El secuestro de la política penal en la región: un completo análisis jurídico

El secuestro de la política penal en la región: un completo análisis jurídico

octubre 20, 2015
in Category: Análisis jurídico
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El secuestro de la política penal en la región: un completo análisis jurídico

Hay que comenzar a llamar a algunas cosas por su nombre en América Latina. Las “cárceles” no son centros de rehabilitación, los carceleros no son “agentes de tratamiento penitenciario” ni los presos son “personas adultas en conflicto con la ley penal”. Ciertamente, hay una tendencia a intentar cambiar las palabras para tratar de influir en la realidad. Digamos que sí funciona en alguna medida. Por ejemplo, el lenguaje de inclusión de género, generacional e intercultural ha sido importante para visibilizar a personas y colectivos que históricamente han sido incluidos. ¿Pero qué pasa cuando las palabras resultan ser eufemismos, cuando más bien disimulan la degradación y la putrefacción social? Ocurre en un ámbito político-social lo mismo con la política de drogas. Bajo el tecnicismo “sustancias estupefacientes y psicotrópicas” ocultamos el rostro perverso de una política que generalmente en nuestros países ha sido de muerte y sufrimiento. Tal pareciera que se quiere tapar el hecho de que existen miles de drogas que consumimos a diario que causan un daño invisible y a largo plazo, y otras que no lo causan pero que las ingresamos al organismo por variados motivos sociales. Gaseosas con colorantes y grandes dosis de azúcar, caramelos y papas fritas con glutamato, pesticidas en los alimentos que damos a nuestros niños, y cosméticos para el cada vez más nutrido mercado metrosexual que devoramos a diario. Pero esas no son drogas. Tomamos cerveza y otros licores, y fumamos tabaco envuelto finamente en alquitrán, pero esas no son drogas, simplemente, porque no son “sustancias estupefacientes ni psicotrópicas”.

Ocurre un secuestro de palabras y sus sentidos degradando la política. A la política penal en América Latina le sucede lo mismo por añadidura. Aquello hace aparecer algunas reformas como benévolas cuando en verdad erosionan al estado constitucional, los derechos humanos y la democracia. También, hace parecer que no existen tensiones, sino una aplicación eficiente de instituciones dejando de lado toda forma de crítica y transformación en favor de los excluidos. Una forma de romper la hegemonía de las ideas dentro de la política penal es evidenciar que, en realidad, existen radicales antagonismos que se deben tener en cuenta para repensar la política penal. Estos antagonismos son necesarios para entender, además, que la política penal es un espacio siempre en disputa y no un simple tecnicismo vaciado de contenido. La política tiene una naturaleza antagónica. No obstante, en la región hay una tendencia a minimizar esta naturaleza dinámica por discursos agónicos (no antagónicos-hegemónicos), que aparecen dorados técnicamente como verdades institucionales, irreconciliables e irrefutables. Todos nuestros estados se enfrentan a estos antagonismos minimizando el conflicto y tomando, lastimosamente, la salida fácil: homogenizar y dar respuestas coyunturales y populistas a los problemas de la penalidad y el crimen.

(1) El primer antagonismo es entre seguridad y derechos humanos. Se pueden realizar varias críticas a la política de derechos humanos. Por ejemplo, que es europea, insuficiente, universalista, liberal y economicista. Tampoco se puede negar que existen algunos mínimos sobre los cuales la mayoría de los países estamos de acuerdo. Pero no hay que desconocer que, incluso estos mínimos, se mueven en una enorme y etérea franja de discrecionalidad política y cuando menos blindado en el férreo postulado del principio de soberanía de los estados. Esta situación de la política de los derechos humanos ha permitido la legitimidad de algunas políticas imperialistas y su agenda de seguridad. ¿Por qué surge con tanta fuerza esta agenda? Dos razones estructurales y dos coyunturales. Por un lado, la crisis de los sistemas de representación y la precariedad democrática del ordenamiento jurídico de las Naciones Unidas, y los estragos sociales de la ya innegable crisis del capitalismo global; y, por el otro, las luchas por el control de los energéticos entre las potencias económico-militares y la consecuente resistencia política, incluso armada, que ha sido peyorada por los estados centrales, particularmente los Estados Unidos, como terrorismo. Así, la invasión a Irak y Afganistán y el atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas radicalizaron esta agenda de seguridad.

Internamente, los estados replican esta agenda, pues está atada a algunos compromisos internacionales, astutamente inoculados, y a ciertos “incentivos positivos” otorgados a políticos, organismos internacionales y de sociedad civil, y agencias nacionales de seguridad. Un par de ejemplos, son la política de “lucha contra las drogas”, la cual guarda muchas similitudes con las cruzadas, y la política de control casi paranoico en los aeropuertos de todo el mundo.

