Femicidio: derecho penal, exclusiones y dato social en Ecuador

Femicidio: derecho penal, exclusiones y dato social en Ecuador

octubre 8, 2017
in Category: Análisis jurídico
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Femicidio: derecho penal, exclusiones y dato social en Ecuador

Derecho penal: construcción social y humana.

Quienes ingresamos en las décadas de los 80 y 90 en las aulas universitarias de las Escuelas de Derecho del país, recordaremos que el conocimiento recibido era un conocimiento neutral, donde la ley se constituía en el paradigma del conocimiento y el derecho internacional de los derechos humanos aún era una asignatura pendiente en el conocimiento universitario. El cuestionamiento en cuanto a la relación de garantía de derechos entre el marco constitucional y legal con la realidad social y respecto a cuál debía ser nuestro aporte de ‘transformación social’, no trascendía en las aulas.

Años más tarde, y a pesar de varios análisis y críticas que subsisten respecto al ‘deber ser’ de las Escuelas de Derecho, todavía se observa que impera el conocimiento de la Teoría Pura sostenida por el jurista austriaco Hans Kelsen (1934), que sin duda aportó a la concepción del Derecho como ciencia, la cual conforme ha resaltado el jurista brasilero y teórico de la tesis tridimensional –hecho social, valor y norma- Miguel Reale (1968), ubica al Derecho como una ciencia exclusivamente de normas, puesto que para Kelsen el Derecho debía estar libre de aquellas ‘impurezas’ que representaban otras ramas de las ciencias sociales como la Política y la Sociología. Es por ello que la Teoría Egológica que surge como un reclamo desde la realidad latinoamericana y que fuese sostenida inicialmente por el jurista argentino Carlos Cossios (1944) permite abordar en el Derecho todo el accionar humano y generar interés por la realidad social en el que los seres humanos se desenvuelven. Por ello, en el siglo actual, desde diferentes voces y análisis se reafirma la necesidad de comprender al Derecho como un “acto humano que se explica en un determinado contexto y que está influenciado por intereses, tanto en su creación como en su aplicación” (Romo, Córdova y Cueva: 2014), todo lo cual nos lleva a pensar también al Derecho Penal como una creación política que parte de la experiencia humana, en donde la confluencia de las distintas ramas de las ciencias sociales no pueden ser ajenas.

“Ir hacia un derecho penal humano” sostiene el abogado argentino Eugenio Zaffaroni (2014), quien señala que, el marco de poder en el que se desenvuelve una sociedad es el que impone la dinámica del derecho penal. Volverlo humano, implicará el incluir en el debate institucional y social, cuestiones relativas a las condiciones sociales, económicas y productivas en la que nuestra población vive y supervive o como citara la filósofa mexicana, Sayak Valencia Triana (2010), a la necesidad de hacer referencia a ¿en qué condiciones se encuentran los marginados por el ‘capitalismo gore’?, Valencia describe así al derramamiento de sangre explícito e injustificado del tercer mundo frente a las lógicas exigentes del capitalismo, o lo que la escritora boliviana Julieta Paredes (2008) reafirmara: el necesario desmonte de  un neoliberalismo que busca perpetuar una visión desigual, clasista, machista y adultocéntrica, y donde el género es una “categoría relacional de denuncia” de un injusto sistema patriarcado colonial/neoliberal. En este contexto es en el que las mujeres pierden la vida, de manera violenta e intencional.

Si lo expuesto párrafo arriba es el “marco de poder” que rige, entonces, eso significará que el Derecho Penal deberá actuar en aquel escenario: donde quien ostente el poder jurídico expresado en la aplicación de la norma considere en la construcción de su fallo, toda la información de la realidad social y económica que se le presente para la cuantificación de la lesión y de la culpabilidad y, por tanto, ello implicará que la recolección de información en la fase investigativa deberá ser la adecuada. El entorno social latinoamericano, con atención al ecuatoriano, exige ir más allá entre la relación del hecho ilícito y la pena a imponer en cada caso concreto, aplicación única de la norma. Es atender a una realidad social en cuyo ‘marco de poder’ la mayoría de muertes violentas de mujeres, encuentran un denominador común: la vivencia de desigualdades, en lo económico, en lo sociocultural, en las oportunidades, en donde si la exclusión se perpetúa, la violencia también. Es allí donde regresamos a ver al Derecho Penal y nos preguntamos ¿cuál es realmente su capacidad en disuadir la lesión a la vida de más mujeres, si no incorpora análisis de contextos en el que la exclusión fue la antesala de la violencia ejercida sobre ellas? Entonces, sin análisis de las exclusiones el horizonte de un derecho penal humano, todavía está lejos de alcanzar.

Femicidio: realidades y exclusiones

Diana Russell y Jill Radford (1992) plantearon la necesidad de discutir sobre la violencia extrema que sufren las mujeres por parte de hombres a causa de su misoginia y que desemboca en muertes violentas, como son los femicidios. El Ecuador, al igual que otros países de la región, ha dado un paso fundamental al incorporar en su legislación penal al femicidio como figura delictiva. Los avances para la vigencia del derecho al acceso a la justicia de las mujeres también suman los precedentes internacionales en materia de protección de sus derechos humanos, y en especial de la responsabilidad que tienen los Estados de cara a la investigación, sanción y reparación en casos de muerte de mujeres por razones de género, como es el femicidio.

Desde hace unos años atrás, la notoriedad mediática de muertes violentas e intencionales de mujeres, generó iniciativas en organizaciones de derechos humanos respecto al levantamiento de información y registros de casos que en los diferentes medios de comunicación escritos, televisivos y digitales se exponían. Incluso, antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, la acción social de denuncia se hizo visible respecto al número de mujeres, que conforme la doctrina regional, sus vidas habían sido extinguidas en razón de ser mujeres, es decir, por la concepción cultural de una sociedad machista que desvalorizó sus vidas, que les impidió ser ‘alteridad’ y por tanto abandonar la idealización de una sumisión que recrea un sistema dominante, y que generó entornos que acentuaron sus vulnerabilidades.

El análisis realizado a algunas de las sentencias judiciales (48) de muertes violentas e intencionales de mujeres ocurridas en el 2015, al interior del estudio denominado Respuesta Judicial del Femicidio en Ecuador, cuya iniciativa fue impulsada por Cedhu y Taller de Comunicación Mujer, dio cuenta de ciertas realidades y caracterizaciones de víctimas y victimarios, donde condiciones de exclusión resultan ser el punto tanto de partida de las víctimas de violencia de género como de llegada de aquellas mujeres cuyas vidas fueron extinguidas por acción de femicidas, ratificando la espiral de vulnerabilidades que en su entorno se recrean. A decir de la feminista mexicana Erika Linding (2017) “(…) el orden de lo sensible, ha situado a las mujeres en el espacio de los excluidos (…). El orden mismo que sienta las condiciones de posibilidad para que el ejercicio de la violencia se produzca y se reproduzca (…)”.

De acuerdo al análisis de sentencias, el Estudio da cuenta que la mayoría de las muertes tuvo como antesala episodios de violencia, conocidos por el entorno cercano de la víctima: 63% de las sentencias lo corroboran a través de testimonios de familiares, amigos e incluso los peritajes de entorno practicados. La existencia de denuncias previas contra el agresor, ellos  habían sido denunciados/demandados en juicios de alimentos, presunción de paternidad, violencia de género, violencia intrafamiliar. Esto evidencia, por una parte, que existe un patrón de violencia como mecanismo para resolver conflictos familiares y que este es visto todavía como una cuestión privada de la pareja, pues ninguno de los familiares o amigos denunció previamente ante la autoridad competente los hechos de violencia. Esto además devela la falta de información sobre rutas institucionales de protección suficientes y adecuadas (por ejemplo, medidas de acogimiento frente a riesgo grave al haber denunciado al victimario), que pudieron frenar las agresiones y prevenir que la violencia desencadene en la muerte de mujeres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Jessica Lenahan y otros vs. Estados Unidos, de fecha 21 de julio de 2011, expresó que las órdenes de protección son vitales para garantizar la obligación de la debida diligencia en los casos de violencia doméstica, y a menudo son el único recurso del cual disponen las mujeres víctimas y sus hijos e hijas para protegerse de un daño inminente. En pocos de los casos del estudio, se determina que las víctimas habían obtenido boletas de auxilio, frente a los constantes hostigamientos de sus agresores. La víctima suele enfrentarse sola o junto a otras personas en situación de vulnerabilidad bajo su cuidado y esto conlleva el agravamiento del riesgo que corre. Ello entonces, debería obligar a mirar un conjunto de medidas de protección, donde el otorgamiento de las boletas de auxilio no sea la única.

En todos estos escenarios, es sumamente importante el registro de información tanto de víctimas y victimarios. En ello el Comité de la Cedaw ha venido insistiendo y entre sus últimas recomendaciones de 2015 solicita al Estado ecuatoriano “perseverar en sus esfuerzos por mejorar el sistema de reunión sistemática de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados por edad, tipo de violencia y relación entre autor y víctima”. En esa reunión sistemática de datos se deberá incluir información socio-económica. En varios casos, son los testimonios de familiares que dan cuenta sobre dificultades económicas que atravesaron las víctimas, sin embargo, en las investigaciones, alegatos o deliberaciones no existen pronunciamientos al respecto. ¿Por qué es importante esta información que desde el ámbito judicial influye para quienes toman decisiones en la esfera de las políticas públicas?

La pobreza siempre será considerada como un factor de riesgo generador de violencia. Sobre este particular, el Estudio a Fondo sobre todas las Formas de Violencia contra la Mujer de 2016 realizado por el Secretario General de Naciones Unidas, señala como un factor que incrementa el riesgo de violencia contra la mujer la baja condición social y económica o el pertenecer a una comunidad marginada o excluida, escenario en el que se pueden encontrar tanto las víctimas/sobrevivientes de la violencia como sus victimarios y enfatiza la intersección de las vulnerabilidades entre pobreza y violencia que afectan a las mujeres en los siguientes términos:

“En las investigaciones se ha comprobado constantemente que las mujeres pobres corren un mayor riesgo de sufrir violencia infligida por su pareja y violencia sexual, inclusive la violación. Sin embargo, cuando se determina que la pobreza es un correlato o un factor de riesgo de la violencia contra la mujer, es necesario centrar la atención en las dimensiones de derechos humanos de la pobreza. La correlación entre la pobreza y la violencia contra la mujer señala la necesidad de cambios en las políticas y las prácticas a fin de respetar, proteger y cumplir los derechos económicos y sociales de las mujeres. De tal modo, en lugar de hacer hincapié en las intervenciones a nivel individual se pasa a abordar los factores estructurales que contribuyen a la violencia contra la mujer, en particular la discriminación por motivos de género en el acceso a los recursos y servicios y la denegación de los derechos económicos y sociales de las mujeres”.

Otra información importante que permitirían a quienes toman decisiones en el marco de un Estado Constitucional y de Derechos, mirar las dinámicas socio-antropológicas en las que se desenvuelve nuestra sociedad ecuatoriana, es la edad que cursaban víctimas y victimarios. En cuanto a las primeras, el estudio revela que en un 65% las mujeres eran jóvenes y de mediana edad, es decir que en su mayoría cursaban edad reproductiva al momento de ser victimizadas. En el caso de los procesados, el 80% de ellos son jóvenes, entre 18 y 29 años, rango etario en que se afirman las relaciones afectivas de pareja, pero también es una etapa en que los hombres, buscan cumplir los mandatos de la masculinidad, que socialmente les asigna una sociedad con predominio patriarcal como la ecuatoriana.

La inseguridad de los espacios en el que las mujeres victimizadas se desenvolvieron resulta un indicador que explica la vigencia de relaciones asimétricas de poder y del grado de vulnerabilidad por el que ellas atravesaban. Aproximadamente, el 56%  de las muertes violentas ocurrieron durante la noche y la madrugada, lo cual estaría indicando que mayoritariamente existió un proceso de planificación de los actos, al buscar la soledad de la noche o madrugada, cuando la víctima está sola o en compañía de niñas o niños, para ocasionar su muerte; conociendo el entorno y principalmente considerando un menor riesgo de ser capturado al momento de la comisión de los hechos. La circunstancia de la soledad de la noche se potencia con la escasa vigilancia y el poco apoyo con el que contaron las víctimas durante esa etapa del día, y la inoperancia de los mecanismos de alerta y de protección. Por ejemplo, en algunos casos en que las víctimas poseían una boleta de auxilio, el femicidio se produjo en horas de la noche y madrugada.

Las víctimas fueron encontradas -sin marcada diferencia- en su propia vivienda (27) o en lugares despoblados (21) como quebradas, terrenos baldíos, edificaciones abandonadas. Ambos espacios, la casa y la calle, son igualmente inseguros para las mujeres; en la casa, a pesar de que en un alto porcentaje existe una historia de violencia, no existieron mecanismos de resguardo para su seguridad ni de contacto inmediato con la policía, que permitió dar a aviso de la presencia del agresor. En la planificación del delito, además de evidenciarse la voluntad y conciencia con la que ellos actuaron, se devela la intencionalidad de dar un mensaje de humillación y de legitimidad del castigo, especialmente cuando sus cuerpos son encontrados parcial o completamente desnudos, para demostrar el precio que paga una mujer que causa alteridad al incumplir el rol asignado y del cual estaba convencido su agresor que ella no debía transgredir, convirtiendo así la casa como el lugar destinado a las víctimas para vivir y morir. Frente a ello, ¿qué respuesta desde la justicia se espera?

El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará expresó, en su informe 2014 al Ecuador, que se “puede evidenciar un esfuerzo por mejorar las condiciones de los tribunales, pero no [se] puede determinar en qué medida dichas acciones beneficiaron a las mujeres víctimas de violencia”. Una forma de medición importante resultan las órdenes de reparación integral emitidas desde la administración de justicia, puesto que es el ámbito desde el cual la sociedad espera a través de aquellas medidas, restablecer los derechos de las víctimas y su aporte a cambios y transformaciones de patrones sociales e institucionales. La antropóloga mexicana Marcela Lagarde (2006) ha enfatizado el mandato de la justicia integral ante la tarea de reconstituir el tejido social, donde a más de la investigación y sanción a responsables, se hagan presentes componentes como “la reparación del daño, la adopción de medidas de no repetición y garantía del derecho a saber la verdad”. Este último componente, resulta fundamental, puesto que el direccionamiento de una política integral de prevención de la violencia requiere que la investigación judicial contribuya a conocer sus causas y consecuencias.

Justamente sobre el quehacer del Ecuador respecto a la aplicación de medidas de reparación integral surge preocupaciones ya que ante la ausencia de información no se puede determinar su efectividad para un real aporte a la erradicación de la violencia. Cuestión que la CEDAW, en el 2015, hizo notar al Ecuador por lo que recomendó: “Definir el alcance de las medidas de reparación para las mujeres víctimas de distintas formas de violencia, con inclusión de los criterios para la aplicación judicial de medidas de restitución, indemnización, beneficios simbólicos, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. Ello exige tener la claridad del propósito de la indemnización para fijarla con criterios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad que permitirían dejar a un lado la concepción tradicionalmente civilista que suele enmarcarse en los daños y perjuicios. También requerirá a la administración de justicia, el conocimiento de  servicios públicos, por convenio, de organizaciones no gubernamentales, entre otras, de acuerdo a la provincia y cantón para la remisión en las  intervenciones médicas y psicológicas, así como de los servicios jurídicos y sociales ordenadas. Deberá mirarse el ordenar medidas de garantías de no repetición como una oportunidad de articulación Estado y Sociedad Civil, frente al abanico de posibilidades como lo serían ordenar programas específicos, campañas, entre otras acciones que propugnen un trabajo a favor de la prevención de la violencia y de las memorias de las víctimas.

El dato social: inclusión y toma de decisiones

La importancia que tiene disponer de datos claros e inclusivos sobre las distintas formas de violencias que se ejercen sobre las mujeres a lo largo de su ciclo de vida, resulta fundamental para la toma de decisiones, modificaciones, entre otros avances que permiten orientar la política pública, aquí también consideremos  lo tomado de Eugenio Zaffaroni párrafos arriba respecto a que toda sentencia es un proyecto político, hacia una real erradicación de violencia. A decir de la abogada argentina Natalia Gherardi (2012): “Lo que no se contabiliza no se nombra, y sobre aquello que no se nombra, no se actúa”.

Una valiosa experiencia regional de recopilación de información respecto a muertes violentas e intencionales de mujeres, fue la trabajada por la antropóloga mexicana Julia Monarrez (2000) quien preocupada ante la falta de sistema de registros de datos fiables sobre la temática en México, generó una base de datos. Esta experiencia posteriormente alentó a que se empiece en distintos países a levantar información al respecto. En Ecuador, inicialmente las instituciones del Estado no generaban estadísticas oficiales sobre los femicidios ocurridos a nivel nacional. Actualmente el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y varios gobiernos locales como los de Quito, Guayaquil o Cuenca, registran  actos de violencia contra la mujer, entre ellos los femicidios. La dificultad principal en el registro se encuentra en que no existe un sistema de registro integral que articule la información de las distintas instituciones, homologue conceptos, enfoques y análisis de datos, lo cual en un contexto de articulación central y local, permitiría generar políticas públicas que respondan a la realidad particular, orientadas a la reducción de la violencia contra la mujer, en especial del femicidio. ¿Cuán importante es para la administración de justicia conocer datos, más allá de los que se judicializan?

“Si no se cuenta con la información y datos de la realidad social, difícilmente produciremos una dogmática penal que contribuya a ‘humanizar’ las condiciones de vida, donde el respeto a los derechos de la persona –vida, integridad personal, derechos sociales, económicos culturales, entre otros- se efectivice”, sostiene Eugenio Zaffaroni y pone el acento en que “sin el dato social no podemos hacer un programa político”, con lo cual reafirma la necesaria articulación entre la institucionalidad estatal, la respuesta judicial y la sociedad. Aquí será necesario considerar las denominadas ‘fuentes oficiales’ para ello, acudiremos a las descripciones realizadas por el abogado argentino Máximo Sozzo (2014), que describe como estadísticas oficiales a “aquellas informaciones cuantificadas sobre comportamientos efectivamente producidos en la vida social, presuntamente delictuosos, generadas en los procesos de definición y registro por parte de instituciones estatales en el marco de sus actividades de control de la criminalidad”. Aquí viene lo más importante: enfatiza una relevante tipología de oficialización como es la subdivisión en dos tipos de estadísticas, como son las policiales y las judiciales que se diseñan con diferentes metodologías y finalidades y por tanto generan conocimiento y contribuyen a mejorar el diagnóstico, monitoreo y evaluación de las políticas de seguridad.

En el Ecuador, ha llamado la atención la diferencia de datos en el levantamiento de información respecto a  muertes violentas e intencionales de mujeres registradas por organizaciones de la sociedad civil y las estadísticas oficiales registradas por el Estado, cuya vocería en unos casos ha sido la Fiscalía y en otros el Ministerio del Interior –un ejemplo fue el ocurrido a mediados de julio/2017: la Cedhu y Taller de Comunicación Mujer reportaron 93 femicidios  mientras que el Ministerio del Interior alegaba 69-. Un elemento coadyuvante en la inclusión de información a nivel de las organizaciones de derechos humanos y mujeres han sido los medios de comunicación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, que no todos los femicidios son publicitados inmediatamente tras su ocurrencia, es decir, el número de femicidios sería más elevado. ¿Por qué es necesario contar todas las vidas de mujeres y niñas que se extinguen de manera violenta e intencional en manos de femicidas?

Reafirmando la frase de Natalia Gherardi, antes expresada, respecto a que “lo que no se contabiliza no se nombra, y sobre aquello que no se nombra, no se actúa” y siguiendo la línea de explicación de Máximo Sozzo en cuanto a mantener de manera diferenciada dos tipos de estadísticas a manejarse desde el Estado, las estadísticas policiales son fundamentales para diagnosticar, monitorear y evaluar programas e intervenciones en materia de seguridad. Es por ello que incluyen una mayor cantidad de hechos que se presumen como delitos sean que pasen o no a ser judicializados –en el tema que nos atañe: como femicidios-, a diferencia de las estadísticas judiciales, puesto que éstas últimas cuentan la información donde se ha iniciado un proceso penal, bajo una denominación delictual específica.

La búsqueda de contar con cifras sobre el nivel de reportes/incidentes de las diferentes formas de violencia que se perpetra a  mujeres y niñas por razones de género y en el presente caso, del femicidio, debe promover a  la creación de un sistema integral  articulado de información donde las atenciones y denuncias que se realicen en cualquier institución, ya sea casas o establecimientos de salud, unidades judiciales, entre otros ámbitos de atención y protección alimenten un registro con el propósito de que, frente al cometimiento de un caso de violencia de género -física, psicológica, sexual o femicidio-se acceda a la información necesaria que, de acuerdo al caso, sea útil para generar un mecanismo de alertas tempranas frente al incremento de hechos de violencia y  al riesgo  de perder la vida.

Para concluir, considero como una necesaria insistencia, el que la comunidad jurídica en general y en especial, quienes operan en la administración de justicia reciban una sólida formación en género, que les permita analizar y resolver los casos de muerte de mujeres desde un enfoque de derechos humanos: inclusivo y con la participación de las voces de las víctimas directas e indirectas, a lo cual debe sumarse la necesaria vigencia de una  justicia reparatoria real, que permita que las decisiones judiciales sean un medio para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. El rol del poder judicial ha sido destacado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011), al resaltar su papel de “enviar mensajes sociales avanzando así en la protección y la garantía de los derechos humanos; en particular, de las normas encaminadas a proteger a sectores en particular riesgo a sus derechos humanos como las mujeres”. Ese propósito de mensaje social debe exigirse en el Ecuador y debe empezar por despertar las estructuras de toda la institucionalidad a favor de un verdadero trabajo por la erradicación de la violencia donde el derribamiento de patrones socioculturales discriminatorios genere un proceso de humanización de cambio social en hombres y mujeres.

Leonor Fernández Lavayen

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