Análisis: Fetichismo jurídico y criminalización de la pobreza

Análisis: Fetichismo jurídico y criminalización de la pobreza

abril 5, 2016
in Category: Análisis jurídico
1 12050 1
Análisis: Fetichismo jurídico y criminalización de la pobreza

Fetichismo jurídico

Cuando prendemos el televisor, vemos una de las tantas cuñas publicitarias que aburren entre los segmentos en que se divide la novela de la noche. Por supuesto, sin esos espacios de difusión posiblemente no podríamos ver la telenovela en una apariencia de gratuidad. Digo apariencia debido a que, realmente, pagamos estos programas cuando compramos los productos o servicios que nos sugiere o induce la publicidad. Sucede que la mayoría de la publicidad se fundamenta en estándares de consumo previamente investigados, de tal manera que, casi mesiánicamente, corremos a los centros comerciales y compramos todo mansamente. Quiero decir que este fenómeno social forma parte de un concepto propagandístico leninista y muy añejo, que se popularizó con la Revolución Bolchevique: la sicología de masas. De este entendido, se ponía en el centro el poder de la palabra, imagen y sonido en favor de mensajes políticos movilizadores. ¿Pero qué tienen estos mensajes que los hace irresistibles? Pensemos en la promoción de un perfume o en la venta de un detergente.

En ella aparece una mujer rubia y con unas formas voluptuosas quien corre descalza por un pasillo de mármol caramelo dentro de una enorme mansión románica. Al fondo, brilla un frasco espectacular y sensual con un nombre de origen italiano o francés: “pasionata”, “cheri”, o “solei”. Luego, viene una propaganda sobre el último detergente. Allí aparece una mujer afrodescendiente y vestida de blanco quien lava la ropa y toma un polvo de estrella que lo esparce por doquier. La marca de este producto evoca al trabajo y a la limpieza: “lava”, “hace”, “brillante”, “luxe”. En ambos casos, ¿qué genera el impulso inconsciente del consumo?

Un clásico concepto marxista puede servir para intentar una explicación. En el Capital y en la Crítica a la Filosofía del Derecho, importantes obras de Marx, se incluye la categoría “fetichismo”. Marx explicaba esta categoría en dos niveles. El primero, para explicar cómo en un sistema de explotación capitalista las relaciones económicas no se realizaban entre seres humanos, sino entre mercancías. Esto quería decir que la fuerza de trabajo y el propio ser humano se convertían en una mercancía más. De esta manera se materializaban los intereses humanos y sociales cosificándose. El otro nivel se relaciona sutilmente con el término alienación social. Alguien, de acuerdo a esto, se transforma en cosa de manera inconsciente y automática, pues pierde la capacidad de ver las verdaderas causas de su situación. Por supuesto, el fetiche no era en Marx una creación totalmente propia, sino que fue tomada de la joven siquiatría alemana que luego desarrollaría Freud. El fetiche hace relación, también, en su sentido inverso con la dotación de humanidad o vitalidad a las cosas. Así, existen prácticas sexuales que reproducen una fijación excesiva en cosas (prendas íntimas o vestidos por ejemplo) o partes específicas del cuerpo (pies, manos, cabello por ejemplo).

9Volvamos al mundo de la publicidad contemporánea. Lo que ordena el consumo es la “fetichización” de los mensajes comunicativos. De esta manera, se presentan mensajes cosificados, previamente estandarizados, que se siembran en el libreto de estas cuñas. Veamos: la mujer rubia y esbelta. Ella no representa la media social, pero sí el modelo de lo que la sociedad espera de las mujeres (o de los hombres). No obstante, se presenta de tal modo que despierta el instinto biológico de la fertilidad (caderas anchas, labios gruesos, piel tersa…), y el ideal de belleza greco-romano que se ha vuelto hegemónico. Luego, la mujer afrodescendiente y ama de casa (posiblemente empleada doméstica) representa el trabajo abnegado y sencillo. Esto invoca a la realidad social tal como es, pero como una alegoría que moviliza al consumo del producto de limpieza.

