Drogas, Policía y Democracia: retos para una nueva agenda política

Drogas, Policía y Democracia: retos para una nueva agenda política

diciembre 4, 2015
in Category: Análisis jurídico
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Drogas, Policía y Democracia: retos para una nueva agenda política

La relación entre los gobernantes civiles y las agencias de seguridad ha sido tensa a lo largo de la historia latinoamericana. Durante décadas, el patrón de gobernabilidad lo caracterizaron las denominadas “juntas militares”, relevadas algunas de ellas con sus propios caudillos. De hecho, gran parte del siglo pasado fuimos gobernados por las agencias de seguridad bajo el mando de afamados coroneles y generales como Alberto Enríquez Gallo, Carlos Mancheno Cajas, Ramón Castro Jijón, Luis Cabrera Sevilla, Guillermo Freile Posso, Mario Gándara Enríquez, Telmo Vargas, Alfredo Poveda Burbano, Luis Leoro Franco, Guillermo Durán Arcentales o Guillermo Rodríguez Lara. La fundación del Ecuador como república devino incluso de manos del militar venezolano, Juan José Flores, de quien no existen precisamente gratos recuerdos a pesar de su amistad con el Libertador Simón Bolívar. Lejos de este simple repaso, lo cierto es que nuestra política ha tenido que convivir con los aparatos bélicos que tienen el monopolio de la violencia en términos weberianos. De ahí que Ecuador no se caracteriza por haber mantenido un sistema de partidos fuertes como tuvo México o tiene Estados Unidos. En su dinámica gubernamental, aparecen reiteradamente varios episodios donde el militarismo fue casi una constante.

De la mano de la historia, la filosofía política encuentra a los términos “policía” y “política” como similares. La noción en inglés de “policy” sin lugar a duda lo es; mientras que la expresión alemana de “Polizeistaat” sirve para calificar un estado con fuertes controles sobre la sociedad civil. En cualquiera de estas nociones no se requiere de un golpe militar para adquirir estas características, sino de una simple descripción, por un lado, o de una disfunción democrática, por otro. En esta última característica, la década de los ochenta presenta un nuevo matiz frente a los golpes de estado generados por los militares en las décadas de los sesenta y setenta. Las relaciones también se vuelven tensas con las policías, como un nuevo protagonista con capacidad de desestabilizar o manipular gobiernos civiles. Por ello, el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni sostiene que los nuevos golpes de estado no solo los hacen los militares, sino también las policías. Lo dijo cuando recibió un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Andina “Simón Bolívar”, dos días antes del 30 de septiembre de 2010. Su crítica se levanta sobre el corporativismo en que operan cuando ejercen el poder punitivo, es decir, a través de la influencia determinante para aplicar la violencia legítima a un segmento de ciudadanos. De ahí que en la Realpolitik el pacto social no pasa por la legitimidad de origen, de ejercicio o de resultado que pueda tener una constitución, sino por el grado de aplicación del sistema penal, donde la agencia policial tiene una posición privilegiada.

Puede hablarse de “policización” o “policialización”. Por un lado, por policización Zaffaroni identifica a los procesos y segmentos sociales que surgen de la aplicación del poder punitivo, diferenciándose a quiénes pertenecen al proceso de criminalización (criminales), victimización (víctimas) y policización (policías). La característica es que la mayoría de los sujetos que integran todos estos procesos pertenecen a los mismos estratos sociales, esto es, los grupos socioeconómicamente vulnerables.

13Por otro lado, la policialización se refiere a una (dis)función que puede afectar a los gobiernos. Aquí Marcelo Saín (El Leviatán azul) habla de un fenómeno que puede distorsionar el papel de las democracias modernas, aquel donde los gobiernos ceden gran parte de las tareas básicas de la política a las agencias policiales. En ello puede reducirse toda la gestión de la seguridad, la aplicación de gran parte de la política de drogas, la gestión de riesgos, el ornato o mantenimiento del orden público, el control del tráfico, el servicio penitenciario, la investigación judicial, entre otros. Sobre este punto me voy a detener.

