La inconstitucionalidad de prohibir los animales en las cárceles

La inconstitucionalidad de prohibir los animales en las cárceles

junio 11, 2015
in Category: Interculturalidad
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La inconstitucionalidad de prohibir los animales en las cárceles

Los derechos de la naturaleza tienen otra connotación si los pensamos desde la perspectiva de una persona privada de libertad. Efectivamente, el cuestionamiento primero realizado por las autoridades no es si el animal sufre al estar recluido en una cárcel, sino la utilidad efectiva que su tenencia pudiese tener en la resocialisación o si podría constituir un peligro para la seguridad del centro. Eso hace que la tenencia de animales al interior de la cárcel sea una pregunta legal. Queremos analizar esta problemática desde la mirada de un abogado de defensa: ¿qué le podemos contestar a una persona privada de libertad si solicita tener un pájaro, un cuy, un pez, un perro, un gato u otro animal en su celda, o en los patios comunes del respectivo recinto?

Para dar respuesta a esta interrogante, debemos revisar primero al COIP para ver si existe alguna norma expresa relacionada al tema. Vemos que el Capítulo II. del Libro Preliminar (Art. 12.) y el Libro III (Art. 666 – 730) del Código Orgánico Integral Penal regulan los “Derechos y garantías de las personas Privadas de Libertad” y el tema de “Ejecución” en general (reemplazando el Código de Ejecución de Penas).   Encontramos que la normativa no contempla ninguna disposición expresa sobre la pertenencia de bienes y animales por parte de personas privadas de libertad. Tampoco se regulan detalles de la infraestructura.

Existe solo una norma general, que hace referencia a “la infraestructura y los espacios necesarios” que debe tener cada centro de privación de libertad. No se sabe si deben existir espacios para el tiempo libre, establos, granjas, celdas de cierto espacio, armarios o cualquier otra instalación que pudiese permitir la poseción y el cuidado de animales. Si bien el COIP no regula el derecho de poseer bienes, contempla un amplio catálogo de faltas disciplinarias. Es aquí donde encontramos que, según la concepción del legislador, “poseer animales en el centro” constituye una falta leve (Art. 722 Num. 10).

Si volvemos entonces a la pregunta del inicio, tendríamos que responder que la Ley prohíbe que personas privadas de libertad tengan animales en su posesión. No podríamos ayudar al usuario. Pero la respuesta sería demasiado simple, aunque clásica de una cultura jurídica de corte legalista. No obstante, el constituyente de Montecristi quería superar esta cultura jurídica típica de regímenes autoritarios. Es por ello, que la Constitución establece que “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales” (Art. 11 Num. 4). Es más: existe todo un título (Título IX) de la Carta Magna que se refiere a la “Supremacía de la Constitución”. Pues, ninguna ley, ningún reglamento, protocolo o instructivo puede restringir el contenido de algún derecho o de una garantía constitucional. La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma (Art. 424).

25-16Pero, ¿qué podemos hacer si está prohibido por la Ley? La Constitución nos dice que si el juez considera que una norma jurídica es contraria “a la Constitución o a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que establecen derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional (…)” (Art. 428). Es decir, cualquier persona privada o no de su libertad, puede cuestionar la constitucionalidad de una norma. Si existen argumentos constitucionales o de derecho internacional que demuestran la inconstitucionalidad de una Ley, la Corte Constitucional, en un plazo de 45 días, resolverá la invalidez de la respectiva norma (Art. 436 Num.2). Por lo menos eso es el deber ser.

¿Qué implica esto para el caso que estamos analizando? Si encontramos argumentos constitucionales o del derecho internacional que nos permitan justificar que personas privadas de libertad tienen el derecho de tener animales, podríamos perseguir una estrategia de dos pasos. A saber:

– Primero solicitamos al director o a la directora del respectivo centro un permiso, a nombre de la persona privada de libertad, de tener un animal.

– En caso que la respuesta del director o de la directora sea negativa, podemos presentar un incidente ante el juzgado de garantías penitenciarias (Art. 670, párr. 2 COIP y 230 Num. 10 del Código Orgánico de la Funcional Judicial), pidiendo que se revoque la decisión del director.

– Como la decisión depende de la constitucionalidad de una norma del COIP, deberíamos pedir adicionalmente que el juez o la jueza remita el caso a la Corte Constitucional, pues consideramos que la prohibición legal de tener animales en los centros de reclusión (Art. 722 Num. 10 COIP) viola garantías constitucionales e internacionales.

