Elecciones: un análisis sobre las propuestas políticas de la justicia

Elecciones: un análisis sobre las propuestas políticas de la justicia

febrero 16, 2017
in Category: Análisis jurídico
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Elecciones: un análisis sobre las propuestas políticas de la justicia

I. Crisis global de los mecanismos de representación política: hablemos con sinceridad. Normalmente, las campañas políticas en Ecuador no son interesantes y, más bien, representan la desidia y la indiferencia de la población. Por esto, el nivel de ausentismo histórico en nuestro país supera el 40% a pesar de que el voto sea obligatorio, existen multas para quienes no sufraguen y el certificado de votación sirve casi para entrar al mismo cielo. Y eso es notorio en esta campaña presidencial y de asambleístas 2017. “Vota todo X”, “todo, todito, todo…”, “Vamos por el cambio”, “todititito”, “vamos por más”… no son solamente eslóganes, sino además la evidencia de la crisis del sistema de representación ecuatoriano. Por esto tampoco hay ideas claras sobre la economía, el manejo de los recursos naturales, el futuro de la política social, el funcionamiento del aparato productivo, la creación de empleos dignos, el manejo de la política fiscal y el endeudamiento, y la gestión de las políticas de seguridad, la independencia judicial.

Frente a esto se plantean soluciones demagógicas y otras que, por generales, son vacuas e insignificantes. Los entrevistadores suelen consolidar esta situación, por lo cual es más importante que los candidatos sepan cuánto cuesta un litro de leche y el nombre de los cantones de una provincia, que las cuestiones reales y cotidianas de los ciudadanos. Incluso, en el formato quirúrgicamente diseñado por los publicistas detrás de las campañas, se evaden temas considerados espinosos: aborto, matrimonio igualitario, criminalización de la protesta social, corrupción, políticas de drogas, derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, discriminación en contra de determinados grupos sociales, el autoritarismo en la administración del Estado, la violencia institucional en todas sus formas en las instituciones políticas y sociales.

Pareciera que los publicistas son quienes manejan la política con celo, ponen los números en las encuestas y los votos en las urnas cuidando la sonrisa, vestimenta y cada sílaba del candidato, los colores de la propaganda que deben coincidir con aquellos sembrados en el subconsciente por algún producto de consumo masivo, el tamaño de las letras del teleprompter y que el perfume no sea vulgar pero tampoco elitista. Todo esto parece hacer dueños de la política a una turba de maquillistas, diseñadores de spots, agendadores de entrevistas, aplaudidores y adulones a tiempo completo y una larga fila de oportunistas y gurús políticos. Quién gane quién pierda se decide en un escritorio y no en las urnas.

Lo que está detrás es la crisis global del sistema de representación política. Durante los siglos XVIII y XIX, se construyó una de las ideas más geniales de la modernidad: todas las autoridades políticas deben ser electas por el pueblo, y son éstas las que actúan en su nombre y representación para el manejo de lo público. Esto impedía que sea la estirpe social y el derecho de sangre y el voluntarismo social los que dieran origen al poder político. Aquello supuso una revolución política sin precedentes, la cual fue exportada a todo el mundo y hoy casi es hegemónica. El republicanismo se aplica a más del 80% de la población mundial, a pesar de la existencia de monarquías en Medio Oriente y autocracias como la de Corea del Norte y algunos regímenes africanos que no pasarían el pedigrí mínimo de una democracia moderna. También supuso una visión social optimista sobre el futuro: el desarrollo y el progreso se vieron como una meta alcanzable a nivel global.

Sin embargo, la representación política experimenta en la actualidad un profundo desgaste. La promesa de bienestar y libertad no se cumplió con uniformidad en el Planeta, y donde más o menos se logró no fue suficiente. Existe una grave crisis de los metadiscursos de la modernidad, lo cual ha erosionado a la autoridad estatal y de otras instituciones de referencia política (Iglesias, partidos políticos, sindicatos, gremios y grupos de interés político). Por esto, la gente no cree en las instituciones y muestra una actitud apática hacia la política en todos sus niveles. Esta crisis se materializa en conflictos políticos incluso en los países desarrollados. Por ejemplo, la dimisión de Berlusconi en Italia, la situación de Al Gore vs. Bush, la sorprendente elección de Donald Trump en los Estados Unidos de América y el espantoso ascenso de Le Pen en Francia.

