La naturaleza necesita defensores que la protejan en su hábitat

La naturaleza necesita defensores que la protejan en su hábitat

junio 11, 2015
in Category: Perspectivas
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La naturaleza necesita defensores que la protejan en su hábitat

El mundo atraviesa en por una suerte de competencia desaforada por los recursos naturales. Pero tras esa carrera no siempre están visibles los verdaderos actores. En unos casos aparecen los Estados, pero generalmente son las grandes corporaciones internacionales, que en los hechos son las que gobiernan el planeta y carecen de fronteras.

Nunca será bien visto que unos Estados invadan a otros con estos propósitos y digamos que Irak es la excepción que confirma la regla. De todo esto existe amplia información, tal como ha documentado Noam Chomsky, uno de los más prestigiosos pensadores de Estados Unidos.

La ecuación es clara: recursos naturales + corporaciones transnacionales = mayor concentración de la riqueza, desastres ambientales (siempre en el sur), persecución y muchas veces desaparición física de líderes comunitarios, así como impunidad de las grandes empresas, tal como acaba de acontecer con el proyecto minero “Tía María” en el vecino país del sur, que resume todos los ingredientes trágicos para sus habitantes, que tienen siempre una característica paradojal común: la pobreza.

El enorme poder de estas empresas tiene repercusiones en todos los campos. Por ejemplo, de las 43 mil empresas transnacionales consideradas importantes, solo 147 de ellas cuentan con un poder desproporcionado en la red y en la economía global, según investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología.

Valga la redundancia: esas gigantescas riquezas, que superan el           entendimiento humano, se producen a costa de la naturaleza, de las personas, incluso de los gobiernos. Estas grandes empresas transnacionales han instalado ya sus campamentos en Naciones Unidas desde años atrás y se proponen hacer algo más que el tradicional “lobby”, buscando una participación más activa en el “rediseño de la gobernanza global”, tal como se desprende de las declaraciones del Foro Económico Mundial (Davos), que agrupa a los principales líderes empresariales del mundo y que han expresado su interés en que los “asuntos mundiales” ya no sean gestionados por los Estados, sino por los “stakeholders”: empresas transnacionales, gobiernos poderosos, intelectuales orgánicos y unos cuantos “representantes” de la sociedad civil.

Últimamente han tenido un papel protagónico estos “stakeholders” en programas de Naciones Unidas tan sensibles, como los relacionados con el medio ambiente, donde cabe la pregunta que se formula la periodista española María Eugenia Callejón: “¿cómo se puede aceptar financiación para la consecución de los ODM de transnacionales y sus fundaciones mientras que sus políticas empresariales despojan de derechos a grandes grupos de población?”

La analista Silvia Ribeiro (ALAI Amlatina, 22.05.2015) documenta otro caso: la creciente demanda mundial para prohibir el uso del glifosato, herbicida agrotóxico inventado por Monsanto y cuyo uso se generalizó en cultivos de maíz, soya y algodón transgénicos, así como en la fumigación de cultivos de hoja de coca en Colombia, especialmente, en el límite fronterizo con Ecuador entre los años 2001 y 2007. En este último caso, el gobierno ecuatoriano demandó a Colombia, ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, exigiendo la suspensión de las fumigaciones y el pago de una indemnización que cubra los daños y perjuicios ocasionados a los afectados. Finalmente el caso devino en un acuerdo amistoso por medio del cual el Estado colombiano pagó 15 millones de dólares para cerca de 4 mil afectados de Sucumbíos y Esmeraldas principalmente.

Ribeiro alerta acerca de las consecuencias en la salud de los habitantes de estas zonas: “Sus impactos potenciales –del glifosato- se revelan cada vez más graves, incluyendo cáncer y malformaciones neonatales, autismo y aumento de enfermedad celíaca. Las comunidades afectadas, especialmente en Argentina y Paraguay, lo decían desde hace años: el glifosato nos envenena a todos y mata nuestros niños, las mujeres tienen abortos espontáneos, muchos niños nacen deformes y otros mueren por caminar cada día para ir a la escuela o a buscar agua, al lado de un campo de soya transgénica fumigado con glifosato”.

