Antipolítica de justicia para los indígenas: una interpretación al sistema

Antipolítica de justicia para los indígenas: una interpretación al sistema

febrero 25, 2016
in Category: Interculturalidad
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Antipolítica de justicia para los indígenas: una interpretación al sistema

Gran parte de la literatura en ciencia política de la Región se refiere al populismo. De hecho, uno de los padres de esta corriente es un argentino ya fallecido: Ernesto Laclau. No voy a analizar su obra que tiene mucho de fecunda y creativa, sino el concepto plano y hasta de sentido común que se ha construido en la opinión pública del “populismo”. Esta categoría analítica se nos ha vendido desde el norte como un mote apropiado para lo que ellos consideran distinto a sus racionales sistemas políticos. Algo tienen en común, en este sentido, el “populismo” y lo que Chomsky critica del término políticamente correcto de “Estados forajidos”, tan popular en los discursos políticos y académicos de los Estados Unidos. Limpiemos de paja y basura este concepto.

Primero: el populismo no es un fenómeno nuevo y tiene un origen distinto y remoto en la antigua Grecia, y uno más próximo en la segunda mitad del siglo XIX en Rusia. Recordemos que, con otras palabras, las élites denostaban de palabras que hoy tienen otro sentido. Así, la democracia para Aristóteles era el gobierno de la chusma y de la anarquía total, era una política imposible, un vicio intolerable. En Rusia fue una corriente nacionalista que buscaba posicionar los valores nacional-populares ante el proceso de europeización empezado por Pedro El Grande desde 1812, y el abuso transilvano de los zares y terratenientes boyardos. Aquello llevó, incluso, al magnicidio de Alejandro II en 1881 y, en alguna medida, a la ejecución de los Romanóv durante la revolución bolchevique en 1918. No obstante, durante la década de los ochenta se inoculó el “populismo” como una novedad para el análisis que se usa libremente en la política y academia latinoamericana desde entonces. Sin embargo, la matriz de contención de los pobres para despojarlos de la política y controlarlos, propios del más rancio pensamiento utilitarista quedó desde entonces disfrazado.

Segundo: los elementos del populismo no son exclusivos de nuestra América ni de los países periféricos. Veamos algunos de ellos. (1) El rechazo a la política formal y los políticos. Decíamos en Ecuador “que se vayan todos”, también estaba en las protestas en España de donde surgió el movimiento Podemos, y tuvo eco, de cierta forma, en la llamada “Primavera Árabe”. (2) Contacto directo del líder con sus electores para la campaña y sin intermediación de las instituciones. La campaña de Barack Obama incorporó una estrategia en redes sociales para relacionar al candidato con los intereses sociales y cooptar dinero. (3) Finalmente, gobierno por fuera de las instituciones e incluso en contra de ellas. ¿Fue realmente institucional la elección a puertas cerradas de Bush II en perjuicio de Al Gore por la Corte Suprema? Berlusconi fue destituido por sus escándalos sexuales con una solución que se parece mucho a nuestras folclóricas formas políticas. La impunidad política del Clinton affaire tampoco dista mucho de nosotros. ¿Y qué decir de la mugre política de los gobiernos del primer mundo y sus transnacionales puesta en evidencia por los wikileaks? Así, todo aquello que resultara por fuera de las instituciones era “populismo” y cualquier líder político no alineado fue caricaturizado como “mesiánico”, “caudillo”, “patriarca” o incluido en alguno de los “ismos” (fidelismo, peronismo, velasquismo, roldosismo, bucaramismo, gutierrismo, correísmo y un enorme etcétera).

Y, tercero: en algunos casos, el denominado “populismo” ha servido para tildar a algunos gobiernos reaccionarios a los intereses del imperio y socialmente reformistas. Sin embargo, a pesar de que algunos de nuestros líderes realmente hacían alarde de histrionismo casi siquiátrico y chabacanería vulgar y circense, no hay que desconocer que, de todas maneras, aquello significó el populismo como el acceso de los pobres y sus agendas a la política pública. Al mismo tiempo, aquello propició la puesta en escena del sentido común en el discurso de los políticos. Los pobres se vieron representados por primera vez en las formas y maneras de nuestros gobernantes comiendo con las manos, cantando y bailando en una tarima. Fue tan efectivo el efecto producido que logró lo que las izquierdas latinoamericanas (excepto en Cuba) no lograron en más de cien años: la polarización entre pobres y ricos, entre élites y pueblo llano (clivaje de clase). Por supuesto, este efecto no fue sostenido y se perdió entre la falta de programas políticos y el personalismo de la gestión de gobierno.

