Ecuador debe caminar a despenalizar el aborto por delitos sexuales

Ecuador debe caminar a despenalizar el aborto por delitos sexuales

junio 27, 2016
in Category: Género, Perspectivas
1 12040 2
Ecuador debe caminar a despenalizar el aborto por delitos sexuales

La violencia sexual es uno de los tipos de violencia de género más extremos y crueles que se comete contra mujeres de todas las edades y clases sociales. Atenta contra su dignidad humana, viola sus derechos a una vida libre de violencia, a tomar decisiones libres y voluntarias, al desarrollo libre de su personalidad, a decidir cuándo y cuántos hijos tener, y en muchos casos, viola su derecho a la vida.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual es “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.

La OMS igualmente señala que la coacción puede abarcar la aplicación de distintos grados de fuerza, intimidación sicológica, extorsión, amenazas (casos de daño físico o de no obtener un trabajo o una calificación, etc.). También puede haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, cuando está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente, dormida o mentalmente incapacitada.

El estudio multipaís de la OMS definió a “la violencia sexual como actos en los cuales una mujer fue forzada físicamente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad; tuvo relaciones sexuales contra su voluntad por temor a lo que pudiera hacer su pareja; fue obligada a realizar un acto sexual que consideraba degradante o humillante”.

Por su lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso Rosendo Cantú y otros vs. México, sostuvo que la violencia sexual contra las mujeres “supone una intromisión en la vida sexual que, además de anular el derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quien tener relaciones sexuales, conlleva la completa pérdida del control sobre las decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas”.

El Informe mundial sobre la violencia y la salud, de la OMS, señala que “la mayor parte de las agresiones sexuales tienen como víctimas a mujeres y niñas, y son perpetradas por hombres  y  niños. (…) La violencia sexual comprende una gran diversidad de actos, como las relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas, las violaciones por parte de extraños, las violaciones  sistemáticas durante los conflictos armados, el acoso sexual (incluida la petición de favores sexuales a cambio de trabajo o calificaciones escolares), los abusos sexuales de menores, la prostitución forzada y la trata de personas, los   matrimonios  precoces y  los  actos violentos contra la integridad sexual de las mujeres, como la mutilación genital y las inspecciones obligatorias de la  virginidad”.

Este mismo informe señala que “la  violencia sexual repercute hondamente en  la  salud física y mental de las víctimas. Al igual  que las lesiones, se asocia a un mayor riesgo de diversos problemas sexuales y reproductivos con consecuencias que se manifiestan tanto de inmediato como muchos años después de la agresión. En la salud mental, las repercusiones son tan graves como en la física, y pueden ser también muy duraderas. La mortalidad asociada a la violencia sexual puede deberse al suicidio, a la infección por el VIH o al homicidio, bien durante la agresión, o bien ulteriormente en los «asesinatos por honor”.

La investigación realizada por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, de Colombia, recoge que la violencia sexual contra las mujeres es un tipo común de violencia: se estima que hasta seis de cada diez mujeres del mundo sufren violencia física o sexual a lo largo de sus vidas (UNIFEM, 2009). La prevalencia de relaciones sexuales forzadas por la pareja íntima varía entre el cinco por ciento y el 47 por ciento de acuerdo con las encuestas de población (OMS, 2003). Según la OMS, casi una de cada cuatro mujeres afirma haber sido víctima de violencia sexual por parte de su pareja, y hasta una tercera parte de las adolescentes ha sufrido una iniciación sexual forzada (OMS, 2003). En relación con la denuncia, algunos estudios en Latinoamérica y el Caribe (LAC) han tratado de calcular el porcentaje de víctimas que denuncian casos de violencia sexual a las autoridades o que buscan otros tipos de ayuda y atención profesional. Se estima que en la región solo un cinco por ciento de las víctimas adultas denuncian el suceso a la policía (UNFPA, 1998). Los motivos para no hacerlo son múltiples e incluyen la vergüenza, el miedo o temor a represalias, la culpa o las dificultades para enfrentar el camino de la denuncia (UNFPA, 1998 en Contreras et al., 2010: 41).

