La sentencia que hace historia en favor de las víctimas de la violencia sexual

La sentencia que hace historia en favor de las víctimas de la violencia sexual

abril 5, 2016
in Category: Casos
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La sentencia que hace historia en favor de las víctimas de la violencia sexual

Era 26 de agosto de 2015. Una mañana soleada en Quito. Los magistrados de la Corte Nacional, Vicente Robalino, Jorge Blum y Édgar Flores instalaron la audiencia en la que conocerían el caso de Enma Graciela S.S., una humilde indígena de 22 años que fue acusada por la muerte de su hijo de dos años y medio. La justicia en primera y segunda instancias castigó a Enma sin reparar en quién era, en qué situación vivía y qué la llevó a ese momento delirante, que como ella admite, la atormentará toda su vida.

Enma reconoció ser quien lanzó al niño a un canal de riego en la andina Riobamba, muy cerca del terminal de buses interprovincial: “(…) mientras yo venía en el carro, yo pensaba que mi hijo tiene que irse, tiene que dejar de sufrir, yo también en algo debo perderme así como mi hijo”. Sufrimiento es la palabra que resume la vida de Enma, desde siempre ha sabido lo que es el hambre, la necesidad, el frío, la pobreza y, lo peor de todo, la violencia. Su cuerpo de niña fue arrasado por las palizas en su casa y luego por los abusos sexuales desde los doce años. De esa violencia nació su hijo, Sebastián se llamaba, una criatura que se concibió en medio del horror de la violación, una noche de tantas noches de vejaciones y humillantes sometimientos cometidos por su padrastro.

Esta mujer, pequeñita como una escolar de sexto grado, fue condenada a 34 años y seis meses de prisión por la justicia en Riobamba. Sin embargo, esa mañana de sol del 26 de agosto de 2015, los jueces de la Corte Nacional cambiaron la historia de Enma. La defensa pública, representada por Lolita Montoya, les dijo a los magistrados que no se cumplió el debido proceso, que se le negó la práctica del examen siquiátrico, que hubo un error al aplicarle las agravantes que señala el Código Orgánico Integral Penal para endurecer la pena, que no se reparó en que se trataba de una mujer indígena, que se debió reconocer su condición de víctima de violencia sexual…  Finalmente, pidió a los jueces que escucharan de la boca de Enma su tragedia, esa vida marcada por la miseria por donde se mire: ella apenas terminó la escuela, se vestía con ropa regalada, para sobrevivir vendía caramelos o verduras en las calles de Riobamba, su casita de adobe es una media agua que se levantó en un escampado en Santa Rosa de Chuquipogyo, cantón Guano, provincia de Chimborazo, se hizo con la ayuda solidaria de la cooperación internacional; aún falta el dinero para poner las ventanas. Y lo peor para Enma, es el pavor que siente que la siguiente víctima de su padrastro sea su hermana de once años.

7El fiscal hubiera querido que la condena se mantenga y si por él hubiera sido, la sanción habría sido extrema. Ante los magistrados de la Corte Nacional dijo lo siguiente: “hay agravantes trascendentales en este proceso que corresponden al artículo 47 en sus numerales 9 y 11, en concordancia con el artículo 140.1 del Código Orgánico Integral Penal, y esos agravantes trascendentales no pueden ser soslayados a pretexto de ser indígena y que se le juzgue de otra manera. La pena que ha sido dada a esta señora corresponde a 34 años y seis meses, que bueno que no existe la pena capital y tampoco la pena perenne porque hubiera sido merecedora a esa situación”.

Pero los jueces sí repararon en la vida de Enma, establecieron algunos hitos jurídicos y humanos sobre los cuales no hay vuelta atrás. Por ejemplo, analizaron los derechos vulnerados desde una perspectiva de género tomando como referente casos históricos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y admitieron que el Estado ecuatoriano le falló a Enma, debió “proteger a la hoy procesada cuando sufrió violencia, en todas las formas (…)” e invocó el principio de debida diligencia que debía “procurar por medio de acciones positivas que no se vuelvan a cometer estos crímenes atroces”, es decir, la violencia sexual contra ella. También consideró que “la relación filial (madre – hijo) es constitutiva del tipo “asesinato” e implica la edad de la víctima (niño) y su indefensión natural. Entonces, no cabe separar descendiente, niño, indefenso, y hacer que operen dos veces: como constitutivas y como genéricas; de obrar así, como lo  ha hecho el juez de segunda instancia, se trasgrede el principio nom bis ind ídem, y, en consecuencia se viola la ley contraviniéndola expresamente (…)”. Por tanto, no cabía aplicar los agravantes y sentenciar a Enma con una pena desproporcionada, como si se tratara de una peligrosa delincuente que pudiera poner en vilo la seguridad de la misma sociedad que le dio la espalda.

Y los magistrados fueron más allá: “los jueces hemos de entender que la procesada actuó disminuida en su capacidad de entender; y, esto, tiene un momento jurídico a la hora de penalizar”. Eso significa que Enma Graciela no estuvo en sus cinco sentidos, que su acción –lanzar al niño al canal de riego- fue un desequilibrio, la explosión más radical y dolorosa de toda su vida, el estallido final ante el horror de la violencia. Entonces, aplicar el máximo de la pena y sumar años con los agravantes, no solo que fue un error jurídico, sino una dosis de crueldad sobre una joven que ya padecía lo que el pensador argentino, Raúl Zaffaroni, denomina pena natural, aquella que es producto de la autoinculpación, del autorreproche, el autocastigo, como el que se ha infligido Enma desde ese fatídico 2 de noviembre de 2014 cuando perdió el horizonte y creyó que lo mejor para su hijo era dejar de sufrir.

Por último, los magistrados analizaron que no se tomó en cuenta su identidad indígena, su pertenencia a una comunidad y los derechos que le asistían. Cuando se juzgó a Enma, en primera y segunda instancias, los jueces no repararon en que apenas domina el español y que su lengua natural es el quichua.

En este contexto, los magistrados Vicente Robalino, Jorge Blum y Édgar Flores creyeron que el sistema penal debía buscar la verdad en el caso de Enma y de su hijo Sebastián, sin embargo, en esa verdad debía primar la justicia sin dejar el caso en la impunidad. No liberaron a Enma de la cárcel, un ideal difícil de entender, pero redujeron veinte años su condena: fue sentenciada a catorce años y seis meses, una expiación doce años menor a la prevista para este tipo de delitos (hasta 26 años) y, además, reconocieron su derecho a participar de su vida comunitaria, lo que implica una sentencia con corte intercultural.

Catorce años en la cárcel todavía son muchos para una muchacha herida por la violencia y curtida por la tragedia, no obstante, esa sentencia marca un antes y un después en la vida de las víctimas de la violencia sexual y de la misma pobreza. En adelante, ningún juez puede aplicar la ley sin mirar de dónde vienen los ciudadanos ni en qué contextos cometen “los actos” por los cuales son sometidos al sistema. Cuando los magistrados de la Corte Nacional terminaron la audiencia, el sol de Quito seguía deslumbrante…

Amelia Ribadeneira

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1 comment

  1. RODOLFO TREJO MORAN
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    felitaciones a la defensa que tuvo esta humilde mujer, y aquellos jueces que tuvieron la valentia de ver la parte humana de esta sufrida mujer.

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