Ecuador también muestra problemas por esta crisis. Recordemos lo sucedido entre 1999 y 2005: varios golpes de Estado, presidentes y triunviros que duraron horas, y la población espontáneamente en la calles exigiendo “que se vayan todos”. A pesar de la última década de estabilidad política, el problema estructural persiste. En consecuencia, las propuestas políticas son, por decirlo de alguna manera, de baja intensidad.

Dentro de este fenómeno que vivimos en 2017, la agenda de la justicia está casi ausente o está integrada por ideas coyunturales o abstractas. Por supuesto, la justicia no es un tema popular y está generalmente dirigido hacia sectores técnicos. Sin embargo, en los últimos 40 años, la agenda judicial ha sido central en la vida política global y local, justamente ante el deterioro de los mecanismos tradicionales de la representación política y rol de creciente importancia de los jueces en la determinación de la política. A aquello se ha denominado “judicialización de la política” o “politización de la justicia”, fenómenos que no son del todo negativos si la política se plantea una agenda política estructural y coyuntural para una reforma progresista.

Me parece que no existe una agenda estructurada, coherente e integral sobre la justicia. Estas “propuestas ligth” que se hacen, se mueven entre dos extremos: el fascismo voluntarista e ignorante y el cliché político. En uno de estos extremos, se ha propuesto la pena de muerte para los delitos graves, la mutilación de las manos a los ladrones y corruptos, y mano dura y aumento de penas para la protección de la seguridad ciudadana; y, en el otro, cambiar a las altas cortes con una simple consulta popular para garantizar la independencia judicial. Dos extremos y, en medio, un enorme vacío de veda política: fascismo social y populismo judicial. En este vacío, la única realidad parece ser la oficial: “la administración de justicia del Ecuador es la mejor del mundo”.

II. La justicia, ausente de la agenda política

Quiero resumir brevemente cuál es la agenda ausente de la justicia en el contexto eleccionario de 2017, y cuáles podrían ser algunas vías para la transición política.

(1) Política de seguridad. Uno de los problemas más visibles socialmente es el de la seguridad. Los medios de comunicación lo ponen en el televisor a diario creando un sentimiento de zozobra e incertidumbre. Así, los noticieros están llenos de incautaciones de drogas donde ningún pez grande aparece, sino quien manejaba el taxi o cuidaba las bodegas, o donde son atrapados con allanamiento policial a la madrugada, nombre, apellidos e imagen incluida de pequeños traficantes en los barrios pobres; mujeres muertas por la crueldad de desalmados hombres que luego no fallaron en su suicido; casos de jóvenes muertos por robarles un celular o un par de zapatos caros, y otros que engrosan las listas de los desaparecidos (esta vez, no por el Estado). Lo cierto es que Ecuador, comparativamente, no tiene un grave problema de seguridad.

Aquello no quiere decir que deba minimizarse los efectos que la criminalidad provoca en las personas. Todo lo contrario, hay que adoptar medidas inteligentes e integrales, y respetuosas con los derechos humanos. Aquello de que la mejor política penal es la política social es algo más que un aforismo jurídico, es una posibilidad real. En América Latina, incluso en Ecuador, hay muchos ejemplos de políticas sociales y políticas penales de prevención exitosas. Es indudable el éxito de la política social de la última década en Ecuador respecto de la redistribución de la riqueza y el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la población. Debe estudiarse seriamente cómo influyó eso en la baja de la tasa de homicidios en Ecuador. Ahora, debe estructurarse una política de seguridad amigable con los derechos humanos. ¿Son suficientes los mecanismos tecnológicos y de vigilancia del espacio público? Seguramente no. Al mismo tiempo, ¿qué resultados han tenido los allanamientos de domicilios en los barrios pobres, los infamantes controles a los ciudadanos en las calles y a los alumnos en los establecimientos educativos públicos? La pregunta de fondo es: ¿vamos a seguir apostando a una política de mano dura que ha fracasado en todos los niveles en el mundo entero?, ¿seguiremos en la necesidad de una política violenta que solo beneficia a la hegemonía mundial de la criminalidad de grupos organizados y transnacionales en favor de la acumulación de los recursos en los países poderosos?

Uno de los primeros pasos será reformar íntegramente el Código Orgánico Integral Penal aprobado en 2014. La Defensoría Pública presentó un anteproyecto de reforma en 2016 que estuvo inspirado en la aplicación de la prisión preventiva como última ratio, la proporcionalidad de las penas y el redireccionamiento de la política penal hacia los delitos de cuello blanco y no a la criminalización de la pobreza, ni de la protesta social. El siguiente paso inmediato será democratizar totalmente la política penal, lo cual significará que no provendrá únicamente del Poder Ejecutivo, sino de un organismo técnico especializado integrado por los demás poderes y la sociedad civil.