En Ecuador, las estadísticas de violencia sexual también son preocupantes y deberían generar la suficiente alarma nacional para provocar un cambio en los patrones socioculturales de la sociedad ecuatoriana, así como una reacción integral, inmediata y efectiva por parte del Estado que inicie con la prevención, tratamiento y reparación a las víctimas de violencia sexual. La Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres de 2011, dirigida a las mujeres de 15 años de edad o más, reveló que el 60 por ciento de las mujeres entrevistadas, habían sufrido algún tipo de violencia de género durante su vida. Sobre la base de los cálculos realizados a partir del análisis de datos de la encuesta, una de cada cuatro mujeres en Ecuador ha sufrido violencia sexual durante su vida. Sobre esta misma base se entiende que 379 098 mujeres, de 15 años o más, declararon haber sido víctimas de violación. Los datos sobre los responsables de la violación sexual sufrida por las mujeres muestran que esta ocurre principalmente en el ámbito familiar. La encuesta aplicó a niñas y adolescentes preguntas sobre el abuso sexual, dando como resultado que en el Ecuador, 3684 niñas, entre 12 y 14 años, fueron víctimas de violencia sexual en el 2010.

Las cifras del sistema de justicia también revelan que la violencia sexual es un problema grave en el Ecuador. En el 2009, se reportaron 4204 denuncias de violación, lo cual representa 11 violaciones diarias; en el 2010, esta cifra aumentó a 4664, lo que significa 12 violaciones diarias. Esta cifra también aumentó en el 2011, a 5273, esto es 14 violaciones diarias. Y, hasta mayo de 2012, se reportaron 2183 denuncias de violación. Los datos señalados no representan necesariamente la realidad de la violencia sexual en el Ecuador, pues no todas las mujeres denuncian una violación inmediatamente, y en la mayoría de los casos no denuncian.

Además de las estadísticas oficiales que evidencian la terrible situación de miles de mujeres, la percepción generalizada de la sociedad ecuatoriana refuerza la comprensión de que la violencia contra las mujeres es un problema grave que afecta su vida. Una encuesta realizada por Sendas y Cedatos, en 2013, muestra que el 44 por ciento de la población reconoce que la violencia física, sexual y sicológica es el principal problema que afecta a las mujeres en el país; y el 90 por ciento cree que la violencia contra ellas es una violación de sus derechos humanos.

La violencia sexual contra las mujeres hace trizas el artículo 66 de la Constitución ecuatoriana relacionado con los derechos de libertad, pues viola el derecho a una vida digna; el derecho a la integridad personal que incluye la integridad física, síquica, moral y sexual; atenta contra el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Violenta la igualdad formal, igualdad material y no discriminación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La violencia sexual también quebranta la prohibición de la tortura y da lugar a tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes contra las víctimas de la violencia sexual.

De acuerdo con el British Crime Survey, la violación es el delito al que las mujeres más temen y es percibida como un hecho que amenaza seriamente su vida. “Las víctimas tienen una sensación de horror y de indefensión, temen morir o sufrir heridas graves y, experimentan niveles muy altos de miedo y ansiedad. Los síntomas más frecuentes son susto, preocupación, terror, confusión, indefensión, rabia, vergüenza y humillación. Además tienen síntomas sicofisiológicos como temblores, taquicardia, dolor, tensión muscular, respiración jadeante y paralización” (Mujeres para la salud, Madrid).

Además, entre las consecuencias de salud que no son mortales se encuentran: afección de estrés postraumático, trauma y lesión físicos –como fístula traumática (desgarre)–, infecciones de transmisión sexual, aborto espontáneo, embarazo no deseado, y aborto inseguro (Bruyn, 2003). Asimismo, gran parte de las afectaciones sicológicas que sufren las mujeres que han estado en situaciones de violencia sexual se acentúan con las estigmatizaciones sociales e institucionales que impiden en muchos casos la realización de la denuncia y la prosecución de la investigación, entre otras consecuencias.

Estas afectaciones físicas y sicológicas atentan contra la dignidad y a la vida misma de las mujeres. El principio a la dignidad humana consta en varios instrumentos internacionales de derechos humanos y tiene relación con la capacidad de tomar decisiones libres y voluntarias: la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 5, 6 y 11 hace referencia directa a la dignidad. En el artículo 5.2 lo configura como la prohibición de ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres de Colombia sostiene que “el argumento de la dignidad afirma que obligar a una mujer a continuar con un embarazo no querido ni decidido por ella, sino que es el resultado de una agresión sexual supone desconocer que la mujer es una persona con un proyecto de vida, a quien no puede imponerse por la fuerza un embarazo que no es producto de una relación libre y consentida sino el resultado de conductas arbitrarias que desconocen su carácter de sujeto autónomo de derechos”.

