Las razones trascendentales para defender a los ciudadanos más débiles

Las razones trascendentales para defender a los ciudadanos más débiles

febrero 25, 2016
in Category: Análisis jurídico
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Las razones trascendentales para defender a los ciudadanos más débiles
  1. Una revolución jurídica

La naturaleza tradicional del derecho en Ecuador ha estado ligada a la idea de que se trata de un conjunto de normas que regulan la conducta humana. Parece que este orden de autoridad en el que se convirtió lo jurídico, coincide con el sentido común de las personas. Así, igual que el sentido social, las leyes aparecen como normas incuestionables y que imponen muchas obligaciones y dan poco espacio a los intereses individuales y colectivos. Muchas prohibiciones y pocos espacios para aportar algo a la construcción de las instituciones.

Sin embargo, más la experiencia y el contacto con los más pobres de los pobres que el estudio, me enseñó que existen otras formas de ver la realidad social y que el derecho es solo uno de los instrumentos para transformarla. No obstante, se trata de un instrumento con características especiales. Una de ellas es que es tiene un nivel de regulación y orden, pero como un medio para la realización de los intereses sociales, y no como un fin en sí mismo. Y otra que quiero mencionar es su carácter pacífico y de uso general. Lo del uso general tiene que ver con la capacidad que tiene el derecho de ser usado por cualquiera en una relativa igualdad de condiciones. Por supuesto, parte de la crítica moderna al derecho opera respecto de irrealidad de esta promocionada igualdad, sin embargo, lo que quiero en esta parte es poner relieve en el nivel discursivo del derecho, en la medida que tiene, al mismo tiempo, la cualidad de movilizar los cambios sociales necesarios. No significa esto una renuncia a las formas y procedimientos político-jurídicos, sino un cambio en el enfoque que procura ponerlos al servicio de la historia y los sujetos que el derecho tutela.

Lo dicho quiere decir que el derecho tiene un contenido y uso políticos y que lo más absurdo resulta que sea un frío ordenamiento jurídico que se reproduce a sí mismo y tiene vida institucional propia. Aquello significa que todo sistema de normas debe girar alrededor del ser humano, los colectivos y la naturaleza. Y si bien, toda sociedad moderna necesita un orden mínimo jurídico-administrativo, siempre es importante dirigirlo y flexibilizarlo en favor de los más débiles. En definitiva, el derecho de hoy es importante porque en su campo político se están dando las mayores transformaciones sociales desde hace siglos, pero particularmente y de manera sostenida, a partir del siglo XVIII. E instrumentarlo para proteger a los excluidos del poder y sus detentadores supone luchar una de las revoluciones silenciosas más importantes de la historia y sus civilizaciones.

Todo lo expresado está en la base del garantismo de la Constitución de 2008, pues los mecanismos para materializar los derechos son las “garantías” (legislativas, de la política pública y jurisdiccionales) y su ambicioso estatuto de derechos. Esto no significa abandonar las clásicas estrategias para el cambio social, sino su potenciación y la diversificación de las formas de acompañamiento a los pueblos en sus luchas de resistencia en contra del imperialismo, la opresión colonial, capitalista, patriarcal, extractivista y racista.

En este contexto, el artículo 191 de la Constitución de 2008 creó a la Defensoría Pública en el Ecuador, saldando un déficit institucional en relación con la Región. Si bien esta disposición permite la defensa en todas las materias, establece que será en favor de las personas afectadas por indefensión o condición económica, social o cultural. Esto obliga a que la defensa pública esté dirigida a los más débiles.

