La política criminal debe tener implícito los derechos de los ciudadanos

La política criminal debe tener implícito los derechos de los ciudadanos

octubre 20, 2015
in Category: Entrevistas
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La política criminal debe tener implícito los derechos de los ciudadanos

El Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, considera que la política criminal del Ecuador está relacionada con las políticas públicas del Estado, pues la seguridad ciudadana, la lucha contra los delitos y la impunidad, no son asuntos exclusivos del sistema de justicia. Se requiere de un engranaje con las políticas de empleo, salud y vivienda para que la sociedad tenga respuestas efectivas a sus demandas.

¿Cuál es la política criminal que tiene el Ecuador?

En términos generales, la política criminal implica dos hechos: política pública que requiere planes y programas concretos, políticas que sean materializadas en la vida práctica y no queden en el vacío. Ahora bien, en ¿qué marco tenemos la política criminal en el país? La tenemos dentro del marco establecido en la propia Constitución, que básicamente nos plantea que la política criminal debe tener implícito los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto, el derecho a la justicia, el derecho a un debido proceso.

Desde el punto de vista de la Fiscalía, la política criminal está orientada, fundamentalmente, a respetar los derechos humanos de los seres que habitamos en este territorio, en calidad de nacionales o extranjeros, eso implica que la política criminal esté por lo tanto orientada a preservar esos derechos fundamentales.

¿Y cómo hacerla real?

Accediendo a la justicia, favoreciendo que los sectores más deprimidos de la sociedad tengan, no en la lírica, sino de manera potencial acceso a esa justicia, donde los procesos sean debidamente llevados y cuando decimos debidamente llevados, decimos que además de respetar las normas constitucionales del país, los tratados de derechos humanos a nivel internacional, deben ser oportunos y contundentes.

¿En qué sentido?

Oportunos ya que la justicia, por lo menos en materia penal, tiene que ser lo más rápida posible sin que esto implique sacrificar el objeto de la investigación. Creo que en ese campo hay una política criminal que ha sido reducir los tiempos de duración de los procesos penales, por ejemplo: no tener presos sin sentencias. Me parece que el Ecuador ha avanzado en forma significativa, los datos que ha proporcionado el Consejo de la Judicatura son reveladores: antes me parece que el 80% de los privados de libertad no estaban condenados y el 20% estaban en la situación de condena, por lo tanto ese 80% estaban con prisiones preventivas. Hoy, la situación es totalmente diferente, un alto porcentaje, me parece que aborda el 60% o 70% de las personas privadas de libertad están en situación de condena y no con prisión preventiva. Entonces, creemos que el debido proceso y el acceso a la justicia, como principios de la política criminal, tienen una concreción específica.

¿Le parece que a veces la sociedad ecuatoriana, no solo ahora, cuando vive una crisis en los temas de seguridad, por ejemplo, presiona al sistema de justicia? Hay una presión que apunta al encarcelamiento.

La política criminal debemos verla en dos perspectivas: no solo contra el sujeto que sufre esa aplicación punitiva sino también desde el punto de vista de la víctima. Por lo tanto, la política criminal implica reconocer los derechos de los procesados, pero estos no están ni sobre ni son de menor calidad que los derechos de las víctimas. Cuando las sociedades exigen una mayor punibilidad, lo que están diciendo es queremos que se reparen a las víctimas.

Ahora, la pregunta es: ¿solo a través del sistema penal se pueden reparar a las víctimas? La respuesta que da la Fiscalía es que no. Lo he dicho públicamente y quiero reiterarlo: el incremento de las penas no necesariamente desestimula la comisión de delitos. Pero no es menos cierto que el incremento de penas aspira tener primero la expresión en esa disposición penal de reconocer un valor ético, es decir, te sanciono severamente porque el bien que protegemos es un bien que la sociedad quiere proteger.