La pregunta de fondo que deberíamos analizar, antes de dar una respuesta al usuario o a la usuaria que busca nuestro apoyo, sería si la prohibición de tener animales en centros de reclusión viola derechos constitucionales o el derecho internacional.

No vamos a analizar la problemática desde la perspectiva de la igualdad ante la Ley, ya que todavía subsisten múltiples centros de reclusión a nivel nacional, que permiten la tenencia de animales. Las restricciones se dan en los centros regionales. Queremos analizarlo desde el enfoque constitucional y en vista de la finalidad de la privación de libertad.

Desde esta perspectiva, encontramos que la Constitución contempla todo un apartado que se refiere al tema de la rehabilitación social. Estipula que el sistema de rehabilitación social, y así el sistema carcelario, tienen como finalidad la “rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos” (Art. 201). Más adelante, la misma Constitución dispone que en los centros de rehabilitación social se deban ejecutar, entre otros, planes de “producción agrícola”.

26-16Desde la perspectiva del COIP se tiene que tratar de programas de producción agrícola sin aves, vacas, cuyes u otros animales, ya que su posesión está prohibido al interior del centro. Otra interpretación sería que no son los presos los que poseen los animales en el centro cuando se ejecuta un plan, sino es la misma administración penitenciaria la que sería su propietario. Si le damos esta interpretación a la prohibición contemplada en el COIP (Art. 722 Num. 10), podríamos decir que cualquier persona privada de libertad puede tener animales al interior del centro, siempre y cuando formen parte de un plan del que derivaría legalmente su tenencia. Pero el resultado de esta interpretación no sería muy satisfactorio, pues la posesión de animales no sería un derecho de las personas recluidas, sino ellos solo podrían pedir igual acceso a la participación en planes que implican la tenencia temporal de animales.

La Constitución consagra también el derecho de todas las personas a la identidad personal y colectiva (Art. 66 Num. 28). Es indudable que existen muchas personas que sienten que sus animales forman parte de su identidad. De ser mascotas se convierten en el centro de la vida. Vemos personas que gastan para peluquerías de perros, hoteles para gatos, comida para todos los gustos caninos, jaulas doradas para pájaros, ropa para animales y otros bienes de lujo para supuestamente mimarles. Podemos además considerar que la convivencia con animales forma parte tradicional de la identidad humana y de la identidad colectiva, somos la única especie que ha domesticado animales. Hemos criado animales para el trabajo, la comida, pero también para que sean nuestros compañeros. Desde esta perspectiva sería inhumano y contrario a nuestra naturaleza no poder poseer animales. Se violentarían también los derechos de la naturaleza, ya que las personas tienen el derecho “a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir” (Art. 74). Estos derechos no se pierden por la imposición de una pena privativa de libertad.

Sobre la base de varios estudios internacionales, otro argumento fuerte para litigar el derecho de todas las personas privadas de libertad de poseer animales y sostener así la inconstitucionalidad de la respectiva prohibición legal, es la finalidad de la pena. Recordemos que esa consiste en la rehabilitación integral de la persona privada de libertad. Ahora bien compartimos las acertadas críticas a las “ideologías “re” (véase Zaffaroni), no obstante hasta si partimos desde la convicción que ninguna cárcel resocializa, tenemos que reconocer que hay regímenes que desocializan más que otros. Es en este contexto que se puede constatar, que la posesión de animales ayuda en el proceso de resocialización o que evita la desocialisación de personas privadas de libertad.

Si nos fijamos primero a nivel nacional, encontramos antecedentes históricos que muestran que antes se quería aprovechar el impacto positivo que pueden tener los animales en el proceso de tratamiento penitenciario. Recordemos que existían granjas penitenciarias como “El Rodeo” de Portoviejo y se implementaron programas de tratamiento canino (Pablo Saltos) en la cárcel de Santa Domingo. A nivel institucional, Ecuador contaba de 1964 a 1970 con “Patronatos de Cárceles Penitenciarias y Colonias Agrícolas de la República” (María Angélica Vallejo). El criminólogo argentino Elías Neumann describe en su clásico libro “Prisión Abierta”, las experiencias que se han tenido con granjas agrícolas o institutos penales agrícolas. Por ello, no vamos a profundizar sobre la materia. Solo queremos constatar que con el COIP desaparece la idea de la cárcel abierta y de las granjas penitenciarias, sin que conozcamos estudios que hayan comprobado su inefectividad en el proceso de resocialización.