La agencia que más resalta en la persecución de los delitos de drogas es la policial. Su eficiencia conjuga con las noticias que son mostradas por los medios de comunicación de forma reiterada, es decir, a diario. La publicidad de su éxito también debe saltar el efecto que generan, pues se cree que hay más delitos de los que realmente existen. Así, el miedo al crimen se reproduce también en las noticias que construyen formas de vulnerabilidad, victimización oculta o pánico (Kessler, 2011: 33). Además, los mismos espacios noticiosos son secundados en algunos casos de novelas donde se puede exaltar la vida de los narcotraficantes, posicionándolos como héroes en lugar de villanos como bien lo resalta Omar Rincón (2015: 96). Muestra de ello son las narconovelas producidas en Colombia, y muy consumidas en Ecuador y otros países de América Latina, tales como: Pandillas, guerra y paz; Pasión de gavilanes; Sin tetas no hay paraíso; El cartel y El cartel 2; El capo 1, 2 y 3; Las muñecas de la mafia; Rosario Tijeras; Escobar el patrón del mal; La prepago; Los 3 caínes y La viuda negra. En otras palabras, existe una notoria bipolaridad introyectada a través de los medios de comunicación cuando se habla de drogas.

Desde el discurso de la seguridad se muestra además al sur como caótico y degradante. Esto contribuye a la construcción de narrativas –muchas de ellas estimuladas desde el norte– como “crimen organizado”. La dificultad para perseguir a sus autores hace que se desprendan al menos dos posiciones: a) de crimen organizado como una empresa criminal común (joint criminal enterprise) donde sus autores y partícipes actúan fuera y contra el estado; y, b) de crimen organizado como verdaderos aparatos organizados de poder donde sus autores y partícipes pueden actuar desde el estado aunque alejados de la ética del estado de derecho (Roxin, 2011: 3-18). Bajo la primera, la lucha contra los “carteles” nos conduciría a afianzar las lógicas de la guerra en el objetivo de elevar la superioridad ética del estado; mientras que en la segunda, la lucha contra el narcotráfico también nos conduciría a una urgente renovación ética del estado, pues no es ningún secreto la capacidad del narcotráfico en deteriorar las instituciones públicas. No obstante, en el 13er Congreso Mundial de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Doha (Qatar) entre el 12 y 19 de abril de 2015, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc en sus siglas en inglés), insistió en problematizar solo la primera noción frente al fenómeno de las drogas. De esta forma, Unasur está impulsando el proyecto elaborado por la Fiscalía General del Estado del Ecuador para la creación de una Corte Penal Suramericana, entre la que destaca el juzgamiento al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

La relación drogas y seguridad desplaza la realización del realismo mágico en quienes toman decisiones políticas a través de propuestas que pueden desentonar con el estado de derecho. En 2010, hubo una iniciativa legislativa para establecer un tipo penal que sancione a las personas que construyan, posean o utilicen submarinos o sumergibles (Comisión de Justicia y Estructura del Estado, 2010: 7). Cabe resaltar que en las semanas previas de esta propuesta fueron frecuentes las noticias que destacaron los hallazgos de submarinos para el narcotráfico. Sin embargo, en la actualidad es más notorio el cabildeo en Latinoamérica para la creación de leyes que habiliten el derribamiento de avionetas con supuestos fines asociados al tráfico de drogas, tal como ha ocurrido en Argentina y Perú. Una propuesta similar para Ecuador ha sido esbozada recientemente por el experto en seguridad Ricardo Camacho al decir que: “necesitamos una Ley de Derribo para aplicar a las aeronaves sospechosas que se nieguen a aterrizar” (Vistazo, 2015: 33). De plasmarse esta iniciativa, podríamos correr el riesgo de legitimar nada menos que una especie de “pena de muerte sin juicio previo” (Verbitsky, 2015).

