Políticas penitenciarias y DD. HH.: breve lectura de lo global y lo local

Políticas penitenciarias y DD. HH.: breve lectura de lo global y lo local

abril 15, 2017
in Category: Perspectivas
0 7230 0
Políticas penitenciarias y DD. HH.: breve lectura de lo global y lo local

Hablar de prisiones es ingresar a un mundo marcado por la violencia, la crueldad, el hacinamiento, la inseguridad jurídica y la muerte. A principios del año 2017, guerras campales en las cárceles brasileñas ocasionaron la muerte de 95 privados de libertad, al parecer, por un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. El año anterior murieron 372 personas bajo condiciones parecidas en ese mismo país. El Observatorio Venezolano de Prisiones reportó en su informe del 2016 la muerte violenta de 173 personas bajo custodia penitenciaria y este año se inició con un saldo trágico de 12 muertes violentas en la cárcel de Puente Ayala. En una cárcel del norte de México murieron 52 reclusos en febrero de 2016 como producto de un enfrentamiento sanguinario entre bandas. En marzo de este año murieron siete presos en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en medio de un incendio.

Los casos hacen parte de una realidad que provoca escándalo, indignación y vergüenza, los mismos sentimientos que suscitan cuando vamos al cine a mirar “Expreso de medianoche” o “Carandiru”, películas inspiradas en hechos reales sucedidos en las cárceles del mundo. “Expreso de medianoche” es una obra cinematográfica de antología, que trata sobre la brutalidad de las prisiones y también sobre la desproporcionalidad de la pena. Se estrenó en 1978 y recibió varios premios internacionales, con el guión de Oliver Stone, que por aquellos años aún no había adquirido la fama posterior. Bajo otro despliegue argumentativo, Carandiru es una obra argentino-brasileña de culto, que narra los espantosos momentos de la masacre de 1992 en una de las prisiones más grandes de América Latina situada en Brasil.

Las obras cinematográficas son apenas un reflejo de lo que está sucediendo en las prisiones y han sido precisamente los hechos y la casuística del horror lo que ha inspirado y ha generado conciencia en el mundo, respecto a la necesidad de defender los derechos de los privados de libertad, cuya situación es de extrema vulnerabilidad.

Esta es la polaridad: por un lado, nos enfrentamos cada año a cifras de muertes violentas y muchas veces atroces en las prisiones de todo el mundo, mientras que por otro lado, los organismos de Naciones Unidas y/o regionales instan a los gobiernos para que suscriban acuerdos internacionales, se comprometan a diseñar y construir cárceles más humanas (si eso fuera posible), elaboren nuevas normativas, reglamentaciones y modelos de gestión, cuyos principios inspiren la defensa de los derechos humanos y el acceso a la justicia de los privados de libertad.

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta nuestros días, se han suscrito varios instrumentos internacionales, tratados, pactos, convenios, principios, normas mínimas y declaraciones, orientados todos ellos al cumplimiento de un trato digno a los privados de libertad por parte de los gobiernos. Destacan entre las más importantes las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, 1955; los “Principios Básicos para el tratamiento de los reclusos”, 1990; las “Reglas de Bangkok para el tratamiento de las reclusas, 2010; los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, OEA 2008; las “100 Reglas de Brasilia”, 2008, que construyen estándares mínimos para garantizar el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, incluidos los privados de libertad; y desde las defensorías públicas de las Américas se elaboró una “Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad” y su manual explicativo, el año 2013.

Por último, el 2015 Naciones Unidas aprobó la revisión de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, adoptando oficialmente el nombre de Reglas Mandela, en homenaje al legado del difunto Presidente de Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela, quien padeció 27 años en prisión por emprender su lucha por los derechos humanos, la igualdad, la democracia y la promoción de una cultura de paz a nivel mundial. El organismo decidió, además, fijar el 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, como fecha emblema para promover condiciones dignas en las cárceles del mundo, sensibilizar la dimensión humana y social de los privados de libertad y poner en escena el trabajo del personal penitenciario, cuya relevancia ha sido poco apreciada.

En suma, existe un camino recorrido en cuanto a principios y normativas de Naciones Unidas y de organizaciones continentales y regionales para construir un imaginario normativo que regule y establezca estándares mínimos de actuación de los gobiernos en su tratamiento a los privados de libertad. Sin embargo, parecería que la situación penitenciaria no solo sigue siendo crítica, sino que cada día se agrava más.