(2) Independencia judicial. Uno de los temas clichés de la campaña eleccionaria es la denominada independencia judicial. Un problema central es la elección de las altas cortes del sistema jurídico ecuatoriano. Posiblemente, debe volverse a lo que establecía la Constitución de 2008 antes de la reforma por consulta popular de 2010 donde expresamente se “le metió la mano a la justicia”. En esta reforma se volvió al clásico sistema de ternas que ya existía en la Constitución de 1978 y que requiere un sistema político y de partidos plenamente consolidados, y un Poder Judicial institucionalizado (Escuela Judicial, carrera judicial y política de justicia técnicamente construida). Debe asegurarse que los integrantes de las altas cortes no hayan desarrollado funciones de confianza, al menos diez años, antes de su elección en los gobiernos ni partidos políticos, que exista una cuota de origen judicial y otro de la academia. Sus concursos de origen deben ser públicos y abiertos, y con control social y con riguroso escrutinio de su trayectoria académica y probidad moral.

A nivel normativo, hay que reincorporar el Consejo Consultivo de la Función Judicial, el cual integraba a los organismos del Poder Judicial (sin los del Ejecutivo) y afianzar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, la Judicatura y la Defensoría Pública entre sí y respecto del Consejo de la Judicatura. Para esto, podría encargarse al Consejo Consultivo el presupuesto judicial, y las políticas de justicia para todo el Poder Judicial, especialmente para la carrera judicial, Escuela Judicial y el acceso sustancial a la justicia. Esto requiere, además, que las políticas presupuestarias, planificación, fiscal, presupuestarias y laborales sean desarrolladas por un organismo colegiado entre los poderes del Estado. Todo esto requeriría fortalecer el sistema de partidos y avanzar hacia un régimen político parlamentario, y una integración de lista abierta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Otro cambio importante debe ser eliminar lo que en el Código Orgánico de la Función Judicial se denomina “error inexcusable” y “error manifiesto” que provoca la destitución, y “la falta de fundamentación” que acarrea la suspensión de los servidores judiciales. Ambas figuras son un instrumento que antes de 2008 tenía el nombre de “irregularidad jurídica”, y que ahora permite el control político e ideológico del Poder Judicial. Entonces, toda falla en la actividad jurisdiccional podrá ser revisada por las diferentes instancias judiciales (incluso, una acción extraordinaria de protección), y en casos de evidente mala administración de justicia se podría plantear una acción de error judicial que actualmente existe en la Constitución, en el Código Orgánico de la Función Judicial (responsabilidad civil). Ahora, para que este error judicial funcione, debería ser competencia de la Corte Constitucional que es un organismo externo al Poder Judicial, pues en la actualidad es el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual depende directamente del Consejo de la Judicatura. Por supuesto, todo acto no jurisdiccional podría ser sancionado en vía administrativa por el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, actos de corrupción, acoso sexual, discriminación de una de las partes, actos de indisciplina en el despacho, desaparición de documentos o alteración de pruebas.

Finalmente, es indispensable para la independencia judicial fortalecer a la Escuela Judicial. Aquella debe convertirse en la universidad del Poder Judicial, con perfiles de funcionarios adecuados, programas permanentes con la participación prioritaria de profesores a tiempo completo y externos al Poder Judicial. Nuestra institución presentó en 2016 un proyecto de reforma a la Asamblea Nacional que esperamos sea un insumo para un debate sobre la independencia judicial en Ecuador.

(3) Reforma no penal. En 2015, se aprobó el Código Orgánico General de Procesos. Este cuerpo legal asumió el ambicioso objetivo de unificar todos los procedimientos no penales y racionalizar el sistema jurídico sobre la base de la oralidad, celeridad y debido proceso. Se incluyeron algunos procesos novedosos, tales como los monitorio y expedito, para las causas de baja cuantía. Sin embargo, este cuerpo legal tiene una regulación compleja y está sobrerregulada, no se disminuyeron los pasos procesales ni el número de procesos ni se concentró la mayor cantidad de diligencias en un mismo acto procesal. Además, dispone de muchas audiencias y tampoco se reguló de manera adecuada la fase de cumplimiento y ejecución de las sentencias, y se guardó silencio sobre la reparación. Este código tiene, en definitiva, un error de fondo: pretende ser oral, pero tomó como modelo el uruguayo, que es escrito y que hoy justamente se está reformando hacia la oralidad.

