Grace, un caso más de legítima defensa ante la violencia intrafamiliar

Grace, un caso más de legítima defensa ante la violencia intrafamiliar

agosto 31, 2015
in Category: Casos, Género
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Grace, un caso más de legítima defensa ante la violencia intrafamiliar

Esta vez fue Grace, en un escenario que es común para la violencia en contra de las mujeres o miembros del núcleo familiar: su domicilio. Como ocurría en otras ocasiones aquel día empezó el ultraje frente a sus hijos menores de edad a los que tuvo que sacar pronto del departamento para que fueran a la escuela y cerrar la puerta principal para enclaustrar su tragedia. Le esperaba su esposo molesto porque no pudo contactar a un trabajador, mientras ella tenía un fuerte dolor de la cabeza como efecto de los golpes que el día anterior había recibido antes de ir a la cama.

Era el preámbulo de una tragedia familiar que iba a tener un desenlace fatal: su conviviente, muy temprano, la agredió y la amenazó con terminar con su vida, usó un cuchillo de la cocina y en el forcejeo para repeler la agresión él terminó con dos heridas, una de ellas de siete centímetros de longitud a la altura de la axila izquierda que le provocó la muerte. Ante los hechos, Grace pidió ayuda, y entre la desesperación y el miedo fue detenida por agentes del orden ante un delito que exteriormente era un homicidio, pero en su interior contenía varios episodios de maltratos, temor y humillación. Su primera versión evidencia que en su mente concurrían todos los elementos de una persona que deseaba vivir sin violencia: “Yo me arrepiento y pido perdón, no quería hacerlo, es que me estaba pegando y me estaba dando la cabeza contra el piso, él me comenzó a topar mi cuerpo y a obligarme a estar con él. Yo tomé el cuchillo y lo golpeé con eso, yo nunca pensé que lo maté, por eso fui a pedir ayuda”.

Ella únicamente se defendía, nunca pensó que podría ser una mártir a través de la cual se reconoce que la legítima defensa no es solamente una estrategia del abogado en los casos de violencia intrafamiliar, considerando que hay por un lado una agresión ilegítima que es una acción humana y de otro lado la necesidad de neutralizar la agresión. En tal circunstancia, se debe defender jurídicamente cualquier bien jurídico siempre y cuando cumplan los requisitos que para este efecto existe en la legislación penal.

A criterio del magistrado argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, en principio, en la legítima defensa, no hay una ponderación equivalente de bienes entre el bien que se salva y el bien que se afecta, porque interviene la agresión ilegítima y esto desequilibra la balanza. Con este razonamiento se diferencia del estado de necesidad visto que en estos casos lo que se necesita afectar debe tener menor entidad de lo que se impone.  En la legítima defensa no se ponderan males, pero tampoco se tolera una desproporción indignante de males. No toda defensa necesaria es legítima.

13Para el inicio de la investigación aún esto no se conocía y simplemente se seguían cumpliendo los protocolos para el ingreso al sistema penal de “una homicida”. La Fiscalía, dentro de la metodología usada para la toma y recepción de muestras, dejaba constancia en su informe pericial genético forense que la entonces procesada había firmado el consentimiento para la toma de muestras biológicas, adicionalmente “se le tomó una foto con fines exclusivamente identificativos”. Era común que esto ocurra, no se puede dejar en libertad a una persona que comete un delito flagrante y que además confiesa haberlo hecho. Es precisamente en estos momentos en los cuales el operador de justicia actúa en respuesta a la supuesta justicia o lucha contra la impunidad de los delitos que están a la vista de la población o toma partido por siempre pensar que sigue siendo inocente y lo que puede aún ser más trágico que la persona procesada lo haya hecho como un grito por la recurrencia de violencia en la que únicamente el agresor y la agredida sabían y callaban.

Es así que el Tribunal que conocía este caso se remitió exclusivamente a los hechos de ese día fatal condenándola a Grace por su acción al cumplimiento de una pena privativa de libertad de 12 años de reclusión mayor ordinaria. De cuya resolución, tanto su defensa como la acusación particular, apelaron, petición que fue rechazada por la Sala Penal de la Corte Provincial ratificando en todas sus partes la sentencia del Tribunal. Es por ello que Grace interpuso el recurso de casación que fue aceptado a trámite por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia.