Cuando me refiero a “los más débiles” no se trata de la relación jurídica, donde el trato no puede ser sino de absoluta igualdad. Imaginemos a dos personas de clase media discutiendo sobre la propiedad de un bien inmueble o litigando un juicio penal por injurias. La desigualdad a la que hago alusión es estructural y va más allá del proceso judicial. Se trata de los elementos materiales de la desigualdad y la discriminación, que hacen que un sujeto de derecho no tenga posibilidades de éxito frente al poder y a la sociedad. Me gustaría retratar este caso, desafortunadamente, muy común aunque socialmente invisible. Así, tenemos a un individuo afrodescendiente y empobrecido, quien ha sido acusado de violación. Se erigen delante de él el poder punitivo representado por la efectiva combinación de Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, quienes deben acusar, demostrar e investigar el delito y romper la presunción de inocencia; el poder judicial regentado por jueces que deben analizar las pruebas y argumentos de las partes para decidir sobre su culpabilidad; los medios de comunicación que ya etiquetaron a este desventurado como “monstruo”, “cavernícola”, “depravado”, “peligroso” –palabras que se repiten en los documentos judiciales, el lenguaje del poder punitivo y la cultura judicial- y a quien juzgaron anticipadamente; y, la víctima y sus familiares quienes reclaman el castigo más cruel e infamante. ¿Qué posibilidades tiene este hombre de ser escuchado y defendido? Este caso clásico es presentado en las clases de deontología jurídica para explicar la maleable ética de los abogados. Muchos de los estudiantes dicen que jamás defenderían a un violador y otros que tratarían de buscar atenuantes para una pena atenuada. Nadie ni el profesor dice que lo que debe garantizarse a toda costa es el debido proceso y la presunción de inocencia de acuerdo a los hechos y la versión de procesado.

Defender al más débil es garantizarle, entonces, el debido proceso, vale decir la oportunidad de ser escuchado y hacer valer sus versiones, pruebas y argumentos a su favor. Significa igualarlo frente a quien tiene una posición de privilegio frente a la correlativa exclusión estructural de la que es víctima. Jamás puede ser boicotear el proceso, actuar sin ética ni generar impunidad ni mucho menos permitir la evasión de quien pudiera ser responsable de un ilícito; sino solamente dar las mismas oportunidades de inicio para defenderse. Aquello se entiende porque el derecho moderno, particularmente de raigambre constitucional y de derechos humanos –dos caras de la misma moneda-, no es políticamente neutro, todo lo contrario, toma una opción por los más débiles.

Por esto, la defensa pública es una institución de garantía en sí misma, cuya finalidad esencial es enfocarse prioritariamente en los más débiles, como parte de la revolución jurídica de nuestros días. En este trabajo, además, de este marco político general, creo que existen tres razones principales para defender a los más débiles, y que voy a analizar en lo que sigue: a) liberación social y no criminalización de la pobreza; b) elevación del umbral de protección constitucional; y, c) contención del poder punitivo y equilibrio procesal. Por último, intentaré unas conclusiones.

  1. Liberación social y no criminalización de la pobreza

5Los términos en los que se dio la teoría del cambio social no necesariamente tienen al derecho como un factor importante. Generalmente, giraba alrededor de la acción política y los procesos históricos. Una de las corrientes más importantes en este ámbito es la de la emancipación promovida en los términos de Marx. La idea era romper las cadenas de la opresión y la desigualdad en términos reales. A partir de esto, la emancipación tomó varias formas teóricas y empíricas. Una de ellas es la planteada por algunos teóricos en América Latina que promueven la liberación política, que integra al marxismo clásico la perspectiva cultural del Sur del Mundo y el análisis de la colonialidad como un elemento central. Hay varios trabajos que desde el derecho proponen como fin la liberación social. Algo de esto se incorporó al texto constitucional de 2008 en Ecuador en los conceptos de plurinacionalidad, interculturalidad y buen vivir.

También es esencial para entender a los colectivos indígenas, montubios y afroecuatorianos como grupos de atención prioritaria, y para extender estos a los otros grupos mencionados por la Constitución como tales. Para la defensa pública, en un plano más general, permite justificar el enfoque sistémico en beneficio de los más débiles, ya no solo como un problema de política constitucional, sino además como de liberación social de cara a la construcción de una sociedad más igualitaria y la evidencia de un enorme giro civilizatorio para superar al colonialismo y el imperialismo orquestado desde los países centrales.

De esta manera, una razón para la defensa de los más débiles se ubica en el anhelo de las instituciones contrahegemónicas, pensadas desde el sur del Mundo de escribir una nueva historia que no integre solo la versión del conquistador, sino también la de los conquistados.

