Cinco factores que generan violencia cotidiana en el Ecuador

Cinco factores que generan violencia cotidiana en el Ecuador

abril 15, 2017
in Category: Perspectivas
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Cinco factores que generan violencia cotidiana en el Ecuador

Introducción

Cada vez más, la violencia, como un fenómeno multicausal y multidimensional, extiende sus tentáculos con mayor fuerza y en ámbitos de lo más diversos: las relaciones de pareja, las relaciones adulto – niño en la familia y en la escuela, los espacios públicos, los servicios públicos, entre otros.

Difícilmente, una situación de violencia es un efecto de una sola causa, aunque en la práctica, en un momento determinado, una “chispa” puede ser la que desencadene un episodio de violencia. Al contrario, las causas no solo multiplican, sino que se interrelacionan, hasta que, muchas veces, llegan a expresarse en violencia. En el mundo académico, existe un limitado debate alrededor de las causas y factores que inciden o provocan la violencia, y las interacciones entre ellos.

Las reflexiones son especialmente controversiales, no solo desde la perspectiva conceptual, sino desde las medidas que se deberían adoptar para enfrentarla. El conjunto de elementos ideológicos, políticos, culturales, sociales y jurídicos implícitos en el fenómeno de la violencia dificultan llegar a consensos respecto de la jerarquía y peso de los factores que desencadenan distintos tipos de violencia, entre ellos, la criminal, social e institucional.
El presente artículo pretende desarrollar cinco causas que generan violencia en el Ecuador, sin desconocer la existencia de una lista mucho más amplia, en la que, posiblemente, se encuentren algunos factores tan o más importantes como los que se presentan a continuación.

Hay, por cierto, algunas investigaciones que se han realizado por iniciativa de universidades u otros espacios alternativos que es necesario reconocer. Sin embargo, no llegan a configurar un panorama amplio y complejo de la violencia en el Ecuador.

La siguiente selección de factores es el resultado de una investigación documental especializada, de autores dedicados a estos temas; también es el resultado de una importante experiencia del autor en el tema de la violencia y la inseguridad. Cabe aclarar que el orden de presentación de los factores no obedece a una jerarquización determinada.

Factores institucionales

1) Impunidad

A partir de su raíz etimológica, la impunidad se podría definir como “crimen sin castigo”. Existe impunidad cuando una persona –o un grupo de personas– que ha actuado en contra de la ley no recibe la pena que le corresponde, por tanto, su accionar no tiene repercusiones para quien incumple la ley.

Entre las principales características, la impunidad implica evadir la ley, falta de sanción y de castigo según el marco legal, y en muchos casos, falta de reparación a las víctimas. Está íntimamente relacionada con la desigualdad en el acceso a la justicia, diseños institucionales inadecuados, falta de capacidades organizacionales, así como desprecio a los derechos humanos.

En el fondo, la impunidad expresa la ausencia del Estado en su función punitiva, producto de una crisis de legalidad y de la pérdida “del valor vinculante asociado a las reglas por los titulares de los poderes públicos” (Ferrajoli, 2001:15).

Este fenómeno se manifiesta en diferentes campos del quehacer público, pero en última instancia, se concentra en el sistema de justicia y de sus operadores, quienes son los encargados de establecer las responsabilidades penales, civiles o administrativas, derivadas de atentar contra la ley. Según el Latinobarómetro 2016, en América Latina, apenas el 26% confía en el Poder Judicial (ocupa el sexto lugar, entre ocho instituciones).

La reproducción de la impunidad se ha acelerado significativamente en los diferentes niveles de gestión, sea pública o privada. No obstante, por diversas razones, buena parte de la población ecuatoriana no ha reclamado por esta situación; apenas esto ha ocurrido en Quito por su fuerte vinculación con la política. Entre la mayoría de habitantes o bien no tienen acceso a la información, no les interesa o la justifican. Como asegura Carlos Michelena, teatrero de la calle: “Nos ha vuelto indolentes esta cotidianidad de ver el abuso de poder como algo normal” (Radio Democracia, 10/03/2017). A pesar de los anuncios oficiales relativos a los cambios sustanciales en el sistema de justicia, al parecer, la ley continúa aplicándose “a los de poncho”. (Michelena durante la entrevistada señalada). Mientras tanto, los casos de corrupción, sobre todo aquellos que se presume fueron cometidos por funcionarios de gobierno, según la información difundida por los medios de comunicación, se han favorecido de una justicia lenta, parcial y encubridora. Algunos responsables salieron el país, otros recibieron sentencias risibles en comparación con la gravedad de los hechos de corrupción.