En ambos casos, como se puede observar, el fetiche utilizado no opera automáticamente, sino de manera intencionada con el fin de inducir a una conducta determinada. Se mantiene, por supuesto, la acción inconsciente de la persona por lo que aparece su actuación como determinada o condicionada.

Aquello ha llevado a explorar una nueva dimensión del fetichismo político. Es decir, es posible manipular elementos ideológicos con el fin de movilizar socialmente o justificar decisiones políticas. De esta manera, el sustantivo fetichismo se haría verbo: fetichizar.

Luego, en el ámbito jurídico se ha hablado desde hace un tiempo del mismo fenómeno. Así, fetichismo jurídico tendría dos posibilidades. Por una parte, sería la cualidad intrínseca que tendría lo jurídico de clausurar el debate político mediante la formalidad jurídica; y, por la otra, la anulación del ser humano en el debate jurídico por las normas positivas.

Un ejemplo de lo primero, se da cuando, particularmente en América Latina, pareciera que las leyes operan como una reducción de la realidad. Así, se publica una ley que elabora tipos penales para sancionar la trata de personas y la prostitución infantil, y la clase política y la gente común cree que ya se acabó el problema. Podemos estar tranquilos, nuestros hijos están libres de todo mal con la sola promulgación de la ley. Luego, en la segunda posibilidad un buen ejemplo sería el culto excesivo y casi sacro a las normas jurídicas o lo que se ha denominado como “formalismo jurídico”. En este vicio, el legislador olvida los fines de una ley y simplemente hace las normas en abstracto, mientras que los funcionarios públicos realizan una interpretación exegética de ellas: “si no está en la ley, no existe…”. Pareciera en estos casos que la norma jurídica tiene vida propia y el poder de convertirse en realidad social por sí misma.

Pero el fetichismo jurídico heredó el determinismo y conductismo del fetichismo clásico. Sin embargo, me parece que, también, es posible fetichizar con el ánimo de movilizar socialmente o justificar en un plano instrumental una decisión política, la cual es encubierta por normas jurídicas en disputa en un determinado campo jurídico-político.

Así, tenemos que cuando se discute, supongamos, una ley para aumentar el impuesto al uso de condones régimen de turno presenta su discurso para buscar apoyo social invocando los beneficios sociales que se busca obtener. Pero no cualquiera, sino aquellos que generen una amplia adhesión de la población. Por esto, sus gestores deben hurgar en la moral pública y los valores de las clases dominantes, los cuales han sido sembrados astutamente desde hace siglos. Así, el beneficio sería desincentivar la promiscuidad sexual de los jóvenes con el fin de evitar que descuiden sus estudios del colegio y la universidad, y para retrasar su edad de iniciación sexual. Como se ve, la idea sería proteger a los jóvenes de la “perversión sexual”. Todo esto sintoniza perfectamente con los valores hegemónicos, visibles en el sermón de las iglesias, en el ideal de la clase media que ve en la educación un instrumento para progresar y ubicarse en nuestras jerarquizadas relaciones sociales. Por supuesto, en medio de esta polémica, algunos grupos minoritarios dirán que el efecto de este impuesto sería el contrario: los jóvenes tendrían más riesgos de tener hijos a menor edad por no usar condones (de por sí social y culturalmente poco usados), y por tal razón de abandonar tempranamente los estudios. Lo último suena razonable y de simple sentido común… incluso, puede ser científicamente demostrable, pero lo planteado desde los miedos morales de la gente resulta ser invencible, pues se ha fetichizado conscientemente este conflicto jurídico-político.

El condón y la moral sexual conservadora de la población es un potente fetiche que esconde las razones principales de los detentadores del poder para esta ley tan inverosímil: a) perjudicar a una empresa de condones que forma parte de un enorme consorcio financiero que buscan entrar al mercado local con varias empresas de varios sectores de la economía; y, b) consolidar los acuerdos políticos con sectores conservadores que pudieran ser importantes ante la inminencia de las elecciones generales.