Fuertemente conectado, la no criminalización de la pobreza emerge como un uso eficaz de la defensa pública. Hablamos de criminalización en referencia al fenómeno de expansión del poder punitivo como referente social. Un fenómeno distinto, pero paralelo es la penalización, que consiste en el aumento, disminución o eliminación de las penas en el ordenamiento penal. De acuerdo a esto, puede haber varios niveles de criminalización. El primero se trata de la construcción de normas e instituciones penales, por ejemplo, en América Latina la proliferación de códigos penales que contienen o aumentan delitos contra la autoridad, criminalizan la protesta social, y los delitos contra el derecho a la comunicación lo hacen respecto de las libertades políticas.

Luego, tenemos un segundo nivel que tiene que ver con la implementación sistemática de aparatos punitivos y estrategias concretas de restricción de libertades, generalmente, de manera coyuntural. Un ejemplo de esto es lo sucedido en los regímenes autoritarios y dictaduras en nuestra América. Así, las dictaduras del Cono Sur y de Centro América en la década del setenta implementaron maquinarias de muerte, desaparición forzosa y algunos regímenes en la Región en los últimos 30 años han establecido estrategias de desarticulación de movimientos sociales y persecución y hostigamiento de líderes políticos y de sociedad civil.

Finalmente, un tercer nivel se relaciona con la participación de acompañamiento de otros actores políticos y sociales para la actuación del poder punitivo. Tenemos, por ejemplo, aquí a las iglesias que piden punición, los medios de comunicación que juzgan y abonan la opinión pública contra los “peligrosos” y las organizaciones de sociedad civil que buscan punir para justificar la cultura del castigo en el corto plazo y sus resultados políticos.

Así, uno de los segmentos que son víctima en todos los niveles de la criminalización es el de los pobres. Veamos un caso. En el primer nivel, la normativa protege la propiedad individual y pone como enemigos a quienes no tienen tierra ni trabajo, por eso son ladrones e invasores-traficantes de tierra. Luego, en el segundo el poder punitivo opera colocándolos como enemigos sociales. Así, a quienes “invaden” la propiedad “ajena”, aunque hayan pagado a terceros por ello, son perseguidos, despojados y encarcelados; mientras que los traficantes aportan a las campañas de los políticos y compran la justicia amparados por el poder político. Y, en el tercer nivel, los medios de comunicación incluyen esta noticia en la crónica roja y construyen el miedo social a los “invasores” y descontextualizando la realidad sin considerar sus versiones. El papel de los medios es tan evidente que tejen nexos con los aparatos penales para llenar el contenido de los noticieros del enemigo disfrazado de muertes, drogas y gente peligrosa. La estrategia resulta ser, además, descarada cuando las noticias coinciden con las reformas y contrarreformas penales. Así, si se discute un proyecto de ley de tierras, salen curiosamente invasiones en las principales ciudades, si está en marcha una reforma que baja las penas en drogas, suceden muertes violentas y afectación de población que moviliza sentimentalmente a la sociedad en ese ámbito –niños, niñas, ancianos…-.

La defensa pública es un instrumento importante para combatir la criminalización de los pobres, no solo por la situación de sus usuarios, sino por el impacto general que tiene en el modelo punitivo y propietarista de nuestra Región. De esta manera, si la justicia tiene el potencial de constituirse en una tribuna esencial donde los pobres pueden plantear en igualdad de condiciones sus intereses, los defensores públicos aumentarían las posibilidades de éxito. Al mismo tiempo, los casos exitosos constituirían –y eso es lo más importante-, precedentes sociales en contra del poder político y económico. Por esto se entiende la tozudez de los empresarios a litigar los lentos casos en contra de los trabajadores aunque saben que van a perder y no tienen razón ninguna. Entonces, los trabajadores no tienen posibilidad de sostener un largo proceso judicial y los empresarios, al mismo tiempo, negocian a la baja los derechos laborales y disciplinan al mercado laboral para que no se rebelen en contra de las evidentes condiciones de explotación y precariedad laboral.

En definitiva, debemos defender a los débiles para combatir al poder político y económico, la inequidad por ellos construida y naturalizada, y las injustas condiciones de opresión social.