La Defensoría Pública presentó en 2015, durante el proceso de debate legislativo, una propuesta sobre reparación integral que simplemente no fue tomada en cuenta.

Sin embargo, no es suficiente lo que este cuerpo legal pueda hacer o que se pueda reformar en el corto plazo, sino que una clave importante es la política de justicia. El Código Orgánico de la Función Judicial en los primeros 31 artículos incluye estándares importantes para la construcción de la política de justicia. Esta parte tiene la misma importancia que el capítulo preliminar del Código Civil y es el mandato mínimo de todo Poder Judicial que presuma de democrático y constitucional. Se podría decir que integra el denominado bloque de constitucionalidad. Hay algo más en él que directrices para hacer edificios pomposos, adquirir inmobiliario minimalista e incorporar tecnología de punta, y políticas eficientistas como “cero audiencias fallidas”.

De esta manera, es en este bloque en el que debe descansar toda la política de justicia del Poder Judicial. Tres grandes líneas deben desarrollarse en lo que sería un “Plan Emergente del Poder Judicial” para los próximos dos años. Una, el acceso sustancial a la justicia; dos, independencia judicial; y, tres, integralidad de la justicia. Son centrales en este Plan fortalecer la Escuela Judicial, la Carrera Judicial, especialmente con estándares reales, participativos y racionales para la evaluación y el ascenso dentro del Poder Judicial, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos pero con el fin de generar una cultura de paz, y el fortalecimiento de la justicia de paz y los sistemas de justicia indígena para el desarrollo de los derechos colectivos; y, protocolos para el funcionamiento efectivo de la oralidad. Un lugar central en esta política debe ocupar la oralidad procesal, pero no para decidir rápido, sino para decidir bien. Debe garantizarse el debate, la contradicción y la actuación técnica de la prueba principalmente. Otro elemento indispensable será la expulsión de los agentes de seguridad y fuerza pública del proceso penal. Toda la actuación técnica y pericial debe ser realizada por personal civil y especializado, la fuerza pública debe ser un aparato subordinado al Poder Judicial como un organismo auxiliar y subsidiario.

(4) Modelos de gestión. Unas de las cualidades que se han agregado al orden feudal de la Administración Pública ecuatoriana es la necesidad de tener “modelos de gestión”. Aquello convoca a decenas de tecnócratas formados para administrar empresas privadas para la realización de la política pública. Esto no quiere decir que los modelos de gestión no sean útiles, sino que no son un fin en sí mismo, sino un instrumento más para la realización de la política pública. Cuando se maximizan los modelos de gestión, aquellos pasan por encima de la propia Constitución y los instrumentos internacionales, o entorpecen la Administración Pública.

Esta matriz eficientista de la política pública, nacida de la aplicación autómata y acrítica del modelo del Banco Mundial, luego del Consenso de Washington, estuvo guiada a la gobernabilidad de las instituciones con el fin de garantizar el libre comercio entre las transnacionales y el capital internacional. Hoy es un modelo obsoleto e insuficiente ante los retos de los gobiernos progresistas de la Región en el Siglo XXI. Debemos explorar nuevos modelos de gestión y aprender de los Estados que realizan modelos exitosos, por ejemplo, los países nórdicos y del centro de Europa y del Sudeste asiático.

Así, en el Poder Judicial tenemos una sobreaplicación de modelos de gestión, la mayoría por encima de toda normativa constitucional o legal. Tal vez, uno de los más evidentes es el modelo de gestión penitenciario que reproduce el sufrimiento, el castigo y la supuesta peligrosidad como ejes fundamentales.

Los modelos de gestión son importantes, pero lo es más una política de justicia que limite la fría inhumanidad de lo administrativo y haga del Poder Judicial un ente de carne y hueso a la medida de las necesidades reales de justicia de los ciudadanos.

En definitiva, en la coyuntura del proceso eleccionario de 2017 no se han discutido política ni técnicamente las propuestas sobre la justicia. En las próximas semanas la Defensoría Pública presentará la “Agenda Mínima para Construir una Justicia Independiente y más Humana”. ¿Qué tan importante es esto frente a otros problemas que deben solucionar nuestros gobernantes? No hay una respuesta pacífica. Lo judicial es central pero en el contexto de una reforma integral del sistema político. Debe avanzarse hacia regímenes de gobierno colectivo, con partidos políticos fuertes, con democracias internas y permanentes, con fuertes controles democráticos y responsabilidad administrativa y política en control de los ciudadanos. Aquella reforma democratizadora de nuestra democracia hace indispensable un Poder Judicial constitucionalizado, fuertemente controlador del poder político en favor de los ciudadanos, un instrumento para la garantía de los derechos y el combate a la corrupción principalmente de los poderosos, y profundamente soberano en su práctica de los derechos humanos en todos los niveles. Un Poder Judicial humanizado y responsable es una condición básica para una democracia real y cotidiana en la vida de los ciudadanos.

