Deportaciones esquivas, inútiles, vergonzosas y sobre todo injustas

Deportaciones esquivas, inútiles, vergonzosas y sobre todo injustas

agosto 31, 2015
in Category: Casos, Perspectivas
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Deportaciones esquivas, inútiles, vergonzosas y sobre todo injustas

En la configuración de los estados modernos, se ha llegado a una suerte de convención, de protocolo no escrito, de status quo mediante el cual estos tienen la prerrogativa cruel de calificar a un ser humano bajo la categoría de “ilegal”.

Esta política se ha instaurado promovida por los países del norte y ha sido asumida de manera acrítica y con una cierta dosis de sumisión, por los países del sur. Es más, expeditos y engreídos algunos países colocaron como dogma de fe la palabrita aquella de “competitividad”, sin entender que claramente es otro eufemismo  para describir sencillamente la ley del más fuerte. Pero riqueza y pobreza son categorías ineludibles, que fijan en el horizonte de la reflexión las grandes contradicciones del mundo contemporáneo y de las cuales devienen otras como inclusión y exclusión, o conservación y desarrollo.

Bajo esas premisas de la dominación y del neocolonialismo, se introdujeron conceptos e ideas en el arsenal político e ideológico de nuestros países, fomentando el aperturismo y la reducción del tamaño y de las competencias de los estados, con la pretensión de fomentar la libre circulación de capitales, productos e ideas, pero cerrando las fronteras a los seres humanos.

¿Cuáles fronteras? Es evidente que las fronteras de los países del norte geográfico, político y económico. Por lo tanto, los postulados constitucionales ecuatorianos, relativos al principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur”, constituye un postulado que busca romper los rasgos característicos del colonialismo y de la sumisión.

Por supuesto, hemos de esperar que la Ley Orgánica de Movilidad Humana sea consecuente con estos postulados y supere, de una vez por todas, los anacronismos y los procedimientos absurdos de las leyes de migración y extranjería, que vergonzosamente siguen siendo invocadas a la hora de detener o retener a una persona por no haber regularizado su estadía en el Ecuador, incluso cuando se ha tratado de ciudadanos de aquellos países suscriptores del Mercosur, como el caso del ciudadano Jhonathan Leonardo, que vamos a contar más adelante.

Precisamente esa es otra de las grandes contradicciones presentes en el debate: ciudadanía universal versus lo tribal y las identidades locales, lo global frente a lo local que colocaron en el debate un asunto fundamental y trascendente: los derechos se consagran como seres humanos, no como ciudadanos de un país. Este nuevo concepto constituye un paradigma para repensar las agendas de integración y desarrollo de países como los nuestros, que tenemos la obligación de ser consecuentes con una historia que construimos con mucho dolor.

Pero no se puede pensar la movilidad humana por fuera de los escenarios en que esta se produce. Por ejemplo, las crisis ambientales –generalmente ocasionadas por transnacionales cuya sede se encuentra en los países ricos y sus maquinarias en los nuestros- constituyen factores de movilidad humana y de flujos migratorios importantes. Es decir, no solo atentan contra la vida en el planeta tierra, sino que constituyen un generador de desplazamientos humanos y de migraciones hacia otras latitudes.

La economía y el medio ambiente ya no pueden ser conceptos que podamos eludir, pues se trata de conservar la vida misma a escala planetaria, construyendo una nueva ética y un nuevo horizonte utópico.  También en este campo hicimos una propuesta revolucionaria: dejar el crudo bajo tierra, siendo una tesis audaz y de profundo significado, que cuestiona en su esencia a la ideología del progreso sin fin.  Como bien señala Boaventura de Sousa Santos, “cualquier ciudadano con conciencia ecológica entiende que la manera de defender la naturaleza no es venderla y no cree que los problemas del capitalismo puedan resolverse con más capitalismo”.

La ciudadanía también se ha puesto de pie en todo el mundo, enlazada como está con las redes sociales, colocando el capítulo de la “gobernabilidad” en un sendero lleno de dudas. Los pueblos, especialmente los jóvenes, no son una masa informe fácil de engañar y sus movilizaciones perduran más allá de lo esperado por los gobiernos y mueven los cimientos de esta edificación llena de injusticias.