Esa laxitud con la que se actúa alienta la corrupción. En la medida que un delito o un crimen no recibe sanción, se va posicionando un mensaje que abre las puertas a la reproducción de este tipo de acciones. Si se hiciera un simple cruce de datos entre corrupción e impunidad, se constataría que la primera es casi siempre consecuencia de la segunda. La ausencia de sanción del crimen por parte del Estado, que en el ámbito psicosocial inhabilita las funciones que debería cumplir como garante del orden simbólico y como regulador de los intercambios, deja abierta la posibilidad de reactivación periódica de las vivencias de desamparo que operan como un factor desestructurante del psiquismo.

La historia muestra que la concentración o monopolio del poder facilita la impunidad. Esta se ha convertido en una práctica universal, en especial, en aquellos países en donde existe una concentración o monopolio de poder y, por tanto, el respeto y cumplimiento de la ley están subordinados a la autoridad concentradora.

Las respuestas sociales y, en particular, de resistencia ante la impunidad se han intensificado, generalizado y diversificado. Estas reacciones, en algunos casos, han contribuido a desentrañar no solo los mecanismos de encubrimiento. Ello sucede, por ejemplo, en aquellas comunidades que han expresado su oposición al ingreso de empresas extractivistas, que según expresan los perjudicados, devastarán la naturaleza y su cultura.

La “justicia por mano propia” es una respuesta social ante la impunidad que suele ocurrir como efecto de la pérdida de confianza en el Estado respecto de su capacidad de hacer justicia y de la certeza de que dicha función será ejercida. La mayoría de medios de comunicación han presentado esta acción colectiva aislada, como una acción bárbara, de extrema violencia. Rara vez se ha intentado difundir el enfoque de la justicia indígena y los principios que se refieren tanto a la víctima como al victimario (resarcimiento). Al respecto, cabe recordar lo dispuesto por la Constitución de 2008: “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: (…) 10) Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes (Art. 57, lit. 10)”.

En los últimos años, el Ecuador se ha visto expuesto a una serie de manifestaciones de violencia; sin embargo, ello no necesariamente ha suscitado iniciativas de investigación a escala nacional. La escasa información de acceso público a las diversas manifestaciones de violencia no ha motivado estudios e investigaciones cualitativas, causales que permita diseñar y ejecutar programas sostenidos y financiados para enfrentarla.

2) Corrupción

La palabra corrupción proviene del latín. Reúne a los vocablos corruptio, que se encuentra conformado por los siguientes elementos: el prefijo con–, que es sinónimo de “junto”; el verbo rumpere, que puede traducirse como “hacer pedazos”; y finalmente el sufijo –tio, que es equivalente a “acción y efecto”. Es decir, es la práctica de destruir, desequilibrar desde el poder.

A diario, los medios de comunicación privados difunden noticias relacionadas con hechos de corrupción, tanto a escala nacional como internacional. Son hechos muy complejos, de proporciones descomunales.

En Ecuador, no es sencillo entender el grado de encubrimiento, complicidad y aceptación de los delitos de corrupción cometidos por personas que gozan de posiciones privilegiadas, de confianza e influencia en el poder político, así como de capacidad de aprovechar las ventajas y oportunidades que les brinda el poder.

Lamentablemente, la práctica de la corrupción, asegurada por la impunidad, se reproduce a todo nivel. No se restringe únicamente a un grupo o élite. Ha llegado, incluso, a legitimarse. Algunos ecuatorianos, cuyas condiciones económicas son precarias, al comparar al actual gobierno con otros anteriores, han llegado a justificar la corrupción. Eso podría explicar porqué la corrupción constituye un problema de importancia intermedia, según el Latinobarómetro 2016. En la agenda del país, ocupa el sexto lugar. En esa misma línea, la publicación mencionada destaca que el 47% de ecuatorianos están de acuerdo con que se pague el precio de cierto grado de corrupción siempre que se solucionen los problemas.

