El rito de la impunidad hizo que el procesado se parezca a su crimen

El rito de la impunidad hizo que el procesado se parezca a su crimen

octubre 20, 2015
in Category: Análisis jurídico
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El rito de la impunidad hizo que el procesado se parezca a su crimen

Uno de los problemas de las reformas judiciales en América Latina, ha sido que las agendas de la política penal de nuestros países no han sido soberanas. Posiblemente, entre las razones de esta situación, una es la existencia de relaciones asimétricas de dependencia económico-política de nuestra región respecto de los países centrales, y la recepción de las políticas coloniales y neocoloniales de estos países y su cooperación internacional. Así, en los años cincuenta y sesenta, indudablemente, la denominada Alianza para el Progreso, que buscaba disuadirnos de seguir el modelo cubano, permitió toda la legislación social y desarrollo, particularmente, respecto de la reforma agraria y la industrialización. Luego, durante las décadas del setenta y ochenta, se inauguró el nacionalismo militar y la modernización tecnocrática como grandes paradigmas para sustentar la reforma jurídica: industrialización y racionalización del gasto público. La inversión en sectores estratégicos es de esta época. De este momento, surgieron las normas de planificación y desarrollo, minería y petróleo y de estructura del Estado. Hasta antes de 1960, las normas orgánicas del poder judicial eran una reproducción, en mayor o menor medida, de las que heredamos de la colonia.

No obstante, en 1990, el Consenso de Washington marcó un antes y un después en la reforma judicial en la región. Principalmente, eliminó el potencial emancipatorio de las anteriores políticas promovidas desde los países desarrollados. Lo esencial era asegurar las reglas para las inversiones de las empresas transnacionales, particularmente, de las encargadas de la gestión de los energéticos y recursos estratégicos. De esta manera, surgieron propuestas de reformas jurídicas desde la agenda de seguridad, cuyo conservadurismo se polarizó con la emergencia de la llamada “guerra contra las drogas” y la “guerra justa contra el terrorismo”, a partir de la psicopatía de Richard Nixon y de George Bush II. Un eje sobre el que giró este proyecto imperialista fueron las normas procesales penales. La creación de fiscalías, el aumento y tecnificación del personal policial, y los procesos penales acusatorio-adversariales que fueron implementados con un fin modernizador.

8Al instante, como ya sucedió en los otros momentos procesales, las reformas apoyadas por la cooperación internacional más conservadora (USAID, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) fueron utilizadas por sectores progresistas para resistir, dándole otros significados y usos. Al afán modernizador de reemplazar los procesos penales inquisitivos, en varios lugares le sumaron derechos humanos, reformas constitucionales de avanzada y creativos mecanismos para proteger el debido proceso de las personas procesadas y privadas de la libertad. Ecuador estuvo a la vanguardia de estas buenas prácticas, lo cual llevó a la reforma judicial de la Constitución de 2008. Esta reforma se fijó el ambicioso objetivo de transformar la justicia, lo cual profundizó los cambios realizados y puso énfasis en el acceso sustancial a la justicia. A la par, Venezuela y Bolivia iniciaron una reforma que tenía algunos elementos comunes. Y, al mismo tiempo, otros países modernizaron sus sistemas de justicia en las últimas tres décadas de manera sostenida, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú y Uruguay.

A pesar de esto, discretamente a la política judicial del último lustro, ingresó el discurso de la impunidad. De esta manera, los poderes judiciales, fiscalías, ministerios del interior y de seguridad, grupos de la sociedad civil y organismos internacionales la han incorporado como un fin casi exclusivo de su política. No es mi objetivo analizar en este trabajo la causa de este fenómeno. Tampoco busco desarrollar un análisis estructural-externo de esta política, tal como ha ocurrido en otros trabajos. Si así fuera, posiblemente diría que la “impunidad” es un dispositivo ideológico que moviliza social y políticamente, negando la posibilidad de transformación. O pudiera decir que, institucionalmente, la “impunidad”, al convertirse en fin en sí mismo de la política de justicia, tiene el potencial de vulnerar el debido proceso, lo cual se debe a la herencia institucional de ineficiencia del poder judicial.