  1. Elevación del umbral de protección constitucional

6Debemos entender que el funcionamiento efectivo de la política constitucional tiene que ver en gran medida con su enfoque. Entiendo a la política constitucional como la eficiencia del proyecto político que consta en el texto constitucional. Uno de los elementos centrales, no el único, de la Constitución de 2008 del Ecuador es el garantismo constitucional, del cual ya hablé al inicio de este trabajo. No obstante, esta política no es nueva en esta Constitución, sino que se inició en la Constitución de 1945 y se fue perfeccionando en las constituciones de 1967, 1978 y 1998, y en las reformas constitucionales de las décadas de los ochenta y noventa del Siglo XX. Sin embargo, solo en la Constitución de 2008 se incorporó un régimen de sistémico de garantías y control constitucional.

Se esperaba que el garantismo en lo político pusiera límites al poder y umbrales tangibles a la realización de los derechos; en lo jurídico, potenciar a los jueces en la resolución de los conflictos sociales; y, en lo social que el espectro de participación en la política pública aumentara. A pesar de esto, este sistema no ha funcionado como se esperaba. Se perdió entre la burocratización, la intervención política de los gobiernos de turno, las corporaciones y grupos de poder, y la cultura jurídica de los jueces. Un balance general es que favoreció al Estado, grupos económicos y políticos.

No se entendió que este sistema estaba dirigido a quienes se encontraban en desigualdad histórica y social, que debería ser la tribuna de los excluidos. La mayoría de los conflictos resueltos en la jurisdicción constitucional tienen que ver con los grandes temas de la política, los intereses del Estado y los grupos económicos y políticos; y, no se tomaron en cuenta los intereses cotidianos de la gente ni los grandes conflictos sociales. Una Corte que tuvo más éxito en este ámbito fue la de Colombia en el período 1994-1998, pues resolvió cuestiones como el acceso a la salud de los enfermos de SIDA, los roces entre justicia indígena y ordinaria, el respeto del derecho de los niños a llevar el pelo largo -libre expresión de la personalidad- en los colegios privados, la situación de los desplazados por la guerra interna; y, el acceso a la educación de las adolescentes embarazadas.

Defender a los débiles desde la perspectiva garantista-constitucional es para la defensa pública, no solo una forma de aportar a disminuir la inequidad, sino una forma de elevar el umbral de protección. Quiero explicar con un ejemplo como sucede esto.

Supongamos que se judicializa el caso de una mujer que mató a su hijo menor de edad. Los medios de comunicación la presentan como una “madre desalmada”, las iglesias guardan un silencio cómplice y ruegan por su alma. Paralelamente, a los jueces les incomoda el caso y eso se nota en la actuación de las pruebas y en la celeridad de algunos actos procesales. Por su parte, los familiares y la comunidad donde vivía la procesada claman una pena cruenta y ejemplar bajo la frase vacía de “no a la impunidad”. Frente a esto, tenemos a una menor de edad víctima de una violación, a quien varios organismos de sociedad civil y la televisión la tienen como una especie de heroína de causas de las que ni siquiera ella es consciente; por su parte, los jueces sienten la presión de la jerarquía judicial, los políticos y toda la comunidad.

En el ejemplo planteado, sucede que a la mujer infanticida nadie la quiere defender. Ni todo el dinero garantiza vencer el pudor de un abogado para patrocinar sus intereses. Al contrario, la segunda es una víctima de hechos execrables y monstruosos y cualquier abogado quiere tomar este caso para ganar prestigio.

La defensa pública debe dar atención a ambos casos con prioridad en el primero. ¿Por qué´?, ¿esta actuación es discriminatoria? No lo es. Debe dar prioridad al primero porque está en un mayor nivel de indefensión, pues su caso es socialmente imposible y “políticamente incorrecto”. Sin embargo, tiene posibilidades civilizatorias, pues puede integrar un mayor estándar de protección para las mujeres si se consideran las condiciones de violencia sistemática y la influencia del patriarcalismo que afectaron su decisión sobre la muerte acusada.

Pero no solo eso. Me parece que aumenta el umbral de protección general, pues si eleva el estándar de alguien por quien nadie arriesgaría nada, naturaliza el garantismo respecto por quienes posiblemente demos la vida. Es decir, nos encontramos ante la máxima: “hay que intentar una y otra vez lo imposible, para logra lo posible”. Quiero decir, que existen dos ventajas sociales de la defensa pública de los más débiles: 1) aumenta el potencial de proteger en abstracto a cualquiera, pues todos podemos ser, en determinados casos, víctimas del sistema de justicia; y, 2) naturaliza la realización de los derechos para quienes tenemos mayores oportunidades.

