Ante el genocidio, la dominación y el abuso de poder, “Monika bo wakekímoni”

Ante el genocidio, la dominación y el abuso de poder, “Monika bo wakekímoni”

agosto 31, 2015
in Category: Interculturalidad
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Ante el genocidio, la dominación y el abuso de poder, “Monika bo wakekímoni”

Monika bo wakekímoni” decía un cartel que llevaba una mujer Huaorani al ingresar a la Corte Constitucional, el 2 de junio de 2014. Detrás de ella caminaban otras marcialmente. Y luego, varios hombres de la comunidad de Dikaro iban cerrando filas en medio de las cámaras y los micrófonos, y la mirada curiosa de los transeúntes. Así entramos a la audiencia en la Corte Constitucional en Quito. Los encargados de la seguridad les pidieron a ellos que dejaran sus largas lanzas de chonta al pie de las escaleras del edificio. Esta diligencia judicial había sido ordenada dentro del proceso constitucional de consulta de normas a pedido del Juez Segundo de lo Penal de Orellana, Álvaro Guerrero, control concreto de constitucionalidad.

Esta frase me daba vueltas en la cabeza recordando nuestra visita a la comunidad de Dikaro. Habíamos viajado alrededor de dos horas desde la ciudad de El Coca, eufemísticamente rebautizada como Francisco de Orellana, tal vez para reafirmar el carácter castellano de nuestra herencia territorial o para salir de la lista de muerte política –lista gris- del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Quince días antes, debimos enviar el listado de los funcionarios de la Defensoría Pública que iríamos a la Comunidad, ubicada en el Bloque 16, bajo el control de la empresa española Repsol. Esta transnacional había autorizado previamente nuestra entrada, sin embargo, en Puerto Pompeya nos pidieron explicar las razones de nuestra visita, mostrar nuestros documentos personales y pasar por filtros electrónicos de seguridad. Casi parecía un control de migración y aduana. Al otro lado del río y luego de haber pasado nuestro vehículo sobre una enorme gabarra, se abría un camino sinuoso y cubierto de piedras redondas y grises. Y, a ambos lados, varios árboles de mediana altura cerraban el paso a cualquier mirada. Me pareció que me encontraba en un enorme jardín cruzado por tubos de metal y sembrado en medio del pasto, casi como en una película que había visto hace algunos años que se titulaba “querida, encogí a los niños”. Nada que ver con lo que me imaginaba que sería la selva amazónica.

Al día siguiente, después de haber dormido como parte del protocolo en el campamento de Repsol en unos remolques pequeños, pero cómodos que tenían para los obreros, nos reunimos con cerca de 300 indígenas huaoranis que habían llegado de varias comunidades, hombres, mujeres, niñas y niños. Todos esperaban expectantes a lo que íbamos a decir, su objetivo: ver cómo defender a los miembros de su comunidad que habían sido acusados de cosas que para ellos eran totalmente incomprensibles. Genocidio, delito, juez, proceso penal, cárcel, acusación, fiscal… Nada de esto tenía sentido. Solo sabían que tenían que proteger a su gente, hacer algo, lo que sea, para sacarlos de esa jaula donde los mestizos habían encerrado a sus guerreros como parte de los “últimos hombres libres de la selva”. Tenían claro que su intención era un acto comunitario y de defensa que sumaba sentido común, instinto de supervivencia y solidaridad. Nuestros conocimientos jurídicos y de defensa se quedaban cortos  ante esto, así que escuchamos y aprendimos simplemente. Algo me quedó claro, en medio de los intereses de las petroleras, del Estado y de los colonos, el problema central de los huaoranis es de decisión.

07No podían decidir sobre su territorio, sobre el control de sus normas culturales ni sobre sus propias vidas. Habían perdido casi todo, solo les quedaba su dignidad como pueblo. En el caso de la acusación de genocidio del Estado por una supuesta matanza de pueblos no contactados, taromenane y tagaeri, el problema central es la decisión sobre el territorio, lo cual guarda una relación íntima con el contacto de estos colectivos con el conquistador y los mestizos.