Concluiría que esto lo empujaría inexorablemente al eficientismo judicial y que cierto conyunturalismo propio de la cultura política latinoamericana, particularmente, de casos considerados por la sociedad, como atroces, empujó los resortes de una especie de populismo penal (en Ecuador, por ejemplo, el caso de la niña Fabara, muerta en una balacera y de Karina del Pozo, asesinada brutalmente).

Sin embargo, hoy no haré un análisis de este tipo, voy a analizar desde un punto de vista estructural-interno. Me interesa explicar la función del discurso de la impunidad desde el complejo engranaje interior de la política penal. Digamos que la política de la impunidad, en este sentido, de manera similar a lo sostenido por Husserl y Marx en un plano de crítica a la religión, funcionaría como una liturgia religiosa, pues establece un rito por el cual la feligresía se integra al dogma religioso de las prohibiciones sociales (el pecado y la obediencia) y, al mismo tiempo, le permite a la autoridad religiosa administrar los canales de intermediación entre estos y la realidad (deidad y fe).

II. Hacer que el delincuente se parezca socialmente a su crimen

9En el período de 1974-1975, Michel Foucault dictó varias charlas en el Collège de France, que fueron luego compiladas y publicadas póstumamente bajo el título de “Los Anormales” (Fondo del Cultura Económica, México, 2000/ versión en francés de 1999). Sus charlas en la cátedra “Historia de los Sistemas de Pensamiento” eran dictadas de manera abierta y sin acreditación académica, por lo cual concurrían a ellas personas de variados orígenes e intereses, no necesariamente académicos. En la clase del 8 de enero de 1975, Foucault explicaba el papel que cumplían los peritajes siquiátricos en los procesos penales. Le parecía sorprendente el descarado y grotesco discurso que se reproducía en ellos en contra de la supuesta neutralidad y cientificidad de las leyes penales. Describía como en ellos se contaban los antecedentes personales del procesado y las interpretaciones sobre su comportamiento, que luego se relacionaba con la atribución de culpabilidad por parte de los jueces. El grotesco político: “inmadurez sicológica”, “personalidad poco estructurada”, “profundo desequilibrio”, “perturbaciones emocionales muy serias”, entre otras eran palabras que calificaban al procesado por asesinatos atroces y de alto impacto social. La función del grotesco, de acuerdo a esto, era legitimar la verdad política en el proceso penal, tal como ocurriría respecto de un ámbito externo mucho más amplio de la política: por ejemplo, la indignidad del poder en el folklorismo y prepotencia megalómana de Nerón y Mussolini. A lo interno de la aplicación del poder en el proceso, estos informes tenían una doble función: a) convertir doblemente la realidad real en procesal con ayuda del discurso médico y el jurídico; y, b) a partir de lo anterior, legitimar la aplicación del castigo disfrazado de sentencia haciendo que el individuo se parezca lo más posible al delincuente que prevé la norma y a la conducta (delito) que se le imputa.

La conversión de la persona en delincuente, en el proceso penal, ocurriría en un contexto en el que se ha remplazado un modelo social del poder basado en la exclusión por otro fundado en el control político mediante la apropiación de los saberes y la regulación de todas las relaciones sociales. Foucault le llama a esto el paso del modelo de la “exclusión del leproso”, por el de la “inclusión del apestado”; proceso que comenzó en el siglo XVIII. Vale decir, usando la metáfora de este autor, que en las sociedades modernas no es necesario enviar a los diferentes a una isla para protegernos de ellos, sino que es imperioso controlarlos férreamente. La sociedad de la autoridad se vuelve en el referente moderno de certeza política, social y jurídica.

