La autonomía Kitu Kara: ejerciendo los derechos colectivos de los pueblos

La autonomía Kitu Kara: ejerciendo los derechos colectivos de los pueblos

agosto 18, 2017
in Category: Interculturalidad
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La autonomía Kitu Kara: ejerciendo los derechos colectivos de los pueblos

Uno de los pueblos originarios existentes en la provincia de Pichincha es el pueblo Kitu Kara, con una presencia milenaria en los territorios ancestrales, donde se ubican los cantones Quito y norte de Mejía. A nivel organizativo las comunas de este pueblo se han organizado en el Consejo de Gobierno del pueblo Kitu Kara, vinculado a la Ecuarunari y a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Estas relaciones se han fortalecido en la búsqueda del libre ejercicio de sus derechos colectivos. Esta necesidad responde a que las comunas y comunidades históricamente han sido objeto de despojo y desplazamiento de sus territorios, situación que se mantiene hasta la actualidad.

En un principio sus territorios fueron considerados baldíos, después rurales, y finalmente con la expansión urbanística, fueron caracterizados como propiedades privadas. La falta de normativas claras para garantizar sus derechos territoriales produce una situación de discriminación, y ha llevado a la división, fragmentación comunitaria, transformación de su condición originaria, debilitamiento del gobierno comunitario y, por tanto, a la pérdida de su autodeterminación. Se suma  a esto, el empobrecimiento económico debido a que los comuneros(as) se han visto obligados a destinar recursos económicos para la defensa de sus derechos y la sobrevivencia, postergando continuamente su desarrollo político, económico y social (Pueblo Kitu Kara, 2016).

Esta constante invasión genera otro cambio cultural respecto al ejercicio de la autoridad. En el pasado era ejercido por los Varayukuna (personas a cargo del mando que poseían una vara como símbolo de su designación), personas con carácter de autoridad y poder de convocatoria, su gobernabilidad estaba relacionada con las cosmovisiones. Con la aplicación de la Ley de Comunas de 1937, los anejos ubicados alrededor de Quito se transformaron en comunas, producto de la necesidad productiva de aquella época, que caracterizó a los habitantes como (campesinos), anulando la identidad histórica de quienes conformaban este pueblo milenario.

  1. Los gobiernos comunitarios en el Estado plurinacional

Por mandato de la Ley de Comunas se conformaron los cabildos; sin embargo, en la época de los levantamientos indígenas y la exigibilidad al derecho de autodeterminación, las comunas reivindicaron a los cabildos como gobiernos comunitarios para ampliar y profundizar la práctica de la gobernabilidad en el territorio de los pueblos ancestrales Kitu Kara. Asumir el ejercicio de los gobiernos comunitarios es incorporar la continuidad histórica, la diversidad cultural, la plurinacionalidad, la interculturalidad y la interpretación intercultural. De igual forma, para arribar a un concepto de comuna o comunidad es imprescindible partir desde sus propias nociones, como el Ayllu, una institución social y territorial que significa un conjunto de familias que descienden de un antepasado común, a quienes les unía la cultura, la religión, la agricultura, la ganadería, la pesca y que particularmente estaban asentadas en un mismo territorio.

La particularidad del régimen de autoridad comunitaria y específicamente del gobierno comunitario, consiste en que el ejercicio de autoridad y la estructura es horizontal; es decir, las decisiones no son adoptadas por el presidente o la directiva comunal, sino por la asamblea comunitaria en el más pleno ejercicio de un proceso de democracia comunitaria (Pacari, 2016). Desde una interpretación intercultural y en el marco de un Estado plurinacional como establece el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, las facultades que ejerce un gobierno comunitario son de orden administrativo-ejecutivo, legislativo y jurisdiccional (territorial). Por tanto, les corresponde al Estado y a sus instituciones aplicar de forma directa e inmediata los principios y derechos establecidos en la carta constitucional e instrumentos normativos internacionales.

Ser comunas indígenas o ancestrales significa una lucha de supervivencia constante debido a que la ciudad se extiende hacia sus territorios. Las primeras dificultades son las invasiones a tierras que milenariamente han permanecido en posesión ancestral; sin embargo, en la jurisdicción de la administración zonal metropolitana no se establece un mecanismo de compatibilización con la Ley de Comunas o marcos legales afines, que apoye a los propietarios colectivos e individuales de esos territorios, sin perjuicio de los títulos de propiedad. Las invasiones, constituyen mafias de mercaderes de tierras que toman posesión de tierras denominadas baldías.

A nivel externo, la instancia más cercana a las comunas son las parroquias rurales, consideradas ahora como gobiernos autónomos descentralizados, en la práctica se transforman en intermediarios para la gestión de las comunas. La otra instancia, son las administraciones zonales municipales, que asumen todas las competencias o gestiones respecto al ordenamiento territorial en las comunas.

La tierra de las comunas está constantemente subiendo en plusvalía, incrementando la lotización de las comunas. La forma de concebir lo baldío, lo urbano, lo rural y lo industrial, llena de incertidumbre a las comunas, debido a que a nombre de la modernidad se abre un campo muy ambicioso, la compra y venta de tierras en las “afueras” de Quito. La plusvalía sube estrepitosamente. En la zona de Calderón, zona declarada como no apta para la agricultura, el metro cuadrado de terreno está valorado en un mínimo de 80 dólares. Los herederos al ver que sus tierras no pueden ser regadas con agua potable, por los costos de ello, prefieren vender sus todavía grandes extensiones.

En este contexto, la tierra toma un valor de cambio y ya no un valor de uso. En las comunidades esto se expresa en la creciente venta de lotes (extensiones de 200 m²) a personas ajenas a la comunidad. Entonces, la vida comunitaria no es atractiva frente a la posibilidad obtener dinero por la venta de terrenos.

La discriminación racial y la exclusión están presentes en la aplicación de las leyes y ordenanzas, cuando se refiere a los pueblos indígenas que habitan cerca de las ciudades. Los planes de manejo integral, planes de desarrollo territorial, no contemplan la presencia activa de las autoridades de las comunas, únicamente son tomados como participantes representativos. La toma de decisiones siempre se produce desde las instituciones. Sin tomar en cuenta la diversidad como un factor esencial sobre el territorio, que es parte de su vida y de su identidad de pueblo originario.

¿En el ámbito interno lo comunitario deja de ser prioritario?

Las comunas poseen sus estatutos, reglamentos, normativas de orden oral y colectivo, sus autoridades son elegidas en asambleas o mediante el voto en urnas; sin embargo, cada vez existe menor aceptación de los comuneros que asumen roles en los cabildos comunitarios. Aduciendo que los comuneros tienen otras prioridades antes que trabajar, luchar o vivir comunitariamente.

El desmembramiento de las comunidades es otra causa que se nota mucho más en comunidades grandes. Muchas personas se agrupan por sectores, forman barrios o comités pro mejoras y los legalizan en el municipio, considerándose autónomos de las decisiones comunales; es más, se ponen en contra de la vida comunitaria por las responsabilidades que implica ser comunero.

Una imposición que establece la Ley de Comunas omite la existencia de autoridades, líderes y dirigentes, que sí es una práctica en la vida comunitaria, que procura la complementariedad, en detrimento de la competitividad.

Las autoridades elegidas en asambleas, si bien es cierto, tienen un reconocimiento en su elección, designación y mandato comunal; pueden tener o no una duración permanente en la memoria colectiva, a diferencia de la que sí la tiene un líder o lideresa. Este personaje, hombre o mujer, es considerado por su constancia en la lucha comunitaria desde distintos ámbitos de su acción, ya sean culturales, políticos o deportivos incluso.

En el caso de las dirigencias, corresponde a los responsables el hacer efectivas metas a corto plazo, por ejemplo,  delegados, comisionados y representantes autorizados por el cabildo central y con un plazo de acción limitado; que, sin embargo, son elegidos en asamblea por su probada aptitud para desempeñar con la urgencia que amerita algún caso en particular.

  1. Propuestas para el libre ejercicio de los gobiernos comunitarios Kitu Kara

Las comunas actualmente han asumido más su identidad como pueblo originario y se ha revalorizado la participación de los líderes adultos mayores o de los exdirigentes al momento de tomar decisiones en las asambleas. Poco a poco se incluye el debate respecto a los derechos colectivos en la gestión comunitaria. Otra forma de posicionar al gobierno comunitario es la redistribución del poder, integrando a las mujeres y jóvenes en las responsabilidades como autoridades comunales, o a través de las comisiones, consejerías o vocalías. Otro aspecto muy fuerte es la recuperación y preservación de su cultura como indígenas y comuneros.