Francisco Muñoz Conde, en su libro Derecho Penal, parte general, admite que una de las causas de justificación en particular es la legítima defensa y el estado de necesidad, a pesar de que era común confundirla como causa de exculpación. Por ello afirma que “en la medida en que la defensa sea respuesta proporcionada a una agresión injusta, no cabe duda que, cualquiera que sea la actitud de quien se defiende, existe una auténtica causa de justificación que legítima el acto realizado”. La legislación penal ecuatoriana, específicamente el Código Orgánico Integral Penal, reconoce a los actos de legítima defensa como causa de exclusión de antijuridicidad, para ello la conducta típica deberá ser debidamente justificada y que adicionalmente la persona que actúa en defensa de cualquier derecho, sea este propio o de un ajeno, demuestre la concurrencia de tres requisitos: 1) agresión actual e ilegítima; 2) necesidad racional de la defensa; y 3) falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho.

Es así que la Corte Nacional de Justicia, al conocer la fundamentación del recurso y la contradicción de la Fiscalía y acusadores particulares, consideró que las resoluciones de los tribunales inferiores  no guardaban coherencia con lo planteado en la prueba, en virtud de que sí se demostraron las constantes agresiones físicas, síquicas y sociales que sufrió la procesada  que la convertían en una mujer maltratada por su conviviente y que en el momento del acto se defendió del ataque que estaba siendo objeto, observando que en el análisis de los juzgadores de instancia para determinar que no existió legítima defensa fue errado, ya que se centraba únicamente en indicar que el testimonio de la procesada era contradictorio con su versión, sin analizar y valorar la prueba actuada por la procesada tendiente a demostrar la legítima defensa, que constaba en autos dentro del proceso.

El Tribunal de Casación destaca en su fallo que la Constitución de la República garantiza a las personas el derecho a la integridad que incluye la integridad física, síquica, moral y sexual; y una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Adiciona en su fundamentación la Convención de Belén do Pará con respecto a que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”, en concordancia con la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing en la que se define a la violencia contra la mujer como: “todo acto de violencia basado en género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluida las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”.  Cita también la Recomendación General N° 19 emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidades en la que se califica como discriminación cualquier acción que menoscabe o anule los derechos humanos y sus libertades, comprendidos estos en: “a) el derecho a la vida; b) el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; c) el derecho a la protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno; d) el derecho a la libertad y a la seguridad personales; e) el derecho a igualdad ante la ley; f) el derecho a la igualdad en la familia; g) el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; h) el derecho a condiciones de empleo justas y favorables”.

A todo lo señalado se sumó que el accionar de Grace, en el momento de la agresión física que estaba sufriendo y a otras que fue sometida en ocasiones anteriores, cumplía con los elementos de legítima defensa ya que existió actual agresión ilegítima, que hubo racionalidad del medio empleado, porque el cuchillo era el arma con la que estaba siendo atacada ante lo que reaccionó en defensa de su vida, cuando el ahora occiso le decía “… ahora sí te mato…”. La respuesta del Tribunal de Casación fue casar la sentencia, ratificar el estado de inocencia y disponer de forma inmediata su libertad.

Los procesos judiciales en los que existen mínimas evidencias de violencia de género vienen cargados de acciones humillantes y del silencio de la víctima, que en el momento de sufrir las agresiones está sola y por consiguiente no podría acudir a ningún órgano estatal para contener el ataque con el que se estaba poniendo en peligro su vida, y como todos sabemos la reacción primera de cualquier ser humano es justamente defender la vida. Para casos así, que cumplen todos los requisitos opera la legítima defensa como causa justificante. Lo importante en estos procesos, a pesar de que la sociedad pueda juzgarlos como bárbaros y evidencias de impunidad, es siempre observar todo el entorno en el que se desarrolla la vida de las personas involucradas.

Julio Ballesteros

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1 comment

  1. Jonathan Chavez
    Reply

    Super bién Julio, estos casos son los que hacen reflexionar sobre la igualdad de genero, sobre la legitima defensa y sobre todo la calidad de la justicia en nuestro país; espero seguir leyendo mas casos analizados por su persona.

    Le felicito Estimado Julio, siga adelante con sus proyectos de igualdad, lealtad y superación; tenga en cuenta, que tiene gente que le apoya y le seguimos en sus proyectos.
    Att: Su amigo.
    Jonathan Cháavez

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