Pendientes: tras el anhelo de los ecuatorianos sobre el sistema de justicia

Pendientes: tras el anhelo de los ecuatorianos sobre el sistema de justicia

diciembre 4, 2015
in Category: Perspectivas
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Pendientes: tras el anhelo de los ecuatorianos sobre el sistema de justicia

El fortalecimiento de la institucionalidad es una de las tareas inmediatas e indelegables de los sistemas democráticos. No existe mejor mecanismo para erradicar la desconfianza de las sociedades y otorgar a las personas certezas sobre sus anhelos sino solo a través de que cada una de las instancias estatales brinden la seguridad de que sus derechos son garantizados por parte del Estado. Esta racionalidad se enriquece cuando en ese sentido de democracia se incorpora la participación de la ciudadanía desde las acciones de nacimiento y su posterior evolución para mejorar su labor, es decir, se vuelve imprescindible que periódicamente la sociedad organizada o no aporte en las evaluaciones de la aplicación de las políticas públicas.

En este sentido de democracia, las personas se empoderan del Estado y su accionar no solo se circunscribe al sufragio periódico, se provoca también una comprensión de lo público como un todo que regula las relaciones interpersonales y colectivas marginando en la medida de lo necesario a la lógica del mercado como un concepto de anulación de la institucionalidad para que la autoregulación del intercambio de bienes, capitales y servicios sea la que incluso anule la presencia del Estado, pudiendo entenderse a esta iniciativa como la más excluyente que obliga a la mutación de la calidad de ciudadano por la de consumidor.

La opción adoptada por la sociedad ecuatoriana en los últimos años ha ido fortaleciendo una racionalidad entre la convivencia de lo público y el mercado, este último entendido como herramienta no como el fin, con ello emergió la imprescindible urgencia de que la justicia abandone su presencia como servil del mercado y del capital para provocar un giro radical como protectora y garante de los derechos de las y los ciudadanos, limitando el uso abusivo del poder estatal o privado y persiguiendo la realización de la justicia. Inicialmente parecía tarea imposible, es que los innumerables kilos de papel que se archivaban en cada judicatura, la presencia de los necesarios tramitadores ante tanto desorden, la débil o nula presencia de organismos de control y regulación que observen adecuadamente la atención otorgada a los usuarios, los intentos innumerables y fallidos de emprender una carrera judicial, la falta de infraestructura digna, la fuerte herencia partidista electorera en la mayoría de los funcionarios judiciales, la escandalosa subordinación de esta Función del Estado ante el poder político, entre otras varias evidencias de que se corroyó al máximo la justicia al punto de ver como imposible hacer un cambio profundo.

20El Consejo de la Judicatura Transitorio inició sus actividades definiendo claramente los pasos que permitían solucionar los problemas emergentes. Es así que circunscribió su realización en seis grandes ejes que iban desde generar un régimen integral de talento humano en el que se revisaron los mecanismos de evaluación, promoción y salariales; establecer procedimientos y procesos para garantizar el derecho ciudadano de acceso a la justicia de forma oportuna y transparente con la implementación de un modelo gestión; adecuar los inmuebles existentes y edificar nuevas infraestructuras que respondan al nuevo modelo de gestión; fortalecer al sistema de justicia mediante la implementación de tecnologías que garanticen la disponibilidad y acceso a la información; emprender en procedimientos de gestión financiera equitativa; hasta, una política de cooperación institucional.

Esta decisión y el cumplimiento de las tareas encomendadas hacían ver claramente que la renovación del sector justicia se emprendió de manera firme, se podían ver ya mecanismos de selección abiertos y democráticos para que los profesionales de derecho participen en los concursos públicos, la evidente mejora de la infraestructura era un contraste real con lo que anteriormente se disponía, los sistemas informáticos permitían a los ciudadanos acceder a la información de sus procesos legales, el despacho de los procesos seguían la lógica de mejora en función de los usuarios, se creaban unidades judiciales especializadas en respuesta al modelo de gestión; se transitaba por el camino correcto, es así como se cimentaban las bases que mejorarían la atención directa a los beneficiarios. Un paso importante para continuar con lo iniciado fue la designación del nuevo Consejo de la Judicatura con un mecanismo novedoso en su conformación, esta vez fueron los órganos autónomos, la Corte Nacional y las funciones Legislativa y Ejecutiva las que propusieron sus delegados para ser sometidos a procesos de escrutinio público antes de su posesión.

