Hay que democratizar los poderes judiciales de la región

Hay que democratizar los poderes judiciales de la región

abril 5, 2016
in Category: Análisis jurídico
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Hay que democratizar los poderes judiciales de la región

Criminalizar es un concepto político más que jurídico. Su origen teórico lo podemos encontrar en las raíces mismas de la sociología moderna, inicialmente relacionada con el positivismo científico. La idea de la criminología moderna es explicar el origen social y político del fenómeno del delito. A partir de esto, la criminología se ha convertido, consciente o inconscientemente, en una gran parte del mundo en una herramienta indispensable para la elaboración de la política penal. De hecho, podemos decir que toda decisión del poder político, por más rupestre, es un acto criminológico, puesto que influye en el funcionamiento del sistema punitivo con mayor o menor represión o permisión respecto de las conductas de los ciudadanos y de los bienes morales que socialmente se consideren relevantes.

Se parte del ideal de que el poder punitivo es exclusivo del Estado como un avance de la modernidad, y que la mayor o menor aplicación de ese poder sobre los ciudadanos supone una paralela expansión o reducción de la centralidad del delito (crimen) en la vida social. De acuerdo a esto, este fenómeno significa experimentar más o menos punibilidad. Al mismo tiempo, hay que entender que la apertura o clausura de la facultad de punir del Estado no necesariamente es gobernada por actores estatales, sino que puede darse, también, por agentes particulares. Pensemos, por ejemplo, en la “criminalización mediática”, “criminalización religiosa”, entre otros.

No obstante, la criminalización es una realidad compleja en la que se enlazan redes estatales y privadas, agentes policiales y políticos de todo rango, aparatos políticos y organizaciones, grupos sociales y de sociedad civil. Toda esta complejidad gira alrededor de la capacidad de dirigir la decisión política sobre el uso del poder punitivo hacia la consecución de los fines sociales. Esto pone en la antípoda a las formas de ver la manera como se distribuye esta decisión.

Po5r una parte, la forma dominante, conservadora y regresiva que pugna por la apertura y expansión del poder punitivo, que no es más que la posición del positivismo clásico del Derecho Penal, toma nombres eufemísticos tales como “política de seguridad”, “política de ciudades seguras”, “política de regeneración urbana” a nivel local; y, “guerra contra las drogas”, “guerra contra el terrorismo”, o menos disimulados: “derecho penal del enemigo”, “derecho de disminución de riesgos”, o “seguridad ciudadana” a nivel global. Y, por la otra, la posición minoritaria pero progresista, que podemos llamar, a pesar de la diversidad, “criminología crítica”, “abolicionismo penal”, “garantismo penal” y “derecho penal mínimo”.

¿A quién criminalizar?

La Defensoría Pública milita en la corriente crítica y progresista. Creemos que el horizonte mediato es el abolicionismo penal y el inmediato lo conforman el garantismo constitucional y el derecho penal mínimo. En consecuencia, estamos convencidos de que la política penal debe intervenir en la sociedad lo menos posible, con el fin de maximizar los derechos y minimizar el potencial de causar daño que tiene el poder punitivo en los derechos y garantías constitucionales de la gente, particularmente, de los más pobres.

Por esto, vemos con preocupación la tendencia expansionista del eficientismo y el poder punitivo en la Región. Y más preocupante nos parece que, a la par del aumento de criminalización, el poder punitivo se refuerza en los delitos contra la propiedad y los relacionados con delitos menores de drogas, y se vuelve más benevolente en los denominados delitos de cuello blanco (delitos económicos). Aquella tendencia, influida por los aparatos de seguridad de los países desarrollados y su cooperación internacional, ha permitido el aumento exponencial del número de agentes de seguridad (policías y militares, investigadores, fiscales, entre otros), reformas legales con penas desproporcionadas en los delitos contra la propiedad, abuso de la prisión preventiva, y la expoliación de los bienes de los más pobres mediante supuestos operativos de control. De esta manera, nos encontramos ante una política represiva que no solo es agresiva, sino también selectiva, pues sus efectos se concentran en los barrios empobrecidos y no llegan a las ciudades amuralladas donde viven las familias acomodadas ni a los lujosos clubes de golf donde los políticos de turno acuerdan recibir las migajas y canonjías de sus financistas.

Nos encontramos así ante la “criminalización de la pobreza”. Por eso, no es una casualidad el aumento de las personas pobres encarceladas en nuestros países, y que la mayoría de ellos sean de los quintiles de más bajos ingresos. Se dice con sobrada razón que el preso está preso más por pobre que por delincuente. Tampoco está desconectado de la centralidad de la agenda de seguridad en los gobiernos latinoamericanos, para la cual los países desarrollados han destinado muchos incentivos de todo tipo, ni la política represiva que impregna los nuevos códigos y reformas penales en la Región. Funciona esta política deliberadamente como un mecanismo de control social para contener a los pobres y proteger a los poderosos que se benefician de este orden inmoral de acumulación del capital.