Vale decir, en resumen, la defensa pública de los más débiles, al elevar el umbral de protección para todos, lo hace también con la calidad de la política y la democracia constitucionales.

  1. Contención del poder punitivo y equilibrio procesal

7Uno de los grandes avances jurídico-políticos de la modernidad es que el poder punitivo es de uso exclusivo del Estado. Con esto, se entiende que quedaron atrás los juicios de Dios y las ordalías, los juicios sumarios y secretos de la Inquisición, y los linchamientos. No obstante, eso no borra la realidad de este poder. Tiene el aparato punitivo el potencial de causar dolor en mayor o menor medida. A pesar de que la tendencia desde el Siglo XVIII ha sido de limitarlo y neutralizarlo, en muchas partes del mundo resuelve la muerte o restringe la libertad de sus víctimas.

Por supuesto, el abolicionismo es importante como horizonte político, pero ¿es realista prescindir del control penal? Resulta que aún es necesario. Por esto, la criminología crítica desde el punto de vista del minimalismo penal propone disminuir el uso de esa máquina de sufrimientos que es el poder punitivo. Esto se juntó estructuralmente en el texto constitucional al garantismo ya tratado. Aquello significa que debe aplicarse el poder punitivo excepcionalmente, con el fin de potenciar otras soluciones de reparación –civiles, administrativas o políticas-, y reducir los daños de esta “máquina de moler carne”. También, quiere decir que el poder punitivo no puede servir a los fines morales de la sociedad ni a la eficiencia de la política pública ni a la consecución de legítimas conquistas sociales, pues aquello sería como utilizar un martillo para hornear un pastel.

Es decir, hay que poner diques de contención al poder punitivo para humanizar el proceso penal, democratizar al poder judicial y fortalecer a una sociedad libre de violencia, por lo cual el mensaje político en una botella del texto constitucional es que no se puede solucionar la violencia con más violencia, la muerte con más muerte ni eficiencia judicial sacrificando el debido proceso de los pobres.

De acuerdo a esto, la defensa pública de los más débiles apunta a ser un efectivo instrumento del poder de contención del garantismo constitucional en dos sentidos. Por una parte, reduce los daños en quienes están estructuralmente en desventaja; y, por la otra, se constituye en un medio de autodefensa (entiendo la carga del término, pero no encontré otro para el énfasis que quiero darle a mi argumento en esta parte) de los desposeídos en contra de los poderosos, sea que se encuentren detentado en el Estado o sean los parásitos mafiosos que se benefician del control del mercado –a veces, son los mismos o mantienen fuertes nexos-. En otras palabras, la defensa pública se convierte en un arma importante para apoyar sus luchas sociales.

Además, en el ámbito institucional genera la defensa pública de los más débiles un equilibrio entre los actores del proceso judicial. Aquello no solo aplica a lo penal, sino a todos los tipos de procesos. Imaginemos al administrado reclamando por los daños generados por un tractor del municipio en su casa. Supongamos que el régimen administrativo funciona. Un individuo acompañado de su abogado que le cobra por horas enfrentando al Municipio y su departamento jurídico, al representante de la Procuraduría General del Estado quien adquirió un fuerte espíritu de cuerpo en favor del Estado, a los jueces que reciben presiones para o afectar los recursos del Estado. ¿Qué posibilidades tiene este ciudadano de ganar? Posiblemente, ninguna. La defensa pública, por su carácter gratuito y especializado, puede equilibrar la balanza aumentando las probabilidades de ser escuchado y reparados sus derechos.

Por supuesto, el principio constitucional de igualdad de armas procesales requiere algo más que la simple retórica. Se hace indispensable un política de justicia que otorgue autonomía real, tanto operativa como económica, financiera y laboral e independencia externa e interna a la Defensoría Pública frente a los demás integrantes del poder judicial y a los otros poderes estatales y no estatales.