El principio a la dignidad humana fue reconocido como uno de los fundamentos de la despenalización del aborto en Colombia. La sentencia C-355, de 2006, consideró que “la dignidad humana asegura de esta manera una esfera de autonomía y de integridad moral que debe ser respetada por los poderes públicos y por los particulares. Respecto de la mujer, el ámbito de protección de su dignidad humana incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida, que implicaría para los grupos de mujeres (…) una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas, lo que supone un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas sicológicos, tales como ansiedad y depresión”.

El Comité Contra la Tortura señala que el principio a la dignidad y el derecho a no estar sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes implican que la mujer no puede ser forzada “a adoptar comportamientos en su vida reproductiva contra su voluntad, como el embarazo forzado, la negativa a proveer servicios de aborto terapéutico, la terminación forzada del embarazo y, particularmente, la continuación forzada del mismo”. En este sentido, “obligar a las mujeres a sufrir en su cuerpo las consecuencias del delito del que han sido víctimas supone reproducir su victimización e implica infligirles daños sicológicos y morales que configuran un trato cruel, inhumano y degradante.

Por otra parte, el ideario suicida que la imposición forzada del embarazo puede provocar, constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Así lo entendieron los tribunales de Irlanda del Norte, que han afirmado que el riesgo de suicidio de una mujer embarazada constituye una amenaza a la vida de la mujer, que no solo se traduce en los daños físicos sino en la angustia mental que puede causarle su predisposición al suicidio” (La Mesa de Mujeres por la Vida).

Estrechamente vinculado con la protección de la dignidad humana, el derecho de una mujer embarazada producto de una violación, también tiene como fundamento la protección de su derecho a la libertad, y la protección de otros dos derechos derivados: el derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, lo que significa la capacidad de decidir con autonomía el proyecto de vida conforme al cual quiere vivir. La aplicación del derecho al aborto en casos de violencia sexual o inseminación forzada debe operar como una garantía frente a la imposición del embarazo mediante la violencia o la misma ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México determinó que el libre desarrollo de la personalidad es la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo, lo cual implica el reconocimiento del estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera y que, por supuesto, como todo derecho, no es absoluto, pues encuentra sus límites en los derechos de los demás y en el orden público. De igual forma, la Suprema Corte de México indicó que este derecho “comprende, entre otras, la libertad de (…) de procrear hijos y cuántos, así como en qué momento de su vida, o bien, decidir no tenerlos”. Además de su vinculación a la interrupción del embarazo resultado de la violación, la libertad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad han sido entendidos como el fundamento de la despenalización del aborto en términos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad.

Cuando se niega la interrupción legal del embarazo, en caso de violación, se está imponiendo violentamente un embarazo. Este acto implica una instrumentalización del cuerpo de las mujeres que descansa en estereotipos de género, que vulneran su igualdad tanto en la dignidad que toda mujer merece en tanto persona. Esta situación coloca a las mujeres en situaciones de discriminación incompatible con el artículo 1.1. de la Convención Americana que establece una cláusula de no discriminación y el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se define que todas las personas tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Asimismo viola el art. 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que “todas las personas son iguales ante la ley (…) [y] tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

Varios estudios establecen que alrededor del 10 al 15 por ciento de las mujeres que fueron violadas resultaron embarazadas. En Estados Unidos se entrevistaron a 4008 mujeres mayores de 18 años durante tres años; entre estas, el 10 por ciento reportó haber quedado embarazada como producto de una violación (Távara et al., 2011). En otro estudio desarrollado en una institución de prestación de servicios en México, que incluyó 1651 mujeres víctimas de violencia, la tasa de embarazo alcanzó poco más del 14 por ciento en el grupo de 12-49 años (Lara et al., 2003).