En definitiva, la criminalización de la pobreza tiene tres niveles. Primero, que se refiere al amplio margen en los rangos de las penas y el propio aumento de las penas, y la incoherencia entre daño real y bienes jurídicos afectados, está en un nivel normativo. Así, por citar un ejemplo cercano, por el robo de un celular cuyo valor no supera los 200 dólares, una persona fue condenada a nueve años de prisión; mientras que un conocido funcionario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien admitió la culpa en un proceso abreviado por lavado de activos, fue condenado a un año (tomando en cuenta que ya lleva más de 7 meses detenido).

Segundo, los jueces, de quienes se presume actúan presionados por las estadísticas de eficiencia como la gran directriz misional dictada por el organismo político-administrativo del Poder Judicial, por los agentes externos como los medios de comunicación y organismos del Poder Ejecutivo, suelen hacer una justicia negativamente estandarizada cuando se trata de los delitos contra la propiedad. Así, la pena ya mencionada se repite curiosamente en este nivel de criminalización judicial, y la de cinco años en otros “menos graves” como el robo de utensilios de limpieza, tendiendo siempre a las penas del umbral más alto fijadas por una normativa penal sin diques proporcionales y democráticos, y aderezada por un medieval populismo penal.

Y, tercero, tenemos a la desbocada política de seguridad promovida, especialmente, por los organismos del poder ejecutivo. Aquí se cierra el círculo virtuoso de la selectividad del sistema. Los operativos de control y revisión aleatorios están realmente dirigidos a los sectores donde viven los más pobres. No obstante, lo peligroso de este tipo de políticas no solo es su “efectividad” en su función de mantener a los oprimidos al margen del desarrollo en favor de las clases dominantes, sino que además goza de amplio apoyo ciudadano. Esta última característica resulta ser el enganche perfecto para tentar a nuestros gobiernos a reproducir una criminología de duro castigo para los más pobres. En otras palabras, funciona en nuestros países una profunda expulsión de los más pobres, solo percibida por quien la sufre, y tolerada por todos en nombre de la seguridad, la propiedad y los valores civilizados de las clases dominantes.

4-1¿Cómo superar este sistema de expulsión y aislamiento de los más pobres?

Necesitamos reconstruir la voluntad de transformación política en la Región. El inicio de la primera década de este siglo, vino acompañada de una corriente política progresista que se oponía a las estructuras neocoloniales, el autoritarismo, el patriarcado, la democracia y el Estado liberales, el capitalismo individualista y el extrativismo de los recursos naturales. Aquello devino pronto en reformas constitucionales de amplio espectro y en gobiernos de corte progresista o incluso abiertamente socialistas. Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela iban en esa dirección. Una suma de errores políticos, intervención de los organismos de seguridad de los Estados Unidos, resistencia de grupos de oposición, el debilitamiento de las estructuras políticas y la organización social, caudillismo endémico en nuestra Región, caída del precio de las materias primas, desgaste político y falta de democracia interna en las nuevas estructuras políticas, erosionaron estos modelos. Con ello, se produjo un giro conservador en la política penal de estos países que los asemejó a los más conservadores del continente y del mundo.

Hay que democratizar los poderes judiciales en la Región. Las reformas realizadas respecto del gobierno judicial estuvieron dirigidas, lastimosamente, a reforzar el control del poder ejecutivo en un contexto de partidos únicos en el gobierno y en los poderes del Estado; y, a entronar modelos eficientistas, autoritarios y dependientes del poder político. Si pensamos la democratización estructuralmente, debemos reconsiderar la elección democrática de los jueces, el fortalecimiento de la justicia constitucional, el juicio por jurados, la creación de asociaciones judiciales y una escuela judicial de amplio espectro, fundamentar la política judicial en la calidad y el acceso a la justicia en favor de los estructuralmente excluidos, una reforma penal progresista y soberana especialmente en drogas, reforma no penal verdaderamente guiada a la oralidad, y el nombramiento de manera  independiente de los organismos del poder judicial. La deduda es con el fortalecimiento de la independencia de los jueces.

Finalmente, América Latina debe realizar la reforma judicial en el contexto de una profunda reforma política. Los actores políticos deben entender todo lo que se puede ganar con un poder judicial independiente y progresista, y lo mucho que se ha perdido aplicando las mismas recetas políticas sin mirar los contextos y la realidad propia de la región.

Un poder judicial con estas características debería asumir el gobierno de la política de seguridad del Estado en un régimen político parlamentario con participación activa de los ciudadanos y férreos controles colectivos y democráticos. La criminalización de la pobreza puede evitarse, además, si nuestras sociedades asumen un rol crítico y humanista luego de un proceso de reforma en la educación que nos libere de las taras de la moral, la ideología burguesa y el opio de cualquier ideología individualista, represiva y de exclusión.

Ernesto Pazmiño Granizo

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