Contener, en tal caso, el poder punitivo desde la defensa pública no solo es una tarea que se agota en la gestión misional de la Defensoría Pública en los procesos judiciales, sino en la garantía de igualdad real en la actuación. Tampoco se agota en las instituciones, sino en la ampliación del uso social del derecho y la justicia para el acompañamiento de las luchas sociales, y los problemas cotidianos respeto de la discriminación y el abuso del poder.

  1. Conclusiones

8Cuando la gente reclama porque defendemos a “delincuentes”, “homosexuales”, “prostitutas” no se hace sino reafirmar los patrones culturales sobre los que se ha erigido nuestras sociedades latinoamericanas. La iglesia católica nos enseñó el culto a la autoridad, lo cual fue reafirmado por el único modelo de gestión social que conocemos: la hacienda. Por otro lado, militares y policías se posicionaron como los únicos referentes de estabilidad política y progreso económico. Al mismo tiempo, vivimos en la parte del planeta que evidencia la más absurda e inmoral acumulación de capital en pocas manos: empresas transnacionales y propietarios locales se sirven las migajas e inmundicias del capital. Y, por si fuera poco, el punitivismo es la forma medieval que conduce estos patrones hacia los más débiles, culpándolos por el fracaso de los políticos y utilizándolos cada vez que se acercan las elecciones que no hace más que perpetuar el orden de exclusión del que se benefician.

Sin embargo, al tiempo que este modelo cosecha éxitos superfluos y populistas, también recoge miles de muertos y seres humanos que reciben la única política pública que les llegó con eficiencia, la cárcel. Pero, igual, en silencio y de manera sostenida crece la resistencia y la redención social, lo cual genera esperanza respecto del fin de este régimen injusto.

En este contexto, el garantismo constitucional funciona como una propuesta bisagra del proyecto político de la Constitución de 2008, que da sentido viable a su carácter abiertamente civilizatorio, penalmente minimalista, criminológicamente abolicionista, antimperialista, anticapitalista, postcolonial, antipatriarcal, antitraextractivista y de orientación política claramente cercana a las izquierdas latinoamericanas.

Así, la defensa pública no hace más que cumplir, en lo que le corresponde, con este proyecto político, que comporta una verdadera revolución jurídica, mediante una apuesta política por la liberación social y no criminalización de la pobreza, la elevación del umbral de protección constitucional, y la contención del poder punitivo y equilibrio procesal.

La defensa pública, en este sentido, supone algo más que un simple arreglo institucional, es una garantía en sí misma y un instrumento de la transformación social. Somos parte de quienes creen que es posible rescribir la historia, y que las personas y colectivos somos protagonistas de la lucha social por un mundo mejor.

Aquello, al mismo tiempo supone una restructuración del poder. Tradiconalmente, el poder se ha constituido un espacio cerrado a los intereses sociales, y donde solo se han incluido los de las clases dominates. Nuestra Constitución es nuestro proyecto político de transformación social, y en ella se busca que el poder sea de las personas y colectivos y el Estado un instrumento para la justicia social. En esta perspectiva, la justicia se convierte en una tribuna para los pobres. La Defensoría Pública está para acompañar sus luchas.

Dr. Ernesto Pazmiño Granizo

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3 comments

  1. Max
    Reply

    Saludos Dr. Sin duda los tres niveles de criminalización se aplica plenamente a las personas que se les aplica prisión preventiva en delitos flagrantes de drogas y no otras medidas cautelares.. excelente artículo …

  2. Roberto carlos romero di lorenzo
    Reply

    Jefe fundamental argumentación jurídica en este estado constitucional de derechos y justicia … Como dijo el Doctor Jorge Zavala Egas, en su libro breves comentarios a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional… Que la mayoría de los jueces son trasnochados jurídicos y jueces de alfombra. O como dijo el Doctor Ramiro García Falconi … En Ecuador existe un estupro constitucional …. O como digo yo, jamás habrá justicia ( ordinaria, constitucional e indígena) en una sociedad ( mundo entero) por tener nuestra naturaleza injusta. Atte., Su amigo, como usted mismo lo dijo DEFENSOR PÚBLICO DE BABAHOYO ROBERTO CARLOS ROMERO DI LORENZO.
    Gracias por incentivarnos a ser cada día menos abogados.

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