En definitiva, el populismo se presentó en nuestra Región como una “antipolítica”, vale decir como una negación de la política formal. Se promocionó el populismo en nuestra Región como un proyecto imposible, vaciado de contenido, folklórico y prepotente. Pero se escondió su potencia popular y de movilización social, su contestación al poder desde el sentimiento del pueblo, y su cualidad de integrar los intereses de los más pobres a la política pública.

21Uno de los temas que fue degradado desde esta perspectiva fue la agenda de los pueblos indígenas en la Región, en la década de los noventa. Los medios de comunicación construyeron el ideal del salvaje e incivilizado para oponerse a las reformas sociales impulsadas por el Movimiento Indígena. Con ello, disimuladamente, apoyaron el racismo y la exclusión. Y algunos políticos se opusieron a sus propuestas llamándolas “separatismo”, “racismo indígena”, “autonomismo”, “sectarismo”. Afortunadamente, para los procesos constituyentes de 1997 y 2007, el Movimiento Indígena se había convertido en un actor político relevante y con la suficiente fuerza para proyectarse e imponerse. Es decir, en los términos de la transformación social operó el modelo hegeliano clásico: la negación de la negación produjo una afirmación. Veamos, el orden racista heredado del modelo colonial español era la negación de lo indígena; la negación de ese orden se dio con la lucha de los colectivos indígenas y los cambios institucionales a su favor en la década de los noventa. Aquello afirmó la naturaleza autónoma de los indígenas y sus derechos colectivos.

Pero el modelo hegeliano de la historia y el cambio social, cuyo motor es el reconocimiento y en que en Marx es la revolución proletaria, explica la transformación progresista. No obstante, ¿es posible que la dialéctica no opere en sentido afirmativo? Esta posibilidad ya fue postulada a nivel del materialismo histórico por Theodor Adorno. Es decir, la negación de la negación mantiene la negación (una nueva o la misma). De esta manera, él planteó algo que en su momento era impensable, pero que hoy puede verificarse en varios casos: el fracaso de las revoluciones y el cambio social progresista. Un ejemplo es la fractura del modelo soviético en la década de los noventa. Esta tesis rompía el carácter utópico del proyecto socialista, pero no renegaba de él.

Walter Benjamin, más allá de la dialéctica, criticaba el ideal de progreso del modelo hegeliano que había sido integrado al materialismo dialéctico del marxismo clásico.

Ambas tesis analizadas se proponían a nivel estructural, no obstante, ¿es posible aplicarlas a nivel de agencia política? Justamente, es lo que quiero comentar en este trabajo. El manejo del dispositivo ideológico “populismo” en lo indígena fue negado por la movilización social, lo cual resultó en la afirmación del sujeto colectivo indígena. En un nivel estructural, sin embargo, se mantiene el orden de exclusión y racismo ahora disfrazado de otras formas políticas y sociales. Pero en el discurso ocurre, sin duda, una afirmación positiva de lo indígena.

No obstante, a nivel del rol político de los actores políticos (agencia política), existe una manipulación de lo indígena generando un resultado negativo en el discurso, lo cual moviliza para negar las conquistas sociales de los colectivos indígenas. El disfraz de esta negación es “modernidad”, “civilización” y “derechos humanos”. Ocurre, entonces, la “antipolítica” de la “antipolítica”. Es decir, se niega el discurso del indigenismo populista del orden racista con la antipolítica reaccionaria que lo niega, pero que aparece justificado por otros dispositivos ideológicos.