  1. El territorio y el sujeto histórico

Los colectivos indígenas amazónicos son de reciente contacto. Unos así lo decidieron o se vieron avocados a fortalecerlo y otros prefirieron evitarlo. No se debe olvidar que la llegada de la colonia a estos territorios fue endeble y apenas había logrado el ingreso más o menos permanente de algunas congregaciones de la Iglesia Católica, luego de que Francisco de Orellana descubriera el Río Amazonas en 1542 en una expedición que partió de Quito y que buscaba tesoros en el País de la Canela (“El Dorado”). Al mismo tiempo, la presencia del Estado fue intermitente hasta muy entrado el siglo XX. A diferencia de lo que ocurrió con los colectivos indígenas de la sierra centro, los indígenas amazónicos no conocieron la estructura de hacienda, por lo cual no conocieron la propiedad privada durante esta época. La economía era de autosustentación y no conocieron la agricultura ni la crianza de animales, por lo tanto la mayoría de estos grupos se mantuvo en un estado nómada y practicaban la poligamia.

En el entendido del conquistador, estos grupos fueron considerados salvajes y por mucho tiempo se les llamó, entre otras denominaciones, “jíbaros” (como sinónimo de salvaje, lo cual significaría “piedra” en alusión a la práctica de reducción de cabezas. Hoy es el pueblo Shuar) y “aucas” (que significa asesinos; hoy es el pueblo Huaorani). Cuando la Iglesia llegó a este lugar trajo consigo la agricultura y la propiedad privada; el monoteísmo y la monogamia, con la misión de evangelizar y civilizar. Sin embargo, esta misión no fue sencilla. Las crónicas narran varias incursiones indígenas en las que se asesinó cruelmente a colonos blancos y mestizos, lo cual aumentó su prestigio como desalmados y sanguinarios. Así, durante tres siglos la Iglesia Católica proyectó sus misiones logrando introducir algunos rasgos de la cultura dominante, particularmente la religión, pero sin tener un efectivo control del territorio.

Durante las primeras décadas del siglo XX, el Estado nación se fue fortaleciendo, pero sin poder proyectar su dominio sobre el territorio de la Amazonía, pues no existía un interés económico que le pudiera dar permanencia. Solo en la década del cincuenta es que el Estado logra mayor control con ocasión de los primeros intentos de explotación de petróleo por parte de empresas inglesas. De esta manera, el territorio gobernado por cientos de pueblos indígenas hasta ese momento se vio turbado por la repentina presencia de colonos blanco-mestizos y extranjeros. Los conflictos por territorio entre estos colectivos se resolvían por medio de guerras, pactos, alianzas, matrimonios e intercambio de productos.

No obstante, estos nuevos actores disputando el territorio borraron las fronteras totalmente claras para los indígenas –no tanto para los invasores-, mediante la expoliación directa y violenta de su espacio vital, la imposición obligada o persuadida de la cultura dominante, la sutil asimilación de los indígenas a los valores occidentales, entre ellos, la propiedad privada y el individualismo. Por supuesto, estas fronteras no suponían líneas de demarcación pintadas sobre los ríos y los accidentes montañosos en un mapa ni parcelas con dueños sobre los cuales se realizarían actos humanos de transformación de la naturaleza. Los territorios eran espacios de vida colectiva y de relación espiritual con la selva, separados solo por hitos totalmente flexibles de acuerdo a los intereses de la supervivencia y el papel trascendente en su historia de relatos y mitos, de magia y orgullo.