Esta estrategia, no obstante, es más común de lo que se puede imaginar, particularmente, en lo penal-criminológico, debido a lo sensible de los valores que se discuten en ese ámbito. Se utiliza todo el tiempo para criminalizar/penalizar, es decir, para dirigir o redirigir el poder punitivo hacia los sectores que se quiere socialmente controlar o políticamente contener, o para agravar el régimen de exclusión y control canónico de las personas y colectivos por parte de las clases dominantes. Aumento de penas en los delitos contra la propiedad y la seguridad del Estado, elaboración de tipos penales folclóricos e inútiles, y dispositivos institucionales para dirigir los aparatos punitivos y la cárcel a los excluidos. Redadas, control de documentos, investigación medieval, revisiones infamantes en los colegios y operativos de seguridad en los barrios populares por parte de policías y militares bajo la lógica de ocupación y control. Todo esto está justificado por fetiches que movilizan a la gente a apoyar una política de “mano dura”.

  1. Criminalización de la pobreza

Ecuador y la Región experimentan un recrudecimiento del punitivismo en todas partes. Hay, en ese sentido, un retorno a la represión por parte de los poderes judiciales y de los aparatos de seguridad. Esta agenda de violencia está empujada por una pléyade de acuciosas agencias internacionales y la cooperación internacional sobre la base de la lucha contra la inseguridad, drogas y el terrorismo, tráfico y trata de personas. Gira su propuesta alrededor de la defensa de la seguridad por medios penales por dos razones. Por una parte, porque aquello empata perfectamente con la agenda global de seguridad luego del atentado contra las Torres Gemelas del 2001, que implementó una “Guerra Justa” (la versión occidental y provocativa de la “Guerra Santa” del mundo musulmán) en contra de grupos irregulares en el Medio Oriente llamados “terroristas”. A partir de esta versión moderna del término “bárbaro” que utilizó Europa para depredar y exterminar a los pueblos del Asia y Medio Oriente (mongoles, turcos, persas, judíos, palestinos, etc…), los países centrales encabezados por los Estados Unidos han orquestado el control y saqueo actual de los recursos estratégicos del Planeta, sumiendo a miles de pueblos en la hambruna y la violencia, y aumentando la enorme brecha entre su bienestar y el de los excluidos de todo el mundo.

Luego, por otra parte, porque la agenda perversa de la seguridad en países pobremente institucionalizados puede ayudar a acentuar la inequidad local, la cual reproduce la asimetría y el orden global que facilitaría la circulación del capital de las empresas transnacionales y los intereses geopolíticos de los países centrales. En consecuencia, en América Latina se ha incrementado el presupuesto para los aparatos de seguridad de los estados, se implementan reformas penales para garantizar procedimientos rápidos y sin debido proceso para los delitos que afecten la propiedad y seguridad del Estado, y el aumento desmedido de las penas para los delitos que causan alarma social. Populismo penal y eficientismo judicial son el resultado de la aplicación desproporcionada de esta política penal. Criminología utilitaria y mediática hacen el resto en los debates parlamentarios, judiciales y al interior de los gabinetes ministeriales.

10Pareciera que hasta aquí, esta agenda de reformas conservadoras es lo suficientemente atractiva para la población. Aquí juega un rol importante lo ya tratado en trabajos anteriores: dispositivos ideológicos, mitos fundantes, cultura constitucional conservadora y ausencia de una cultura política democrática. Todo este engranaje funciona con exactitud para que la agenda securitista se vuelva hegemónica. Su utilidad está en que deviene en una maquinaria invisible que fabrica delincuentes condenados y encarcelados. Parece más McDonald´s que un sistema de justicia. Los negocios franquiciados de esta cadena tienen su servicio estandarizado, uniformizado y automatizado. Así, los colores, la publicidad, el servicio y los productos son los mismos en Kuala Lumpur como en Londres, Lima o San Francisco. Al mismo tiempo, el servicio es rápido y, salvo algunas variaciones locales, la Big Mac es la misma en Quito y en Hong Kong. El menú es flexible y genera una impresión en el cliente de que él puede elegir libremente de entre combinaciones y promociones. Finalmente, el mismo que toma el pedido, arma lo ordenado y cobra el dinero; detrás varias manos invisibles cocinan con polvos, jugos y materia prima celosamente encapsulada y empaquetada fuera del país. Dos mensajes subliminales nos llevamos todos los comensales: “nadie se va sin su pedido y yo elijo el menú”.

