.

Es francamente un proceso garantista que está pensando por sobre todo en los derechos de la víctima y el procesado”.

En la búsqueda, a nivel internacional, de un modelo del proceso penal “tiende a identificarse al principio acusatorio con los atributos de “progresista” y “democrático”, mientras que el principio inquisitivo es tildado de “conservador” o “autoritario”. El proceso acusatorio se define como un proceso contradictorio (o adversarial) con un órgano que lleva a cabo la instrucción y la acusación (Ministerio Fiscal) y en el que dos partes se enfrentan ante un órgano que decide (el tribunal). Entonces el sistema adversarial exige la creación de instituciones sólidas, autónomas, fuertes y que actúen en nivel similar. Por un lado, el acceso a la justicia se ve reflejado en la creación de un ente especializado de persecución criminal que debe velar por los intereses de la comunidad y de la víctima, labor que se desarrolla de modo gratuito y que en la práctica supone una gran diferencia con el antiguo sistema inquisitivo, toda vez que se ha creado un organismo público independiente encargado de dirigir las investigaciones y las evidencias, tomando en cuenta las peticiones de las víctimas. El Ministerio Público, en el nuevo sistema acusatorio, representando los intereses de la sociedad se convierte en necesidad “el abogado de la víctima” y para ello cuenta con órganos auxiliares, como la policía judicial, el departamento de medicina legal, peritos, laboratorios. Pero, por otro lado, el acceso que garantiza el Estado también se expresa en la creación de una defensoría penal pública autónoma, que intervenga en igualdad de armas con el órgano de persecución, que entrega patrocinio y asesoría jurídica gratuita, oportuna y de calidad a los procesados que carecen de medios económicos para contratar un abogado particular y proveerse de una defensa técnica por sí mismos.

La labor de esta institución no difiere de la labor que debe ser cumplida por un abogado, por ello es válido preguntarse: ¿será que la sociedad no tendrá ningún beneficio adicional frente al servicio que otorgan un cúmulo similar de abogados individuales?, ¿en razón de ser una institución estatal no será que tiene alguna labor adicional?; si el ser una institución pública destinada a otorgar un servicio de defensa le otorga posibilidades, recursos, y una posición diferente frente al que tienen los abogados particulares ¿no le es exigible algo más que la simple tramitación de casos individuales?

Uno de los mayores problemas que se genera en las instituciones del sector justicia es precisamente que el día a día hace que los distintos actores se centren en la tramitación de casos individuales, en resolver casos particularmente considerados, que en el tiempo se reproducen y suelen limitar las posibilidades de ver más allá, de ver el conjunto, y darse cuenta que la justicia penal es algo más.

El financiamiento de la defensa

Es aportada por el Estado y ha permitido elevar los estándares de calidad en la prestación de servicios de asistencia judicial en materia penal. Con la creación de la Defensoría en el país, en tres años, más de 150 mil personas pobres se han incorporado a un servicio que brinda el Estado y, ahora sí, tienen una institución que garantiza el cumplimiento de su derecho de acceso a la justicia.

En realidad, es común y cotidiano que cada funcionario judicial se autoconciba como un tramitador que, dependiendo de su puesto, tiene mayor o menor responsabilidad; pero la falta de una visión institucional hace que sea excepcional la existencia de alguien obligado a observar el funcionamiento integral y comprender el papel que su institución juega en el escenario global.

Desde luego, esta óptica reduccionista conlleva a la merma del potencial institucional y genera perjuicios muy concretos y palpables para los ciudadanos que reciben el servicio público. Se piensa únicamente en lo personal pero no en lo institucional, esto debilita a las instituciones y es recurrente en el Ecuador.

Con los cambios en el sector justicia estamos seguros que tendremos funcionarios comprometidos con la institución más allá de los esfuerzos que individualmente realicen.

La realidad anotada toma matices especialmente relevantes si nos ubicamos en el escenario que la Defensoría Pública enfrenta. Un sistema adversarial como el introducido por la reforma al sistema se basa en la confrontación de dos fuerzas y un permanente conflicto entre dos partes con intereses diversos. Vista esta realidad en el tiempo y con una visión más amplia del conflicto individual, lleva a reconocer que entre la Fiscalía y la Defensoría Pública existe un continuo conflicto por ocupar mayores espacios. De hecho es visible observar, por ejemplo, como un caso emblemático que conlleve una alarma social por la gravedad o espectacularidad del crimen, es común que en países como el nuestro donde no existe una institucionalidad sólida, fruto de la presión de la opinión pública, termine por implicar la toma de acuerdos interinstitucionales que viran el tablero donde se desenvuelve el delito o incluso cambios normativos.

Ernesto Pazmiño Granizo

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