Hacinamiento y cárceles: una bomba de tiempo

No sabemos lo que les pasa a nuestras sociedades y gobiernos, para que en lo penitenciario, encarnen comportamientos muy parecidos a la esquizofrenia. Por un lado, se padece un hacinamiento carcelario intolerable, y por otro, los sistemas de justicia diseñan modelos que privilegian la cárcel por sobre cualquier otra alternativa. ¿Dónde van a ubicar a tantos presos?

Desde diversas voces, no solo del derecho sino de la sociología, de la antropología, de la filosofía, incluso de la economía, se ha puesto en cuestión el “uso generalizado y abusivo de la pena privativa de libertad” en los sistemas de justicia penal de América Latina, que convirtieron las unidades de flagrancia en una maquinaria imparable de producción de presos, durante los 365 días del año.

Esto no puede significar sino que los gobiernos prefirieron adscribir al status quo: vigilar y castigar, una política bicéfala donde reina una suerte de “penitenciarización de las penas”, es decir, la cárcel como el principal instrumento para resolver la mayor cantidad de conflictos sociales, incluso los más leves. Se trata de un sistema de pensamiento autoritario, disciplinario, en el sentido que Michel Foucault  le da al término, donde es dominante y hegemónica una cultura penitenciaria del castigo.

Queremos subrayar esto, en tanto son portadores y voceros de dicha “cultura”, no solo las fuerzas represivas de los Estados, no solo los organismos de seguridad y las estructuras de poder, sean del signo ideológico que sean, sino la esencia de lo que conocemos como sociedad. Es la gente común y corriente la que exige de los gobernantes seguridad y mano dura contra la delincuencia, cuya cara visible tiene que ser la cárcel. Para ciertos delitos, inclusive demandan la pena de muerte.  Más aun, abriendo el abanico, en algunos países se han reconstituido organizaciones políticas ultranacionalistas, que adjudican los problemas de seguridad a los “extranjeros” y que promueven su encarcelamiento y/o deportación.

En contrapartida, el hacinamiento carcelario es un factor que incide en la médula de la conflictividad social y si las prisiones no dan abasto para más presos, lo más sensato sería imaginar y actuar conforme lo que Luigi Ferrajoli llama, el “derecho penal mínimo”.

Pero no, se hace lo contrario al sentido común y los sistemas judiciales “punitivizan” todos los actos de la vida social, enviando a aquellas cárceles hacinadas, oleadas de privados de libertad, generalmente pobres, con una escolaridad mínima, desempleados, cobrizos y negros. Dependiendo de la región, esta población ha transitado hacia niveles insospechados de violencia y crueldad, mientras los gobiernos han demostrado una incapacidad manifiesta para observar esta realidad y actuar en consecuencia.

Por cierto, también se han poblado las cárceles de personas que, en otras circunstancias y entornos judiciales, no deberían ir a prisión: padres de familia que no pagan la pensión de sus hijos, jóvenes consumidores de drogas light, infractores de tránsito, personas que cometieron robos menores o hurtos -generalmente de alimento- y que no tienen antecedentes penales, detenidos por riñas menores, en fin, la lista puede ser enorme.

Como resultado, tenemos el incremento exorbitante del número de privados de libertad. Generalmente se utilizan dos instrumentos de medición para precisar una clasificación: el número de privados de libertad por cada 100 mil habitantes y el número de privados de libertad por países.

Según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios (CIPR), organismo especializado que dispone de una base de datos en línea, con información actualizada sobre los sistemas penitenciarios en todo el mundo, Estados Unidos tiene el más alto número de privados de libertad, con 2.145.100 personas detenidas, según la información extraída el 9 de mayo de 2017. Este número corresponde al 25% de la totalidad de presos en el mundo, estimada en 10.2 millones de personas.

En segundo lugar se ubica China, con 1.649.804 privados de libertad, aunque en el ranking por cada 100 mil habitantes, este país se ubica en el puesto 136.

Un país latinoamericano, Brasil, se encuentra en tercer lugar, con 659.020 personas privadas de libertad, mientras que la Federación Rusa ocupa el cuarto puesto, con 623.642 detenidos. En quinto puesto se ubica la India con 419.623 presos. En el ranking por cada 100 mil habitantes, Brasil ocupa el puesto número 30, la Federación Rusa el puesto 12 y la India el puesto 213.