Por supuesto, esto no es exclusivo de la política indigenista del Estado, sino también en otras políticas del Poder Judicial. Por ejemplo, en la política penal: se propone una reforma penal populista (aumento de penas y delitos, criminalización de delitos contra la autoridad, etc.), que se niega manipulativamente por significantes vacíos tales como “seguridad ciudadana”, “eficiencia” e “impunidad”. De esta manera, todo lo que se le opone a ese proyecto populista, aparece curiosamente como “populista”. Este giro dialéctico-manipulativo resta legitimidad social a todo proyecto opuesto. Así, algunas autoridades judiciales llaman a lo opuesto como “populista” o lo nomina con palabras semejantes: “demagógico”, “inviable”, “paternalista”, entre otras. Así, cuando se discutía el populista Código Orgánico Integral Penal (COIP), se denostaba desde el poder a todo lo opuesto como populista.

Lo realmente grave de esta forma de actuación del poder es que funciona como un modelo ideológico de la política de justicia. En este trabajo vamos a ver cómo ha funcionado respecto de la política de justicia para indígenas.

22Contrarreforma de la política de justicia para indígenas

Lo que voy a analizar hay que ubicarlo en el vaciamiento de la política estatal para indígenas donde opera el modelo de negación manipulada ya argumentado. Así, funciona en el vaciamiento general de lo indígena desde el poder. Podemos solo nombrar unos casos: desmantelamiento de la educación intercultural bilingüe (ae dijo que era un privilegio para la dirigencia indígena y, por tanto, ineficiente); eliminación disimulada de cuotas indígenas en los organismos del Estado (se diría que existe un régimen meritocrático y sin diferencias); e intervención de las organizaciones indígenas (necesidad de registrar por seguridad jurídica y hay que despolitizar). La política de justicia la entiendo como una política general de todo lo jurisdiccional y no exclusivamente del poder judicial. Las estructuras de esta política están en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Así, en la política de justicia, la contrarreforma política ocurre en tres ejes:

1) Política de justicia intercultural. Esta política está descrita en los artículos 57.9.10, 76.7.i y 171 de la Constitución, y 346 del Código Orgánico de la Función Judicial. Particularmente, esta última disposición establece la directriz política de “promoción de la justicia intercultural”. Y contiene tres estrategias políticas: 1) crear mecanismos eficientes para la coordinación y cooperación entre la justicia indígena y ordinaria; 2) capacitación para servidores de la justicia en donde existe población indígena respecto de su cultura, organización y derecho propio; y, 3) prohibición de control respecto de la jurisdicción indígena por parte del Consejo de la Judicatura.

Dentro de las políticas de justicia implementadas por el Consejo de la Judicatura no se contemplan las anteriormente mencionadas. Varios cursos –algunos vía online- sobre aspectos relacionados con la justicia intercultural se han impartido desde 2006. A partir de entonces, para referirse a la justicia indígena, varias autoridades del sistema de justicia han utilizado términos como “respetar los derechos humanos”, “manejo ilegal y antijurídico”, “¿los casos de delitos sexuales son materia de un conflicto interno, o por el contrario atañen a la potestad estatal de administrar justicia?”, “está siendo desmentido en la práctica”, “eso es una tortura”, “la justicia indígena tendría que acomodarse y ser respetuosos”, para disminuir en la opinión pública el valor constitucional otorgado en Montecristi a los sistemas de justicia indígena. Con ello, se transforma a la política de promoción de la justicia intercultural en antipolítica, por lo tanto, sin posibilidades de realización en la política de justicia.

Entendida simuladamente la interculturalidad como “populista”, la respuesta fue la intervención. Así, se anunciaron sanciones para jueces que declinen en favor de la justicia indígena en delitos considerados por el Consejo de la Judicatura como graves, particularmente violación y muerte. Aquello sucedió el 28 de mayo de 2013 en el marco del planteamiento a la Asamblea Nacional de reformas a la justicia indígena. Entonces, se elevó un mandato expreso a todo el sistema de justicia de no declinar la competencia, al menos en los delitos considerados graves. Es decir, la respuesta fue, igualmente, populista. Peligrosidad, escándalo social, tutela de bienes jurídicos esenciales, fueron conceptos tomados del más rancio positivismo premoderno.