Ya en funciones, este nuevo Consejo se fijó metas que continuaban en este quehacer incorporando fuertemente en su gestión las propuestas normativas y protocolos de atención para grupos que demandaban atención especializada y por otro lado la selección, evaluación y formación de los servidores públicos judiciales. Pero ha sido la fuerte coordinación con las agencias de seguridad la que generaba respuestas concretas para evitar la impunidad, se fortalecieron los procedimientos rápidos para atender la demanda de las víctimas de delitos; de esta forma se imponía como prioridad de este órgano de gobierno la implementación de un nuevo sistema procesal que invoca a la oralidad como su herramienta esencial para la realización de juicios rápidos.

Paralelamente también se desarrollaban conceptos poco utilizados en la justicia como la resolución alternativa de conflictos, fomento de una cultura de paz, sistemas de evaluación continua, diversificación y desconcentración de servicios, desarrollo de sistemas de información modernos que provean datos procesales e institucionales que permitan producir información estadística confiable; ingreso a una carrera judicial con fundamento en méritos y probidad acompañado de la formación continua; diseño de programas de prácticas preprofesionales.

Todos estos aportes a la transformación de la justicia han operado por fuerza de la iniciativa y gestión de las autoridades y el compromiso de los servidores judiciales con la sociedad, pero en su contenido, aplicación y su posterior evaluación ha tenido marginalmente la participación de la sociedad lo cual hace que la institucionalidad no tribute en dotar al proceso social de capacidad organizativa, en consecuencia, el ciudadano o los colectivos no constituyen el centro de referencia para llegar al estado ideal de verdadero acceso a una justicia plural, inclusiva, garantista y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas.

Es que la vigorización institucional se puede dar únicamente cuando los beneficiarios pasan a constituirse en actores de toda la política pública desde el momento de su concepción y con mayor intensidad cuando deben sufrir procesos evaluatorios o reformatorios, es este el único mecanismo que permite cumplir lo consagrado en uno de los considerandos del Código Orgánico de la Función Judicial: “(…) el anhelo de todas y todos las ecuatorianas y ecuatorianos de una justicia al alcance de cualquier persona y colectividad, sin distinciones ni discriminación de ningún tipo, efectiva y eficiente, participativa, transparente; y garante de los derechos responde, de acuerdo a lo que mandan los artículos 11.2, 66.4, 177 y 181 de la Constitución vigente, al diseño sistémico de una Administración de Justicia que permita que las juezas y jueces, fiscales y defensoras y defensores, y demás servidores judiciales se dediquen únicamente al ejercicio de las competencias técnicas que le son propias, y permita que las labores administrativas, especialmente de la carrera judicial y el régimen disciplinario, sean asumidas por un organismo de gobierno único y distinto a los organismos integrantes de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura”.

Las refundaciones institucionales demandadas por los procesos sociales no son inmutables, se deben someter a la necesidad de cambios propuestos por los ciudadanos y que a pesar de que no existe posibilidad de alcanzar las aspiraciones de todos los colectivos es importante que el sistema de justicia observe e incorpore en sus políticas las siguientes:

  • Competencias técnicas de los operadores de justicia.

La necesidad de evidenciar que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno que responde exclusivamente al servicio administrativo de la justicia y por consiguiente sus actuaciones contienen un profundo respeto a la independencia interna, debe ser conocida por la sociedad, de ahí que es de particular importancia que exista mayor publicidad en los lineamientos y decisiones que tomen tanto los órganos jurisdiccionales como los órganos autónomos para que de esta manera la sociedad conozca a detalle la garantía técnica en sus actividades. Solo este hecho brindaría total seguridad a la colectividad de que sus derechos están ya sólidamente garantizados.

La efectiva coordinación exclusiva entre estos tres órganos de la Función Judicial (Corte Nacional, Fiscalía y Defensoría Pública) permitirá la aplicación directa e inmediata de la norma constitucional, aunque las partes no las invoquen y aún no haya sido desarrollada en normas de menor jerarquía, se requiere de pasos imprescindibles para que los operadores de justicia lleguen a cumplir con la expectativa ideal de interpretar esta norma en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos garantizados en la Constitución. Entonces, de estas actividades se desprenderán los requerimientos de formación para los servidores judiciales y la difusión de derechos a la sociedad.

  • Órgano de gobierno responsable de las labores administrativas, carrera judicial y régimen disciplinario.

El papel del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno encargado de la gestión administrativa, carrera judicial y régimen disciplinario es fundamental para la generación de relaciones con otras instituciones que interactúan con el sector justicia, el apoyo que brindan al sistema las agencias de seguridad y el ministerio encargado de la rehabilitación social en el país requieren una atención particular para coordinar las acciones en función de garantizar los derechos de las personas.

