Análisis jurídico y social: ¿para qué sirve la jurisdicción penitenciaria?

Análisis jurídico y social: ¿para qué sirve la jurisdicción penitenciaria?

noviembre 23, 2013
in Category: Análisis jurídico
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Análisis jurídico y social: ¿para qué sirve la jurisdicción penitenciaria?

I. Cárcel, cementerio de gente viva

El 6 de julio de 2004, C. Barreto fue detenido con un arma de fuego en el barrio Luz de América en el sector Mapasingue de la ciudad de Guayaquil, luego de que dos adolescentes de 13 años lo denunciaran ante un patrullero que hacía su recorrido habitual. De acuerdo a esto, él con otra persona -quien se dio a la fuga- estaban robando dentro del bus de la línea No. 108. Posteriormente, se ratificó el dictamen fiscal abstentivo a su favor el 30 de noviembre y el 4 de diciembre recibió el auto de sobreseimiento definitivo, con lo cual el Juzgado Décimo Cuarto Penal del Guayas, luego de que la Defensoría Pública patrocinó el caso, ordenó su inmediata libertad revocando la prisión preventiva el 19 de febrero de 2009. No obstante, su libertad no fue ejecutada por el funcionario respectivo del sistema penitenciario.

Posteriormente, este mismo juez concluyó que se síz zz se había girado la boleta de excarcelación -la cual fue recibida por “un funcionario” del Centro de Rehabilitación cuya firma era “ilegible”-, se ordenaba el duplicado de la boleta original y la inmediata libertad del procesado “siempre y cuando no se encuentre a las órdenes de otra autoridad”. C. Barreto estuvo detenido luego de  haber obtenido, sin que exista causa legal alguna, 1.685 días (cuatro años).

Como este caso, en el Ecuador se presentan muchos similares. No existe estadística al respecto y posiblemente forman parte de lo que se han convertido las cárceles en nuestro país: el punto ciego del Estado constitucional de derechos y justicia que proclama el artículo de la Constitución de 2008. Llama la atención el círculo vicioso de la indolencia burocrática. El fiscal ajeno al problema personal y cercano al ciego aparato punitivo activado sin más por el parte policial. Por su parte, el juez cohonesta lo inverosímil del caso, sin que se le ocurra preguntar nombres de los funcionarios penitenciarios posiblemente implicados ni sobre lo ilegible de la firma de responsabilidad. ¿Alguien debió hacer algo y no lo hizo?, ¿quién debía ejecutar la orden de excarcelación?, ¿tuvo razones para no hacerlo? La salida fácil fue hacerse de la vista gorda, pues nadie quiere meterse con el poder mafioso enquistado en el sistema penitenciario.

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