Como se puede predecir, si tomamos el orden de los países en el ranking por cada 100 mil habitantes, el cuadro se modifica sustancialmente. Estados Unidos se ubica en segundo puesto, con 666 prisioneros por cada 100 mil habitantes.

Entre los países latinoamericanos que se encuentran en el ranking más alto de prisioneros por cada 100 mil habitantes, están: El Salvador, ocupando el tercer puesto con 585 prisioneros; Cuba en el séptimo puesto con 510 presos; Bahamas en el puesto 8 con 439 presos; Grenada en el puesto 10 con 435 presos; Panamá en el puesto 15 con 421 presos; Belize y Antigua y Barbuda ocupan los puestos 16 y 17, con 410 y 399 presos respectivamente; Costa Rica y Puerto Rico están en el puesto 23 y 24, con  352 y 349 presos en su orden.

En los países sudamericanos, Brasil se encuentra a la cabeza con el puesto 30; Uruguay ocupa el puesto 37 con 297 presos; le sigue Perú en el puesto 46 con 259 presos; Chile y Colombia se ubican en los puestos 55 y 54, con 237 y 236 presos respectivamente. Paraguay está en el puesto 80 con 180 presos; Argentina en el puesto 84 con 167 presos; Ecuador y Venezuela ocupan el puesto 95, con 160 presos por cada 100 mil habitantes. Muy abajo, en el puesto 120 está Bolivia con 130 presos, entre un total de 222 países.

Luces y sombras en el sistema penitenciario ecuatoriano

En los últimos años el Estado impulsó varias iniciativas para enfrentar la problemática penitenciaria con otras miradas y otros enfoques. Se planteó el reto de enfrentar y resolver algunos de los principales problemas del sector: rezagos en el desarrollo normativo, infraestructura en situación de crisis, desgobierno al interior de las prisiones, caos en la gestión administrativa y en la información de la población penitenciaria, condiciones infrahumanas en la mayoría de los centros, en suma la ausencia de una política pública de atención penitenciaria.

Parte de esta situación fue analizada por el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Philip Alston, en su misión al Ecuador, publicada el 9 de mayo de 2011, quien realizó algunas recomendaciones al Estado ecuatoriano, entre ellas destacamos las siguientes:

El Gobierno debería crear una comisión de expertos de alto nivel para evaluar el desempeño de las fuerzas de policía.

El programa de protección de testigos debería administrarse independientemente de las fuerzas de policía y de la fiscalía.

Se debería crear un programa especializado o directrices para proteger a los defensores de los derechos humanos.

Capacitación a miembros de la fuerza pública en derechos humanos.

La justicia indígena está reconocida en la Constitución y es una parte importante del sistema jurídico del país. No deberían introducirse reformas sin haber consultado previamente con los grupos indígenas.

La comunidad internacional debería seguir supervisando las cuestiones de derechos humanos en el Ecuador, brindando el asesoramiento adecuado y cooperando con los grupos locales.

Por su parte, el Estado y las autoridades de gobierno desarrollaron al menos cuatro esfuerzos importantes: (i) la creación de un nuevo marco legal a tono con las convenciones internacionales en materia penitenciaria; (ii) enfrentar un problema de la infraestructura y el hacinamiento carcelario; (iii) dotar de un nuevo modelo de gestión penitenciaria con la reglamentación del sistema nacional de rehabilitación social; y (iv) profesionalizar al personal administrativo de prisiones.

En el marco legal, la Constitución de 2008 marca un antes y un después en esta materia, al establecer en los artículos 201 al 203 la obligatoriedad de crear un sistema de “rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos”, la fijación de estándares de cumplimiento de los fines del sistema, la creación de medidas de acción afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, entre otros aspectos. Sobre todo, se crea la figura de las juezas y jueces de garantías penitenciarias con el fin de asegurar los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y la decisión sobre sus modificaciones.

Con base en los preceptos constitucionales, en mayo de 2013, se diseñó un nuevo modelo de gestión penitenciaria, recogiendo ocho principios fundamentales, que a su vez se inspiraron en la normativa internacional existente: titularidad de derechos y dignidad; legalidad y proporcionalidad; normalidad; separación; individualización del tratamiento; voluntariedad y participación; cumplimiento de sentencia, indulto o amnistía; administración única.