En Ecuador, el embarazo en niñas entre 10 y 14 años aumentó en un 78 por ciento en los últimos diez años (INEC 2012), una situación estrechamente ligada a la violencia sexual. Actualmente, en el país hay más de 3600 niñas menores de 15 años que son madres por producto de violación, dato que se tiene que considerar como conservador, ya que la mayoría de casos no son registrados. De acuerdo al anuario de Camas y Egresos Hospitalarios (INEC, 2014), en Ecuador se registran 228 abortos no especificados en niñas de 10 a 14 años. ¿Por qué se embarazan niñas de esta edad? La legislación penal ecuatoriana considera que cuando existe un embarazo en menores de 14 años, este es producto de una violación.

Un estudio regional de corte cualitativo, realizado por la Fundación Desafío y presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre del 2015, incorpora un análisis del impacto que representa un embarazo producto de violación en niñas menores de 14 años en el Ecuador.

Este estudio concluye que es evidente la afectación que tiene un embarazo en la salud integral de las niñas violadas: “Las lesiones mentales y sociales que se producen, se reflejan  fundamentalmente en la pérdida de su identidad de niñas y/o adolescentes tempranas para convertirse en madres, en un proceso violatorio de sus derechos fundamentales, entre los cuales el derecho a la vida entendida esta como el conjunto de vivencias, sueños, proyectos, se reduce a la obligación de cumplir con una maternidad forzada”.

El mismo estudio destaca que el embarazo en esta edad es un problema ligado a la violencia sexual y a la pobreza, y que las respuestas del Estado son insuficientes y premeditadas para ofrecer solo una opción a estas niñas: ser madres, negándoles el acceso a la educación y a un sistema de protección integral, y obligándolas a trabajar a una edad temprana y en condiciones de riesgo.

Como ejemplo, dos expresiones de adolescentes entrevistadas para este estudio: “A veces pienso en mi vida, me da pena como pasan las cosas, a veces me pongo a pensar por qué mi papá me hizo eso”: Silvia, 15 años. “Él me hizo tanto daño, dicen que lo que él me hizo fue una violación, porque él tiene 58 años, pero yo no lo veo así, porque creo que una violación es a la fuerza, pero no fue a la fuerza, fue a mi voluntad, pero la ley dice que fue una violación. Igual no me gustó”. Dayana, 14 años.

Según datos del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía se asegura que las niñas y adolescentes menores de 14 años son las principales víctimas de abuso sexual, casi siempre en entornos familiares o conocidos. De cada 10 víctimas de violación, seis corresponden a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la gran mayoría de los casos no se denuncian. De hecho, solo el 10,8 por ciento de todas las mujeres víctimas de violencia sexual logran efectuar la denuncia y “el 40 por ciento de niñas y adolescentes abusadas no dieron a conocer el hecho a ninguna persona; esto debido a que al 28 por ciento de las que avisaron no les creyeron, y al 16.3 por ciento les pidieron que no digan nada de lo sucedido. El resultado es que solo una tercera parte del total de niñas y adolescentes abusadas fueron atendidas o recibieron alguna respuesta”, (Camacho y Mendoza, 2014). No obstante, la Fiscalía reporta que recibe aproximadamente tres denuncias de violación de niñas menores de 14 años al día.

En América Latina y el Caribe se producen alrededor de 4.4 millones de abortos, de los cuales el 95 por ciento son inseguros y muchas mujeres se autoinducen el aborto o acuden a servicios que aplican técnicas inseguras o que no están adecuadamente capacitados. No legalizar el aborto en casos de violación refuerza el negocio clandestino de las prácticas de abortos ilegales sin ningún tipo de cuidado para las mujeres que no pueden acceder a abortos que implican costos económicos altos.

En Ecuador, según la OMS, ocurren unos 125 mil abortos al año. Este cálculo probablemente no revela la cifra real ya que factores culturales, religiosos y legales influyen en que las mujeres no informen sobre esta realidad. Sin embargo, el aborto realizado en condiciones de riesgo representa un grave problema de salud pública en los países en desarrollo.

La limitación legal del aborto, sobre todo cuando el embarazo ha sido producto de una violación, es inapropiada, pues condiciona las decisiones de las mujeres, su capacidad para planificar sus vidas y constituye a la reproducción como una carga con un impacto desproporcionado en su vida. Los casos de niñas, no son solo dramáticos sino que implican una doble vulneración de derechos pues se viola su derecho a la vida, salud, a una vida libre de violencia, a la seguridad personal, a la autonomía, a la  intimidad, a tomar  decisiones sobre su vida reproductiva, a la autodeterminación sexual, a la dignidad, a la integridad, a la libertad, a la vida privada y familiar, a la salud sexual, a la salud reproductiva, a la no discriminación, a gozar de los beneficios del progreso científico, a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la dignidad personal, y se las revictimiza al obligarlas a una maternidad forzada, o a un aborto ilegal y probablemente en condiciones de riesgo, que incluso puede acarrear una condena penal.

