Hay urgencia por encontrar una respuesta al fenómeno de la migración

Hay urgencia por encontrar una respuesta al fenómeno de la migración

febrero 25, 2016
in Category: Perspectivas
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Hay urgencia por encontrar una respuesta al fenómeno de la migración

En las redes sociales circuló en estos días –penosos y grises para ellos y sus familias- un grafiti que decía así: “el que nos roba es de aquí y rico, no inmigrante y pobre”. Es un desesperado anuncio escrito en alguna pared de alguna ciudad de algún país, para hacer notar que los inmigrantes no son nuestros enemigos, no son los que atentan contra nuestra seguridad y no son de los que debemos cuidarnos.

Excepciones existen y no vamos a minimizar los hechos. Pero exactamente para eso están los códigos penales de los países, para juzgar a quienes cometan alguna infracción, y esto debería bastar. Sin embargo, desde los grupos de presión y desde los estados, se inocula en la sociedad el miedo como trampa esquizoide para justificar sus propias incompetencias. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal se expidió y entró en vigencia plena en agosto de 2014 para “normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas” (Art. 1. Finalidad). Lo que sucede es que nos hemos acostumbrado a repetir “lugares comunes” con una facilidad que asombra. No es un prerrequisito inherente a los ciudadanos en general hacer un esfuerzo por librarse de este mal, pero sí lo es para los funcionarios del Estado, especialmente –rigurosamente, diríamos- para aquellos que cumplen labores administrativas, de cuya decisión depende prácticamente la vida de las personas y de sus familias.

Por ejemplo: el funcionario de la oficina de migración de un aeropuerto internacional, cumpliendo las normas respectivas, debería estar preparado para analizar los contextos a la hora de decidir sobre la admisión o inadmisión de una persona. Cuando existe una especie de automatismo en el cumplimento de las labores, de superficialidad y las más de las veces de ligereza, pasan casos como el que me permito narrar:

Un ciudadano de nacionalidad eritrea arribó al aeropuerto internacional de la ciudad de Quito, explicando a los funcionarios que buscaba refugio y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas le otorgó este estatus. La Defensoría Pública fue informada de este hecho por funcionarios de ACNUR e iniciamos los trámites pertinentes para brindar asesoría y asistencia legal de ser necesario, solicitando a las autoridades de Migración los permisos para entrevistarnos con dicho ciudadano, quien se encontraba retenido en la denominada “zona estéril” del aeropuerto internacional.  Los funcionarios de Migración no atendieron el pedido e impidieron que defensores públicos se entrevisten con el mencionado ciudadano. Mientras hacíamos gestiones para lograr la entrevista, pudimos conocer que el ciudadano eritreo lamentablemente fue devuelto. Horas después y cuando el avión hizo escala en Lima, el ciudadano eritreo pudo ingresar al país vecino, que sí cumplió con el principio internacional de no devolución de refugiados o solicitantes de refugio.

Este es un episodio más entre muchos otros, que desconocemos porque suceden en compartimentos que no dejan de mantenerse inaccesibles y por qué no decirlo, poco transparentes. Lo que sucede en las “zonas estériles” de los aeropuertos internacionales es un misterio y creemos que la situación debe cambiar en varios sentidos, especialmente porque detrás de esta inaccesibilidad se oculta una cultura autoritaria contra la población, que en estos lugares muchas veces sufren trato cruel, inhumano y degradante, encontrándose además en absoluta indefensión.

Pero si esto sucede con las personas que tienen un estatus de refugiados o solicitantes de refugio, imaginemos por un momento lo que pasa con las miles de familias que se han visto obligadas a dejar su país, como producto de los conflictos armados, los desastres ambientales, las tragedias económicas y demás circunstancias parecidas. Imaginemos lo que está sucediendo en este mismo momento con las niñas y niños no acompañados, que atraviesan prácticamente la mitad del continente en busca de sus padres, que además viven indocumentados en Estados Unidos. En fin, imaginemos los padecimientos que sufren los seres humanos en todo el mundo, cuando dejándolo todo, intentan recomponer sus vidas en países donde la palabra “ajenos” e “inadmitidos” cobra un doloroso sentido.