Muchos de estos casos han sido documentados por médicos especialistas y en algunos casos han registrado, por ejemplo, un incremento de 400% de casos de cáncer con respecto a la media nacional. “En marzo 2015, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, provenientes de once países, declaró que el glifosato es cancerígeno en animales de laboratorio y se lo asocia al surgimiento de cáncer en humanos”, señala Ribeiro y concluye que “exigir la prohibición del glifosato puede parecer limitado, pero es importante por ser un detonador y por nuestra salud. Rompe otro eslabón de las cadenas que quieren terminar la vida campesina y dejarnos sin opción más que comer sus venenos”.

Por nuestra parte nos hacemos la pregunta obligatoria: ¿Pero quién acusa a Monsanto por todos estos casos de afectación ambiental y de atentado a la salud pública?

En el vigésimo sexto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), Ecuador lideró una iniciativa respaldada por 85 países miembros, de crear un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante, para normar de manera obligatoria las actividades de las empresas transnacionales relacionadas con los Derechos Humanos, y que establezca sanciones en los países donde dichas empresas actúan. La propuesta recibió la oposición de países en los que tienen su sede muchas de las transnacionales, pero “ha recibido un invaluable apoyo de varios países en desarrollo, más de 500 ONG, del Estado Vaticano y del Parlamento Europeo”, tal como confirma el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

En conclusión, por un lado, urge en el mundo el diseño de estrategias de defensa frente a la violación de Derechos Humanos cometidos por las grandes y voraces corporaciones internacionales, que se disputan a dentelladas los recursos naturales de los países del sur; por otro lado, es ineludible colocar en el debate amplio y democrático, el modelo de desarrollo que se debe impulsar en nuestros países, pues existe suficiente evidencia empírica de que los enclaves extractivistas generalmente no crean las plazas de empleo prometidas, se “encadenan” muy poco con otras actividades económicas, básicamente emplean a hombres y provocan desastres ambientales que contradicen en su esencia las tesis del buen vivir.

Varios estudios y análisis intentan graficar la inconveniencia de las actividades extractivas. El estudio “Pensar las alternativas, imaginar la transición. Economía extractiva y efectos comparados: turismo, petróleo y minería”, de Diego Carrión y Ricardo Sánchez, ilustra que actividades como la minería no aportan a la diversificación productiva, menos aun al cambio de matriz productiva, porque “se encadenan muy poco” con otros sectores de la economía nacional; la minería crea relativamente pocos puestos de trabajo formal (menos del uno por ciento de la población económicamente activa) y los puestos son principalmente para hombres (94%). Otras actividades económicas, como el turismo, tienen un mayor encadenamiento local, mayores volúmenes de empleo y una mayor equidad de género.

El estudio citado prologa que “la enorme desigualdad en el acceso a la propiedad de los medios de producción, y el caos cíclico de un sistema económico abandonado a los vaivenes del mercado, tienden a sacrificar reiteradamente el bienestar de las personas para pagar los errores de la empresa privada y los efectos de sus plataformas especulativas.

La pobreza y sus ciclos, la brecha de la desigualdad indetenible, particularmente en las excolonias, hoy países mal llamados subdesarrollados, sin mayores opciones para romper con la división internacional del trabajo, marcan la agenda de un mundo cuya crisis social y ambiental son dos filones de lo que subyace en una profunda crisis civilizatoria de alcances globales”.

“Tía María”: dime con quién andas… “Tía María” es un ejemplo que ilustra lo antedicho, pero tomemos únicamente ciertos elementos destacados y que esperamos sean lecciones aprendidas para no cometer los mismos errores. Primero, se trata de un proyecto millonario para construir la mina de cobre “Tía María” en Perú, con una inversión estimada en 1300 millones de dólares. Pero que sea millonario no nos grafica nada, a no ser unos buenos negocios realizados por la empresa mexicana.

El problema se presenta cuando la chequera atropella los procedimientos que se deben cumplir. Y eso ha encolerizado a la población, no solo aquella circundante a la mina, sino a varios departamentos, que decidieron declararse en “paro macro regional”, al que se sumaron Arequipa, Cuzco, Tacna y Puno, pero con la adhesión movilizada de representantes de Apurímac, Ayacucho y Cajamarca.

La crisis minera dejó como saldo tres muertos, más de 200 heridos y 54 días de paro indefinido. La denuncia de sobornos a los representantes de las comunidades, para dividirlas y controlarlas, deja en pésimo predicamento a la empresa, que suma este escándalo a una larga estela de demandas similares en otros países, entre ellos los Estados Unidos, Europa y América Latina.