El 10 de agosto de 2014 se emitió un nuevo Código Orgánico Integral Penal, que incluye el libro tercero sobre ejecución de la pena, con un desarrollo normativo importante respecto al funcionamiento de las juezas y jueces de garantías penitenciarias, ejecución de la pena, sistema nacional de rehabilitación social, centros de privación de libertad, régimen de penas no privativas de libertad, medidas cautelares, sistema de progresividad, tratamiento, visitas, régimen disciplinario y repatriación.

Por último, el 20 de febrero de 2016 se publicó en el Registro Oficial el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que regula y norma las reglas de juego de dicho sistema.

En cuanto a la situación de hacinamiento carcelario, el Ecuador exhibía una sobrepoblación del 150%, tal como reporta el diario El Telégrafo, el 19 de diciembre de 2013. Para esa fecha, según el Ministerio de Justicia, la población carcelaria llegaba a 22.029 privados de libertad, siendo la capacidad de las cárceles para apenas 12.089 plazas.

Para resolver esta problemática el gobierno tomó la decisión de construir lo que se conoce como cárceles regionales, unas construcciones enormes en Latacunga, Guayaquil y Cuenca, entre otras ciudades. En la actualidad hay en el Ecuador 56 centros de privación de libertad, clasificados como: centros de rehabilitación social (35), centros de detención provisional (18) y casas de confianza (3).  Clasificados por sexo, existen 31 centros de varones, 7 de mujeres y 18 mixtos.

Numéricamente, con datos oficiales de agosto de 2014 (no ha sido posible obtener información actualizada) la cifra bordeó los 27 mil presos, con cuya información Ecuador ascendió al puesto 95 en el ranking entre 222 países, con 160 presos por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, en los últimos 15 años la población penitenciaria tuvo fluctuaciones importantes, incrementándose de manera desmesurada el último quinquenio. El año 2007 poblaban las cárceles 18.675 personas. Muchas de ellas se encontraban sin sentencia condenatoria y sufriendo prisión por más de un año. El gobierno impulsó una campaña nacional para resolver esta grave problemática que afectaba los derechos humanos de miles de personas y llevamos a cabo, desde el germen de la Defensoría Pública de ese entonces, la campaña “cero presos sin sentencia”, cuyo resultado en las cifras fue una reducción impresionante del número de privados de libertad, hasta 11.279 personas el año 2009. Con este número, ocupábamos uno de los rankings más bajos por cada 100 mil  habitantes.

Pero desde el 2009 en adelante, cada año ha significado un incremento desmesurado de privados de libertad y hasta el 2014 se contaron 26.591 presos, lo cual significa un crecimiento en el 136% en apenas 5 años. No contamos con cifras oficiales, pero creemos que hasta mayo de 2017 ese número se habrá incrementado significativamente y probablemente esté bordeando los 30 mil detenidos.

Por otro lado, de acuerdo con un boletín del Consejo Nacional Electoral, en las elecciones recientes ejercieron el voto 10.230 privados de libertad sin sentencia condenatoria y por lo tanto habilitados para votar. No se reparó en esta cifra referencial que permite inferir ciertos aspectos fundamentales, entre otros, que más del 38% de los privados de libertad se encuentran bajo la figura de la detención provisional; sobre todo, que al existir legalmente presunción de inocencia para este porcentaje de la población, en ciertos tipos penales que no implican riesgos de seguridad, el sistema de justicia no identificó medidas no privativas de libertad, de servicio comunitario, de compensación a la sociedad, entre otras alternativas contempladas en el mismo Código Orgánico Integral Penal, sino que prefirió el uso de la cárcel.

Sería de gran ayuda para la definición de políticas judiciales y penitenciarias acertadas, conocer cuántas de estas personas se encuentran detenidas por delitos menores, sin antecedentes penales, por apremio (pensiones de alimentos), por accidentes de tránsito, relacionados con la protesta social, entre otros tipos penales que no constituyen ningún riesgo para la seguridad de la población y que bien podrían realizar otras actividades de beneficio para la ciudadanía.