08A partir de esto, algunos pueblos entraron en contacto con estos actores ajenos, y otros lo rechazaron porque, posiblemente, entendieron que no existían incentivos y ganancias en este hecho. Los huaorani entraron en contacto en 1954, y dos pueblos que tienen con ellos cierto parentesco se internaron en la selva y se negaron a entregarse a los colonizadores. Hay un posible origen mítico a esta escisión, pero lo objetivo es que los indígenas Taromenane y los Tagaeri se mantienen hasta la actualidad como pueblos no contactados. Entre estos pueblos, a pesar de esto, el territorio estaba distribuido de manera más o menos consensuado. Pero la Iglesia, las petroleras, los colonos y el Estado, quienes buscaban ampliar su frontera de explotación económica y política, borraron las señas que estos pueblos entendían, y el resultado fue el inicio de un conflicto entre ellos que fue aumentando en la medida en que los colonizadores tomaban control de esta parte del mundo. Se tiene noticias de varias matanzas mutuas entre estos pueblos empujados por las presiones al territorio de los nuevos y antiguos conquistadores. Estos pueblos fueron silenciosamente condenados a muerte.

Un evento central en la tortuosa relación de estos colectivos con la civilización fue la muerte del misionero Alejandro Labaka y de sor Inés Arango, quienes luego de haber conseguido el logro del contacto más permanente con estos pueblos, fueron asesinados por varios huaoranis, en circunstancias aún no establecidas, el 21 de julio de 1987. Su martirio ocurrió en circunstancias en las que ellos intentaban hablar con los huaos para que huyeran ante el inminente ataque con armas de fuego que preparaban personas contratadas por las petroleras. Labaka hablaba su lengua y era, aparentemente, alguien que conocía su cultura y gozaba de su confianza.

Las fotos de su cuerpo malogrado por más de cincuenta lanzas dio la vuelta al mundo acentuando la etnofobia en nuestro país, visibilizando por primera vez a estos pueblos en la opinión pública y transformando su exclusión y exterminio en un problema de seguridad pública en el gobierno premoderno de León Febres Cordero, a quien desde el inicio de su mandato le estorbaban los derechos humanos y toda forma de resistencia social (1984-1988). Desde ese momento, el territorio ya no les pertenecía a los huaoranis y su agonía como sujeto histórico entraba en una fase crítica.

Posteriormente, la acción del Estado, además de tradicionalmente genocida, fue tardía ya que solo doce años después de la muerte del misionero, se hicieron los esfuerzos necesarios para delimitar el territorio en favor de estos colectivos, mediante Decreto Ejecutivo 552 del 29 de enero de 1999. Desde entonces, pasaron ocho años más hasta el 3 de enero de 2007, para que esta zona sea delimitada como un área específica para los pueblos amazónicos “no contactados”, la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT), mediante Decreto Ejecutivo 2187, lo cual fue posible gracias a que el 10 de mayo de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane que habitan en la selva amazónica ecuatoriana situada en la zona fronteriza con el Perú y se encuentran en situación de aislamiento voluntario u “ocultos”.

El antecedente para esta medida había sido la matanza de miembros del grupo Taromenane el 26 de abril de 2006, en el sector del Cononaco (río Chiripuno), en el contexto de represalias ligadas a la tala ilegal de madera en el Parque Yasuní y la invasión del territorio indígena. Al mismo tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al Estado ecuatoriano la adopción de las medidas necesarias para proteger de la presencia de terceros el territorio en el que habitan los beneficiarios.

Una vez recibido el Plan de Medidas Cautelares, una comisión interinstitucional de Estado impulsó un Plan Integrado de Acción para el Plan de Medidas Cautelares para Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario, para proteger los derechos fundamentales de estos pueblos a través de la promulgación de políticas de estado, que fue presentado y aceptado por la CIDH. Ciudadanos ecuatorianos solicitaron a la CIDH un plan de medidas cautelares, el mismo que se otorgó el 10 de mayo de 2006. En consecuencia, el Estado ecuatoriano se vio obligado a adoptar medidas efectivas para proteger la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenane y el territorio en el que habitan.

Todo esto llevó a que al final del artículo 57 de la Constitución de 2008 se garantizara el derecho de estos pueblos a permanecer en aislamiento voluntario y se prohíba “toda actividad extractiva”.

No obstante, la delimitación de la denominada zona intangible fue cuidadosamente trazada para no afectar la producción petrolera en curso y se calcó sobre la geopolítica escrupulosamente diseñada por las transnacionales petroleras y el Estado ecuatoriano. Pero esto no impidió la presencia de los empresarios madereros, los colonos y su agricultura intensiva, los militares y obreros de todo tipo, las iglesias y las organizaciones no gubernamentales con sus intereses. Todos se aseguraron en dejar en claro que esta especie de propiedad sobre el territorio no les da sino un derecho de uso endeble, precario, por lo tanto, siempre en control del interés de los nuevos colonizadores. Nada de los recursos extraídos les pertenece y se convirtieron en una especie de invitados molestos en casa ajena. Todos deciden por ellos, reproduciendo el estatus de menores, subordinados e inferiores que el estilo de vida moderna se encarga de restregarles en sus caras todo el tiempo. Los pueblos en este territorio son empujados todo el tiempo dentro de la selva de acuerdo al giro del negocio del petróleo, la madera y la política.

Un giro inesperado fue el proyecto iniciativa Yasuní-ITT que emprendió el gobierno del presidente Rafael Correa el 2007, el cual consistía en dejar el petróleo bajo tierra en el bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní, dentro del territorio de estos pueblos, previas compensaciones de los países centrales. La idea era no explotar 920 millones de barriles de petróleo en los yacimientos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT). Este proyecto fracasó e inmediatamente se inició el Plan B” en 2013, que significa la explotación bajo el entendido que era necesario para alcanzar el desarrollo y combatir la pobreza. Sin embargo, la discusión no era pacífica, pues muchos grupos ambientalistas y colectivos indígenas habían apostado por este proyecto revolucionario. Le tocaba pues, por la norma constitucional referida, al Estado demostrar que en el Yasuní no existían pueblos no contactados.

09En este contexto, en marzo de 2013 ocurrió una nueva matanza de varios miembros taromenane en manos de un grupo de huaoranis de la comunidad de Yarentaro, aparentemente, como represalia por la muerte de Ompore y Buganey, dirigente y su esposa. Ompore había logrado contactarse con ellos desde hace algún tiempo y las razones del ataque no se conocen con certeza. La Fiscalía General del Estado instruyó por el delito de genocidio, pues entendió que en este posible hecho había la intención de los huaoranis de eliminar total o parcialmente a los taromenane. Un medio local decía que en la supuesta masacre habían muerto más de 100 taromenane. Comenzó tarde la investigación y no se pudo encontrar ningún vestigio del supuesto genocidio. Se ordenó prisión preventiva en contra de 15 ciudadanos huaoranis.

Fue esta la ocasión perfecta para que los colonizadores ajustaran cuentas con estos pueblos que se volvían otra vez molestos. El Estado podía alegar que los taromenanes fueron exterminados por los huaoranis y legitimar el “Plan B” a la iniciativa Yasuní-ITT; a los seguidores del padre Labaka se les presentaba la oportunidad de tomar venganza por su muerte; y, las petroleras tenían la oportunidad para profundizar su política sistemática de amedrentamiento y desplazamiento de estos pueblos para maximizar sus utilidades y la dependencia económica de nuestro país. Ante todo esto, decían las mujeres y hombres huaoranis: “monika bo wakekímoni”.

  1. Nuestra defensa
  • Sustitución de la prisión preventiva

La primera batalla se llevó a cabo en la audiencia de sustitución y revocatoria de la prisión preventiva en el juicio penal, que por genocidio, sigue la Fiscalía General del Estado en contra de 15 ciudadanos huaoranis de la Comunidad Dikaro. De estos, siete se encontraban detenidos y los demás estaban prófugos. Seis de los detenidos nombraron como su abogado defensor a Andrés Acaro, abogado particular, y el restante pidió que asuma su defensa la Defensoría Pública. El defensor público designado para este caso fue Alexis Costa.

Afuera de la reducida sala del juzgado, las mujeres entonaban canciones de guerra. Moi Enomenga, presidente de la NAWE me decía que era una invitación a defender todos juntos a su gente. Yo veía cómo me pintaban los brazos con unos trazos que semejaban la piel de una culebra. Me integraban a su lucha y nos daban ánimo mientras lloraban. Un cerco policial los vigilaba desde la calle.