Cuando hablamos de sancionar severamente el femicidio, no creemos que vamos a evitar el femicidio, pero sí dar un mensaje a la sociedad de que el femicidio es un delito que tiene un valor atrás: es el valor de preservar la vida de las mujeres y que esta vida no sea afectada por una posición de fuerza o desequilibrio en el poder de una pareja. Entonces, la perspectiva de una pena tiene que vérsela no solo en posición de quien la sufre sino también de quien la reclama e insisto en que la pena tiene un prerrequisito anterior que es un valor jurídico que la sociedad quiere proteger.

17En la coyuntura nacional está el debate sobre microtráfico a partir de unos hechos concretos en relación al consumo, sobre todo, en adolescentes que están en colegio. Entonces, crece la presión a la Asamblea Nacional para endurecer las penas y la presión mayor recae en el Sistema de Justicia para la sanción. ¿Qué opina usted?

En el país no está penado el consumo de drogas, se lo ha reiterado varias veces, el consumo es un problema de salud, el tráfico es un problema delictual, son dos cosas separadas y cuando hablamos de tráfico o microtráfico estamos hablando de una conducta penada en nuestro sistema. Se tomó un decisión que parece es el fondo del debate: si la cantidad de tenencia para consumo personal es mucha o poca, ese debate nunca tendrá una solución final porque depende de tantas circunstancias, pero lo que sí creo fundamental es que el tema de microtráfico debe ser abordado, no solo desde la perspectiva penal sino de la perspectiva de una política criminal insertada en las políticas del resto del estado.

¿Usted estaría de acuerdo en endurecer las penas o es suficiente con el cambio de la tabla?

Lo que se ha endurecido es la cantidad de droga que una persona puede tener para ser considerada de consumo personal. Cuando hablamos de microtráfico no podemos sustraernos de que hay situaciones muy graves, como por ejemplo vender en las escuelas, incentivar a que jóvenes menores de edad o niños y niñas sean utilizados para comercializar y microtraficar estupefacientes. Creo que estamos hablando de un microtráfico sumamente peligroso para la sociedad. No quiero decir que el microtráfico de estos estupefacientes deje de ser perverso con otros grupos etarios, pero fundamentalmente presentado para los niños me parece que es una situación terrible.

Las imágenes que hemos visto en los medios de comunicación, de padres que ya no pueden controlar a sus hijos que cayeron en la adicción de las drogas y que tienen que encadenarlos para que ya no sigan consumiendo, son lacerantes, ante lo cual la sociedad exige una mayor severidad.

Ningún ciudadano en este país o fuera quiere que sus hijos, sus nietos, caigan en el vicio de las drogas y una de a causas que puede generar esa adicción es precisamente el microtráfico.

Entonces, respondo categóricamente su pregunta: el incremento no de la pena, el incremento de la cantidad de tenencia que se considera parte del microtráfico debe ser sancionada severamente por las razones que le he dado.

¿Cuál es el problema práctico? El hecho es que no solo el parte policial debe decir, encontré a Pepe vendiendo droga a la salida de la escuela, el parte tiene que ser enriquecido con mayor información: a quien le vendió, cuánto dinero tenía en el momento que estaba operando en ese colegio, qué antecedentes tiene en cuanto a su capacidad económica, en fin una serie de hechos, de indicios se llama en materia penal, que permitan que el fiscal vaya articulando esos indicios, para en su momento llevárselos ante los jueces.

En este contexto, ¿cuánto sirve o cuánto es valorado el parte policial para el trabajo de la Fiscalía?

Es absolutamente referencial como en todo y aquí permítame decirle no solo es el parte policial, es el informe con indicios de responsabilidad de la Contraloría, los indicios que nos manda la Superintendencia, porque a veces perdemos la perspectiva de qué es lo que hace la Fiscalía y cuál es su obligación constitucional. La única entidad que puede investigar un delito se llama, constitucionalmente, Fiscalía General, por lo tanto, nosotros recibimos noticias de infracción, son noticias que debemos verificarlas, comprobarlas.

Sobre el tema drogas, no le parece que la sociedad y el Estado ecuatoriano no se han hecho dos preguntas importantes. La primera: ¿por qué los chicos llegan a consumir? Y la segunda: ¿por qué hay ciudadanos que deciden vender a sabiendas que es un delito por el cual pueden ir a prisión e, incluso, al ser un delito violento, puede terminar con sus propias vidas?

Creo que no nos hemos hecho esas preguntas y hay que hacerlo. Eso implica todo un trabajo de grupos profesionales, porque no solo debe ser visto desde la ciencia penal sino desde las otras ciencias como la antropología, la historia o la economía. Se debe pensar en el diseño de las ciudades, porque una ciudad con un diseño determinado puede producir más o menos microtráfico, pongo un ejemplo: los barrios que no están iluminados o que tienen carencias de servicios pueden ser el ambiente más adecuado para que se genere ese microtráfico.

Yo no tendría la respuesta para explicarnos porqué alguien transgrede la norma e infringe la Ley, yo no puedo entender porqué un hombre mata a una mujer, a su pareja, no encuentro una razón; seguramente el tipo que lo hace se da así mismo una respuesta que por cierto no tiene ninguna validez, es decir, no hay respuesta alguna que pueda justificar un hecho de esa naturaleza y lo que es válido para el femicidio es válido para el resto de delitos.

18Ante la situación surge una de las soluciones que probablemente no es la mejor, pero es la que la humanidad ha encontrado: encarcelar, sacar del contexto social al ciudadano que ha cometido una infracción, sin embargo, el delito no baja.

Es la alternativa que la sociedad, en su historia, ha tenido, pero me parece injusto decir que solo esa acción despliegan los estados, también tienen políticas sociales, políticas de inclusión, mejora de las condiciones de desarrollo de las ciudades… No creo, por lo menos en la perspectiva de la Fiscalía, que los estados solo tienen como meta, meter presa a la gente que comete infracciones. Creo que hay políticas públicas que hacen muchísimas acciones que permiten crear condiciones de mayor acceso a la justicia, favorecer la distracción de los jóvenes (…). La sociedad tiene que ver mecanismos por los cuales ellos puedan conceptualizar la situación delictual desde un riesgo personal y desde la perspectiva de la solidaridad, porque quien mata, trafica con drogas o roba los fondos públicos del estado no es solidario con la sociedad, con su país. ¿Cuándo ha sido rescatado el valor de la solidaridad? Creo que vale la pena pensar en eso.

Desde esta perspectiva más integral, ¿cómo ve estas opciones que propone el COIP para que el sistema de justicia utilice medidas alternativas y el encierro sea la última opción?

Como Fiscalía, lo único que pedimos es que la persona que está siendo procesada tenga una garantía de que se presente a juicio. Hay delitos como los de lesa humanidad en los que la Fiscalía, perdóneme por poner la palabra, exige a los jueces una mayor prudencia, ¿en qué sentido? En un delito de lesa humanidad la posibilidad de fuga es siempre muy alta, los actores son gente de poder político, poder militar, poder policial y cuando procesamos estas causas, esas personas que tienen poder, hacen uso de él en condiciones de no reclusión.

Parece que a veces el sistema es muy duro con los pobres o ¿se trata de un prejuicio general?

Hay evidencia de que en los sistemas penitenciarios, no solo de Ecuador, sino del mundo, son los sectores menos favorecidos los que sufren condenas. En países como los Estados Unidos son incluso grupos raciales que conviven en ese estado y sí, yo diría que hay cierto sesgo en esa perspectiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que son los pobres los únicos delincuentes? ¿Que la pobreza justifica la delincuencia? La respuesta es no, ni la pobreza justifica la delincuencia, ni son los pobres los únicos que delinquen y, por lo tanto, lo que tiene que hacer el sistema penal es ser equitativo.

En el tema de violencia de género la Fiscalía está haciendo unos enormes esfuerzos por tratar de dar una respuesta inmediata, pero el problema está tan enraizado en la sociedad ecuatoriana que me pregunto si no los ha desbordado.

Nosotros no podemos sentirnos desbordados, porque el momento que ello ocurra, dejamos de tener la suficiente tranquilidad para enfrentar los problemas. El esfuerzo que ha hecho la Fiscalía, como una parte de la política del Estado para preservar la integridad de las mujeres, está dando resultados. Ya sabe la gente que cometer un femicidio podría llevarla a 25 años o más de prisión. Estos delitos antes ni si quiera eran visibles y los son gracias a la política criminal. La Fiscalía fue la que propuso el tipo penal del femicidio para que la sociedad se dé cuenta de que hay unos delitos específicos que los sufre la mitad de la población y cuando hablamos de esta discriminación en los delitos por razones de sexo incluimos también a las personas con opciones sexuales diferentes.

¿Qué opina de los críticos, sobre todo juristas, que dicen que por ahí no es la respuesta, que el sistema de justicia no va a resolver la violencia contra las mujeres, ni evitar casos tan atroces como el femicidio?

Yo respeto siempre las opiniones de los juristas, pero frente a eso qué se propone, porque la explicación es entonces deroguemos también el Código Penal, no sancionemos a quien mata, no sancionemos a quien estafa, no sancionemos a quien microtrafica, no sancionemos ninguna conducta.

¿Cómo está funcionando el procedimiento directo?

Hemos tenido resultados, sobre todo, en las unidades de delitos flagrantes. Creo que vamos avanzando en eso, es una salida procesal que es relativamente nueva, que con la aplicación del COIP va profundizándose.

¿Cree que ha sido efectiva?

No tanto como quisiéramos, pero insisto, el Código tiene recién un año y por lo tanto los operadores jurídicos siempre demoran en adaptarse a esas condiciones. Creo que permite descongestionar causas, hay agilidad en los procesos, respetando el debido proceso y los derechos de la víctima.

De acuerdo a la visión de la Fiscalía, ¿la víctima es el centro de su trabajo o es el descubrimiento de la verdad?

Hemos definido, en nuestra administración, que existimos en función de que existen víctimas y que nuestro trabajo es, que si hay una víctima, esa víctima tiene que ser reparada en una perspectiva mucho más amplia, no solo con la sanción penal. En todo el país hay un servicio de atención integral que implica no solo abordar la atención jurídica por el bien protegido que ha sido lesionado, sino también el impacto que tuvo en la psiquis de esa persona y, por lo tanto, tenemos sicólogos que atienden en todas nuestras unidades a la víctima; analizamos cuál es el impacto del delito en el contorno social de esa víctima, para tratar de reparar los daños que ese entorno haya sufrido.

¿Considera que en un país, su sistema de justicia debe medir su eficiencia por la cantidad de sentencias, por la cantidad de personas detenidas?

No creo que esa sea la mirada adecuada. Lo que sí tenemos es que mirar el concepto de lucha contra la impunidad y ello implica que haya sentencias. Solo se habla de las sentencias condenatorias, pero las sentencias que luchan contra la impunidad son también las ratificaciones de inocencia y, por lo tanto, un conflicto jurídico, en este caso un conflicto penal, ha sido procesado en nuestro sistema ante los jueces, son ellos quienes finalmente resuelven.

19Se puede hablar de una sociedad que está en conflicto permanente.

La sociedad está en conflicto permanente, la ciencia política existe precisamente para resolver los conflictos de las sociedades y cuando digo ciencia política, hablo de la política en términos generales: la política laboral está tratando de resolver los conflictos que en el mundo laboral se dan todos los días; cuando hablamos de economía, estamos hablando de una sociedad que está en conflicto interna y externamente por los ámbitos económicos; cuando hablamos de deporte, estamos viendo conflictos de todo tipo en la órbita deportiva… Negar el conflicto, en mi opinión, es un error, lo que tenemos es que acertar en cómo tratamos ese conflicto.

Hablemos de un tema que a usted le interesa mucho, la corte penal regional: ¿qué posibilidades hay de que se concrete y en cuánto tiempo?

La corte penal que hemos propuesto para Unasur parte de una reflexión no solamente teórica, sino de la constatación de ciertos hechos: hoy, en el mundo, hay delitos que son cometidos por organizaciones criminales que operan transnacionalmente y que son delitos atroces como la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de estupefacientes, la comercialización de productos de la salud adulterados, entre otros. Resulta que estos delitos no solo producen un efecto en el país donde se ejecuta, el efecto es en múltiples países. Un ejemplo es la trata de personas, se produce en el estado de donde se sustrajo a la víctima y en el estado donde se practica esa esclavitud. Es un negocio lucrativo que tiene un efecto económico en varios países, se lava la plata en el país uno, en el país dos, en el país tres, se captan organismos que operan en tres o cuatro países y no tenemos donde llevar a juicio a esas personas.

El hecho es que queremos tener un sistema que sea mucho más eficaz para delitos graves a través de ampliar la jurisdicción y competencia de nuestros estados para que podamos investigar en toda la región esos delitos.

En esa perspectiva, ¿cómo se articularía la corte regional con las cortes penales y cuál sería el papel de las agencias de policía para fortalecer este sistema?

Lo primero que tenemos absolutamente claro es que este proyecto de la corte regional, no compite con la Corte Nacional ni con las cortes internacionales. Tampoco está previsto competir con los jueces locales porque la naturaleza de los crímenes que vamos a investigar tienen un sujeto claramente identificado; además, estas investigaciones exceden las fronteras de los territorios.

¿Cómo avanza el proceso?

Este ha sido un proceso de construcción regional, llevamos tres años trabajando esta idea que la hemos discutido con Colombia, con en el Mercosur, con Argentina, esperamos discutirlo en Perú y cerrar este proceso presentándoles a nuestros países un proyecto que implique todo un concepto de los delitos que serían de competencia y quienes serían estos jueces que podrían tratar estas causas.

No será una entidad burocrática, no será otra Corte Penal como la Corte Penal Internacional ni mucho menos, serán jueces que operen exclusivamente en los casos de su competencia y la competencia la decide el fiscal que investiga el caso. Por ejemplo, si un fiscal indaga la captura de 200 toneladas de cocaína y observa que esa droga llegó de determinado país en el que opera una banda, se pudiera extender la investigación a un espacio geográfico más alto.

¿Cómo se obtendrían las pruebas?

A través de las propias fiscalías, pues insisto, no vamos a crear un aparato burocrático de grandes fiscales, los mismos equipos con los que tenemos hoy trabajarán unidos, con una perspectiva mucho más amplia.

¿En qué lugar irían a prisión?

En los lugares donde sea originario ese ciudadano, no vamos a crear la cárcel de Unasur.

¿Cuánto tiempo le tomará a la Unasur hacer realidad esta propuesta?

Este proceso tiene tres campos: uno político, otro jurídico y uno diplomático. La Corte debe ser políticamente aceptada por los estados; las inconveniencias jurídicas tienen que ser resueltas así como los asuntos diplomáticos. No es un tema fácil, pero si logramos presentar, como aspiramos hacerlo, para mediados del próximo año, concluiremos nuestro trabajo en este campo. Tendremos una propuesta sólida desde la perspectiva jurídica, para que se pueda trabajar en los campos político y diplomático.

Amelia Ribadeneira

1 comment

  1. Jose Rey Merizalde
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    Me parece muy enriquecedor las expresiones del Sr. Fiscal en relación con el delito en el pais, abordar temas como el del micro trafico, fenicio, etc. nos deja una ventana abierta para mirar desde abajo esta problemática que si no la apuntalamos como nos hace conocer el señor fiscal, este problema se nos ira de las manos y las consecuencias serian destrozas mas para nuestra juventud.

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