Un sistema de justicia eficientista adquiere una franquicia a enormes precios que engordan consultores internacionales, fundaciones y corporaciones, gestores oficiosos locales y una manada ignorante de parásitos funcionarios de los países desarrollados que se benefician de los recursos de su cooperación internacional y de las inversiones condicionadas en nuestros países.

Las normas e instituciones, curiosamente, son las mismas en toda la Región: procedimientos abreviados y directos, políticas policiales de drogas, procedimientos acusatorios y adversariales, penas altas para “delitos execrables” y bajas para los relacionados con la corrupción, agentes encubiertos, audiencias telemáticas, etc… Igual sucede con la publicidad de jerga policial: “cero audiencias fallidas”, “cero impunidad”, “mano dura contra el crimen”, “combate a la delincuencia”, etc.

Todo esto le da a los procesados la sensación de que pueden elegir del menú penal que se les pone en frente. Así, si es inocente, pero se quiere evitar la molestia de que un proceso penal se le lleve la vida y su patrimonio, se acepta un proceso abreviado; y, si se es pobre y robó champús o un tarro de leche, el “combo del proceso directo” le ahorra la molesta espera de recibir una pena en tiempo record. La franquicia judicial funciona bien para sus clientes, pues da un servicio rápido, de una calidad camuflada en la cantidad de atenciones por minuto, en la envoltura de celofán y en la mayonesa que se derrama por doquier. Por su parte, no importa quien tome la demanda, mueva el poder penal o juzgue, si detrás hay policías y políticos de turno cocinando las sentencias condenatorias. De esta manera, si se es pobre, solo le alcanzará para pagar un combo sin garantía; si se es rico, podrá pedir un combo agrandado por un adicional… Incluso, existiría una cajita feliz para los adolescentes infractores con una saludable pena camuflada de medida socioeducativa. Resulta, pues que el mensaje político es: “Nadie se va sin su pena y la elijen alta por mi bien”.

Esta “macdonalización” de la justicia, por tanto, se convierte en una maquina franquiciada para producir detenidos de la materia prima de los barrios periféricos de nuestras ciudades. El inicio de este fenómeno social fue el aumento desproporcionado de las penas del nuevo Código Orgánico Integral Penal y la implementación del procedimiento directo, es decir, la materia prima franquiciada y el servicio estandarizado para punir a los más pobres.

Nos encontramos ante lo que se ha denominado desde la criminología crítica, “criminalización de la pobreza”. Su constatación es sencilla, basta ver el origen de más del 90 por ciento de la clientela carcelaria de nuestros países. ¿Cómo se logró movilizar a la opinión pública y legitimar semejante reforma? He hablado en otras ocasiones sobre los dispositivos ideológicos en la construcción del discurso de las reformas y el fuerte lazo que los une a los intereses de las élites; ahora voy a desarrollar la idea del fetichismo jurídico como el cierre de esta estrategia utilitaria.

11Así, el fetiche elegido fue el teléfono celular. ¿Quién no tiene uno en nuestros países? De acuerdo al Banco Mundial, Panamá es donde existe una mayor cantidad de celulares por cada 100 personas (163); mientras que Brasil es la nación que cuenta con la mayor cantidad de celulares en el mundo (248.324.000). Vale decir que América Latina dispone de 1.04 tarjetas SIM por cada persona (400 millones de usuarios), a pesar de que solo el 52 por ciento de la población total tiene acceso a un teléfono celular (BBC, 2014). En el caso de Ecuador, el 51 por ciento de la población de más de cinco años tiene un celular activo (INEC, 2014), y ya para 2013 existían más líneas activas de teléfonos celulares que población (16,9 millones de celulares y 15,4 de población, SUPTEL, 2013).