La defensa de los procesados se basó en que se han desvanecido los indicios que se tomaron en cuenta para que el juez penal haya ordenado la prisión preventiva como una medida para garantizar su comparecencia al juicio; y, que era necesario sustituir la prisión preventiva por una medida alternativa: la obligación de presentarse periódicamente a la autoridad. Se demostró ambos argumentos mediante el análisis de los indicios aportados por la Fiscalía anteriormente que fueron el fundamento de la prisión preventiva. Demostró la defensa que no existía prueba material, especialmente, los cuerpos de las personas supuestamente asesinadas, y que los elementos de convicción que se puso a disposición del juez eran meramente referenciales y no estaban debidamente motivados. Al mismo tiempo, se presentaron varios documentos que acreditaban el arraigo domiciliario, social, laboral y familiar, en el cual la Comunidad y sus dirigentes prometían garantizar la comparecencia de los procesados cuando lo dispusiera así la autoridad. También, se determinó que la privación de libertad era desproporcionada para los procesados, puesto que, al no existir el encierro como sanción para las faltas dentro de la comunidad, se habían ocasionado condiciones crueles y degradantes dentro del Centro de Rehabilitación. El canto de las mujeres se hacía más fuerte.

Por su parte, la Agencia Fiscal alegó que el procedimiento de revisión de la prisión preventiva se regía por una norma distinta que la citada por la defensa, y que en los delitos de lesa humanidad no se podía sustituir la prisión preventiva. A esto, la defensa desvaneció estas afirmaciones y agregó que la Fiscalía no cuestionó los documentos que demostraban el arraigo de los procesados, al tiempo que estableció que en otros casos, especialmente, el seguido en la Corte Nacional en contra de varios militares que torturaron bajo el gobierno del ex presidente León Febres Cordero, la jueza Lucy Blacio había sustituido la prisión en contra de varios de los procesados por ser mayores de 65 años y por problemas de salud. Curiosamente, el juez concedió una contrarréplica a la Agencia Fiscal cuando debía cerrar la defensa, y sin motivación oral, simplemente, nos negó la revisión de la prisión preventiva. El llanto de las mujeres era desconsolador. Le gritaban a un hombre huaorani, quien luego me enteré había sido contratado por la Fiscalía para servir de “traductor” y de quien sospechaban había ayudado a la investigación.

En la audiencia se contó con la participación de tres antropólogos, dos de ellos propuestos por la defensa: Pablo Morales y Fernando García. Se pidió su comparecencia con el fin de que pudieran dar su opinión técnica sobre el arraigo social acreditado por la defensa. También, intervino un antropólogo por la agencia fiscal. Finalmente, el juez penal sin analizar nuestras razones en su veredicto oral, estableció que la defensa no había demostrado sus alegaciones y que en los delitos de lesa humanidad no se puede sustituir la prisión preventiva.

Nuestra siguiente batalla fue la consulta presentada ante la Corte Constitucional por el juez Segundo de Garantías Penales. En síntesis, su duda razonable se refería a si se podía aplicar las normas del antiguo Código Penal (hoy Código Orgánico Integral Penal) a los procesados huaoranis, indígenas de reciente contacto. Nos allanamos a la consulta solicitada en el sentido que la Corte Constitucional, mediante el control concreto de constitucionalidad, determine si el delito de genocidio es aplicable a los ciudadanos huaoranis, toda vez que la Constitución ha reconocido sus derechos colectivos, especialmente, el de tener su derecho y sistemas jurídicos y de justicia propios. Y, al mismo tiempo, solicitamos al juez consultante que se pregunte a la Corte Constitucional, cuáles serían los criterios de entendimiento intercultural para la resolución del caso; y, que se arbitre como una medida cautelar la excarcelación de los huaoranis detenidos o, en su defecto, que se tomen medidas respetuosas con su cultura durante su detención.

Nuestro argumento central era que el problema que enfrentaba a los huaoranis con los taromenane ocurría por las presiones del Estado, las petroleras y las iglesias sobre el territorio. Por esta razón, mal pudiera el Estado, corresponsable del conflicto y la violencia entre estos pueblos, punir a los integrantes de estos pueblos.