Más aun, muchos de estos privados de libertad fueron ubicados en las cárceles regionales, cuyo diseño ha recibido críticas por su carácter confinatorio, que ocasiona pesares adicionales a las familias de otras provincias, quienes en su condición generalizada de pobreza, tienen que hacer esfuerzos enormes para realizar visitas a sus presos.

Por lo demás, hasta ahora no se soluciona el problema de agua potable en la cárcel de Latacunga y es un hecho público los reclamos de los privados de libertad sobre la gestión administrativa de estos centros, cuyo modelo demanda importantes recursos y un gran dispositivo en personal especializado, lo que hace suponer la imposibilidad de universalizar el modelo en todas las cárceles del país. Ciertamente, estos años han funcionado desde la concepción administrativa los dos modelos: el modelo aplicado en los centros regionales y el modelo anterior.

En conclusión, se observa un conjunto de esfuerzos de política pública, en la propia redacción de la Constitución del 2008, en la actualización de normativas como el Código Orgánico Integral Penal, en la construcción de nuevas cárceles para solucionar el hacinamiento, en el diseño de un modelo de gestión, entre otros esfuerzos, pero que al mismo tiempo se contradicen con la sistemática política de encarcelamiento preventivo y sancionatorio, con modelos dispares, con estructuras administrativas que obstaculizan y dificultan el acceso a la justicia y, sobre todo, con una concepción encapsulada contraria al diálogo y a la búsqueda de alternativas de solución creativas e innovadoras a la larga lista de problemáticas existentes en los centros penitenciarios.

Sin duda, una agenda pendiente es la construcción de una política penitenciaria con un abordaje integral: político, social, técnico y jurídico adecuados a la realidad de los privados de libertad, a su composición social, a sus características culturales, a la situación de sus familias –eje fundamental en cualquier proceso de reinserción futuro-, a la ubicación de los centros de privación de libertad, así como al grado de especialización del personal administrativo.

La administración penitenciaria y los lindes con la justicia

Siempre ha estado presente y con una alta dosis de exposición pública, la polaridad entre el sistema judicial y el sistema administrativo, este último en la pugna por colonizar mayores porciones del territorio penitenciario bajo su reino.

Por ello, desde una lectura general del proceso de ejecución de la pena, creemos que uno de los grandes aportes a la construcción de un sistema de justicia especializado, fue la creación de la figura de la jueza o juez de Garantías Penitenciarias y la tutela efectiva de los derechos de los privados de libertad. De esta manera, en la norma el Estado ecuatoriano cumple con los estándares internacionales en materia penitenciaria.

Sin embargo, en los procedimientos, el Consejo de la Judicatura se equivocó al no haber nombrado estos jueces y al haber extendido al juez penal las competencias y funciones del juez de garantías penitenciarias. Así las cosas, el juez que sanciona una pena está obligado a garantizar los derechos de los sancionados, lo que constituye un contrasentido jurídico, que tiene efectos negativos en la administración de justicia y en el propio cumplimiento de la ley.

Uno de los rasgos más visibles de aquello es que los jueces penales, con funciones de jueces de garantías penitenciarias, nunca han cumplido una de sus tareas centrales, relacionada con “una inspección mensual a los centros de privación de libertad, a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la condena y de los derechos de las personas que están privadas de libertad”, como obliga el artículo 669 del COIP. Este artículo dispone que al realizar las visitas, el juez de garantías penitenciarias “ordenará lo que juzgue conveniente para prevenir o corregir las irregularidades que observe”.

Precisamente al no contar con jueces especializados y al incumplir el mandato legal respecto a las inspecciones mensuales, tampoco se desarrollaron protocolos adecuados para prevenir maltratos, violaciones a los derechos humanos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como actos de tortura, que están prohibidos por los tratados, acuerdos y convenciones internacionales, de las cuales es parte el Estado ecuatoriano, sometido como todos a exámenes periódicos por los organismos especializados de Naciones Unidas.

Citemos, por ejemplo, los hechos sucedidos en la cárcel de El Turi, Cuenca, el 31 de mayo de 2016, cuando un grupo de élite de la Policía Nacional, ingresó a las celdas y ejecutó tratos crueles, inhumanos y degradantes a los privados de libertad. La Defensoría Pública actuó de inmediato, solicitando a los jueces una acción de hábeas corpus a favor de los privados de libertad. El juez civil (constitucional) dictó sentencia favorable de hábeas corpus. El Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior apelaron la sentencia y fue anulada, para que sea conocida por un juez penal. El juez penal, al conocer en audiencia los hechos, dictó una sentencia definitiva extensiva a todos los privados de libertad.