A esto corresponde la estadística de los delitos contra la propiedad del Ministerio Coordinador de la Seguridad, en el contexto de la discusión parlamentaria del Código Orgánico Integral Penal. En consecuencia, de enero a agosto de 2013, los bienes más sustraídos fueron: celulares 40 por ciento, dinero en efectivo 31 por ciento, billeteras y carteras 13 por ciento, relojes y joyas 6 por ciento, mochilas tres por ciento; y, laptops, tablets y cámaras fotográficas dos por ciento. El robo de celulares es el de mayor porcentaje, lo cual llevó a algunas políticas preventivas, como el registro de celulares, y la suspensión de la línea y bloqueo del teléfono por la operadora en caso de robo.

Este fetiche tenía algunas características. Primero, es de uso común y generalizado más allá de su precio y tipo. Segundo, su robo y hurto lo eran también. ¿Quién no puede entender el peligro que aquello representaba? Tercero, proyectaba el prototipo de elegancia y distinción necesarias para las aparentes distinción y jerarquía social, por lo tanto tenía la entidad de representar el miedo de la población a perder su propiedad. Y, sumemos a esto que, con independencia del valor del aparato, su acceso estaba asegurado por toda persona aunque no tuviera otros bienes de mayor valor y que representan el estatus social (casa propia, automóviles, tarjetas de crédito, vestimenta importada, suscripción a un club social, etc…).

De esta manera, el robo de celulares se transformó en el fetiche que justificó e inoculó la reforma penal. Aumentar las penas y el proceso directo para criminalizar a los pobres fue el resultado.

Funcionó el fetiche de esta manera. Con la reforma se proyectó socialmente una solución alienatoria, puesto que las solas normas tendrían la capacidad de terminar con el robo de celulares y, por ende, con todo atentado contra la propiedad privada e individual. Por lo tanto, las víctimas fueron secuestradas de esta relación política, que desde ese momento se dio entre los gestores de la política penal y los celulares: los sujetos se convirtieron en una mercancía política sin importancia.

Al mismo tiempo, las normas de la reforma adquirieron vida propia en las políticas de seguridad que se dieron a continuación en su nombre. El leviatán adquirió agenda autónoma en los operativos de control y en la justicia franquiciada para prestar cárcel para los pobres.

Finalmente, este fetiche fue instrumentado conscientemente en la crónica roja de los medios de comunicación, la actuación de los aparatos de seguridad en consecuencia en sus operativos e incautaciones, y en la espectacularidad eficiente de la justicia por las redes sociales de sus autoridades. Un bypass que evitó el debido proceso en el sistema de justicia y un vaciamiento de derechos de las políticas de seguridad del Estado, dejaron ver la mano desnuda de las clases dominantes en el control social de los excluidos para mantenerlos a raya y lejos de toda expectativa respecto del desarrollo y el bienestar. La criminalización de la pobreza resultó ser solo visible para quienes la sufren pudriéndose en la cárcel y al margen de una sociedad que le arrebató alternativas vitales y los condenó al destierro; y, el fetiche, un arma silenciosa y letal que mueve esa mano regordeta y ociosa.

Luis Fernando Ávila Linzán

, ,

1 comment

  1. Roberto carlos romero di lorenzo
    Reply

    Compañero, claro, concreto y preciso. El sistema penal en Ecuador está muy lejos de ser el apéndice del derecho constitucional o llegar a la constitucionalizacion del sistema penal.

    Atte., su lector y compañero
    ROBERTO CARLOS ROMERO DI LORENZO
    DEFENSOR PÚBLICO DE BABAHOYO.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus comentarios.