Existen muchos países que implementan, también en cárceles de régimen cerrado, programas que incentivan el trabajo de personas privadas de libertad con animales. Vemos que, por ejemplo, en una cárcel de adolescentes infractores en Alemania (JVA Bremen), los adolescentes crían pollos, cerdos, cabras y ovejas. En otro centro de reclusión femenino, las presas adiestran a perros lazarillos (JVA Hahnöfersand). En Alemania encontramos, además, una amplia jurisprudencia que versa sobre la pertenencia de animales en la cárcel (como pájaros y cuyes). El país que cuenta con la mayor experiencia documentada y con una multitud de investigaciones que demuestran el impacto positivo de animales en el proceso de resocialisación, son los EE.UU.

Actualmente, hay al menos 15 estados que implementan programas de tratamiento con animales en sus sistemas penitenciarios. Según Strimple, la historia comenzó a desarrollarse en una de las instituciones de máxima seguridad para recluidos inimputables en Lima, Ohio en 1975. Es aquí donde David Lee, un trabajador social, inició un programa para pacientes presos inimputables. Un preso había encontrado un pájaro lesionado y logró llevárselo a su celda. Luego comenzó a pescar insectos para alimentarlo. Otros presos le ayudaron. Según los guardias fue la primera vez se notaba que los recluidos actuaban como grupo y comenzaron a interactuar bien con el personal. Cuando los guardias notaron el cambio, incentivaron que se haga un estudio. La clínica siquiátrica realizó durante un año un estudio comparando dos grupos de inimputables recluidos en pabellones distintos. Uno tenía animales, el otro no. El pabellón que contaba con mascotas requería la mitad de la medicación que el otro, los niveles de violencia eran menores y no había intentos de suicidio, mientras que se dieron siete tentativas en el otro pabellón (“A History of Prison Inmate-Animal Interaction Programs”: American Behavioral Scientist 2003: p. 72).

Luego, en 1981, Kathy Quinn comenzó a introducir un total de 17 programas de adiestramiento canino en varias instituciones penitenciarias en el estado de Washington. La idea era que los perros ayudarán a los presos a cambiar sus vidas. El programa comenzó en una cárcel femenina. Como resultado se comprobó una mejora en el autoestima de las reclusas, una baja en las depresiones y en la violencia interna (Alejandria Wenner: Prison Animal Programs: A Brief review of the Literature). Luego se comenzaron a implementar programas con caballos (Canon City, Colorado) y gatos (Lorton, Virginia) (Strimple: pág.73).

Hay experiencias similares y bien documentadas en Canadá. Richardson-Taylor y Blanchette describen en detalle lo efectos de un programa canino en una cárcel femenina en Canadá. En resumen afirman que el programa ayuda a contar con un hogar con mucho amor para los perros, entregando a las presas una oportunidad para asumir responsabilidad, ayudando a fomentar su autoestima, generando a su vez cambios positivos en el ambiente institucional. (Kelly Richardson-Taylor y Kelley Blanchette: Results of an Evaluation of the Pawsitve Directions Canine Program a Nova Institution for Women: pág. 3).

Podemos apreciar que a nivel comparado hay múltiples experiencias que demuestran el efecto positivo que tiene la posesión y el cuidado de animales en el proceso de resocialización de las personas privadas de libertad. Desde la perspectiva constitucional, y en vista de la experiencia internacional, habría que señalar que un sistema cuya misión consiste en garantizar los derechos de las personas privadas de libertad para lograr su rehabilitación integral, no puede prohibir indiscriminadamente la posesión de animales. Se trata de una limitación innecesaria y desproporcionada considerando la finalidad del sistema de rehabilitación social en vista de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad.

Regresando a la pregunta inicial,habría que responder a la persona privada de libertad que:

– Tener un pájaro, un cuy, un pez, un perro, un gato u otro animal en su celda o en los patios comunes del respectivo recinto constituye una falta disciplinaria codificada en el COIP;

– No obstante si la ley prohíbe indiscriminadamente la posesión de animales, la respectiva norma es inconstitucional y puede ser declarada inválida por la Corte Constitucional;

– Que mientras tanto solicite al director o a la directora del respectivo centro, tener un animal, dejando que el centro sea la institución que lo posee;

– Si la respuesta del centro fuera negativa, que puede presentar un incidente ante el juzgado de garantías penitenciarias pidiendo que remita el caso a la Corte Constitucional ya que su resolución depende la aplicabilidad de una norma considerada inconstitucional.

Permitir que personas privadas de libertad posean animales sería un acto en sintonía con el preámbulo de la Constitución, pues se estaría: “celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia”.

Jörg Alfred Stippel, penalista y docente universitario

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