Pensar la ciudadanía universal desde una perspectiva utópica

22Los migrantes, los desplazados, los refugiados, los expulsados de sus hogares jamás pensaron en dejar sus países. Es decir, se vieron forzados a abandonarlos, la mayor parte de veces en condiciones paupérrimas de sobrevivencia.

El artículo 416, inciso 6, de la Constitución “propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur”. Mediante este artículo se busca la transformación de las relaciones de poder existentes en el planeta y la supresión de la condición de extranjero.

De la misma manera, el artículo 9 dispone que “las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución”. Por ende, no se califica cuál es la condición del extranjero para el acceso a unos derechos y deberes que en nuestro territorio tienen la calidad de universalidad.

También conviene subrayar otro principio constitucional que a veces se olvida: el artículo 424 ordena que “la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”.

Y complementa que “la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”.

En tal sentido, el artículo 40 “reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.

Por último, el artículo 392 dispone que “el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional”.

Con estos antecedentes constitucionales la Defensoría Pública impulsa su Programa de Movilidad Humana para fortalecer la asistencia y el patrocinio jurídico a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, dando así cumplimiento a la norma constitucional y a los acuerdos internacionales.

Para lograr acciones eficientes en la defensa de los derechos de las personas en movilidad, la Defensoría Pública suscribió acuerdos de cooperación con organizaciones nacionales e internacionales, como la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, el programa Eurosocial, el Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados, la organización ACNUR – Asylum Access, entre otras iniciativas.

A nivel nacional, impulsa la Mesa de Movilidad Humana, que busca una articulación permanente con la sociedad civil, la especialización de defensores públicos, el diseño de instrumentos técnicos para la remisión y contra-remisión de casos, la elaboración de un protocolo de actuación de la Defensoría Pública en estas materias, así como el diseño de una plataforma informática para registro de casos, entre otras acciones.

Pero sobre todo, con la capacitación especializada –aunque no de dedicación exclusiva- se ha generado una defensa pública de calidad a favor de las personas en condiciones de movilidad. Los extranjeros que migran en condiciones no regulares son parte de los grupos en mayor riesgo de vulneración de sus derechos. Sobre ellos hay enormes prejuicios que los ubican como “los otros”, es decir, los peligrosos que deben ser controlados por las fuerzas de seguirdad y regulados por el sistema de justicia para garantizar que su presencia no “provoque” daños o afecte la “tranquilidad” de una sociedad que los considera una amenaza, en especial, a su seguridad. Es muy común escuchar y leer en los medios de comunicación noticias en las que prevalece, como dato de alta resonancia, el lugar de origen de los ciudadanos detenidos o investigados penalmente. Se objeta que su estado es de inocencia, mientras un juez, mediante sentencia ejecutoriada, no disponga lo contrario.

La Defensoría Pública ha llevado varios casos de extranjeros que han sido discriminados y procesados judicialmente por su estado migratorio. Todavía existe un enorme peso sobre ellos que limita sus derechos y que contradice el mandato constitucional de ciudadanía universal. A continuación presentamos el caso de un ciudadano colombiano que fue defendido.

Un caso de defensa a un migrante

23Jhonathan Leonardo es un joven de 24 años, cuya nacionalidad colombiana le significó un obstáculo. Esta sola idea le pareció insoportable, injusta y, por lo mismo, intolerable. El joven se trasladó al Ecuador desde Bogotá, su ciudad de origen, en compañía de su familia. Llegaron a Ibarra, se instalaron en los mejores términos posibles para recuperar sus vidas.

Con esa fuerza de voluntad inquebrantable de los colombianos, la familia salió adelante, pero debido a las carencias económicas evidentes y a las dudas que invaden en estos casos, solo pudieron regularizar su estadía los padres y su hermano menor. No obstante, con una muestra plausible de buena fe, logró establecer un negocio de peluquería, oficio que estudió en Colombia y que en Ibarra le permitió generar los ingresos mínimos para el sustento de los cuatro integrantes de la familia.

Con las amistades construidas en Ibarra y puesto que tenía que formalizar el negocio, lo hizo a nombre de uno de sus amigos, quien le ayudó también a adquirir una motocicleta. Es decir, tanto la peluquería como ese vehículo no estaban a su nombre, sino a nombre de un amigo ecuatoriano.

