Las tensiones actuales para el ejercicio de derechos en el Ecuador

Las tensiones actuales para el ejercicio de derechos en el Ecuador

agosto 18, 2017
in Category: Interculturalidad
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Las tensiones actuales para el ejercicio de derechos en el Ecuador

A partir de octubre del 2008, Ecuador experimentó un cambio trascendental en la vida política y jurídica tras la vigencia de una Constitución de corte progresista; 444 artículos nacieron en el seno de una Asamblea Constituyente que procuró incluir el reconocimiento de los derechos de aquellos sectores que habrían estado por décadas olvidados, así como también visibilizar nuevos sujetos de derechos, entre ellos, la naturaleza.

Un panorama de unidad y fortalecimiento de los sectores sociales y los poderes políticos se avizoraba tras este hito, que procuró marcar un punto de partida para toda América Latina. Poco duró ese ambiente de triunfo para los derechos de los más vulnerables. Las diferentes luchas de los sectores sociales y, en especial, de los pueblos y nacionalidades indígenas, que a partir del levantamiento de 1990 tomaron gran relevancia, a pesar de haberse plasmado en el texto constitucional, en la práctica fueron minimizadas hasta el punto de la represión.

Así lo ha señalado Jorge León en su análisis sobre las relaciones de las organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa (2010, pág. 14): “durante el gobierno de Rafael Correa se ha pasado de una mutua aceptación y defensa a un rechazo y condena del otro”. Una de las estrategias del gobierno de Rafael Correa consistió en hacer visible y dotar de relieve público los aspectos simbólicos y culturales de los pueblos indígenas,  como las prendas de vestir con diseños andinos y el uso del idioma kichwa en escenarios políticos; se constituyeron en sus principales herramientas para contrastar a su gobierno con el resto que se habrían olvidado de este sector importante de la población (León Trujillo, 2010, pág. 17).

La aparente alineación de los planes de gobierno a las propuestas de los pueblos y nacionalidades indígenas no tardó en derrumbarse. La estrategia para la captación de votos y la aceptación de sus planes de gobierno entraron en tensión cuando se trató de los recursos naturales: en la Sierra con las normas sobre el acceso y uso del agua, y en la Amazonía con el petróleo y la minería (León Trujillo, 2010, pág. 19). En efecto, la decisión política por parte de Rafael Correa para impulsar la explotación minera como sinónimo de “desarrollo y prosperidad”, dio paso a la concesión de algunos proyectos de explotación a gran escala, a nivel nacional, a empresas extranjeras, lo cual generó la oposición de los sectores sociales e indígenas por la preocupación sobre los efectos ambientales perjudiciales que puedan causar dicha actividad y las concesiones otorgadas.

Las protestas y movilizaciones organizadas por los movimientos indígenas, como expresión legítima de rechazo a las decisiones políticas adoptadas por el gobierno de Rafael Correa, en relación a la explotación minera como actividad para alcanzar la modernidad y el progreso, fueron reprimidas con apoyo de la fuerza pública, polarizándose hasta el punto de la represión judicial a los dirigentes indígenas con las supuestas acusaciones de incitar a la población a la violencia, además de sabotaje y terrorismo.

Así ha señalado Fernando Acosta, al mencionar el análisis realizado por la Defensoría del Pueblo (2012): “entre el 2008 y el 2011 se ha hecho evidente el incremento de los procesos judiciales por sabotaje y terrorismo, lo que da cuenta de la existencia de una política de criminalización”. Si bien el expresidente Rafael Correa rechazó públicamente que en Ecuador ha existido tal criminalización, la verdad es que varios dirigentes indígenas han sido procesados y sentenciados por delitos de ese tipo.

Pepe Acacho, uno de los líderes indígenas shuar fue sentenciado por “terrorismo”, tras las manifestaciones ocurridas el 30 de septiembre del 2009, en rechazo a la aprobación de la Ley de aguas. En esa propuesta se produjo el fallecimiento del profesor Bosco Wisuma y posteriormente el cierre de la radio shuar Arutam.

Al parecer, la represión no solamente ha estado dirigida en contra de la protesta social ejercida por los líderes indígenas y sociales, también ha incluido a quienes haciendo uso de su derecho de libertad de expresión, han emitido alguna opinión que no es del agrado del régimen saliente. Varios casos calificados como “persecución a periodistas” o “persecución a medios” han sido identificados por los grupos de defensa de derechos humanos; así se han ventilado los procesos en contra de Emilio Palacio, exeditor de opinión del diario El Universo, a Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores de “El Gran Hermano”, que tenía como fuente la investigación realizada sobre los contratos de Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa que fueron sentenciados por daño moral, entre otros. Sobre la persecución a medios, fueron de connotación nacional los Casos “El Universo”, y revista Vistazo.

Eso produjo que Ecuador se ponga en la mira de varios organismos de derechos humanos, además de recibir observaciones por parte de Naciones Unidas. En el año 2011, Frank La Rue, Relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión, señaló su preocupación por “la progresiva criminalización de la libertad de expresión” que se registra en el mundo, y específicamente en América Latina, habría registrado un incremento de delitos por “difamación”, para lo cual puso como ejemplo el caso del expresidente Rafael Correa en contra del diario El Universo, del cual logró una sentencia con indemnización de 40 millones de dólares.

Vale añadir a esto, la expulsión de más de un centenar de cubanos producido en julio del 2016, tras haber organizado una concentración a las afueras de la Embajada de México y posteriormente en el parque El Arbolito, mediante la cual solicitaban una visa humanitaria para llegar a Estados Unidos.

Entre los casos polémicos más recientes estaría el juicio en contra de los nueve miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, integrada por personalidades públicas de la sociedad civil ecuatoriana, por supuestas calumnias; juicio en que fueron declarados culpables, aunque luego de haberse leído la sentencia condenatoria, el propio accionante pidiera se declare extinta la causa. Evidentemente, una línea política del anterior régimen fue de fuerte presión a la oposición y al ejercicio de la libertad de expresión, lo que provocó que se debilite la capacidad de reacción de las organizaciones sociales y de la sociedad civil, además de poner en cuestionamiento la independencia de la justicia.

En mayo del 2017, durante el Examen Periódico Universal que  cada cinco años realiza la ONU, a los países miembros para determinar la situación de los derechos humanos en cada país, Ecuador recibió la recomendación de 27 Estados en temas como derecho a la protesta social, independencia de la justicia, libertad de expresión y libertad de asociación, recomendaciones que fueron rechazadas por el ex-canciller Guillaume Long, con el argumento de que en Ecuador sí se respetan los derechos humanos y que, además,  se sienten “orgullosos de todo lo alcanzado”.

La llegada del gobierno del presidente Lenín Moreno genera nuevas condiciones para los actores sociales y para el ejercicio de los derechos. Hay alta expectativa en medio de un ambiente positivo y esperanzador, en el que se prevé el ejercicio del poder capaz de desarrollar un Estado inclusivo, plurinacional, de derechos y justicia; ese es el gran reto que las nuevas autoridades tienen para conciliar al pueblo y a los poderes públicos, y devolver la confianza en las instituciones de una sociedad democrática, reconociendo al verdadero mandante, el pueblo.

Nina Guerrero

Defensora Pública

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