2) Debido proceso intercultural. Además de las normas citadas, esta directriz política se encuentra desarrollada en el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial, “principios de la justicia intercultural”. Los principios de los literales “a” al “d” (junto con la declinación de competencia del artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial) pretendían construir un mandato para los servidores del sistema estatal de justicia para fortalecer el poder de contención y asegurar así la autonomía de los sistemas de justicia indígena desarrollada en el artículo 171 de la Constitución. Y el último literal “e” consistía en un principio para la relación intercultural de entre los sistemas de justicia indígena y el estatal. Al mismo tiempo, en lo concreto, significaban directrices de la política de justicia, y de obligatorio cumplimiento para el tratamiento de personas y colectivos indígenas en los procesos judiciales del sistema de justicia estatal.

A pesar de esto, el Estado no ha implementado una política de justicia focalizada, tanto en la abstención/declinación del sistema de justicia como en la promoción de la interpretación intercultural. Por cierto, no es suficiente para esta última condición la cita de los peritajes antropológicos, normas de los instrumentos internacionales o la integración de determinados elementos sociológicos en las sentencias. Va más allá: integración material a la motivación de los actos procesales de las formas de entendimiento cultural de los colectivos indígenas, mecanismos de diálogo intercultural y políticas de promoción del funcionamiento de los sistemas de justicia indígena. Esto último resulta de suprema importancia, puesto que, normalmente, estos sistemas no funcionan mediante formas institucionales, por lo cual no incluye personas y recursos de manera permanente para la resolución de sus conflictos jurídicos.

Un caso que puede ilustrar el vaciamiento de la política de justicia respecto de lo indígena es el de la población shuar en la provincia de Morona Santiago. En la actualidad, de acuerdo a información de la Defensoría Provincial, en el Centro de Rehabilitación Social están sentenciados 217 privados de la libertad, de los cuales 117 son de la nacionalidad Shuar (53,9%). De estos, 44 están sentenciados por delito de violación (37,6%). Los números anotados denotan, sin duda, la necesidad de investigar y dar una respuesta judicial adecuada. No obstante, la única respuesta ha sido la aplicación del poder punitivo, sin que se intente realizar una interpretación intercultural de lo ocurrido. Quedan, además, algunas dudas respecto del debido proceso intercultural, es decir la aplicación de normas de carácter especializado para la población indígena en el proceso judicial. ¿Se utilizaron traductores lingüísticos y culturales?, ¿se aseguró la participación de peritajes antropológicos?, ¿se garantizó que estos peritajes sean independientes e idóneos (realizado por varios profesionales)?, ¿existe un debido análisis de las pruebas materiales o solo se aplicó el parte policial y el testimonio de las víctimas?, ¿se realizó una interpretación intercultural o simplemente se les aplicó las penas del ordenamiento jurídico mestizo?, ¿existieron pedidos de declinación de competencia, los cuales se negaron o aceptaron? Posiblemente, la plena evidencia de los números escandalizó a las autoridades que solicitaban que se limitara la competencia de los sistemas de justicia indígena.

La sola aplicación del poder punitivo denota una visión reduccionista de una problemática social más compleja, y que debería provocar una actuación integral del Estado, pues lo contrario sería suponer que existen personas que natural o culturalmente están predispuestas para la comisión de determinados delitos. No existen diagnósticos ni evidencia científica, ni mucho menos un plan estratégico para una política pública que dé una respuesta integral e intercultural a esta problemática. En otras palabras, existiría únicamente una consecuencia populista a la antipolítica social representada en lo indígena. Social y políticamente, esto promueve la contrarreforma en contra de los indígenas.

23No obstante, este problema es socialmente delicado y debe implementarse una política integral y participativa. La aplicación punitiva no es suficiente y mucho menos en detrimento del debido proceso intercultural. Y la implícita restricción de la declinación de competencia va en la misma dirección. Ambas cuestiones generan amplias adhesiones sociales y políticas, pues despiertan el miedo y el racismo de la población, y se conectan con la cultura del castigo.