25Pobreza y riqueza: una dualidad que rima con migración y globalización

Pobreza y migración se explican (en parte) por el desplazamiento de mano de obra barata hacia los centros económicos mundiales, en condiciones de ilegalidad; riqueza y globalización se explican (en parte) por el libre movimiento de los capitales, en condiciones de legalidad. Esta paradoja, cierta por todos los costados, se ha mimetizado tanto que lejos de provocar el escándalo y la indignación, no conmueve porque ha pasado a formar parte del paisaje.

Por eso mismo, se hace imprescindible llamar la atención de la población, pero especialmente de los actores de política pública, en particular los que tienen que ver con la administración de justicia, porque “simplemente no podemos aceptar que la mitad más pobre de la población mundial posea la misma riqueza que un puñado de personas ricas que cabrían sin problemas en un autobús”, tal como resumió Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, el informe que esta organización presentó en la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2016.

Bajo el título: “Una economía al servicio del 1%”, el informe hace un llamado para que los países ricos tomen medidas urgentes para disminuir la crisis de desigualdad extrema, que pone en peligro los avances logrados en los últimos 25 años en la lucha contra la pobreza.

Isabel Ortiz y Matthew Cummins, en un estudio de UNICEF, bajo el título “Desigualdad global: la distribución del ingreso en 141 países, 2012”, alerta sobre  las enormes asimetrías en la distribución del ingreso, pues “vivimos en un planeta donde, en su conjunto, el quintil más rico de la población disfruta de más del 70 % del ingreso total en comparación con un exiguo 2 % para el quintil más pobre (83 contra un 1 % bajo tipo de cambio del mercado). Vivimos también en un mundo en el que más de ocho millones de niños pequeños mueren cada año (unos 22,000 al día), y la mayoría de sus muertes son prevenibles” (UNICEF 2011:84).

Y precisamente la pobreza es uno de los principales factores de expulsión de personas en el mundo.  De acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 2015 se estimó en 244 millones de personas las que viven fuera de sus países de origen, lo que representa un incremento del 41% con respecto al año 2000 (ONU, 12 de enero 2016). La cifra incluye a 20 millones de refugiados, es decir, personas que se autodefinen como migrantes forzados a abandonar sus países, porque son perseguidos por sus creencias, razas, conflictos armados, desastres naturales, y porque sus tierras no les aseguran la subsistencia, tal como se define el concepto ampliado de refugio, que fue establecido en 1951 en la Convención sobre el estatuto de refugiado de las Naciones Unidas.

La ONU informa que más del 65 % de los migrantes viven en apenas 20 países y que Estados Unidos es el que tiene el mayor número de habitantes extranjeros. Le siguen Alemania, Rusia y Arabia Saudita. En contraste, India figura como el país con la mayor diáspora (16 millones de personas), seguido de México que registra 12 millones de personas viviendo fuera de su territorio nacional.

Naciones Unidas alerta sobre la urgencia por encontrar una respuesta mundial al fenómeno de la migración y el refugio, teniendo prevista una reunión de alto nivel para tratar el tema el 19 de septiembre próximo en la sede de la ONU. Por los datos y por los escandalosos acontecimientos sucedidos en todo el mundo, particularmente en la frontera este de Europa, el 2016 se ha convertido de facto en el año de las migraciones y el refugio. No podemos permitir que este fenómeno, doloroso y de intrincados tejidos, se convierta en parte de la cotidianidad, de la normalidad, de la costumbre.

Recurramos al estudio de María de Lourdes Salas Luévano (Migración y feminización de la población rural en México. 2000-2005), para quien “la relación entre migración y globalización ha sido parte constitutiva del proceso de modernización y ha desempeñado un papel central en el despliegue y desarrollo del capitalismo moderno”.