La política penal interna de los estados latinoamericanos reproduce esta hegemonía securitista en cuestiones naturalizadas en el sentido común de las personas y nuestros políticos, como la participación de las fuerzas militares en la seguridad interna, los sistemas de vigilancia por video, los controles aleatorios de documentos, mercadería y armas para estudiantes y ciudadanos en general, y el aumento desmedido en el presupuesto de las agencias de seguridad. Nada importa el potencial de causar daño a los ciudadanos, que se pase por encima de intimidad de las personas y el uso de imágenes pueda utilizarse para la persecución política o el chantaje, o que los operativos bautizados con denominaciones mesiánicas no tengan una base racional y que curiosamente solo se aplican en los barrios pobres. Tampoco importa que el gasto en seguridad no tenga su correlato en la inversión social.

5(2) Por otra parte, el segundo antagonismo ocurre entre eficiencia y debido proceso. Nuestros poderes judiciales en la región son de las instituciones que menos han cambiado. Alguna vez se dijo que eran una especie de “cenicienta” de las reformas políticas. Generalmente, lo invertido en justicia ha sido marginal y la región hasta hace un lustro estaba muy por debajo de los estándares mínimos que se exigen a todo sistema de justicia. Todo esto ha hecho que la sociedad espere poco de lo que pueden hacer los servidores judiciales para solucionar sus conflictos. Sin embargo, esto cambió durante la década de los noventa. Lo judicial pasó a ser el centro de las reformas políticas en la región, por influjo de la cooperación internacional de los países centrales con el fin de proteger a sus empresas transnacionales, y por la crisis de las tradicionales estructuras políticas (legislativos, partidos, sindicatos, etc.).

Dentro de estas reformas, lo de mayor peso fueron las propuestas penales las que coparon la discusión y la toma de decisiones de los diferentes gobiernos. Aquello profundizó la agenda de modernización regional, institucionalizando el poder judicial dentro del proceso de institucionalización general de nuestros estados. La eficiencia se volvió un objetivo de todo el estado, pero particularmente del poder judicial que arrastraba un déficit histórico de respuesta a los ciudadanos.

Sobre la base de esta realidad, la política penal de la región tiene una marcada tendencia a dirigir sus esfuerzos a desarrollar la eficiencia. Por supuesto, aquello no está mal de por sí. El problema sucede cuando se convierte en el fin en sí mismo, puesto que aquello puede significar pasar por encima del debido proceso. Así, importa más para muchos poderes judiciales que no se retrasen sus cronogramas que garantizar la investigación objetiva de los hechos y la igualdad de armas en la defensa procesal. Resulta, así, más apreciable la cantidad de sentencias y la menor cantidad de incidentes procesales para calificar a los jueces, que la calidad en el razonamiento judicial y su creatividad para resolver conflictos jurídicos. Además, abre brechas en la actividad judicial que trastocan el debido proceso.

Así, se presenta como la mejor opción el uso recurrente de la prisión preventiva para evitar aplicar la penalidad, y la investigación policial se vuelve superficial y excesivamente ritualista. No se puede ver, en este contexto, que este abuso es la constancia del fracaso de los estados para garantizar la presencia del procesado penal, por lo cual toma su cuerpo en garantía para que se le pueda aplicar una pena. Lo de fondo es la informalidad laboral y económica del mercado, producto de la inequidad en la distribución de las riquezas.

Colocar a la eficiencia como un fin de la política de justicia, transforma al poder judicial en una fábrica serial de sus productos finales y a sus operarios en engranajes automáticos y obedientes a una lógica fordista y no a la garantía material de los derechos. Ocurre una paranoia institucional por los tiempos y las respuestas, lo cual abre el camino al peligroso utilitarismo jurídico y al autoritarismo judicial, que convierte los procesos judiciales en simples contratos formularios y de adhesión. Por supuesto, este ejercicio desviado de la política de justicia ofrece resultados inmediatos y, posiblemente, de amplio apoyo ciudadano inicial; no obstante, no es sostenible a largo plazo sin caer en la demagogia y el desgaste político, que se resume en un vicio que podemos llamar “eficientismo”.

(3) Un tercer antagonismo es el que existe entre poder civil y poder policial-militar. A diferencia de lo que pasó en los países centrales, en América Latina, los militares no se fueron cuando todos nuestros países retornaron a la democracia a final de la década de los ochenta. Mientras a ellos les quitaron casi todo el control de los sectores de la economía interna y a cambio les abrían rentables negocios internacionales (tráfico y venta de armas, control de tráfico de drogas, entre otros), nosotros tuvimos que tolerarlos. Así, el rol estratégico de la agencia militar le otorga la venia de ser el árbitro de todas las crisis del poder civil. Con algo menos de poder, la agencia policial, instruida con formación militar y bajo la misma lógica institucional, coadyuva al mantenimiento de este orden. Se podría decir que estas agencias guardan una especie de lazos familiares más que institucionales.