Los policías ejercieron violencia física y sicológica, incluso actos calificados como delitos de odio en contra de los privados de libertad. Testimonios y el video del propio centro fueron evidencias de los golpes con tolete, ingreso violento a las celdas, propagación de gas pimienta, obligación de desnudarse. Golpearon a personas enfermas y de la tercera edad, incluso a agentes de seguridad penitenciaria y funcionarios del Ministerio de Justicia. Todos estos acontecimientos duraron alrededor de cuatro horas y media. El propio Director del Centro documentó las agresiones sufridas mediante fotografías tomadas con su teléfono celular.

El juez dictó sentencia, disponiendo entre otras cosas, lo siguiente:

El traslado a otros Centros de Privación de la Libertad  que ofrezcan las garantías a  los accionantes.

Tratamiento psicológico integral  para todos los internos.

Garantías de no repetición de hechos y actos  que constituyan violación de los derechos fundamentales de los internos en  ningún centro de privación de la libertad a nivel nacional.

Reconocimiento de responsabilidad que tienen los ministerios de Justicia y del Interior en velar para que se respeten los derechos fundamentales de los accionantes en cualquier centro que sean reubicados y de todos los que se encuentren privados de la libertad

Disculpas públicas por parte de los ministerios de Justicia, del Interior y los señores policías que intervinieron en el operativo.

Que los miembros que intervinieron en el operativo antes señalado no vuelvan a ingresar bajo ningún aspecto a ningún centro de rehabilitación social a nivel nacional.

Que el 31 de Mayo se dicten charlas en todos los centros de rehabilitación social del Ecuador a los Internos sobre “Derechos Humanos frente a los Derechos de las personas privadas de la libertad”, bajo la responsabilidad de los ministerios de Justicia y del Interior.

Otro de los rasgos característicos del incumplimiento de las normas y de aquella tensión entre lo administrativo y lo judicial, es la dificultad de acceso a información confiable y actualizada sobre los privados de libertad, lo cual puede ocasionar problemas recurrentes para hacer un adecuado seguimiento a los expedientes, atención oportuna para acceso a derechos, barreras innecesarias para procesos de investigación académica y pública, entre otros tantos aspectos que se generan por la falta de una adecuada coordinación interinstitucional.

En cuanto al acceso a derechos, existen problemas en la administración penitenciaria para resolver cuestiones relativas al cumplimiento de la pena, libertad controlada o régimen semiabierto, rebajas, trámites administrativos internos como traslados, reubicaciones, acceso a servicios, entre otros. Las problemáticas generalmente se agudizan por falta de actualización documental, por información desactualizada, inconexa y contradictoria, así como por trabas burocráticas repetitivas que obstaculizan la agilidad en los trámites y la actuación de los jueces de garantías penitenciarias en las audiencias de rigor.

En resumen, existen las herramientas para construir un modelo y una política penitenciaria ejemplar, pero equívocos y prácticas que impiden un diálogo fluido y constructivo entre los actores, han ocasionado un enorme desfase entre las normas, las declaraciones y la realidad, quizá originadas en el mismo concepto y en los contenidos de lo que se conoce como derecho penitenciario, en su doctrina, en la institucionalidad y en la seguridad jurídica. La judicialización del sistema penitenciario es fundamental, pues todo aquello que acontece en materia de derechos al interior de las cárceles debe ser procesado por el sistema de justicia y la fase administrativa no está sino bajo escrutinio del Estado Constitucional de derechos y justicia.

Por todo ello, creemos que hace falta un debate nacional sobre la cultura penal autoritaria en contraposición con una cultura penal democrática, facilitadora del diálogo, de la construcción de consensos, del acceso compartido a la información pública y, por supuesto, de la defensa de los derechos humanos.