¿Cómo se relaciona la corrupción con la violencia? Se ha señalado que la corrupción destruye a su paso el marco legal, es decir, agrede no solo a la justicia, sino al gobierno que, finalmente, ha sido electo para trabajar con transparencia, coherencia, igualdad y equidad, desde el enfoque de derechos. Por otra parte, en la dinámica de la corrupción aparecen, por lo menos, dos actores: quien corrompe y quien acepta la corrupción. Es una relación de poder, de violencia sicológica, en la que este poder toma ventaja de las necesidades de quien acepta la corrupción.

Un editorial del diario The New York Times afirma que en Latinoamérica urge “llegar a las raíces de una corrupción que se ha convertido en una práctica habitual”. Esa es una batalla que se debe impulsar si se pretende “atraer la inversión extranjera, generar un desarrollo más igualitario y lograr que los ciudadanos recuperen la confianza en sus gobiernos” (La Hora Nacional, 18/6/16).

La periodista guatemalteca, relatora especial para los Derechos de la Mujer de la CIDH, Marta Altolaguirre, realiza una aproximación cualitativa sobre la corrupción: “Cuando en una sociedad los desvergonzados triunfan, cuando los abusadores son admirados, cuando ya no hay principios y solo impera el oportunismo; cuando los insolentes mandan y el pueblo los tolera; cuando todo se vuelve corrupto, pero la mayoría guarda silencio; cuando tantos “cuándos” se unen, quizá sea hora de esconderse; hora de interrumpir la batalla; hora de dejar de ser Quijote; es hora de revisar nuestras actividades, revaluar a los que nos rodean y volverse sobre nosotros mismos”.

En el informe de la ONG Transparencia Internacional, Ecuador figura entre los países con mayor percepción de corrupción en 2015. Junto a Argentina, el país se ubicó en el puesto 107 de un total de 167. Ecuador estuvo, en el 2013, en la posición 102; un año después, en 2014, empeoró al caer al puesto 110. El año anterior logró mejorar tres puestos, con un puntaje de 32 sobre 100 (El Comercio, 20-01-16).

Los numerosos escándalos –vergonzosos y persistentes casos de corrupción–, que a diario se presentan en América Latina y en el Ecuador son una muestra fehaciente del grado de degradación ética y política existente en la actualidad, que contribuye al incremento de la violencia pública y privada.

Factores sociales

3) El patriarcado

Desde inicios de la conformación de los Estados (y quizás mucho antes), se impuso el patriarcado como ideología y forma de gobierno, y como pauta en la relación entre hombres y mujeres. Vistas como seres inferiores al hombre, las mujeres carecían de voz en el núcleo familiar y en el entorno social. Seres sin independencia, subordinadas al mandato de los hombres, la mayoría de ellas no tenía ninguna posibilidad de estudiar, peor aun de ejercer cargos públicos de representación. Estaban confinadas a las tareas del hogar (¡hasta hoy!).

A pesar de vivir un nuevo siglo, no ha llegado a posicionarse un conjunto de políticas, medidas, prácticas, que posibiliten la equidad.

Contrario a lo que suele pensar un sector masculino, el feminismo no busca imponerse o competir en contra de los hombres, sino a encontrar la igualdad y la equidad. Igualdad respecto del trabajo, por ejemplo, cuando las mujeres ganan menos que los hombres por las mismas funciones; igualdad respecto de la educación, cuando las familias, sobre todo de escasos recursos, optan por apoyar los estudios de los hijos hombres, no así los de sus hijas; igualdad en el trabajo del hogar; igualdad en las oportunidades de liderar grupos sociales y políticos.