La convivencia con el realismo mágico se entrelaza con algunas formas jurídicas. De ahí que el tamaño de la policía antinarcóticos en la penalidad no solo se mide en relación con la cantidad de su personal, sino en cuanto al papel que cumple dentro del sistema penal. Su presencia adquiere forma jurídica mediante el denominado parte policial, el cual tiene un peso importante dentro del proceso y la sentencia. La posibilidad de ser condenado en una investigación por delitos relacionados con las drogas es muy alta debido a la fortaleza de este instrumento. Además, en la mayoría de los partes policiales sobre drogas se usan significantes vacíos como “cruce de manos”, “llamada telefónica anónima”, “operaciones básicas de inteligencia” o la afamada “actitud sospechosa”, los cuales se convierten en categorías de difícil explicación óntica pero que, sin embargo, justifican el origen y la legalidad de cualquier detención.

El peso de la actividad policial puede caracterizarse por una imputación a la vista. Así, históricamente se ha creído que el simple hecho de “tener” o “poseer” drogas de uso ilícito convierte a cualquier sospechoso en narcotraficante. Aquello es contradictorio con uno de los principios universales del derecho penal sustantivo que prohíbe todo tipo de responsabilidad objetiva.

14No obstante, al refutarse como delincuente quien “tenga” o “posea” drogas se estaría negando el juicio de culpabilidad, es decir, la relación subjetiva y deliberada del presunto autor con los hechos y las sustancias. La exigencia jurídica de acciones como “sembrar”, “transportar”, “tener” o “poseer” debe tener como objetivo o interés al tráfico y no la simple acción medial. Por ello, la misma Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, de 1988, señala que la posesión de cualquier droga de uso ilícito, previo a ser reprochada como un delito, debe tener como interés la producción o comercialización, es decir, el tráfico (Véase Art. 3.1ª, apartados I y III).

La corrección sobre la dispersión de verbos rectores en la legislación de drogas puede realizarse mediante la adopción de la teoría sobre la tipicidad conglobante elaborada por Eugenio Raúl Zaffaroni, por medio de la cual se aclara el pragma que legítimamente se pretende reprimir.

De esta forma, el autor señala: “(…) la función imputativa que cumple la tipicidad conglobante opera como contrapulsión reductora o de contención de la pulsión ampliatoria del canal de paso de poder punitivo que importa la individualización del pragma a través de la función meramente sistemática, lo que es obvio dada la ambigüedad de todo lenguaje formalizado; de allí que opere también como reductor el principio de máxima taxatividad interpretativa derivado del más general de legalidad” (Zaffaroni et al., 2002: 456).

La persecución de los delitos de drogas a partir de probar el tráfico aún está en ciernes. El 88,8% de las personas remitidas al sistema penal por las agencias policiales fueron aprehendidas por meros actos de “tenencia o posesión”. Así, entre 2007 y 2014, la Defensoría Pública reportó que entre sus defendidos privados de la libertad, las estadísticas por aprehensiones en delitos de drogas fueron: 232 por delito de transporte, 292 por delito de comercialización o elaboración, 515 por delito de tráfico ilícito; y, 15 532 por el delito de tenencia o posesión. En otras palabras, hubo un promedio de 2 200 personas detenidas al año por tenencia o posesión de drogas que requirieron de defensa pública.

Son agudas las sospechas de si los detenidos por “tenencia” o “posesión” fueron verdaderos traficantes de drogas o simples consumidores, con lo cual se deja abierta la posibilidad de que en algunos casos pudieron existir falsos positivos, es decir, personas que realmente se presentaron ante la justicia como traficantes pero que más adelante se comprobó que no eran culpables (Paladines, 2014: 106). De hecho, la Defensoría Pública ha patrocinado muchísimos casos de personas detenidas durante meses y años para luego confirmarse su inocencia, tal como ha ocurrido recientemente con Daniel L. y Denisse A. El consumo como objeto de una tenencia o posesión “ilegal” de drogas no es una cuestión criminógena del tráfico, sino un comportamiento que siempre debe estar salvado de la penalidad. La falta de criterios normativos para distinguir las formas de tráfico ha empujado a los investigadores del microtráfico a creer que la tenencia o posesión es per se un delito, cubriendo con un manto las grandes sospechas sobre el consumo detrás de las nociones sobre microtráfico o narcomenudeo elaborados no solo a partir de las lógicas legales sino de la ausente crítica social.