Aunque el tiempo es inexorable, también se pierde esta noción. Y de alguna manera el joven Jhonathan Leonardo se fue sintiendo como en casa, viviendo el día a día como un ciudadano más del Ecuador, sin sentir la necesidad de contar con los documentos que exige la ley para ser reconocido como un ciudadano en situación regular.

Sin embargo, en julio de 2014, seis años después de permanecer en el Ecuador, se enteró de una buena noticia: la posibilidad de regularizarse mediante una “visa Mercosur”. Se trata de “la ratificación del Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados fue publicada en el Registro Oficial No 209, del 21 de marzo de 2014 y la reglamentación interna dispuesta en el Acuerdo Ministerial Nro. 000031, del 2 de abril del 2014, en el que se determina como beneficiarios de esta categoría de visa en el Ecuador a los nacionales de: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú”.

La noticia fue celebrada por la familia, pues ese era el camino para que Jhonathan Leonardo regularizara por fin su permanencia en el Ecuador.  Y lo intentó: obtuvo una cita en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito, fijada para el 12 de agosto de 2014.

El día anterior viajó desde Ibarra a la capital para presentarse a la cita establecida por el Gobierno ecuatoriano. Sin embargo, en la Avenida Real Audiencia, al norte de Quito, la policía realizaba un operativo antidelictivo y le pidió a Jhonathan que detuviera su motocicleta y le entregara los documentos de identidad y la matrícula del vehículo. En el primer caso, sus documentos estaban caducados, pero indicó a las autoridades policiales que tenía una cita en Cancillería para tramitar la visa Mercosur. En el segundo caso, la matrícula de la motocicleta estaba a nombre de su amigo ecuatoriano.

Los policías, al verificar que el vehículo no estaba a su nombre, le dijeron que debía acompañarlos hasta la Dirección Nacional de Migración, a fin de verificar su permanencia en el país. Posteriormente, se desprendió que el joven colombiano registraba un ingreso al Ecuador con fecha 29 octubre de 2009, con categoría T-3 de turismo y con una prórroga de 90 días desde 26 de enero de 2010 hasta 26 de abril de 2010.

Es decir, la conclusión policial fue que se encontraba en “permanencia irregular” y en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Migración fue trasladado al Centro Temporal de Acogida para Extranjeros (Hotel Carrión), lugar en el que permaneció alrededor de un mes privado de su libertad hasta resolver su situación jurídica migratoria.

Una vez conocido el caso, la defensora pública, Sofía Gómez Hurtado, visitó el Hotel Carrión y se entrevistó con el joven, a quien se le propuso una estrategia de defensa que contenía una acción de hábeas corpus.

El 14 de agosto de 2014, tres días después de su detención, se realizó la audiencia de deportación en la que la Defensora Pública expuso la situación de Jhonathan: estaba realizado el trámite de regularización que incluía una cita a la que nunca llegó porque fue apresado por la policía. La Defensoría argumentó sobre la obligación de que se reconociera su derecho a la libre movilidad y su derecho a migrar y, más aún, se demostró que tenía suficientes raíces en Ecuador para ser tratado como un ciudadano con derecho a permanecer en el país: su familia estaba en situación regular, su hermano tenía un hijo ecuatoriano y él mismo fue el padre de un niño que meses atrás había fallecido. No obstante, la presentación de todas estas argumentaciones no tuvieron peso y el juez de instancia ordenó la deportación.

Sofía Gómez Hurtado no desmayó en su defensa e interpuso un recurso de apelación para que la Sala de la Corte Provincial resolviera. Insistió en los argumentos de primera instancia e incorporó todos los documentos que demostraron que este ciudadano tenía sus papeles en trámite y no estaba en estado irregular. En audiencia, el día 15 de septiembre de 2015, la Defensoría Pública le recordó a la Corte Provincial todos los derechos que el Ecuador debía reconocer al joven colombiano: el derecho a la libre movilidad, el derecho a migrar, el fin de la condición de extranjero, el principio pro homine, la adecuación de la leyes secundarias a la norma constitucional, y la obligación de reconocer y aplicar de forma directa, eficaz e inmediata los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano.

La Sala de lo Penal de la Corte Provincial estuvo de acuerdo con los argumentos de la Defensoría Pública, aceptó el recurso y revocó la sentencia. Jhonathan Leonardo recuperó su libertad y volvió a tramitar su derecho de permanencia legal en el país. Por supuesto, en poco tiempo obtuvo su visa Mercosur.

Marlo Brito

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