Para aquello es insustituible que en estas relaciones interinstitucionales se defina claramente la ubicación de roles de los actores, marcando límites claros de cada uno de los participantes y teniendo como horizonte el fortalecimiento del principio de independencia judicial externa en virtud de que es un tributante mayor para el fortalecimiento de la democracia. Simultáneamente, se deberán incorporar a los criterios de evaluación de los operadores de justicia (principalmente jueces), el número de procesos resueltos llenos de garantías para lo cual se deben crear estándares que están claramente definidos en la Constitución, Código de la Función Judicial, resoluciones y tratados internacionales.

La Escuela de la Función Judicial debe fundar su oferta académica en los requerimientos de los órganos técnicos (jurisdiccional y autónomos), teniendo una urgencia que pasa por el tiempo de respuesta en etapas procesales, dado que la aplicación de la oralidad demanda de tareas como la sensibilización a los operadores de justicia para su real cumplimiento, capacitación en estrategias y formación en garantías para que la celeridad no riña con los derechos. En ese mismo contexto entonces se debe plantear un sendero a través del cual se vuelva a entregar a la universidad pública la posibilidad de formación continua para la promoción en la carrera judicial de los operadores de justicia y de esta manera aprovechar la capacidad instalada en ellas.

El tratamiento de las prácticas preprofesionales debe ser considerado como una actividad académica dentro del período de formación, con la posibilidad de que sus conocimientos sean puestos a órdenes de la sociedad a través de la litigación guiada, fundamentalmente desde los consultorios jurídicos. En estos casos el estudiante podrá generar también su trabajo de titulación y concluir con el examen de aptitud profesional que inclusive será el aval para la evaluación de la carrera. Es importante este espacio de coordinación en el que se deberá contar con los organismos rectores de la educación superior en el país.

Si bien el nivel de satisfacción de usuarios externos-internos permite medir la calidad de la prestación de servicios de manera individual a los ciudadanos, es mucho más importante que se mida el número de organizaciones y/o ciudadanos que activan mecanismos de involucramiento en el sistema judicial, como veedurías, observatorios, inserción en el seguimiento de los servicios previos, mecanismos aleatorios –sorteos – de rendición de cuentas mensuales de un juzgado específico.

  • Interculturalidad – justicia indígena.

Perseguir la implementación de la legalidad y competencia, lesionó el desarrollo de la justicia indígena como un sistema paralelo al que hay que apoyarlo para que se autodesarrolle y no limitarlo para destinar sus acciones a una absoluta sumisión. Para este debate primero debamos cuestionarnos cómo actúa la justicia ordinaria y la indígena ante un mismo evento; una persona que arrancha un celular, la justicia ordinaria mira como único mecanismo de reparación y reinserción social cinco años de prisión junto con una multa, pero la justicia indígena con la sanción de purificación a través de un baño de agua fría y ortiga acompañado de trabajo comunitario y una indemnización o la devolución de un celular de iguales características se habría arreglado el conflicto social. Desde esa base, la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial disponen que las autoridades realicen acciones que permitan una verdadera coordinación que solo puede ser medida con la cantidad de causas que la justicia ordinaria deriva a la justicia indígena o viceversa y que estas a su vez hayan incidido directamente en la solución de los conflictos internos.

  • Derechos de las mujeres

En cuanto a los derechos de las mujeres, hay tres pendientes que deben tener una respuesta inmediata: el primero es la creación de un procedimiento especial y expedito para que el sistema de justicia sea más eficaz a la hora de garantizar y restituir los derechos de las mujeres como lo mandan la Convención Belem Do Pará y el artículo 81 de la Constitución: “La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para   el   juzgamiento   y   sanción   de   los   delitos   de   violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección”.

Lo segundo es que es necesario especializar en género y derechos humanos de las mujeres a los jueces, pues si bien hay un grupo de jueces capacitados que trabajan en los juzgados contra la violencia, hay casos que llegan a los jueces penales que deben ser analizados desde una perspectiva de género (los delitos sexuales, por ejemplo). Cuando una mujer es acusada de un delito, la inmensa mayoría por temas de drogas, hay una condición de vulnerabilidad anterior que no es tomada en cuenta a la hora de juzgar. Un ejemplo relevante es el caso de una joven de 21 años, indígena y pobre, que fue sentenciada a 34 años y seis meses de prisión en Riobamba por matar a su hijo, los jueces que llevaron el caso no repararon en que su hijo fue producto de la violación perpetrada por su padrastro y que vivía violencia sexual sistemática desde los 12 años.

Un tercer pendiente es especializar a los peritos que analizan las pruebas. Sus informes son clave para que el juez tenga juicios de valor suficientes que le permitan absolver sus dudas y no dejar en la impunidad los casos de violencia de género contra las mujeres.

Julio Ballesteros Vaca

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