Esta realidad es particularmente grave para las mujeres de escasos recursos, quienes no tienen la posibilidad de solucionar un embarazo producto de una violación con una práctica médica segura y gratuita en el sistema de salud pública, debido a que no cuentan con el apoyo legal, los recursos ni la información necesaria. Esto se convierte en un problema de justicia social y de salud pública, pues las mujeres pobres están expuestas a riesgos innecesarios debido a la ilegalidad e inseguridad de la práctica. Despenalizar el aborto en casos de violación permite a la víctima contar con el  apoyo del Estado tanto en materia de salud como en la administración de justicia.

Además, es importante recordar que el Ecuador es signatario de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW, siglas en inglés) y como todos los países que han ratificado o suscrito la Convención está “legalmente obligado a poner sus previsiones en práctica”.

El 19 de febrero de 2015, la CEDAW señaló públicamente que “las discusiones parlamentarias respecto al Código Penal no tomaron en cuenta la despenalización del aborto, incluso en casos de embarazos consecuencia de una violación, de incesto o de grave malformación del feto”. En ese sentido, recomendó al Ecuador que no criminalice el aborto en estas circunstancias.

También es relevante señalar que la sociedad ecuatoriana es sensible ante esta tragedia que viven las mujeres en el país. La encuesta de Sendas y Cedatos 2013, señala que el 64 por ciento de la población está de acuerdo con el aborto cuando ha sido producto de una violación a una mujer, niña o por incesto.

De la misma encuesta se desprende que el 76 por ciento de las personas está de acuerdo en que el país se revise la ley sobre el aborto y no aprueba que una mujer que aborta pierda su libertad y vaya a la cárcel. Además, solo un dos por ciento de la población cree que la decisión de abortar le corresponde al Estado o a la iglesia, es decir, el 98 por ciento de la ciudadanía respalda el derecho que tiene una mujer a decidir libre y voluntariamente si desea continuar o no con un embarazo producto de un delito sexual.

Actualmente en Ecuador, las mujeres que abortan son judicializadas por esta causa. Si bien es cierto que el aborto por violación es permitido solo para mujeres con discapacidad mental, es importante conocer que en el Ecuador, menos del uno por ciento de mujeres en edad fértil tiene una discapacidad mental y pueden interrumpir legalmente un embarazo producto de una violación. Esto es discriminatorio para el resto de mujeres embarazadas producto de una violación, a quienes se les niega este derecho. Esta respuesta no es integral y genera desigualdades entre las mujeres por su condición de salud.

El Estado ecuatoriano tiene la obligación de generar respuestas legales e integrales que respondan a la realidad de todas las mujeres, y propicien la eliminación de la violencia de género, la reparación integral y la restitución de derechos de las víctimas.

La prohibición legal o las normas restrictivas para interrumpir un embarazo impuesto por una violación es un régimen jurídico que afecta únicamente a las mujeres y, por lo tanto, constituye una forma de discriminación. En situaciones como estas las mujeres son quienes sufren el acto de violencia y también quienes deben asumir la carga del embarazo y el parto. Por ello, las normas prohibitivas suponen una afectación de sus derechos desproporcionada con relación a los derechos de los varones.

Judicializar a una mujer por haber interrumpido en embarazo, producto de una violación, expresa la violencia estructural a la que son sometidas las mujeres en el país. Además, es violatorio a sus derechos y genera indefensión, revictimización e impunidad. En este sentido, la despenalización del aborto, al menos, cuando el embarazo es la consecuencia de un delito sexual, es una acción en favor de los derechos de las mujeres.

Amelia Ribadeneira

, ,

1 comment

  1. ZOBEIDA REGINA ARAGUNDI FOYAIN
    Reply

    Excelente reportaje, sin duda es un peldaño en la lucha por el derecho de la mujer a optar por el aborto en caso de violación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *