Estudio: propaganda y castigo en la reforma penal ecuatoriana

Estudio: propaganda y castigo en la reforma penal ecuatoriana

octubre 20, 2015
in Category: Perspectivas
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Estudio: propaganda y castigo en la reforma penal ecuatoriana

El artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del 2008, menciona que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Esta disposición evidentemente envuelve otra que se deriva de esta lógica, pues el Estado además, se supone, deberá poner en marcha todas las políticas pertinentes y necesarias para cumplir con este objetivo principal y materializar, dentro de la esfera de lo tangible, los derechos a los cuales se refiere la Constitución. Dentro de ese contexto, la Constitución introduce múltiples derechos al ordenamiento jurídico, amplía su campo de aplicación y potencia los mecanismos que hacen viable su exigibilidad. Es de este modo que, la existencia de dos principios fundamentales que atraviesan todo el aparataje de la justicia penal, mínima intervención y proporcionalidad, sirvieron como plataforma para el desarrollo de una importante coyuntura política visible una vez entrada en vigencia la Constitución, la misma que fue promovida por varios actores situados en diferentes espacios de poder, cuyo accionar estuvo orientado precisamente hacia la implementación de un derecho penal mínimo y proporcional. Muestra de ello es que uno de sus objetivos principales en materia penal de aquel contexto se enfocó en la política de no más presos sin sentencia, a la vez que se creaba la Defensoría Pública y se ponían en marcha varios programas dirigidos hacia fines similares a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Esta corriente que pretendía implantar el texto constitucional dentro de la realidad promovió una tendencia dirigida a la implantación de una “política penal orientada hacia la tutela máxima de bienes con el mínimo necesario de prohibiciones y castigo” (Ferrajoli, 1995:472), la cual es recogida también dentro de la Asamblea Nacional a través de la gestión de varios de sus asambleístas, cuya actividad da como resultado las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal del 24 de marzo del 2009 (reforma constitucionalista), que si bien incluyeron múltiples puntos, para este análisis se seleccionan dos paradigmáticos: 1) La creación de un tipo especial de contravención (hurto no violento contravencional) para los casos que no superen el monto de dos remuneraciones básicas unificadas del 2009 (654 USD) estableciendo una pena de hasta siete días de prisión; y 2) La prisión preventiva convertida en una medida de última instancia, pues se crearon 12 medidas alternativas a ella.

Las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, del 24 de marzo del 2009, deben ser observadas tomando como su vértice a la Constitución del 2008, que claramente deja entrever en su texto una corriente garantista latente que la atraviesa en gran parte. Sin embargo, el 29 de marzo del 2010, es decir, casi un año después, se realizó una nueva reforma a la reforma del 2009 (reforma punitivista), en la cual se consideró al hurto como contravencional en los casos que no supere el 50% de una remuneración básica unificada (163,50 USD) y se le aplicó la pena establecida para todas las contravenciones (de 5 a 30 días). Por otra parte, se estableció que es posible aplicar las medidas alternativas a la prisión preventiva siempre que no se trate de delitos contra la administración pública, de los que resulte la muerte de una o más personas, de delitos sexuales, de odio, de los sancionados con pena de reclusión o cuando no exista reincidencia. Las dos reformas referidas se resumen en el siguiente cuadro:

25Es posible observar que las diferencias existentes entre estos tres momentos de la norma penal se diferencian principalmente por el nivel de sanción que contienen y sobre la posibilidad de llegar a ella. En términos de Thomas Mathiesen, existe una modificación de “las escalas del castigo” (Mathiesen, 2003:183), lo cual puede ser analizado tomando como parámetro de referencia los principios constitucionales de mínima intervención y proporcionalidad. La reforma del 2009 significa un claro acercamiento de la norma penal al texto constitucional, mientras que la reforma del 2010 se aleja de los principios que motivaron la reforma del 2009.

Es necesario decir que el castigo ha sido un elemento constante y fundamental dentro de toda la historia de la penalidad. La forma como ha evolucionado responde a todo un contexto histórico, social, cultural, económico y político diverso, en el cual intervienen múltiples factores. Es por ello que la evidente dicotomía existente entre ambas reformas da cuenta de la innegable existencia de múltiples procesos entre una y otra. Sobre esta base, la investigación que a continuación se presenta se enfoca en el análisis día a día de la posición mediática tomada frente a la reforma del 2009 por uno de los medios escritos más influyentes y de mayor circulación del país: Diario El Comercio, la actividad que desarrolla frente a ella en el período comprendido entre las dos reformas y los efectos multidireccionales que produce. En el segundo cuadro de esta página, se muestra un resumen de los puntos de análisis descritos, los porcentajes de modificación del nivel de sanción y el tratamiento dado a la prisión preventiva:

Una vez descritos los puntos de análisis a tratar, es posible presentar los resultados de la actividad que sobre ellos realiza Diario El Comercio a partir del mes de marzo del 2009 hasta marzo del 2010, período que será dividido de forma mensual.

Marzo 2009: tomando en cuenta que la reforma del 2009 fue publicada en el Registro Oficial el 24 de marzo, la actividad mediática posterior a esta fecha en este mes es únicamente descriptiva, pues no emite ningún juicio de valor concreto frente a la reforma y se limita a describir la posición de varios asambleístas, de la Defensoría Pública y de docentes universitarios que apoyan la reforma, en los cuales se hace referencia a que la reforma ofrece alternativas para que las personas procesadas no sean confinadas en reclusorios, se garantiza la libertad, se impide que los jueces abusen de una privación de la libertad de última instancia tomando en cuenta que se debe garantizar la presunción de inocencia. Presenta títulos en su portada como los siguientes: “La orden de prisión preventiva estará más regulada” (Redacción Judicial, 2009) y el desarrollo es en todo momento solamente descriptivo.

Abril 2009: el 26 de abril del 2009, Rafael Correa triunfa en las elecciones presidenciales en primera vuelta con el 51,99 % de votos favorables. Dentro de este ambiente, en este mes se recoge en varias ocasiones las opiniones emitidas por el entonces Fiscal General: “El hurto debe ser investigado por los fiscales” (Redacción Judicial, 2009: 14), cuyo desarrollo muestra la necesidad de que el hurto sea considerado delito de acción pública en todos los casos. Dentro de esa línea, el 6 de abril del 2009, es decir a los 14 días de vigencia de la reforma, se menciona que desde la Fiscalía se presentará al Presidente de la República un pedido para cambiar la reforma, acompañada de una propuesta concreta para la misma. Se acompaña con títulos de noticias que toman una clara posición de crítica frente a la reforma: “el beneficio es para los ladrones… el perjuicio para la sociedad y los perjudicados” (Redacción Judicial, 2009: 14) y “La denuncia de hurto no pasa del trámite… Ni la Fiscalía ni la Policía tienen ahora la facultad de investigar hurtos y estafas” (Redacción Judicial, 2009, 14). “La prisión dejó de ser un arma de la justicia” (Redacción Judicial, 2009) menciona la portada de El Comercio de 9 de abril, mientras el contenido de esta noticia menciona que ya se ha presentado un pedido de reforma a 20 artículos de la reforma.

Mayo 2009: este mes presenta una muy notable reducción de noticias que aborden a la Reforma 2009 de manera específica. Sin embargo, mantiene un estándar de noticias delictivas en referencia al robo de celulares y al déficit de jueces penales existente en el Ecuador, tomando nuevamente el criterio del Fiscal General.

25-1Junio: Tiene una actividad moderada frente a la reforma, no obstante, introduce nuevos elementos importantes de análisis, como los siguientes: “Enjuiciaré penalmente a los jueces” (Pesántez, 2009: portada) recogiendo la posición del Fiscal General frente a los casos de liberación de procesados o de devolución de sus bienes. “6700 presos fueron liberados en un año” (Redacción Judicial, 2009: 6) en este punto se señala que los indultos, la rebaja de penas y la caducidad de la prisión preventiva han disminuido la población carcelaria en un 40% en un año. Incluye, además, las palabras del Fiscal General, quien sostiene que puede esto ser una causa del recrudecimiento de la inseguridad en el país, mientras el Defensor Público General afirma que el encierro no es la solución para la inseguridad y que existen estadísticas de que solo el 5% de los liberados ha vuelto a delinquir.

Julio: presenta nuevamente una considerable reducción en cuanto al número de noticias que aborden a la reforma. Su contenido se refiere a las acciones que emprende el Gobierno para enfrentar a la inseguridad.

Agosto: si bien no presenta un mayor número de noticias sobre la reforma, el 16 de agosto dedica su portada y 12 páginas completas para mostrar los datos que arroja una investigación de los 11 miembros del Grupo de Diarios América sobre el crecimiento de la inseguridad y el crimen, cuyo eje temático central es el aumento de los índices delictivos y el temor entre la gente.

Septiembre: la actividad sobre la reforma es leve. Sus noticias muestran la conmoción que genera un homicidio cuya víctima es una persona perteneciente a un sector acomodado de la sociedad, dejando entrever que la inseguridad se encuentra en toda la estructura social.