28-16A tal grado llega el desprestigio de la empresa, que ha sido calificada por medios de comunicación internacionales como un “símbolo de corrupción, impunidad, muerte y destrucción”. Pero esto no es reciente: desde la década de los años setenta, la empresa de Germán Larrea Mota Velasco ha sido acusada penalmente y denunciada por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y laborales de México y Estados Unidos por sus constantes violaciones a las garantías de los trabajadores, de las comunidades y de la salud de las personas”.

Hasta el cierre de esta edición (primera semana de junio), el gobierno del presidente de Perú, Ollanta Humala, decidió suspender las negociaciones con la filial de la minera mexicana, poniendo como condición los resultados de las investigaciones y responsabilidades en el presunto intento de soborno a líderes comunitarios para que boicoteen las protestas.

Capitalismo del siglo XIX con tecnología del siglo XXI

Lo que acontece en el vecino Perú lamentablemente no es extraño para nuestros países, aunque las dimensiones son diferentes. No es extraño para América Latina y tampoco lo es para los países del sur geográfico, económico y político.

Se trata de la hegemonía absoluta de un modelo de desarrollo –bautizado acertadamente como “capitalismo salvaje”- que sin miramiento alguno penetra los Estados, despoja sus recursos naturales y, para ponerlo en términos penales, es autor, cómplice y encubridor de tragedias ambientales jamás vistas.

China es un buen ejemplo, porque ha traído hasta nuestros días un modelo de capitalismo del siglo XIX, con tecnología del siglo XXI. Las recientes visitas de altos funcionarios y del propio presidente a América Latina evidencia este interés, que traducido de yuanes a dólares sumaría 119 mil millones en préstamos a países o empresas de América Latina, de los cuales 22 100 millones se invirtieron en el 2014, siendo en su orden Venezuela, Brasil y Argentina los principales destinos en volumen de inversión.

En mayo de 2015 terminó la visita del primer ministro chino a América Latina, comprometiendo acuerdos de inversión y cooperación por 53 mil millones de dólares y la apertura del primer banco de liquidación en yuan de Sudamérica (Chile).

Pero las élites de occidente no han permanecido impasibles ante estos movimientos transcontinentales de China. Estados Unidos impulsa dos grandes acuerdos de libre comercio: la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés). Estos acuerdos, desde nuestro punto de vista, son altamente controvertidos porque pretenden otorgar “súper derechos a las corporaciones a costa de los trabajadores, del medio ambiente, y de los Derechos Humanos en general”.

También está en curso la Alianza del Pacífico, creada el 28 de abril de 2011 con la participación de Chile, Colombia, México y Perú, que se propone la creación de “un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas” y convertirse en una “plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico”.

¿Y los BRICS? (Formados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) No creemos que haya diferencias mayores en las matrices sustantivas del modelo de capitalismo salvaje, aunque no es menos cierto que genera simpatía este proceso de articulación económica por ser un actor reciente (novísimo) que se presenta como un contrapeso frente a los países y corporaciones que tradicionalmente han controlado el mundo.

En síntesis, sea China, América del Norte, Europa, incluso los BRICS, caminan por el mismo sendero del “capitalismo salvaje”, mientras que un movimiento mundial de la sociedad y de los pueblos proponen que “Otro mundo es posible”, otro en el cual se proteja a la naturaleza de su principal depredador: el ser humano. Comprar, tirar y comprar no puede seguir siendo el modelo a seguir, pues tras este juego de palabras se esconden tragedias ambientales y humanas intolerables.

29-16Derechos de la naturaleza, una agenda en construcción

La Constitución del 2008 estableció los pilares constitucionales para la defensa de la naturaleza, al otorgársele derechos. El Artículo 71 dispone: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global, es el séptimo objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. En la presentación, el plan reconoce que para alcanzar el Buen Vivir, “el Gobierno asumió desde su inicio el compromiso de defender el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y el respeto a los derechos de la naturaleza. Estos derechos fueron consagrados en nuestra Constitución del 2008 que, además, convirtió al Ecuador en un referente, por ser el primer país en el planeta que reconoce los derechos de la naturaleza en su marco constitucional”.