Si analizamos las diligencias probatorias en la mayoría de los países de América Latina, vemos que el problema es más grave. Esta función de fabricar delincuentes no se limita a las pericias médicas, sino que se reproduce en documentos que parecen seguir siendo rezagos del derecho castellano y medieval (sistema de la “prueba plena”), especialmente, el parte policial (primer informe sobre los hechos denunciados). “Actitud sospechosa”, “cruce de manos”, “proclividad a la masturbación”, “conducta deshonesta”, “vida licenciosa”, “llamada anónima”, “vestido provocativo” se repiten en los partes policiales, la instrucción fiscal, los autos y otras providencias, y en varios documentos de una gran serie de diligencias inútiles y ridículas (reconocimiento del lugar de los hechos, versiones, informes, peritajes técnicos, etc.). Incluso, la función de estas tecnologías del poder es fabricar a las víctimas esperadas por la norma penal y la sociedad, legitimando la aplicación del sufrimiento (las penas) a quien trasgredió el orden penal, mecanismo de control por excelencia de un orden más general, el político-social.

Todo gira alrededor de la tecnología del poder policial representado en el parte policial. De acuerdo a esto, este “parte” se convierte en sentencia en todas las instancias y es la agencia policial la que aplica las penas realmente por encima de los jueces, instrumentos útiles del sistema. Aquello guarda relación la segunda parte de este trabajo. Lo retomaré más adelante.

Me parece que la inclusión de la política de la impunidad en nuestros sistemas judiciales funciona de igual manera. A un nivel externo es la evidencia claramente grotesca que legitima la indignidad del poder punitivo, disfrazándolo de racionalidad y conectándolo con la demanda social de seguridad. Permite este grotesco llamado “cero impunidad” aplicar sufrimiento a los procesados y esconder su malignidad y perversión bajo la mascarada de la eficiencia cuantitativa y la rápida respuesta en casos de amplio impacto social. Más allá de lo que podría llamarse “mcdonalización de la justicia”, el mensaje es claro: ningún procesado debe irse sin su pena respectiva. No importa el enorme déficit que esta actuación patológica provoque.

El llamado inquisitivo y mesiánico a combatir la impunidad de nuestras agendas regionales de justicia a nivel interno convierte la realidad social en delincuencia y amenaza social; transforma al apestado social en apestado judicial; y, el derecho se convierte en el texto siquiátrico que convierte al ciudadano en anormal. Controlar su cuerpo se volvió en una forma de maquillarlo para que cumpla el rol que le fue asignado previamente en las normas penales. Nuestros procesados terminan siendo beneficiarios de la única política pública que les llega con curiosa diligencia: la cárcel.

Fueron separados de la normalidad, pues el llamado a que se le aplique una pena a toda costa los convirtió anticipadamente en delincuentes. Socialmente, el rito religioso de la impunidad hizo que el procesado se parezca lo más posible a su crimen, por lo que, para el Estado, es culpable no solo por el delito que se le imputa, sino por el sufrimiento que recibe y por el fracaso de la política social que nunca siquiera conoció; y, para la sociedad civil, es un chivo expiatorio ante los escasos espacios de participación en la construcción de la política en nuestra región. Su crimen no es penal, sino social, y su sufrimiento no es una simple sentencia jurídica, sino un silencioso genocidio contemporáneo, pues una vez que son apestados judiciales, se convertirán luego en leprosos penitenciarios.

III. Permitir que las agencias policiales controlen el campo de la política penal

10¿Qué hace que el derecho obligue y la gente acate las resoluciones de sus autoridades? La tesis más difundida para explicar este fenómeno la presta el positivismo jurídico. Según este, el derecho obliga porque es válido, y paralelamente lo es porque sus normas jurídicas han seguido un procedimiento formal y público de creación, y porque las autoridades que participaron en ese procedimiento han sido nombradas por los mecanismos de la representación política. Así, se construye la legitimidad del derecho, el cual empata exactamente con la naturaleza sobre el funcionamiento del estado y la democracia modernos, según los cuales, el estado es una institución jurídica (que representa la razón hegel-weberiana) y la democracia es un frío procedimiento para que las mayorías nombren a sus representantes. Todos estos conceptos, productos de la dominación del paradigma de la razón instrumental, se presentan, en esencia, como social y políticamente neutros (la norma como objeto y fin del derecho) para el abandono del control y personificados en la extensión de ese mismo poder frente a la sociedad (el estado persona de origen alemán).

Lo dicho, por supuesto, no resiste el más supino análisis realista y mucho menos el materialista. Sin embargo, ninguno de estos explica la legitimidad social y política del derecho en sus relaciones micro. Quiero analizar en esta parte las microrelaciones del poder a partir del pensamiento de Pierre Bourdieu. Utilizaré un ensayo de este autor titulado “Elementos para una Sociología del Campo Jurídico”, que fue compilado y publicado por Carlos Morales de Seitén Ravina en conjunto con un trabajo de Gunther Teubner cobijados por el título “La Fuerza del Derecho”.

Entonces, si entendemos a la ideología como parte de la superestructura social, en alguna medida, el derecho guarda un nivel aceptable de autonomía. A partir de lo anterior, podemos observar a lo judicial como un campo. Así, el campo judicial sería un espacio autónomo en la que se reproducen relaciones políticas de acumulación de capital simbólico en favor de determinadas personas, grupos de personas o corporaciones determinadas (Universidades, asociaciones, judicatura, fundaciones, mafias, iglesias, agencias militares o policiales, etc.). Y, al mismo tiempo, este espacio estaría conformado por reglas y procedimientos internos que determinan las condiciones de funcionamiento y el ingreso al campo y las formas de acumulación del capital social.

Bourdieu, de acuerdo a lo anterior, intentó explicar el funcionamiento del campo jurídico. Pensaba que cuatro elementos eran centrales para aquello. Por una parte, la autonomía del campo fundado en su discurso de neutralidad-universalidad (lenguaje, formas y categorías propios), la división del trabajo al interior del campo (la estricta jerarquía), el origen y control sobre el nombramiento de los agentes que participan en él, y el control por determinados agentes de las normas de acceso y funcionamiento del campo. Todo esto le permitiría aplicar el derecho como violencia legitimada socialmente por sí misma o “violencia simbólica”. El profesor francés, por supuesto, aplicaba este modelo de análisis a la realidad del derecho europeo-francés de los años 70-80 del siglo XX. Por ejemplo, destacaba como el derecho era selectivo de los conflictos que eran de interés de los agentes que gobernaban este campo, particularmente, los abogados corporativos que pertenecían a las familias pudientes y quienes eran grandes propietarios. Varias reglas normaban el ingreso de estos agentes al campo jurídico. Un ejemplo, es la edad y requisitos de los jueces. Así, normalmente, la edad de los jueces a la alta magistratura es mayor, pues, si ellos podían modificar las normas y el alcance de las leyes (interpretación auténtica y exclusiva) por su jurisprudencia, la idea era que sean representantes de la tradición social y jurídica para poder mantener las reglas de funcionamiento del campo. De esta manera, se podría mantener las estructuras sociales que permitieran la acumulación del capital a partir de la acumulación en estos agentes de capital social (distinción). Finalmente, estos agentes no serían neutros, sino que de acuerdo a su control sobre las reglas de acceso y funcionamiento del campo, acumularían capital simbólico, que les permitiría gobernar a su favor los beneficios del campo, garantizando así su inmutabilidad y permanencia.

Por esto, para Bourdieu, es vital el origen intelectual y social de estos agentes, ya sean funcionarios judiciales o académicos: los unos aplicarían las reglas de acceso y funcionamiento, y los otros reproducirían los saberes que permiten su origen y renovación. Por citar un caso, los abogados en el sistema anglosajón de derecho provienen de las universidades de élite, mientras que en el europeo normalmente vienen de la clase media. Sin embargo, esta regla de acceso al campo se modifica para las altas cortes europeas, mientras que en el caso anglosajón es la carrera la que crea un espíritu de cuerpo que le otorga mayor independencia. Aquella variación hace que los poderes judiciales de inspiración europea sean menos proclives a las transformaciones sociales que los anglosajones.

