Las buenas prácticas de la defensa transforman la justicia

Las buenas prácticas de la defensa transforman la justicia

agosto 31, 2015
in Category: Análisis jurídico
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Las buenas prácticas de la defensa transforman la justicia

La historia de la Función Judicial en América Latina ha estado matizada por malas prácticas divorciadas del ordenamiento jurídico. Generalmente, los ordenamientos jurídicos se fijan grandes metas sobre la base del bien común, puesto que la visión cultural dominante en la Región es aquella que considera que la política y las instituciones son instrumentos para tener buenos ciudadanos.

No obstante, gran parte de la cultura institucional está influida por el despotismo ilustrado de origen borbónico (siglos XVII y XVIII) y el burocratismo modernizador (1940-1970) que tornaron los estados en aparatos cerrados, autoritarios e ineficientes. Respecto del Poder Judicial, esta problemática fue más grave, pues las reformas institucionales estuvieron centradas en los sectores financiero, laboral, desarrollo económico y policial-militar.

Lo judicial siguió el modelo de organización verticalmente jerarquizada. Huelga decir que todos estos cambios se dieron en regímenes militares, lo cual de todos modos, le dio un sentido algo estratégico y estructural.

La burocratización de la justicia en nuestros países permitió pocos controles y resultó un mecanismo de blindaje y defensa sindical de los funcionarios judiciales. En este contexto, las malas prácticas se convirtieron en lo más común dentro del Poder Judicial: corrupción, informalidad y precariedad laborales, abuso del poder, dependencia política e ineficiencia, mediocridad, conservadurismo y ritualismo jurídicos.

Fue así que durante la década de los noventa en el siglo XX se inició la primera gran reforma judicial en Ecuador y en varios países de la Región, con el fin de profesionalizar el ordenamiento jurídico de cara a las nuevas condiciones del capital internacional luego del Consenso de Washington (1990): seguridad jurídica para las transnacionales (exención de tributos y subsidios para la inversión), y control de los tráficos internacionales y los problemas de seguridad globales.

La cooperación internacional promovió varias políticas institucionales para el reconocimiento de las “buenas prácticas” de la justicia. Se quería con esto generar procedentes político-sociales que pudieran promover las reformas y, al mismo tiempo, movilizar una nueva cultura institucional. Así, las “buenas prácticas” tenían que ver con la probidad en el ejercicio del cargo y con la independencia y creatividad judiciales. Por ejemplo, quiero nombrar el primer caso “La Cocha” en conocimiento del entonces juez, Carlos Poveda. Este juez dedujo del Convenio 169 de la OIT, el principio non bis in ídem, y lo aplicó a los procesos previamente resueltos por las autoridades de la justicia indígena, la cual había sido explícitamente reconocida por el artículo 191 de la Constitución de 2008. El mismo juez elevó en consulta la aplicación de la caducidad de la prisión preventiva que había sido supeditada al arbitrio judicial, violentando así los derechos de las personas privadas de libertad. Declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional este mecanismo.

También, es de esta época el primer fallo de triple reiteración, materialmente válido, por la Primera Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (hoy Corte Nacional), que determinó el precedente de que la prueba de ADN era suficiente para demostrar la paternidad. Al mismo tiempo, se tuvo la primera jueza indígena del Tribunal Constitucional (hoy Corte Constitucional), Nina Pacari, y la primera Fiscal General del Estado, Mariana Yépez.

Son célebres, por otro lado, las sentencias del Tribunal Constitucional que bloquearon las reformas neoliberales de las llamadas “Leyes Trole”, y aquellas que versaban sobre la protección del debido proceso de policías y militares, sindicalistas y dirigentes políticos.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia de 1998 fue una de las que más legitimidad de origen ha tenido en toda la historia del Ecuador, puesto que se promovieron mecanismos de fiscalización social sobre sus perfiles académicos y políticos, permitiendo a los ciudadanos impugnar las candidaturas. Y se mediatizaron algunos escándalos de corrupción, lo cual obligó, de manera paradigmática, a los implicados a renunciar.

05Fueron todas estas buenas prácticas las que abrieron algunos nuevos caminos a las reformas judiciales en nuestro país y fueron, posiblemente, el origen de lo que en la reforma judicial de 2008 se llamó “Transformación de la Justicia”, que se propuso una ambiciosa reforma judicial para que el Poder Judicial sea la punta de lanza de los cambios que la Constitución de 2008 se planteaba. Las buenas prácticas son la demostración de que sí se puede tener una agenda judicial soberana y que las transformaciones son posibles.