3) Coordinación y participación entre la justicia indígena y la ordinaria. El artículo 171 de la Constitución desarrolla lo relativo a la autonomía y funcionamiento de los sistemas de justicia indígena, conservando y mejorando el texto similar de la Constitución de 1998. Si bien establece esta disposición unos límites, no establece explícitamente las materias que puede asumir la jurisdicción especial indígena. Por lo cual, en principio, puede tratar absolutamente todo, incluido lo relacionado a la muerte y a los conflictos sexuales. En este aspecto, se ha implementado una retórica populista que deja fuera del tratamiento de los sistemas de justicia indígena a lo relacionado a la muerte y a lo sexual. Se apela al sentido común y al sentimiento inducido de inseguridad. Resulta que el enemigo de la sociedad sería la supuesta violación de derechos humanos en la práctica de la justicia indígena. No voy a detallar lo que debe entenderse desde la interpretación constitucional-intercultural, lo cual consta con mayor profundidad en otros trabajos y en el amicus curiae que presentó la Defensoría Pública con ocasión del caso La Cocha que fue decidido por la Corte Constitucional en 2014. Por supuesto, lo que he defiendo no es la imposibilidad de que existan violaciones de derechos humanos en los sistemas de justicia indígena, sino que aquello no es una condición general ni es parte de su naturaleza político-jurídica; y, que dichas violaciones pueden ocurrir, también, en el sistema de justicia estatal.

Parte de esta retórica lo constituye la didáctica político-jurisdiccional de las sentencias y demás providencias de los organismos de justicia del Estado. Me gustaría analizar varias sentencias, pero por las limitaciones de espacio no voy a realizarlo. Tampoco voy a hacer un análisis profundo de la sentencia que he elegido, pues aquello ya fue tratado en otros trabajos.

La sentencia del Caso La Cocha fue decidida en 2014. Se trataba de la muerte de un comunero de La Cocha de la Parroquia Zumbahua de la Provincia de Cotopaxi, en el cual se aplicó el sistema de justicia indígena. No obstante, los sancionados recurrieron a la justicia estatal para denunciar violación a los derechos humanos. Posteriormente, el caso fue llevado a la Corte Constitucional mediante acción extraordinaria de protección por los comuneros y consulta de constitucionalidad por los jueces de instancia del cantón Latacunga. Finalmente, en la sentencia, la Corte Constitucional decidió que lo relacionado con la muerte de personas no es materia de conocimiento de los sistemas de justicia indígena. En la sentencia, se argumentó que el derecho a la vida es de carácter fundamental y universal –“bienes jurídicos de especial relevancia”-, y que quitarle esa competencia es una forma de protegerlos. Con ello, se los consideró al mismo tiempo desprovistos de sentido común para entender la trascendencia de la “vida”, y afectados por una especie de minoría cultural, por lo que hay que tutelarlos para protegerlos.

En otras palabras, se presentó la práctica de la justicia indígena como una práctica populista, dirigida a desnaturalizar al sistema estatal de justicia, los derechos humanos; e, incivilizada. De esta manera, el mensaje de esta sentencia fue doble. Por una parte fue limitar la actuación de la judicatura respecto de la declinación de competencia, y por la otra proyectar a la sociedad una sensación de seguridad.

De lo analizado, resulta impresionante como estrategia política, sea esta consciente o no, la uniformidad sistémica de este modelo, pues así como ha funcionado en la política de justicia para indígenas, lo hace con bastante eficiencia en otros ámbitos del quehacer jurídico y judicial, y político en general. Y, también, llama la atención el efecto de anulación general de las posiciones contrarias a la oficial, que consiste en la construcción de lo opuesto en antipolítica, para luego producir un giro dialéctico que tiene como resultado la emergencia de una negación con apariencia de verdad.

Esta negación a nivel discursivo legitima socialmente la política de justicia, opacando cualquier posición política distinta. La contrarreforma resulta así camuflada por una especie de inversión ideológica a nivel general. Este modelo, por supuesto, funciona más allá de la política de justicia, y su principal virtud es que logra darle la vuelta a las categorías utilizadas en contra de determinado ideal o acción política y dirigirlos a favor de quien administra el poder y en contra de sus gestores.

Finalmente, lo de fondo. Lo narrado de la política de justicia es parte de la estrategia política tradicional del Estado liberal-colonial que busca desarticular la organización indígena y la emergencia de la cultura, los saberes e intereses populares, puesto que aquello pone en cuestión el statu quo político de las clases dominantes y el uso de las estructuras sociales a su favor, y en la correlativa degradación de las condiciones de vida de las personas excluidas.

Luis Ávila Linzán

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