Si bien el artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador considera formalmente que el uso o consumo de drogas no es un delito, en los hechos, la sola “tenencia” o “posesión” para el consumo sí lo ha sido según el viejo artículo 62 de la Ley 108 y posiblemente el moderno artículo 220 del COIP. Esta doble interpretación se agudiza al momento de discutir la cantidad de la sustancia hallada. Por una parte, y en contra del principio de presunción de inocencia, los peritajes que tratan de explicar que un sospechoso es consumidor emplean la subjetiva conclusión de si la sustancia es para consumo inmediato o mediato. Evidentemente, bajo la segunda hipótesis se aleja de la posibilidad de que un usuario de drogas siga en el sistema penal. Por otra parte, se encuentran las diversas apreciaciones esgrimidas por los jueces en sus resoluciones, donde el elemento que recubre la decisión es la sana crítica.

No cabe duda que la Ley 108 facilitó un marco más punitivo. De ahí que la filosofía prohibicionista puede traducirse en una lucha moral para erradicar el consumo de drogas en las calles, es decir, a través del falso predicado de “reprimir para prevenir”. En esta tarea podrían asimilarse como enemigos también a los consumidores, quienes forman parte de la selectividad penal por ser precisamente los desviados del sistema social. Se desata entonces una labor higienista para limpiar el espacio público de drogas y drogadictos, o sea, para excluir al “fumón”, “marihuanero”, “drogadicto” o “vicioso” por ser un peligro para la sociedad. Sin duda, aquello sería como un espejismo, pues: “Criminalizar el consumo de una droga para evitar la drogadicción es como criminalizar el sexo para prevenir el sida” (Samper, 2013: 204).

15El ejercicio policial para erradicar las drogas de las calles se ha extendido también a los colegios mediante los programas de capacitación impartidos sobre una población compuesta básicamente por adolescentes. Su incursión en los establecimientos educativos fue habilitada por el Acuerdo Ministerial No. 208-13 del 8 de julio de 2013 del Ministerio de Educación, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Educación libre de tabaco, alcohol, narcóticos, alucinógenos o cualquier tipo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. A través de esta política, se faculta a la policía para ingresar a los establecimientos educativos y, en consecuencia, aprehender tanto sustancias como poseedores como lo señala su artículo 4: “(…) al interior de los establecimientos educativos, nadie podrá mantener en su persona, ropas, bolsos, mochila u otro sitio cantidad alguna de sustancias a las que hace referencia el presente Acuerdo Ministerial. En caso de que cualquier miembro de la comunidad educativa hallare dichas sustancias, sin importar su cantidad, dará aviso inmediato a las máximas autoridades del establecimiento y a la unidad o agente de policía especializada más próximo, quien se encargará de la aprehensión de las sustancias y ejecución del procedimiento que corresponda, sin perjuicio de la realización de las acciones establecidas en los artículos 326 y 327 del Código de la Niñez y Adolescencia”.

¿Qué nos garantiza que no se pueda detener también a adolescentes consumidores? La inclusión de la función policial en la política educativa del país se explica en la necesidad de contener el consumo de drogas muy letales como la “h”, legitimada desde un sentimiento que proviene de las patologías urbanas que ven al consumo y la venta minorista como el principal problema para la democracia. En ello nadie desconoce el gran fortalecimiento institucional de la policía y sus efectos en la reducción de la tasa de homicidios.

Sin embargo, no se justifica a largo plazo en materia educativa. Se trata de un signo de la policialización de la prevención de drogas dentro de las políticas sociales donde las decisiones dependen aún de una coyuntura securitista, dando la impresión que mientras más se “policialice” a los colegios más inseguros están por imaginarse como peligrosos. Por el contrario, la prevención no se erige desde la represión. Sus actores deben estar formados para comprender y penetrar de forma psicológica y antropológica los nuevos códigos comunicacionales de las y los adolescentes de los barrios populares de Guayaquil, capacidades tan sutiles que no emanan de la formación disuasiva contra la criminalidad. Así, el puente con los adolescentes de la política de drogas se reviste de la centrífuga fuerza policial, estrategia que al final debe ser replanteada en la urgente transformación o recuperación de la agenda política sobre prevención, básicamente como un problema de gobernanza civil.

Jorge Vicente Paladines

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