La Defensoría Pública impulsó un esfuerzo en este sentido, desarrollando la investigación sobre el grado de conocimiento legal y el ejercicio de derechos en los centros de privación de libertad del Ecuador, con una muestra de 1902 entrevistas a privados de libertad en 20 provincias y 22 ciudades, que representan el 7,2% del total de privados de libertad, tomando como universo el dato oficial del 2014, de 26.591 privados de libertad. A continuación se describen algunos de los principales hallazgos, que serán posteriormente difundidos en una publicación, cuyo propósito fundamental se orienta a mejorar el conocimiento de los privados de libertad, determinar con mejor precisión sus necesidades de los privados de libertad, focalizar servicios y aportar a la definición de políticas penitenciarias asertivas de largo plazo.

Caracterización socio-antropológica

Los privados de libertad se autodefinen en su mayoría como mestizos (54%), afroecuatorianos (19%), montubios (7%) e indígenas (5%). Por nacionalidad, el 82% son ecuatorianos, el 4% colombianos, el 1% proviene de Perú, España, México y otras nacionalidades. Por sexo, el 80% son hombres y el 20% mujeres.

Respecto a la edad, más del 43% son jóvenes, pues oscilan entre los 18 y 35 años. También se registra un 15% de privados de libertad encuestados que dicen sufrir algún tipo de discapacidad.

En cuanto a la instrucción, el 64% tiene educación básica y secundaria. Un 3% declara no tener ningún grado de instrucción y solo un 9% dice contar con instrucción universitaria y de posgrado. El 6% de las madres de los privados de libertad no tienen ninguna instrucción.

Sobre su ocupación antes de ser privados de libertad, el 25% realizaba actividades elementales, el 18% se dedicaba a labores agrícolas, el 17% realizaba actividades de comercio informal, el 5% desempeñaba funciones como apoyo administrativo, 5% realizaba actividades en el sector manufacturero, 4% actividades técnicas, 2% de dirección, 1% militares.

El 68% de los privados de libertad entrevistados manifiesta haber crecido con sus padres. Quienes crecieron con sus abuelos suman el 15% y con parientes cercanos el 6%. En cuanto a las características de sus hogares, un 10% declara haber vivido en hogares violentos o muy violentos.  También se revela que 23% indica haber tenido una infancia entre difícil y muy difícil.

No existen diferencias pronunciadas entre aquellos que tienen un hijo (22%), dos hijos (21%) y tres hijos o más (27%). También hay un 22% que no tiene hijos. El 35% tuvo su primer hijo de 19 a 25 años y el 25% lo tuvo entre los 13 y 18 años.

El 22% de los privados de libertad tienen a algún pariente cercano en la cárcel.

El 39% dice que la cárcel le ha servido para prepararse para la vida en libertad.

Situación de los privados de libertad dentro de la prisión

Más del 60% de los encuestados se encuentran en prisión en los últimos tres años (2013 al 2015). Son una minoría los privados de libertad que se encuentran detenidos desde años anteriores.

El 27% se encuentra detenido actualmente por delitos contra el derecho a la propiedad, el 22% por delitos de drogas, el 15% por delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el 14% por delitos contra la inviolabilidad de la vida, 3% por delitos de terrorismo y su financiación, 2% por delitos contra la seguridad pública y el 16% restante por otros tipos de delito.

Es importante observar que el 57% de los privados de libertad han sufrido maltrato por parte del personal penitenciario, entre maltrato físico, insultos, burlas degradantes, amenazas, maltrato a las visitas y extorsiones.

El 31% dicen que no han denunciado los maltratos físicos de los guardias porque no sirve de nada. El 26% manifiesta haber tenido temor a represalias, el 26% dice que no sabía que se podía denunciar, el 10% no sabía cómo hacerlo y nadie le ayudó.

El 50% de los privados de libertad manifiesta haber sido maltratado por otros privados de libertad. De acuerdo con el tipo de maltrato, el 24% dice haber recibido insultos y amenazas, el 10% maltratos físicos, el 8% burlas degradantes y el 6% extorsiones.

El 59% dice que existen privilegios en la cárcel. Según el tipo de privilegios, el 29% de los privados de libertad manifiesta que los privilegios se dan en la comida, el 19% dice que les dejan manejar dinero, el 7% puede traficar con drogas, incluso un 7% dijo que pueden salir y tener visitas sin restricciones. El 5% dijo que las preferencias se dan en las llamadas a familiares, el 4% se repite en el acceso a capacitación, atención médica, dotación de medicinas y trámites de salida de prisión.

El 49% de los privados de libertad manifiesta que no se ha tratado bien a sus visitas y un 44% manifiesta que no ha tenido acceso a visitas íntimas.