Octubre: este mes aborda en varias ocasiones al Decreto 82, suscrito con fecha 30 de septiembre por el Presidente de la República, que autorizaba el uso de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad en Guayaquil, Quito y Manta, y declara el estado de excepción. Se considera a la inseguridad como el origen de creación de conmoción interna y la Corte Constitucional da luz verde al estado de excepción. Por otra parte, “Jueces trazan plan contra la inseguridad… Los delegados del Consejo de la Judicatura decidieron no aplicar medidas alternativas en delitos graves” (Redacción Judicial, 2009: portada) menciona El Comercio en su portada, dando una muestra de que la reforma perdía eficacia y no sería aplicada, con el objetivo de “Evitar que los delincuentes regresen a las calles, luego de ser aprehendidos por la Fuerza Pública” (Redacción Judicial, 2009, 6). También hace eco del clima generado al interior de la Asamblea Nacional, pues incluye las siguientes declaraciones de Andrés Páez: “Es el colmo que se hayan reducido las penas. La delincuencia debe ser castigada con todo el rigor posible” (Redacción Judicial, 2009:6) mostrando claramente un discurso del castigo latente. Por último, comienza a delinearse formalmente la nueva reforma, pues El Comercio informa que “A. País enmendará su reforma penal… en marzo los legisladores redujeron el castigo a los hurtos, estafas…Tras el aumento de los delitos, ayer propusieron otra reforma penal” (Redacción Judicial, 2009: 6), la misma que contempla según este medio “Sanciones a jueces y fiscales por liberar presos y no asistir a las audiencias penales” (Redacción Judicial, 2009: 5).

Noviembre 2009: la actividad de este período es moderada en cuanto al número de noticias que abordan a la reforma. No obstante, cuando lo hace, posee un contenido muy claro: “El delito desborda a la reforma penal” (Redacción Judicial, 2009:5); Hace falta una nueva reforma penal, los delitos de acción privada tienen que volver a ser delitos de acción pública (Redacción Judicial, 2009: 6); “El Gobierno plantea convertir en delito las contravenciones” (Redacción Judicial, 2009: 5): mientras se informa que “El estado de excepción se ampliará por un mes más” (Redacción Judicial, 2009: 5).

Diciembre: presenta una actividad intensa frente a la reforma y hace referencia a los siguientes puntos: “(…) las reformas penales son contemplativas porque favorecen al delincuente (…), la reforma incide en el aumento de la delincuencia” (Redacción Judicial, 2009: 6) que se refiere a declaraciones de Andrés Páez, quien había presentado un proyecto de reforma en la Asamblea Nacional; “(…) falta de sensibilidad de la Asamblea para actualizar normas penales y hacer más eficaz la acción de los jueces (…)” (Redacción Judicial, 2009: 10). Este clima, según El Comercio, da como resultado lo siguiente: “Reformas Penales, finalmente, los asambleístas tuvieron que admitir que las críticas ciudadanas se fundamentaban en la realidad cotidiana” (Redacción Judicial, 2009: 10), pues “La Comisión de Justicia estableció que el hurto y la estafa sean otra vez delitos de acción pública y la Fiscalía los tramitará” (Redacción Judicial, 2009: 5). Incluso, se llegó a proponer las siguientes posibilidades: “se plantea que los casos de hurto y estafa registrados desde marzo, con el Código Penal vigente, pasen a tramitarse con nueva normativa; es decir, se plantea la retroactividad” (Redacción Judicial, 2009: 5) y “los hurtos… de montos mayores a USD 21,8 serán delitos” lo cual no llegó a materializarse pero es necesario notar que estuvo considerado dentro del proyecto de reforma. Finalmente, se mencionan declaraciones de María Paula Romo que mencionaban que “las reformas son respuestas a la demanda social ante ciertas distorsiones de las reformas penales” en referencia a las distorsiones no de la norma, sino de la interpretación que sobre ella se había realizado.

27Enero y febrero 2010: estos meses presentan una drástica disminución de referencias mediáticas sobre la reforma, siendo lo más destacable una referencia hacia el aumento de los índices delictivos en el 2009 y la noticia de que “la sanción por hurtos se vuelve a endurecer (…) la Asamblea Nacional aprobó ayer, en segundo debate, las reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal” (Judicial, 2009: portada).

Marzo 2010: este mes recoge los resultados de la nueva reforma y, con mayor énfasis, el contenido del veto presidencial, en donde nuevamente se hace énfasis sobre la retroactividad de la nueva reforma: “Rafael Correa pide que la Fiscalía investigue los hurtos mayores a USD 120 desde marzo de 2009” (Redacción Judicial, 2009: 5) y “los delitos que regresen a ser de acción pública podrán sustanciarse como tales, a pesar de haber sido desestimados en su momento” (Redacción Judicial, 2009: 5).