En términos generales, se designa la violencia como el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja o al ambiente más cercano. La violencia contra la mujer abarca muchas formas de violencia, desde la física, sicológica, patrimonial hasta el femicidio en situaciones extremas; e incluye una enorme gama de delitos de violencia doméstica y agresión sexual. En la mayoría de los casos, la violencia contra la mujer es cometida por personas cercanas a la víctima, especialmente, la pareja íntima. Esta proximidad al agresor y la naturalización de este tipo de violencia en algunas sociedades hace que muchas mujeres teman o se avergüencen de denunciar estos delitos a la policía. “La violencia contra la mujer tiende a ser una violencia silenciosa” (Jaitman, 2016).

La OMS asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida. Y, como consecuencia de ello, presentan altos índices de discapacidad. Tienen 12 veces más intentos de suicidios y altas tasas de mortalidad, en comparación con población que no la padece. La explotación laboral y sexual de niñas, niños y mujeres es uno de los “negocios” más “importantes” en el mundo.

Según el INEC, 6 de cada 10 mujeres de toda condición económica, social, cultural, educativa, étnica ha vivido algún tipo de violencia (Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, 2012). En la última década, el embarazo de niñas menores de 13 años incrementó en 74% (ninasnomadres.org). Le siguen la violencia en la calle, pandillas y violencia del Estado (35%).

De acuerdo con el Latinobarómetro, las violencias más dañinas son la intrafamiliar y en contra de niños y niñas: 82% y 73%, respectivamente. La violencia contra las mujeres, niños y niñas responde, entre otros aspectos, a un paradigma patriarcal que se ha trasmitido de generación en generación, porque ha sido asumido como parte de la tradición, de la cultura. Esto, entre otros aspectos, refuerza las múltiples disparidades existentes entre mujeres y hombres (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006). Un estudio reciente comprobó que el maltrato en la infancia aumenta considerablemente las posibilidades de delincuencia y comportamiento violento en edad adulta (Morrison, Loreto, 1999).

Desde esta mirada patriarcal, obviamente, la mujer no es dueña de su cuerpo. No puede decidir sobre él. Una nota de diario El Comercio (24/01/2016) señala que “74 mujeres fueron enjuiciadas por abortar los dos últimos años”. Los mismos médicos que les atienden están facultados de denunciarlas. La pena puede ser de 6 meses hasta 2 años. En esta nota, también se indica que desde el 2013 hasta el 2015, se reportaron 134 denuncias en el país.

El femicidio es una forma extrema de violencia contra las mujeres. Es una expresión y resultado de relaciones desiguales de poder entre géneros. Evidencia el riesgo mortal que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres. Los factores principales del femicidio son: patrones socioculturales, relaciones inequitativas de poder entre hombre y mujer, mantenimiento de cultura patriarcal, machismo, mentalidad machista que en forma subconsciente o consciente piensa que la vida y los comportamientos de la mujer son de propiedad del hombre, la educación familiar y escolar esta última de carácter conductivista (Ana Carcedo, 2010).

La violencia es, en gran medida, un comportamiento aprendido. Si los niños están expuestos a un comportamiento violento en el hogar, tenderán a imitarlo (Morrison & Biehl, 1999).

Hasta hace poco, en Ecuador, este tipo de crimen no era reconocido, pues se consideraba que los problemas “domésticos” se debían resolver “casa adentro”.

De acuerdo con Diego Fuentes, viceministro del Interior, “en 2016 se han cometido 136 muertes dolosas; mientras que en 2015 se registraron –oficialmente– 105”. Según una nota del diario El Comercio, “el 71% de noticias de femicidio reportadas por la Fiscalía entre el 10 de agosto del 2014 y el 15 de febrero del 2016 todavía no se ha dictado sentencia”; es decir que, en apenas un año, el femicidio aumentó en más del 29%. Si a ello se agrega que no todos estos casos son denunciados, es posible suponer que el fenómeno adquiere una magnitud mayor.

4) La intolerancia

La intolerancia constituye una actitud de rechazo explícito o implícito de una persona hacia otra o un grupo. Sus efectos conducen a menospreciar y dañar al prójimo, sea a través de la violencia, verbal, física, síquica (Adaptación. Definiciónabc.com). La intolerancia no admite cualquier actitud que discrepe de sus ideas, a pesar de las razones que se puedan esgrimir contra ella. Supone, por tanto, cierta dureza y rigidez en el mantenimiento de las propias ideas o características que se tienen como absolutas e inquebrantables.

La intolerancia se define como la falta de habilidad o la voluntad de sobrellevar algo. En un sentido social o político, es la ausencia de tolerancia respecto de los puntos de vista de otras personas. En otros términos, es la actitud propia de una persona que se considera poseedora absoluta de la verdad; por tanto, todo aquel que discrepe con su pensamiento o su forma de actuar merece un escarmiento.

En un mundo globalizado, en el que ocurren mayores intercambios étnicos, culturales, sociales, políticos, personales, la intolerancia es un sinsentido. Si bien lo nuevo, las experiencias y relaciones nuevas, pueden generar incertidumbre, la intolerancia es una manifestación expresa de rechazo de lo diferente.

Las múltiples manifestaciones de este fenómeno poseen en común la elevación como valor supremo de la propia identidad, ya sea étnica, sexual, ideológica o religiosa, desde la cual se justifica el ejercicio de la marginación hacia el otro diferente. El intolerante considera que ser diferentes equivale a no ser iguales en cuanto a derechos.

Los efectos de la intolerancia, más si viene desde el poder, son el resquebrajamiento del tejido social, la justificación de acciones extremas que atentan contra los derechos de las personas y el deterioro de la política, ejercida sin matices.

La presión que se ejerce desde las más altas esferas del poder a líderes sociales es una evidencia de la intolerancia en la política. El 23 de abril de 2012, el diario La Hora dedicó una nota a la criminalización de la protesta social, tomando como base una publicación de la Defensoría del Pueblo. El documento, para empezar, señala que la represión a activistas, indígenas y opositores ha sido una práctica de la mayoría de gobiernos, desde que el Ecuador retomó el rumbo democrático. En el actual período gubernamental, la argumentación que se da es que este tipo de expresiones representan amenazas a la seguridad del Estado.

El estudio de la Defensoría del Pueblo, también advierte que los procesos judiciales por sabotaje y terrorismo han aumentado entre el 2008 y 2011, así como otros tipos penales relacionados con estos, como por ejemplo, la agresión terrorista.

5) El narcotráfico

El mundo laberíntico del narcotráfico, por su complejidad y magnitud, podría asimilarse a un entorno kafkiano. No resulta exagerado aplicar la sentencia de Dante Alighieri, en la Divina Comedia, quien coloca en el dintel de la puerta del infierno: “¡Perded toda esperanza los que entráis!”. Esta sentencia, aplicada al mundo de la droga, muestra que a pesar de los esfuerzos por conocer sus lógicas internas, no se avizora todavía esperanzas de comprensión.

Bien podría afirmarse que las informaciones y datos que presentan organismos internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, son “un pálido reflejo de lo que sucede en la realidad”. Es un mundo que, como bien relata el periodista e investigador italiano Roberto Saviano (2014), en su libro CeroCeroCero, “(…) cuando más cerca estás de creer que has entendido cómo se mueven los mercados, más te acercas a las razones de quien corrompe a quien tienes cerca, de quien hace abrir los restaurantes y cerrar los bancos, de quien está dispuesto a morir por dinero (p. 482).

Los denodados esfuerzos internacionales y nacionales por conocer este mundo no han conseguido comprenderlo plenamente y, peor aún, penetrarlo, por su carácter cada vez más globalizado, pero, a la vez, adaptado a los territorios en los que opera.

Los intentos interpretativos ligados con los problemas de las drogas no solo han sido rápidamente superados, sino que todos y cada uno de ellos se muestran claramente insuficientes para explicar una totalidad multiforme, de dinámica vertiginosa, y progresivamente más voraz en invadir estratos y parcelas de la vida social. Por ello, me eximo de presentar cifras.

En este contexto, a lo mejor conviene acudir a la ciencia ficción, para intentar imaginar las lógicas de funcionamiento, transformación y adaptación a nuevos contextos (Ojeda, 2015).

Lautaro Ojeda Segovia

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