Acceso a la justicia

Los privados de libertad generalmente desconocen sus derechos y tienen dificultades de acceso a un abogado. Nos interesó saber cuál es la opinión que tienen sobre estos aspectos y los resultados confirman esta percepción.

El 53% dicen que en su última audiencia le atendió un defensor público, el 38% un defensor particular, el 4% nadie, el 3% desconoce y el 2% no responde. En la actualidad, el 31% dice contar con defensor público, 27% con defensor particular, y 18% no tiene defensor. La investigación registra también que un 18% de privados de libertad cambiaron a su abogado privado por un defensor público.

El 41% de los privados de libertad manifiestan que en su última audiencia no pudo conversar con su abogado, el 35% menos de cinco minutos, el 15% entre quince y treinta minutos, el 4% entre 31 minutos y una hora, el 2% más de una hora y el 3% no responde.

Los privados de libertad generalmente tienen confianza en sus abogados defensores. El 62% dicen tener confianza absoluta y mucha confianza, el 26% tienen desconfianza y el 12% mucha desconfianza.

En cuanto a la frecuencia de visitas de su abogado defensor, el 41% se queja de que nunca los visita. El 44% dice que nunca puede contactar a su abogado defensor cuando lo necesita.

Cerca del 60% de privados de libertad desconoce dónde están reguladas las faltas y el proceso disciplinario. Un 17% de los privados de libertad han sido sometidos a un procedimiento disciplinario, mientras que la gran mayoría (75%) dice que no.

El conocimiento de derechos es escaso por decir lo menos. El 42% indica que no los conoce y el 41% que sabe muy poco y poco. Del mismo modo, un 33% manifiesta que sus derechos en la cárcel no son nada respetados y el 27% poco respetados. Solo el 16% indica que son muy respetados y el 15% que son medianamente respetados. El 10% no sabe o no responde.

Se preguntó acerca de quién consideran que debe garantizar sus derechos en  la cárcel. El 43% indica que las autoridades de la cárcel y el 20% que el gobierno nacional. También el 11% dice que el abogado defensor, el 10% que ellos mismos, el 8% los jueces, el 2% sus familiares y el 1% la Policía Nacional. También un 3% dice que nadie.

El 55% de los privados de libertad afirma que alguno de sus derechos ha sido violentado en la cárcel. De este porcentaje, el 70% dijo que no presentó ningún reclamo, porque no cambia nada y por temor a represalias. También indicaron que no sabían que se podía presentar un reclamo y que no sabían cómo hacerlo.

Al ingresar a la cárcel, averiguamos quién les informó sobre sus derechos. El 27% afirmó que nadie, el 25% su abogado defensor, el 21% ellos mismos, el 11% las autoridades de la cárcel, el 5% la Policía Nacional, 4% los jueces, 4% los familiares, el 2% el gobierno nacional.

Más del 60% de los privados de libertad afirman tener acceso a las actividades laborales, educacionales y recreacionales.

Únicamente el 17% sabe que puede apelar una respuesta negativa ante el juez de garantías penitenciarias para el acceso a las actividades laborales, educacionales  y recreacionales.

El 28% de los privados de libertad manifiesta haber recibido apoyo en sus trámites de beneficios por parte de su defensor. Pero un porcentaje similar dice que no.

Entre los derechos más recurrentes de los privados de libertad, figura en primer lugar la solicitud de rebaja de penas (21%), la prelibertad (14%), el régimen abierto (9%) y la libertad controlada. Pero también figura un 46% que dice no cumplir con el tiempo mínimo para acceder a los beneficios, es decir se trata de privados de libertad recientes.

El 72% de los privados de libertad se quejan de atrasos en el trámite de sus causas, principalmente por la responsabilidad de la administración penitenciaria (36%), por culpa de los jueces (30%), por demoras de los abogados defensores (27%) o por otros (8%).

En cuanto a los servicios de salud, una gran mayoría (76%) dice que sí ha recibido atención médica. En la calificación del servicio, el 22% dice que la atención fue regular, 22% que fue buena, 15% muy buena, 13% mala y 9% muy mala.

Solo el 9% de los privados de libertad afirma haber recibido servicios de desintoxicación por drogas.

Ernesto Pazmiño Granizo

,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *