Una mirada a la realidad de los centros de rehabilitación social en el país

Una mirada a la realidad de los centros de rehabilitación social en el país

noviembre 28, 2013
in Category: Perspectivas
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Una mirada a la realidad de los centros de rehabilitación social en el país

Las personas privadas de libertad, en los centros de reclusión, deben gozar de todos los derechos humanos reconocidos en las normas nacionales e internacionales, sin perjuicio de las restricciones a ciertos derechos que son inevitables durante su reclusión. Es por eso que el Estado debe garantizar el respeto a su dignidad en las mismas condiciones que las personas no recluidas.

La Constitución, en materia penal, obliga a facilitar procesos de conciliación y justicia restaurativa para disminuir significativamente el hacinamiento. Para lo cual, es necesario que entre en vigencia la figura del “Juez Penitenciario”.

Los problemas recurrentes

  • Salud.- Los centros adolecen de una atención médica integral de calidad.
  • Alimentación.- Adecuada, de calidad, distribución, suficiencia y contenido nutricional son bajos y carecen de un programa permanente de revisión sanitaria.
  • El derecho a un espacio digno para vivir se ve mermado por el hacinamiento.- No se dispone de una cama por persona, carecen de áreas adecuadas para la recreación y de sitios convenientes para tomar sus alimentos y tener oportunidad para la privacidad. Esto incrementa los problemas de violencia dando lugar a riñas, motines e incluso homicidios.
  • En materia del derecho al acceso a la información, se requiere un sistema que permita conocer con precisión la realidad histórica del sistema penitenciario, así como la situación jurídica de la población interna.- Destaca la falta de acceso de las personas en reclusión a sus propios expedientes tanto en el desarrollo de su proceso penal como en la ejecución de la sentencia.
  • En cuanto al derecho a tener contacto con el exterior, no existe la regulación adecuada de las visitas; esto genera visitas íntimas.
  • La integridad personal (física, mental y moral) es quebrantada por actos de tortura cometidos por el personal de custodia, pero también entre las y los propios internos, con la anuencia de las autoridades. La extorsión y el abuso de poder es permanente, obligándolos a pagar para proteger su integridad física, para pasar lista, efectuar llamadas telefónicas, permitirles el acceso al servicio médico, etc.

Estas situaciones obstaculizan el ejercicio de los derechos de las personas privadas de la libertad en centros de reclusión, y es allí donde defensores y defensoras públicas debemos ser el medio para garantizar la eficacia de los derechos permitiendo el acceso a la justicia, cumpliendo con una actuación más intensa para vencer y eliminar las limitaciones actuales. De esta forma, será el mismo sistema de justicia el que contribuya de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social.

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1 comment

  1. Angela Maria Jiménez López
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    Llevamos 9 años 9 meses como padres viviendo los atropellos, humillaciones, maltrato, discriminación. Por la situación de nuestro hijo como PPL por un delito del cual por su participación tuvo una sentencia para luego también involucrarlo en lo más grave donde EL NO puso un pie. Pero las 4 personas verdaderamente responsables de este delito con sentencias todas de 25 años resultan con 16 y 12 años comprobándose sus autorías. Y a mi hijo le juzgan por complicidad le dan 12 años y hoy agosto 2014. Aún continua preso sin tener ningún avance siquiera para por lo menos una prelibertad por que es trava sobre trava. Pero sorpresa Autor intelectual y materiales afuera libres uno de ellos desde hace 3años y 7 meses otro 13 meses y la ultima hace 4 meses. Alguien puede decirnos que pasa con la justicia en casos como este? Aclaro al que NO PARTICIPA en este delito para EL si no hubo ningún tipo de consideración, ni rebajas. Todo lo contrario las peores cárceles, los peores pabellones y lo peor continua pagando lo que el NO hizo. ES ESTO JUSTO?

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