Gracias a estas acciones en el territorio, dinamizadas en esta última década, finalmente se logró presentar al gobierno cantonal la agenda política del Pueblo Kitu Kara, que incluye las  recomendaciones al Estado ecuatoriano. En su sección que corresponde a los gobiernos comunitarios, se plantea el eje de modelo de autoridad y relacionamiento, en donde  se propone dos políticas claras: la primera para promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los gobiernos comunitarios,  conforme al marco jurídico nacional e internacional. Y una segunda política, para promover nuevos y eficientes sistemas de relacionamientos entre autoridades municipales y autoridades comunitarias.

  1. Desafíos conjuntos para el fortalecimiento de los gobiernos comunitarios

La autodeterminación para los Kitu  Kara es un proceso constante para recuperar, entender, respetar y asumir un proceso político de reconstitución territorial, que redimensiona y fortalece la existencia de los indígenas originarios en Quito, lo cual es una significación simbólica, pues se ejercería la autodeterminación.

El gobierno comunitario es un método autónomo que puede promover la inclusión e incidencia política integral, equilibrada y armónica en la práctica de una gobernabilidad del territorio, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados que constituyen las juntas parroquiales, las administraciones zonales municipales, la prefectura, así como con el Estado ecuatoriano desde la reafirmación de su identidad.

Esta metodología para las comunas está identificada con el proceso de la minga. Este es un camino colectivo organizado hacia la consecución del Buen Vivir, en su tierra y territorio. Permite la aplicación de la autodeterminación en su organización de la vida, de todos los seres que cohabitan en ese tiempo-espacio.

Las comunas pueden fortalecer su gobernabilidad desde la recuperación y fortalecimiento de los saberes y prácticas ancestrales, sobre todo en la recuperación de sus autoridades ancestrales y los sistemas de gobernabilidad que aplicaron en su territorio,  y que estaba regido de acuerdo con sus características de parentesco de sangre, y con base en las características de biodiversidad. Esto permitiría el efectivo ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos ancestrales.

La constante demanda de derechos de las comunas y comunidades de los Kitu Kara, está encaminada a realizar cambios fundamentales que permitan el libre ejercicio de los derechos colectivos, entre los que se encuentran aquellos que posibilitan estructurar los niveles de decisión y acción política. En la vivencia de estos territorios demasiado cercanos a las urbanidades, los derechos colectivos no tienen una prioridad en las instituciones. En el caso específico de las relaciones con el gobierno local, a pesar de tener una agenda política planteada y voluntad política para su implementación depende de las capacidades de quienes directamente se encargan de aplicarla. En este caso es inminente proponer el sentido de la minga, para lograr las sinergias que cada uno de los involucrados pueden potenciar.

Cada vez más la población de comuneros adquiere experiencia, producto del intercambio con otros pueblos, sobre la defensa de derechos indígenas, por lo que sería muy acertado asumir esta práctica también a nivel institucional. Es decir, lograr un espacio de diálogo y de fortalecimiento mutuo entre las instituciones, especialmente con las del sistema de justicia, y de estas con las autoridades indígenas y su propio sistema de administración de justicia.

En el territorio diverso del Ecuador una de las preocupaciones latentes es la ausencia de diálogos para lograr la transversalización de la interculturalidad, y la aplicación del pluralismos jurídico en la resolución de conflictos.Tal parece que es más fácil vivir del discurso, por eso la lucha del Pueblo Kitu Kara es desde la resistencia y propuesta. La resistencia a políticas cantonales y nacionales que no atienden la demanda de pueblos como el nuestro; la resitencia a la estética del llamado desarrollo que sistemáticamente por medio de esas políticas se vulnera los derechos territoriales, culturales, políticos y económicos. Y que además de las afectaciones identificadas, no se hacen eco de sanciones, al contrario se queda en un espacio de indefensión, entre otras causas ya nombradas, porque aún consideramos que el indígena Kitu Kara debe responder a un patrón cultural basado específico y no con base a su realidad actual.

Por supuesto, ese es también el reto como Pueblo Kitu Kara, demostrar una existencia milenaria y una presencia actual desde las transformaciones culturales de las que hemos formado parte de manera voluntaria o no; por eso mismo, proponemos desde el diálogo, construir juntos, con las instancias y con las comunas, para preservar nuestra identidad y formas propias de vida, en específico, ejercer nuestro derecho a la autodeterminación.

Ana Lucía Tasiguano

Directora de Inclusión Social de la Defensoría Pública

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