Esto significa que en el fondo existe una doble moral, porque, por un lado, las migraciones fueron un fenómeno que facilitó la oferta, movilización y provisión constante de mano de obra barata y especializada; mientras que por otro lado se impusieron controles severos e irracionales en las fronteras, lo cual históricamente se ha demostrado como un fracaso rotundo, pues lejos de asegurar condiciones dignas de los migrantes, facilita su pauperización hasta niveles de esclavitud en pleno siglo XXI, pues a pesar de que la esclavitud fue abolida en el siglo XIX, en la actualidad ha adquirido formas de existencia especialmente en lugares de producción bajo maquila. Según el índice de Walk Free Foudation, ahora mismo existen 29,8 millones de personas en el mundo en condiciones de esclavitud. Es decir, personas que se convierten en trabajadores de servidumbre, cuando aceptaron “un préstamo que apenas alcanza para cubrir el costo de los medicamentos para un niño enfermo”.

El estudio citado afirma que el poder económico y político ha tenido no se sabe bien si el cuidado o el cinismo de asimilar la migración indocumentada, que en la dimensión laboral se traduce en prácticas de esclavismo, precarización y explotación. Además, se promocionan programas de “trabajadores huéspedes” en los países industrializados, sistemas de selectividad migratoria, captación de estudiantes y recursos humanos calificados en sectores clave de las economías desarrolladas, tal como describe CEPAL.

Salas subraya los factores de las “desigualdades básicas del orden global”, sintetizadas en tres aspectos: 1) la altísima concentración del capital y de la generación de tecnología en los países desarrollados; 2) la mayor vulnerabilidad macroeconómica de los países en desarrollo; y, 3) el contraste entre la elevada movilidad del capital a nivel mundial y la restricción al libre movimiento de la mano de obra, en especial, la menos calificada. En resumen, no se puede desdeñar en una sociedad globalizada, los factores fundamentales que ocasionan la migración y el refugio, deben ser los fundamentos para el diseño de políticas públicas acordes a dicha realidad. Caso contrario, tendremos ciertas estructuras autoritarias basadas en la tecnocracia, que en su funcionamiento y operación no difieren de las dictaduras, tal como opina Martín Hopenhayn.

26Avances de las políticas migratorias

A veces parece repetitivo y con escasos efectos prácticos, indicar los avances logrados en la legislación internacional y en los cuerpos legales nacionales, pues ante las oleadas migratorias, cuyas causas las más de las veces se originan en los mismos países receptores (los acontecimientos en Siria son un vívido ejemplo), todos ellos adoptan reacciones defensivas que echan al traste cualquier innovación y avance.

En América Latina, una región que es al mismo tiempo emisora, zona de tránsito y  receptora de migrantes, en los últimos 15 años se lograron avances en las legislaciones, algunos de los cuales, como en el caso ecuatoriano, con rango constitucional. Existieron condiciones sociales y políticas para legislar con una visión profundamente inclusiva y de derechos humanos; es decir, en nuestro caso porque sufrimos en carne propia la diáspora de cientos de miles de ecuatorianos a Estados Unidos y Europa.

Por estas mismas razones, los avances logrados tienen que profundizarse y llamamos la atención de todos los actores, para aunar esfuerzos –en el marco de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas estamos trabajando para ello- con los mismos propósitos de promover defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas,  apátridas y víctimas de tráfico.

Existe una variopinta legislación que varía de país a país en América Latina y El Caribe, aunque se podría afirmar la existencia de una corriente propicia para legislar con un enfoque de derechos humanos. Algunos estudios, como el realizado por Pablo Ceriani (Políticas migratorias y derechos humanos en América Latina y El Caribe: luces y sombras de una región en transición) identifican al mismo tiempo, una suerte de corriente progresista en la región, donde “Leyes, prácticas, discursos han incorporado diversas normas, principios y estándares de derechos humanos”; y al mismo tiempo se pronuncian con un sentido crítico respecto de las políticas restrictivas adoptadas por países de otras regiones.