La segunda gran reforma judicial iniciada en 2008, planteó un cambio estructural que iba más allá de la institucionalización. Ya no era suficiente la garantía del acceso a la justicia, la independencia judicial en términos únicamente formales, sino al mismo tiempo, materiales. Toda la política debería ser, por esta razón, sustancial.

Vale decir, que el impacto de la gestión judicial debería remover las barreras estructurales que afectarían materialmente el acceso. Para ello, se hacía necesario tener un organismo centralizado y moderno, el Consejo de la Judicatura, y los demás organismos en un nivel de coordinación, de tal manera que se diferencie la actuación misional de todo el sector justicia de la función meramente administrativa.

En este contexto de amplio desarrollo judicial, ¿siguen teniendo sentido las buenas prácticas? A mi criterio, tienen aún pleno sentido, me parecen un recurso de transformación judicial desde abajo. Lo que ha cambiado, seguramente, es el enfoque y las posibilidades políticas de estas prácticas.

Un enfoque sistémico se integra a estas prácticas. Así, se buscaría ahora que estas buenas prácticas se dirijan hacia los problemas estructurales que provocan inequidad e injusticia sociales, por ejemplo, la propiedad de la tierra en los sectores periurbanos y rurales, o el problema de la discriminación hacia las mujeres, niños e indígenas. De esta visión a largo plazo carecía la reforma judicial anterior.

Luego, las buenas prácticas no pueden quedarse en la aplicación de las nuevas instituciones que, en el caso de la Constitución de 2008, son muchas; sino que se debería a tres objetivos centrales: a) uso creativo del derecho para resolver problemas sociales y comunitarios: b) la promoción y relación permanente y comprometida con los colectivos de sociedad civil, especialmente, grupos de los segmentos sociales más olvidados; y, c) la aplicación de estrategias no solo jurídicas, sino políticas, sociales y de participación democrática, integradas a las formas de litigio ordinario y estratégico.

De acuerdo a lo anterior, el potencial transformador de las buenas prácticas aún existe, pero es necesario entender su valor estratégico y estructural de cara a la construcción de nuestro Estado constitucional, de derechos y justicia.

Una buena práctica debe mostrar en el caso de la defensa pública, no solo destrezas complejas del uso jurídico por parte de los funcionarios, sino su intención socialmente emancipadora y de abierta resistencia a la acumulación del capitalismo global. Debe enseñar el camino recorrido por quienes defendieron ese caso con el fin de generar aprendizajes jurídicos, políticos, sociales y vitales.

Los casos que incluimos en esta revista tienen ese talante. Abren los problemas sociales a la defensa conjunta con las personas y colectivos de sociedad civil y con los abogados en el libre ejercicio. Su análisis necesita ser crítico, debe plantear los problemas jurídicos no solo como una simple cuestión procesal, sino como un conjunto de interacciones políticas que operan en un campo político, en el cual los pobres juegan con reglas distintas y en desventaja social, y donde la Defensoría Pública camina a su lado, intentando, acompañarlos e integrarse a sus luchas históricas y hacerlas propias.

Nuestras buenas prácticas deben hacerse carne en lo cotidiano, y los ciudadanos deben apropiarse de las posibilidades transformadoras que plantean el derecho y la justicia del Siglo XXI. Hoy, se ha logrado que la gente se movilice ante las malas prácticas del sistema de justicia, sin embargo, aún hay una frontera invisible y en la cual algunas malas prácticas son cubiertas por la mortaja del simple eficientismo y el vaciamiento del contenido revolucionario que tienen algunas instituciones.

Aquello nos da la posibilidad de darle un carácter popular a nuestra defensa, y generar diálogos político-sociales con la sociedad civil, en términos igualitarios y de participación, comprometidos con los problemas sociales de la gente. Esa es la sociedad que debe asumir los retos actuales.

Nuestras buenas prácticas nos permiten poner a los usuarios del sistema de defensa como los actores de su destino y de construcción de su propia historia. Nuestras buenas prácticas nos llevan a un mundo posible en el sistema de justicia y reafirman el carácter políticamente redentor de las garantías constitucionales. Escribir algunas ideas para ustedes sobre estas prácticas es una de nuestras mejores prácticas.

Ernesto Pazmiño Granizo, Defensor Público General

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