Desde esta perspectiva, sucede que la inclusión de la política de la impunidad en la agenda judicial latinoamericana, tanto estatal como de sociedad civil, resulta ser una regla de acceso que permite el ingreso a agentes, normalmente, ajenos o que, al menos, que debieran estar subordinados al poder civil. Me refiero a la agencia policial. Aquí quiero hacer la conexión con la sofisticada tecnología del poder descrita en la primera parte y que convertía al ciudadano en un delincuente y en el delito mismo.

Así, mientras en un primer nivel interno, la política de la impunidad funciona como una fábrica de delincuentes que se parecen a sus delitos, lo cual permite que sea realmente la agencia policial quien decida a quien aplicar el sufrimiento encapsulado en las penas; en este nivel, se explica materialmente esta situación en la medida que es la agencia policial quien administra la regla de entrada al campo judicial penal (la política de impunidad). Se convierte así en la aduana que hace que determinados ciudadanos ingresen en calidad de delincuentes y donde los hechos acusados son realmente secundarios.

El nombramiento y control en nuestros sistemas jurídicos regionales de las agencias policiales tienen precarios controles democráticos y están aparentemente regulados por los ejecutivos (ministerios de seguridad, del interior o de gobierno). No obstante, estos aparatos, generalmente, tienen una enorme autonomía y funcionan como estados forajidos y paralelos. Por lo anotado, se les otorga el papel de controlador del acceso y ya internamente en el campo ocupan la cúspide de la jerarquía real, administrando lo relativo a los delitos de seguridad, drogas, contra la vida y la indemnidad sexual. Unos para reafirmar su poder y materializar su autoridad (seguridad y drogas) y los otros para legitimar su actuación socialmente (vida y sexualidad).

Claramente, la política de la impunidad se convierte en el boleto de ingreso de la agencia policial al campo judicial, lo cual aumenta el potencial de causar daño que tiene todo aparato punitivo. Respecto de la sociedad civil, funciona de manera similar, pero subordinada y utilitaria. Grupos de presión y ong, metafóricamente, adquieren su boleto de entrada en el mercado negro, por lo tanto, una vez adentro, se ubican en la base de la jerarquía y pueden ser fácilmente excluidos de toda decisión. Ocurre esto en las organizaciones feministas que han incorporado la agenda punitiva a sus discursos de intervención, que se integran a las políticas del estado en condiciones inestables y bajo las reglas que los Estados les impongan.

Parece evidente, entonces, que la política de la impunidad opera como una liturgia política, lo cual no necesariamente visibiliza la monstruosidad que esto entraña.

También, parece obvio que no es buena idea, desde lo explicado, que las fuerzas armadas participen en la seguridad interna, puesto que esta sería una regla de acceso al campo judicial penal donde ocuparán la cumbre de la jerarquía aumentando la capacidad de provocar dolor del poder punitivo del estado.

La función de esta política, de fabricar dolor para quienes se convirtieron en los delincuentes y su delito, esconde un inmenso déficit de debido proceso e inhumanidad; mientras que la otra de permitir el secuestro del poder judicial por la agencia policial (u otras agencias extrañas a la racionalidad jurídica) supone un gigantesco vacío democrático y de civilización. Indudablemente, estas carencias son motivos suficientes para poner en un lugar instrumental la política de la impunidad y no como el único fin de nuestros poderes judiciales. Posiblemente, esto ayude a la democratización real de los estados y al restablecimiento de los lazos de solidaridad, participación social y compromiso político que son indispensables para lo que en su momento llamamos transformación de la justicia y estado constitucional. Por lo pronto, la misa no ha terminado y cualquiera de nosotros puede ser declarado pecador y ser condenado al fuego eterno del infierno desde la compleja microfísica del poder judicial. Siempre será, por tanto, legítima defensa sentarse en la última banca del templo de la penalidad y resistirse a la vigilancia y castigo de cualquier predicador orate.

Luis Fernando Ávila

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