Estamos de acuerdo con este análisis y si hacemos una revisión de los postulados progresistas suscritos por varios países, destacan los avances normativos con rango constitucional, operados principalmente en Ecuador, que acuñaron los conceptos de “ciudadanía universal” y del progresivo fin de la condición de extranjero como un soplo refrescante de ideas que convergen en la necesidad de garantizar en todo el planeta la libre circulación de las personas, tal como desde el mercado se promueve la libre circulación de capitales.

Constituyen un gran avance en derechos las legislaciones de Argentina, Bolivia y Uruguay, que han plasmado el reconocimiento del derecho humano a migrar. También destaca una conciencia cada vez más generalizada para evitar la criminalización de la población por razones migratorias en América Latina, que no es sino un rezago heredado por las dictaduras militares y sus doctrinas arcaicas de seguridad nacional.

Lo propio sucede con el principio constitucional de igualdad de derechos sociales entre nacionales y extranjeros, acuerdos bilaterales de regularización migratoria y tal como reflexiona Ceriani, en ese marco es notorio el esfuerzo de algunos países por adoptar “medidas alternativas a la detención y el reconocimiento de garantías de debido proceso ante la deportación y la privación de la libertad, (que) representa un cambio verdaderamente significativo”.

En el ámbito legislativo, son gravitantes las reformas legales en temas migratorios realizadas en Argentina (2004), Uruguay (2008), Bolivia (2013), Costa Rica (2010), México (2011), Nicaragua (2011), Panamá (2008). En todos existe una tendencia a explicitar y garantizar un claro enfoque de derechos humanos, particularmente en los tres primeros; sin embargo, en los países restantes estos cambios legales se realizaron con contenidos contradictorios, por ejemplo los mecanismos de detención por condiciones migratorias y procesos de deportación, que generalmente están inspirados en un enfoque securitista y sobre todo restrictivo de derechos por condición migratoria, lo que a su vez se constituye en un desconocimiento de facto de acuerdos internacionales fundamentales, como el acuerdo de no devolución de solicitantes de refugio.

Aun así, en el balance tenemos un camino positivo como región y creemos que así como se coloca en un rango de beneficios a aquellos países que garantizan la libre circulación de capitales, debería existir un organismo mundial que identifique un ranking de países que cumplen con la libre circulación de las personas, independientemente de su condición migratoria. Entonces, estaríamos quizá en la capacidad de medir el grado de “mestizaje poscolonial” del mundo, como una utopía de diálogo enriquecedor de culturas, tal como piensa Boaventura de Souza Santos.

En el ranking imaginario que indicamos, podemos afirmar que América Latina se encuentra en la vanguardia, con un orden jurídico que busca “la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales y de la diversidad cultural”, como afirma Gonzalo Aguilar Cavallo (Surgimiento de un derecho americano de los derechos humanos en América Latina, Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México.)

En América del Sur se ha avanzado de manera sostenida en la adopción de medidas prácticas para evitar que los ciudadanos de los países miembros sean criminalizados por su condición migratoria y se dispuso la obligación de los estados de otorgar la “Visa Mercosur” a cualquier persona de los estados parte que lo solicitare.

También son importantes los eventos regionales realizados para abordar el fenómeno migratorio desde una variedad de enfoques y temáticas, ya sea para tratar los asuntos relacionados con el refugio, el fenómeno de la trata y tráfico de personas, los menores no acompañados, los retornados, la sustitución de la prisión por condiciones migratorias, la no criminalización de la migración, entre tantos otros capítulos.

En enero de 2016 se realizó en Quito la IV Cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), donde suscribieron la declaración especial 9: “sobre la protección de Migrantes en la América Latina y el Caribe”,  con seis compromisos, entre ellos el exhorto a la comunidad internacional a “garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes de acuerdo a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en toda la normativa internacional de los Derechos Humanos y migratoria”; el llamado a “promover que las personas migrantes sean informadas de todos los procesos en los que estén involucrados en los países de tránsito y destino, incluyendo las opciones de las que puedan beneficiarse como garantía para la protección de sus derechos humanos”; así como la importancia de “realizar actividades de formación que eduquen y sensibilicen a los funcionarios públicos de los países de origen, tránsito y destino, sobre las migraciones internacionales y la visión de la región en cuanto a la garantía de los derechos humanos de los migrantes”.  La declaración final asume el compromiso de “fortalecer el vínculo positivo entre migración, desarrollo y derechos humanos”, a través del intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de proyectos concretos.