Por otro lado, el artículo 57.21 de la Constitución prohíbe todo tipo de actividad extractiva en los territorios donde se encuentren pueblos en aislamiento voluntario. Al mismo tiempo, el Estado está obligado a implementar las medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006 en el sentido que debe respetar el territorio intangible del pueblo Huaroani entre los Ríos Curare y Napo.

Además, la acusación de genocidio no se ajustaba a lo determinado en el Estatuto de Roma, e incluso algunas de las actuaciones pueden caber dentro de los actos del Derecho Internacional Humanitario como actos de guerra. Tampoco se ajustaba a la tipificación de genocidio del Código Penal vigente a la fecha de la detención de los ciudadanos huaoranis.

Luego, por otro lado, el tipo penal de genocidio no se compadecía como la comprensión cultural de los ciudadanos acusados, quienes tienen su propio sistema de derecho y formas propias de solución de sus conflictos comunitarios.

Finalmente, en el proceso penal instaurado ante el Juez Segundo de lo Penal de Orellana no se había demostrado la existencia material del hecho acusado, pues no existía prueba material que acredite la participación en el delito acusado en contra de nuestros defendidos. Por ejemplo, el reconocimiento del lugar de los hechos se hizo ocho meses luego de los hechos acusados, y se construyó la acusación sobre la base de un informe antropológico, que evidenció el hallazgo de huesos de tapir, y  sobre la base de varias noticias del periódico que hablaba de una supuesta masacre.

El 6 de agosto de 2014, la Corte Constitucional dictó sentencia en este caso. Resolvió que debían realizarse en el proceso penal por genocidio estudios antropológicos que ayudaran a la interpretación intercultural de los hechos acusados. Y, lo más importante, es que la Corte estableció que la privación de libertad para personas indígenas debe ser una medida excepcional y de última ratio, y que su simple aplicación, sin una visión intercultural, puede generar “un desarraigo de su entorno cultural” que violaría sus derechos colectivos. Lo interesante de este estándar es que es más amplio que el contenido en la Convención 169 de la OIT, el cual se limita a la sanción, mientras que nuestra Corte lo extiende a toda medida de privación de libertad de población indígena.

La sentencia de la Corte nos permitió que el 20 de noviembre de 2014 en audiencia, finalmente, los huaoranis sean puestos en libertad por el sobreseimiento parcial, a un año casi de ser privados de su libertad.

Aquel día, los huaoranis de la comunidad de Dikaro no habían llegado. Habían perdido la fe y estaban cansados de tantas batallas sin fin. Posteriormente, llegó la fiesta y el ritual, las risas y las lágrimas. Ese mismo día fuimos con ellas y ellos a liberarlos. Cuando llegamos a la cárcel de El Coca, los encontramos desprevenidos ni se imaginaban que ese día recuperarían su libertad.

10Nos pidieron que les demos las cédulas de identidad, a mí me pareció paradójico. Para entrar no importa quién es, solo se le aplica un castigo sin más, y para salir sí es importante. ¡Qué curioso! El Estado no sabe la identidad de quienes tiene encerrados. Superamos el trance por razones de amistad y por la presencia de las cámaras de televisión. Cuando vi a Jorge Yeti, Armando Boya y Timpo, mezclado entre su gente riendo y hablando en su lengua, finalmente comprendí la frase del cartel con la que inicié este ensayo: nosotros defendemos.

Y no es una simple aspiración, los huaos nos enseñaron que la defensa jurídica es un acto de resistencia histórica y de supervivencia, al que se suman el derecho y la justicia desde un enfoque comunitario. Defender, desde esta perspectiva, es la instrumentación del derecho para la liberación de los pueblos.

El nosotros, en este sentido, no es una fría política defensorial, es el conjunto de manos que se suman para empujar la resistencia frente a los abusos del poder. En otras palabras: “Monika bo wakekímoni”.

Luis Fernando Ávila Linzán

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