La independencia de la Justicia: un modelo para armar con visión ciudadana

La independencia de la Justicia: un modelo para armar con visión ciudadana

diciembre 4, 2015
in Category: Análisis jurídico
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La independencia de la Justicia: un modelo para armar con visión ciudadana

Es cierto, tenemos unas bonitas cárceles, pero allí no están los que deben estar. Deberían estar en las cárceles los que devastan el planeta y ponen en riesgo la supervivencia de toda la humanidad, los que se enriquecen de la noche a la mañana con fortunas enloquecedoras, los asesinos que ordenan guerras lejos de sus fronteras y que provocan miles de muertes de personas inocentes, los ejércitos de tecnócratas que desde las oficinas de planificación facilitan el comercio de productos alterados genéticamente y que siembran enfermedades incurables en millones de seres humanos. En suma, allí no están los que deben estar.

Vistas así las cosas, la Justicia con mayúsculas no puede llamarse independiente. Más bien constituye una plataforma de legitimación de la usurpación, del robo agravado en tierra propia y ajena (eso hacen las grandes corporaciones), de la muerte con premeditación y alevosía o del homicidio culposo, como consta en una de las figuras del Código Orgánico Integral Penal.

Algo de esto dijo Eliecer Cárdenas, escritor icónico ecuatoriano, en las conclusiones de la presentación de su última novela en la Feria Internacional del Libro 2015: Las antiguas mañanas, título que recrea un verso del poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade. El bello título abriga en las páginas interiores un debate sobre “la justicia y los equívocos caminos por los cuales esta puede distorsionarse”, porque “todo gobierno es opresión”, como sentenciaría Marcos Lira, uno de sus personajes.

Algo de aquello dijo el escritor Cárdenas y tal como quedó flotando en aquel ambiente literario, debemos colegir que en algún momento –o sea ahora mismo- tendremos que discutir en serio acerca de la independencia de la justicia.

Desde el punto de vista de las letras, es decir, de lo que está escrito en las normas principales de convivencia del Ecuador, empezando por la Constitución, la independencia de la justicia es uno de los preceptos fundamentales por los cuales se creó la carta magna, puesto que en la historia reciente se hizo necesario un cambio constitucional porque la justicia estuvo secuestrada por los denominados “poderes fácticos”.

Lo dicho nos lleva a una pregunta incómoda: ¿desde el 2008 –año en el cual entra en vigencia la novísima Constitución de Montecristi- existe independencia de la justicia en Ecuador? Tal vez deberíamos preguntarnos: ¿ha sido posible la independencia de la justicia en nuestro país, en la región, en el sistema interamericano y en el sistema de Naciones Unidas?

La Fundación para el Debido Proceso ofrece una respuesta fehaciente: “el desempeño de los poderes judiciales de América Latina es deficiente. Una razón importante de esta situación es la injerencia indebida de los poderes ejecutivo y legislativo en los procesos de selección de magistrados y magistradas de cortes supremas. Esto hace que, en muchos casos, miembros de altas cortes sean seleccionados priorizando su cercanía personal o política al gobierno de turno, antes que su idoneidad para el cargo” (http://www.dplf.org/es/acerca-de-dplf).

Por su parte, Rolando Vega, presidente de la Comisión Iberoamericana para la Calidad de la Justicia, y magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, expone en los siguientes términos su interpretación jurídica de la independencia del sistema judicial: “para que la justicia sea definida como independiente en un país, debe reunir tres características básicas: no debe ser política, es decir, no depender de los gobiernos de turno; no tener intereses externos financieros que la presionen; y contar con jueces independientes que solo obedezcan a la Constitución y las leyes”.

Por último, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1985, adoptó unos “principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”, que constituyeron una guía fundamental para que cada país organice soberanamente su administración de justicia. Y más adelante, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en 1989, adoptó la Resolución 44/166, para garantizar la vigencia de dichos principios por medio de “procedimientos para la aplicación efectiva de los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”.

Es decir, por ausencia de normas y principios no hemos padecido. Más bien ha sido su falta de aplicación, su olvido deliberado y muchas veces su desprecio, los comportamientos estatales que han sembrado de incertidumbre y de descrédito nuestros sistemas de justicia, incluso aquellos que recientemente sufrieron procesos de transformación y que costaron una fortuna.

Precisamente porque se comprobó “que los atentados a la independencia de los jueces, los abogados y los funcionarios judiciales son cada vez más frecuentes”, en junio de 2008 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó por unanimidad la Resolución 2008/6, en la que encomienda al Relator Especial que “investigue toda denuncia sustancial que le sea transmitida y comunique sus conclusiones y recomendaciones al Consejo y a la Asamblea General”.

Pero dejemos claras algunas cosas: estos “atentados” provienen de los otros órganos de poder, especialmente de los que provienen de la órbita de la seguridad, donde de manera progresiva se va imponiendo lo que se conoce como “populismo punitivo” y que luego se traduce en una suerte de instauración de estados carcelarios: la cárcel como depósito extremo en el traspaso de nuestras democracias.

Nótese que además, estos gobiernos y estos poderes son profundamente creyentes, católicos practicantes, pero que nunca leyeron con algo de responsabilidad, por ejemplo, el discurso del Santo Padre Francisco a la delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal el 23 de octubre de 2014: “No solo se buscan chivos expiatorios que pagan con su libertad y su vida por todos los males sociales, como era tradicional en las sociedades primitivas, sino incluso más allá a veces hay una tendencia a construir deliberadamente enemigos: estereotipos de figuras, que concentran en sí mismos todas las características que la sociedad percibe o interpreta como una amenaza. Los mecanismos de formación de estas imágenes son las mismas que, en su tiempo, permitieron la expansión de las ideas racistas”.

