La prisión preventiva es la herramienta procesal de mayor uso

La prisión preventiva es la herramienta procesal de mayor uso

noviembre 17, 2013
in Category: Análisis jurídico
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La prisión preventiva es la herramienta procesal de mayor uso

La prisión preventiva no solo es la más polémica de las medidas cautelares, sino también la herramienta procesal más recurrida históricamente en la actividad de la justicia penal. Aquello ha ocasionado serios perjuicios contra el Estado ecuatoriano y nuestra sociedad en cuanto a los derechos humanos de las personas procesadas. Por esta razón, a nivel universal se ha considerado que el uso de la prisión preventiva debe ser excepcional por gozar en sí de ilegitimidad prima facie, toda vez que si la pena es el encarcelamiento, la prisión preventiva entonces no es más que una pena anticipada. Este axioma es incluso recogido en nuestra Constitución de la República, la que después de la Consulta Popular del 7 de mayo de 2011, afianza el imperativo del artículo 77.1 al señalar que la privación de la libertad –y en consecuencia la aplicación de la prisión preventiva– no será la regla general. La Defensoría Pública ha contribuido cualitativa y cuantitativamente a la aplicación del principio universal de última ratio de la prisión preventiva, básicamente por tres razones: a) la existencia en sí del servicio público de defensa; b) la generación de mecanismos de seguimiento para su aplicación; y, c) la propuesta normativa de atenuar fácticamente los requisitos procesales para su consideración.

a) El servicio público de defensa y la reducción de la impunidad de la prisión preventiva.

Durante décadas, miles de ecuatorianas y ecuatorianos estuvieron encerrados por años bajo la medida cautelar de la prisión preventiva sin haber tenido siquiera una sentencia condenatoria en firme. Aquello fue incluso potenciado mediante la nefasta reforma del 13 de enero de 2003 que, por mayoría del entonces Congreso Nacional y por iniciativa del derechista Partido Social Cristiano (PSC), reformó el capítulo sobre la prisión preventiva e incluyó una alarmante expansión intemporal la figura denominada como detención en firme (Ley 2003-101). Esta expansión consistió en hacerle un atajo a la Constitución Política vigente (1998) que, por primera vez en la historia de la República, estableció en rango constitucional un plazo razonable a la prisión preventiva, tal como lo consagró en el numeral 8 de su artículo 24, que decía: “La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en los delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa”.

sin-sentenciaNo obstante, el etiquetamiento que los medios de comunicación hicieron sobre las personas procesadas bajo rotulaciones como “peligrosos delincuentes se benefician de la caducidad de la prisión preventiva”, determinó el activismo político de los sectores más conservadores del país. Así devino la reforma que creó un estatuto procesal más allá de la Constitución, y que consistió en extender sin ninguna restricción temporal el plazo “razonable” de la prisión preventiva a las personas procesadas llamadas a juicio, contraviniendo claramente lo dispuesto en el artículo 24.8 de la Constitución Política vigente. Más de tres años trascurrieron para que el entonces Tribunal Constitucional declare inconstitucional la Ley 2003-101 que habilitaba detener firmemente a una persona aunque no haya estado firmemente condenada, lo cual fue recogido en la Resolución No. 002-2005-TC publicada en el Registro Oficial Suplemente No. 382 del 23 de octubre de 2006. A pesar que en el fondo la referida resolución se apegó a una interpretación progresiva de la constitución, en la forma no extendió sus efectos con retroactividad, es decir las personas privadas de la libertad bajo la figura de la detención en firme enc erradas con anterioridad a la resolución no se beneficiaron de ella.

Frente a este panorama, la Constitución de la República, vigente desde 2008, crea a la Defensoría Pública como un órgano autónomo de la Función Judicial, y con ello la posibilidad de corregir a través de sus patrocinios los miles de procesos que mantuvieron en la impunidad el abuso intemporal de la prisión preventiva. La Defensoría Pública logró reducir a cero la tasa de impunidad por abuso en la aplicación de la prisión preventiva, la que para el 2007 logró encarcelar a más 11.904 de presos sin sentencia. Se generó una aceleración del debido proceso, buscando salidas alternativas y denunciando los encierros en personas que no merecían estar bajo ninguna medida cautelar, es decir que estuvieron presas injustamente, tal como el caso de Luis Concha Segura: preso por más de un año por haber “robado” un dólar; o, el caso de Luis Baculema Vega: preso 10 años siendo inocente. Aquello nos permitió demostrar que el 66% (2009) de las personas encerradas con prisión preventiva nunca fueron condenadas y, por el contrario, fue ratificado su estado de inocencia, con lo cual salta la alarmante estadística de que el uso de la prisión preventiva se da en su mayoría sobre personas técnicamente inocentes.

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