El resumen de la actividad mediática alrededor de la reforma de marzo del 2009 se observa en el gráfico. Para su realización se tomó en consideración el número de noticias que abordan directamente a la reforma 2009. Se realiza un análisis cuantitativo en todos los casos, con la excepción de agosto, en donde se considera a la noticia en términos cualitativos, debido a su contenido. Los datos obtenidos, de manera general, reflejan que el mes inmediatamente posterior a la reforma tiene uno de los niveles más altos de actividad (7). Esto refleja la reacción casi inmediata que surgió en los medios de comunicación frente a la reforma. De la misma manera, mayo tiene un nivel de uno, por lo cual la actividad de los medios es muy reducida.

Junio, julio, agosto y septiembre mantienen una tendencia en cuanto a su actividad que en ningún caso excede de cinco, siendo así, moderada. Octubre es el segundo mes con mayor cantidad de noticias referentes a la reforma. Noviembre se mantiene en un rango moderado. Diciembre es el mes que más noticias referentes a la reforma contiene y muestra la intensa actividad mediática producida realizada. Enero, febrero y marzo del 2010 presentan una actividad leve, a pesar de ser los meses inmediatamente anteriores a la reforma de marzo del 2010. Abril del 2010, por ser el mes posterior a la reforma, muestra un decrecimiento notorio, no solo de noticias sobre la reforma, sino sobre noticias del delito en general. Se categoriza a los resultados de la siguiente forma:

Actividad leve: 2009: marzo, mayo, julio, septiembre, 2010: enero, febrero, abril.

Actividad moderada: 2009: junio, agosto, noviembre; 2010: marzo.

Actividad intensa: 2009: abril, octubre, diciembre.

Los meses de mayor incidencia son: abril, por ser el mes más próximo a la reforma 2009, octubre, noviembre y diciembre, tomando en cuenta que es cuando se intensifica la actividad legislativa y en vista de que el movimiento económico de estos últimos meses es mayor que el resto. El hecho de que los meses inmediatamente anteriores a la reforma 2010 no tengan una actividad intensa no frenó su proceso ni impidieron que se realice. La reforma del 2010 comenzó a construirse desde el mes de abril del 2009, es decir, a los 14 días de vigencia de la reforma del 2009 según la primera referencia de El Comercio, pues ya se ejecutaban varias acciones concretas dirigidas a este propósito

Como consecuencia de aquello, se evidencia que las normas penales producen efectos que no se agotan en sí mismas y tienen un campo de influencia amplio. Sobre ellas, los medios de comunicación cumplen una función bidireccional. Por un lado son el vínculo entre la reforma del 2009 y la sociedad y, posteriormente, muestran la reacción social y mediática frente a la norma. En el caso analizado, la criminología mediática, a través de la amplificación que hace de la realidad y sus continuos embates frente a la reforma, crearon las condiciones necesarias para exacerbar el discurso del castigo, que incluso pudo haber desencadenado “pánico moral” (Cohen, 2002: 64).

Es necesario tomar en cuenta que en octubre, mientras se encontraba vigente la reforma del 2009, se decretó un estado de excepción originado por los índices delictivos bajo el criterio de haber generado conmoción interna. Por otra parte, el legislador, como parte de la sociedad, también está expuesto a los embates de la criminología mediática y, en este caso, de acuerdo a las propias opiniones de asambleístas, es bastante probable que la reforma 2010 haya surgido como una respuesta a la demanda social de castigo, que fue potenciada y, a veces, distorsionada por los medios de comunicación.

Es así que, el resultado del tratamiento dado al hurto en la reforma de marzo del 2010 incluye un nivel de castigo superior no solo a la reforma de marzo del 2009, sino también al nivel existente antes de la reforma del 2009, lo cual da cuenta de un fortalecimiento punitivo y un alejamiento del texto constitucional, fundamentalmente, de los principios de mínima intervención y proporcionalidad. Las condiciones en las que se ubica a las medidas alternativas a la prisión preventiva en el periodo analizado muestran que se reduce cada vez más su campo de aplicabilidad. Si se extiende más la línea del tiempo investigada, es posible observar como este tema culmina con una reforma constitucional en el año 2001, en la cual se constitucionalizan las limitaciones para estas medidas.

El elemento fundamental de análisis es la determinación del alcance que tiene el discurso mediático no solamente frente a la opinión pública, sino también en el potencial que tiene de filtrarse por la estructura social y llegar hasta los espacios de poder. De esta manera, mediante el estudio del discurso, se evidencia una correspondencia entre la opinión mediática y la actividad legislativa realizada sobre este tema en la Asamblea Nacional, lo cual da como resultado la publicación de la reforma punitivista del 2010 que potencia los niveles de castigo a un grado más elevado que antes de que se publicara la reforma garantista (previo a marzo del 2009). De esta forma, visiblemente la criminología mediática tiene todas las condiciones potenciales necesarias no solo para moldear la percepción social, sino también de influir en la actividad política y legislativa y, por tanto, condicionar y dar forma a la norma penal y a las políticas de estado.

Hugo Navarro Villacis – articulista invitado

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