Cada vez más, sin embargo, el poder civil gana terreno. Por ejemplo, en algunos países, el ministro de defensa, tradicionalmente militar, ahora es dirigido por civiles -en algunos casos, incluso, por mujeres-. También, en la mayoría de nuestros estados, el presupuesto militar-policial es auditado por el poder civil, y se ha ido eliminando la posibilidad de que se manejen los gobiernos fondos reservados. La reducción de ese presupuesto es una corriente en la Región. Al mismo tiempo, se ha descentralizado y autonomizado -o, al menos, se ha disminuido la participación-, en ciertos segmentos de la política de seguridad: tránsito, transporte, control de sectores estratégicos y empresas públicas. No obstante, a pesar de la tendencia a otorgar más espacio al poder civil en estos ámbitos, aquello suele ser aún motivo de tensiones con el poder militar-policial.

Sin embargo, las agencias policiales en muchos países de la región no han abandonado el poder judicial; al contrario, se los ve muy útiles en esa esfera. Manejan celosamente la investigación penal (informes, peritajes y control de seguridad) y ofrecen su acompañamiento para el éxito de las diligencias judiciales. Por si fuera poco, se ocupan de los operativos, campañas de seguridad, vigilancia y administración de las cárceles muchas de las veces con débiles controles civiles y casi nulos judiciales. Coadyuvan algunas agencias policiales al eficientismo judicial, pudiendo incluso confundirse en su rol seducidos por el juez interno que tenemos las personas. Si se lesiona el debido proceso se corre el riesgo de que ocurran abusos en el uso de la fuerza. Las garantías son la principal arma de la sociedad, por lo cual deben ser utilizadas con mayor frecuencia aún más si la agenda de seguridad es la puerta de entrada al sistema penal.

Esta simbiosis política borra las fronteras entre la actuación policial y la administración de justicia. Así, la sociedad termina percibiendo como justicia las requisiciones que la agencia policial realiza a los estudiantes en busca de droga –solo en los públicos-; y, la imposición de las penas más altas por parte de los jueces termina siendo un acto de vigilancia y defensa de las personas ante la inseguridad.

6(4) Por último, un cuarto antagonismo se presenta entre restricción y prevención. En la base de la política penal de nuestros países está la dicotomía entre utilizar el derecho penal como una herramienta de moral social o de impedir la comisión de delitos. Restringir sin más tiene menos apoyo en la teoría y en la evidencia empírica. Aumentar las penas se ha demostrado no guarda ninguna relación con la disminución de los delitos, aumentar el control policial tampoco parecería funcionar. La máxima, “la mejor política penal es la política social”, es más cierta en los márgenes de la racionalidad.

A pesar de la inutilidad de esta estrategia de política penal, la región experimenta un aumento y endurecimiento de las penas, particularmente, respecto de los delitos de drogas, sexuales y contra la vida. En algunos casos, este agravamiento va acompañado de figuras como el sicariato y secuestro exprés. Luego, las leyes para la prevención reproducen camufladas normas penales o siquiátricas, y las políticas públicas se encuentran, generalmente, en nuestros países desconectadas de la política social. Parece que la única respuesta al crimen es la pena. Sucede que la política de la restricción genera resultados inmediatos y tangibles, y no ponen en cuestión las condiciones estructurales que generan la inequidad y el delito. Mientras que una política social -se entiende, de alta intensidad- presenta resultados a largo plazo y, necesariamente, supone decidir sobre la acumulación inmoral de la riqueza en pocas manos y su distribución entre las grandes masas populares.

La restricción seduce más, pues extiende el indulgente garrote sobre gente que no tiene voz ni nada más que sus manos y su prole, a quien se les echa la culpa del fantasma de la seguridad y su propia pobreza. De esta manera, los ricos resultan ser el ejemplo a seguir, no importa cómo consiguieron su fortuna, y los pobres sujetos invisibles y trasgresores del orden público. Aplicarles una pena para que sirva de escarmiento y castigo por su inmoralidad sociópata sería el fin del sistema de justicia penal.

En definitiva, debemos recuperar el elemento antagónico que genera el debate político y la política misma. Los antagonismos que he explicado son necesarios para que en nuestras democracias entren en disputa en igualdad de condiciones. Sin embargo, sucede en nuestra Región que la política penal se presenta con un sentido agónico, como si fuera parte de un consenso democrático y participativo aún en los gobiernos de signo progresista, cuando en realidad, representa una política que pasa por encima del debido proceso, los valores democráticos y el uso socialmente revolucionario del sistema de justicia.

Mas, no todo está perdido. Puede ser esperanzador que la historia de los pueblos describe un camino lleno de aciertos y errores, avances y retrocesos. Se vuelve necesario aprender de la política penal más que tratar de gobernarla, apropiarse de ella para los sectores populares y sumar manos para secuestrar la propiedad a toda costa y transformarla en un patrimonio común de la sociedad. Hay que comenzar a llamar a algunas cosas por su nombre en América Latina.

Ernesto Pazmiño Granizo

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