En suma, debemos concluir que este asunto de la independencia judicial no es moneda corriente, como parecen creer ciertos funcionarios públicos de América Latina. Al contrario, es un presupuesto básico para el funcionamiento del sistema democrático y para el reconocimiento de los derechos y garantías de las personas.

Todo lo antedicho justifica sobradamente la necesidad de relanzar una utopía andina. ¿Por qué no? Tal vez releer a Flores Galindo desde la perspectiva judicial, para saber que es imprescindible hacer lecturas originales “bebiendo en nuestro propio pozo”, descolonizando el pensamiento y sobre todo superando las copias mal hechas de realidades ajenas, frente a las cuales nuestros gobernantes se acostumbraron a bajar la cabeza, a sentir una especie de sentimiento de culpa cristiana, un dolor marcado por la sumisión.

23Ese relanzamiento no deja de ser esperanzador, porque nos preferimos reflejar en nuestros propios y cristalinos manantiales, en oposición a ciertos personajillos del mundo de la justicia, que creen que la independencia de la justicia es un idealismo o romanticismos pasados de moda. Pero no, a ellos les debemos decir con claridad absoluta, que esta utopía afianza la democracia (sea esta radical o liberal), la seguridad jurídica a favor de las personas, el control del poder político para que no tenga patente de corso, la lucha contra la impunidad y la corrupción, la defensa de los derechos de las personas y de la naturaleza, y la igualdad ante la ley, si aún creemos que la justicia no solo tiene que ser “para el de poncho”.

De la transformación de la justicia a su independencia definitiva

Nada está “escrito en piedra” en las cuestiones públicas y sabemos que la dinámica social está siempre marcada por avances y retrocesos, por luces y sombras, pero si nos empecinamos en desconocer los errores cometidos, estaremos una y otra vez empujando los sistemas de justicia al abismo de la inestabilidad.

El Ecuador, como ya se anotó anteriormente, ha escrito mucho y bastante bien respecto a la independencia de la justicia. La Constitución de 2008 ordena la estructura y la composición del Estado como uno de derechos y justicia. Es decir, superó los límites insufribles del derecho y extendió sus alcances hacia los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, así como hacia la búsqueda de la justicia. Por tanto, más allá del derecho, más allá de la letra de la ley, están en un nivel superior los derechos de las personas.

Esto probablemente no sea de fácil digestión para quienes han estado acostumbrados a ingerir rocas y hará falta una suerte de “alfabetización” de todo el sistema de justicia, para que comprenda de una vez por todas que la Constitución es la norma suprema que articula la totalidad del Estado, esto es el poder público y privado, al cual le impone unos límites, especialmente en relación con los derechos. Es decir, el poder público y privado está en la obligación y en el límite de no violar dichos derechos y especialmente de garantizar su ejercicio.

Es evidente que la única manera de garantizar su ejercicio será con la existencia de un sistema de justicia absolutamente independiente de los gobiernos, siempre temporales y circunstanciales, del poder económico, siempre con arrogancias que es necesario cercar, y del poder político, siempre con pretensiones de eternizarse en el cargo.

Si un gobernante –sea este de derechas o de izquierdas- quiere limitar estos derechos, está navegando en aguas turbulentas, porque el Art. 424 dispone que la Constitución “es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”. Esto significa que todo lo que se opone a la Constitución es nulo, tal como nos recordó en lenguaje sencillo y entendible un amigo lector en el evento de lanzamiento de la novela de Eliecer Cárdenas.

24Es decir, algo de aquello se recupera en un texto publicado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: “La única forma de recuperar soberanía e independencia es mediante tres mecanismos: (1) radicalizando la democracia, (2) reinventando el estado y (3) construyendo una globalización desde abajo. A pesar de lo dicho, el Estado no puede dejar de ser un actor importante, pero en lugar de regular y controlar, debe emancipar”. Eso dice Ramiro Ávila, haciendo una lectura de los aportes del pensador Boaventura de Souza Santos, en su provocador documento: el neoconstitucionalismo transformador. El Estado y el Derecho en la Constitución de 2008.

Al final, nos gustaría añadir unos consejos de Toni Negri, el controvertido pensador italiano, quien recomienda que “es necesario volver a las palabras que significan algo”:

“Cuando hablo de emancipación no lo hago en un sentido iluminista ni en el modo de lo que creo que es su mistificación actual o su sentido escatológico. Benjamin fue un pensador radical, pero ha sido utilizado en un modo ambiguo. Toda esta “escatología” hebraica y paulina que nos ha sido ofrecida y nos domina en el campo teórico como una tentativa para definir la emancipación es sólo el preludio trascendente de una liberación utópica. Es necesario recuperar la emancipación en un territorio material. Esto abre a una serie de preguntas: ¿cómo hace el hombre endeudado para emanciparse?, ¿cómo hace el hombre mediatizado para emanciparse?, ¿qué es la emancipación de la representación política?, ¿qué quiere decir participación?, ¿qué quiere decir lucha de clases? Éstos son los grandes problemas de la emancipación de nuestro tiempo. No existe emancipación como concepto derivado de la hegemonía o simplemente como propuesta simbólica. La emancipación es práctica política efectiva de resistencia y creación cooperativa”.

Estos pensamientos fueron dichos en una entrevista realizada por Ariel Pennisi y Adrián Cangi. Queremos pensar que es posible emanciparnos desde el campo de la justicia y los derechos, como una práctica política efectiva de resistencia y creación cooperativa.

Marlo Brito

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