Pero así como la cumbre plantea con claridad la defensa de los derechos humanos de los migrantes, también anota el interés porque se realicen esfuerzos en “examinar y adoptar medidas para enfrentar los flujos migratorios irregulares, inseguros y desordenados para lucrar con los migrantes, poniendo en peligro su vida, integridad y dignidad y enfrentar conjuntamente este flagelo, respetando el ordenamiento jurídico de cada país y el derecho internacional”.

El 13 de noviembre de 2015 se realizó en Quito el Segundo Foro de Alcaldes sobre Movilidad, Migración y Desarrollo, donde se acordó la implementación de 11 acciones específicas, entre otras la apertura de facilidades para el acceso a la salud, educación, protección, con la instalación de una mesa permanente de movilidad, así como la creación de un hogar de protección de víctimas de trata de personas.

27Desafíos de la legislación y la cultura

Pensando en una dimensión regional, la cara positiva del proceso se podría sintetizar en tres aspectos principales: (1) tenemos constituciones de raigambre garantista de derechos; (2) contamos con reformas legales importantes en algunos países, como los casos de Argentina, Bolivia y Uruguay, que garantizan derechos para la población migrante; (3) se encuentran en curso procesos legislativos para la creación de nuevas leyes migratorias que –en teoría- buscan actualizar las normas legales a los nuevos marcos constitucionales y archivar por fin leyes concebidas bajo la doctrina de la seguridad nacional, como el caso de Ecuador, que se encuentra tramitando una nueva ley de movilidad humana.

En el lado oscuro de la luna, existen países que sancionaron o reformaron leyes que privilegiaron el control, la regulación de procedimientos y los trámites burocráticos, sin pensar en las personas y en sus derechos. Lo cual significa que en corto tiempo simplemente olvidamos las condiciones migratorias de miles de latinoamericanos que tuvieron que abandonar sus países en condiciones precarias y que lo siguen haciendo, para enfrentarse a legislaciones caracterizadas por la dureza y muchas veces por la crueldad; es decir, se corre el riesgo de que todos los avances logrados en la materialización de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, se vean sometidos a acciones restrictivas y claramente regresivas.

Pensamos que al contrario, se deberían aunar esfuerzos regionales para al menos tres acciones indispensables: primero, alertar a los actores que toman decisiones sobre los peligros que conllevan decisiones restrictivas de derechos, que ocasionan una precarización de la vida de miles de personas, a quienes se les somete a regímenes administrativos o incluso penales excesivos, solo por su condición migratoria.

Segundo, activar iniciativas de cooperación y diálogo para brindar patrocinio y asistencia legal a la población latinoamericana en cualquiera de nuestros países, en tanto existen condiciones culturales propicias para mirar este fenómeno con otros ojos, con una sensibilidad distinta caracterizada por la solidaridad y la búsqueda de la justicia.

Tercero, trabajar al interior de nuestros países articulando una amplia red de coordinación pública y de la sociedad civil, para realizar esfuerzos simultáneos de atención a casos, de incidencia para garantizar leyes coherentes con los avances logrados y la protección de los derechos de las personas en movilidad, así como hacer visibles los grados de cumplimiento de los principios y acuerdos internacionales en esta materia.

Cuarto, en la medida en que existen factores estructurales de la migración, que se relacionan con la pobreza, las exclusiones históricas, las crisis económicas cíclicas de la región, el desempleo, entre otros factores, lo que menos deben hacer nuestros países es agravar la situación de esta población que se cuenta por miles.

Marlo Brito

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