En un esfuerzo importante por echar raíces a los principios constitucionales, el plan ratifica la necesidad de construir una sociedad en armonía con la naturaleza, lo cual demanda “respeto y equilibrio entre los ecosistemas, su gigantesca biodiversidad, sus dinámicas y tiempos. También exigen la valoración de la naturaleza y sus funciones, así como el planteamiento de las actividades humanas dentro de los límites biofísicos de los ecosistemas en los territorios, asumiendo responsabilidad con las futuras generaciones”.

Se hilvana el plan en el marco de la riqueza ambiental existente en el Ecuador, que se considera como uno de los diecisiete países megadiversos del mundo. Precisamente esa riqueza ecosistémica se localiza principalmente en los territorios indígenas y en las áreas protegidas, pues todo lo demás fue deforestado como producto del “capitalismo salvaje”.

Cuando estamos próximos a la Cumbre sobre el Cambio Climático en diciembre de 2015 en París, es fundamental la construcción de una agenda bajo el prisma constitucional del Ecuador y la tesis ya posicionada del Buen Vivir, para demandar de las grandes potencias un compromiso vinculante internacional para la reducción de los gases de efecto invernadero, por ejemplo.

Siendo así, es una obligación ética –no solo jurídica- la participación activa, deliberativa y protagónica de los pueblos indígenas. Precisamente en abril se realizó la Cumbre de los Pueblos Indígenas Abya Yala de toda América, en la ciudad de Panamá, como evento paralelo a la Cumbre de las Américas. En lo principal, demandan la armonización de las normativas nacionales en concordancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; “cumplir con el derecho del consentimiento libre, previo e informado antes de la adopción y ejecución de cualquier programa o mega proyectos que afecte a nuestros territorios”; desarrollar e implementar, el Buen Vivir en las políticas sociales, culturales, económicas de los pueblos indígenas, como principio rector de derecho colectivo humano; rechazar los proyectos energéticos que supongan la violación de derechos colectivos humanos, como el desplazamiento forzoso; la titulación de las tierras, territorios y recursos indígenas; el rechazo al “uso de nuestras tierras, territorios y recursos hídricos y bosques” en proyectos de cambio climático que permitan a los países desarrollados evadir la responsabilidad de reducir emisiones contaminantes; entre otros aspectos.

Desde los espacios nacionales, también demandan la aplicación y el respeto a todas las disposiciones establecidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los Derechos Humanos, así como reconocer y aplicar el derecho de las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos extractivos y de inversión a que se les pida su consentimiento verdaderamente libre, previo e informado.

En síntesis, tal como nos recuerda Raúl Zibechi, “en los márgenes del relato hegemónico empiezan a aparecer otros relatos, que ponen en el centro a la gente común, a los más diversos abajos, a los ninguneados de siempre”.

30-16La concentración de la riqueza en pocas manos

Un informe de OXFAM publicado el año pasado, denunció que cerca de la mitad de la riqueza mundial está en manos del uno por ciento de la población, que posee en conjunto unos 110 billones de dólares. El estudio ilustró de la siguiente manera la concentración de la riqueza:

  • Casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de sólo el uno por ciento de la población.
  • La riqueza del uno por ciento de la población más rica del mundo asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que el total de la riqueza que posee la 3 mitad más pobre de la población mundial.
  • La mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo.
  • Siete de cada diez personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos treinta años.
  • El uno por ciento más rico de la población ha visto cómo se incrementaba su participación en la renta entre 1980 y 2012 en 24 de los 26 países de los que tenemos datos.
  • En Estados Unidos, el uno por ciento más rico ha acumulado el 95 por ciento del crecimiento total posterior a la crisis desde 2009, mientras que el 90% más pobre de la población se ha empobrecido aun más.

Marlo Brito es comunicador e investigador de la temática intercultural

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1 comment

  1. Armando León
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    Análisis global de temas tan controversiales surgido por la angurria de las corporaciones para depredar la naturaleza sin importarles el factor humano. El capitalismo salvaje se da porque los gobiernos protegen a los depredadores en aras de mendrugos para sus economías. La única forma de socializar las utilidades de las empresa es nacionalizando por lo menos el 51% de sus acciones para que de esta forma el Estado dueños de los recursos, sea partícipe de las utilidades y no sólo del cánon respectivo. Bolivia es un claro ejemplo de este sistema, pero eso sí hay que tener cuidado como lo admite el propio Evo Morales que la burocracia estatal tiene que ser honesta y honrada para evitar un nuevo grupo de ricos en el seno del gobierno.-

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