Ernesto Pazmiño Granizo

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4 comments

  1. Carlos Gavilanes
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    Estimado Dr. Ernesto, comparto en la mayoría de aspectos con su criterio de lo que esta sucediendo en nuestro país con la justicia, modelos que tanto en materias penales y no penales no se ajustan nuestra realidad social, y hasta la fecha no han dado buenos resultados. Correlativamente con aquello el fondo del asunto no esta en tener penas o sanciones benignas o las mas severas, buenos, malos o tantos edificios judiciales, cientos de personas como servidores públicos judiciales, buscando inoperablemente “un equilibro social” “una paz social”, entre el Estado y sus ciudadanos, y que durante cientos de años no han dado resultados, generando una ruleta de nunca terminar.

    Mas bien a mi criterio se sitúa en otro aspecto y quizas de fondo, de donde proviene la problemática delictiva, y controversial, ES EL SISTEMA DE POLÍTICA SOCIAL, entendiendose por aquello el poder impulsar valores de la indole que fueren en las personas, sean estos de tipo moral, ético, luego de aquello el poder tener el mínimo acceso a la educación, es decir buscar puerta a puerta a los ciudadanos de cualquier edad a que estudien, luego de aquello generar medios y fuentes de trabajo suficientes tanto en el sector público y privado, de igual manera mirando que todo ciudadano del último rincón de la patria tenga trabajo, entonces no habrá necesidad de estar en la calle realizando mal ha nadie, en pocas palabras no se sentíría el deceo o afan de delinquir, de alguna manera se mantendría la convivencia en armonia y la paz social.

  2. Nora Rosana Maciel
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    Que buen artículo, los puntos de vistas “humanos y sociales que le faltan a la justicia y le faltan a la política. La saturación de programas, planes y cursos de “gestión” para la justicia como clave del éxito -que no es tal porque los seres humanos no son números ni son los expedientes es una receta que se impone y hoy Argentina está inmersa en ese camino con la “justicia 2020 en clave de “gestion”. Proyectos poco humanos como la baja de punibilidad para niños.

  3. jodimi
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    A pesar de las propuestas remitidas desde la Defens Pública, como se reconoce en el artículo estas no han sido consideradas, lo que permite demostrar la nula atención en temas como aquel de una justcia más humana, menos controladora por el gobierno de turno, más capacitada que necesariamente debe nutrirse de aportes para reformar aquello que hay que hacerlo. Negar que existen falencias que afectan Derechos reconocidos en la Constitución es una aberrración, pensar que la normativa actual es una m”maravilla” es cosa que no empata con la realidad….el nuevo gobierno tiene una deuda con la sociedad en este campo que espero la analice y la atienda, de la candidatura de derecha personalmente no espero nada.
    La Defensoría Pública debe dar cara a las necesidades de sectores vulnerables con más énfasis, es una tarea ineludible que todas y todos especialmente aquellos servidores que patrocinan, que atienden, deben impulsar, Defender Derechos, a la ciudadanía de los abusos de poder venga de quien venga, es la prioridad.

  4. Eduardo Coloma
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    Personalmente considero que existe una mega crisis en cuanto al planteamiento de las políticas hacer aplicadas en el estado, desgraciadamente se ha convertido en algo normal que se plantean políticas de gobierno y no de estado, permitiendo solo satisfacer los intereses de quienes forman parte del gobierno de turno y no las necesidades de la sociedad en general, en la actualidad los planes de gobierno no se apegan a las necesidades del pueblo y a la realidad social y al contrario se ha convertido en un baratillo de ofertas y promesas que con mucha seguridad no serán cumplidas.
    No existe una agenda concreta sobre justicia, educación, salud; solo se limitan a mencionar que cambiaran pero no lo dicen como.
    Estoy plenamente convencido que se debe reformar el Código Penal, en donde no se criminalice la pobreza, en donde se tome en cuenta que el problema de las drogas es un problema social, es la pobreza, desde este punto de vista debe ser enfocado.
    Con seguridad se debe despolitizar la justicia, pues si bien los altos funcionarios manifiestan que la justicia es independiente muchos sabemos que es todo lo contrario de esta forma muchos inocentes están tras las rejas y muchos culpables están libres.

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