Ecuador: ¿por qué los gobiernos temen a jueces independientes?

Ecuador: ¿por qué los gobiernos temen a jueces independientes?

octubre 8, 2017
in Category: Análisis jurídico
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Ecuador: ¿por qué los gobiernos temen a jueces independientes?

El presidente de la República, Lenín Moreno, ha anunciado una decisión trascendental: no meter las manos en la justicia, como lo hizo el gobierno anterior. Esta decisión marca un hito en la institucionalidad del Ecuador, porque significa el inicio de una verdadera división de poderes en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que se consolidará, sin duda, con la convocatoria a Consulta Popular.

Como contrapartida, “Ni a Fujimori ni a Correa les interesaba tener jueces independientes”. La sentencia le pertenece al jurista y académico Luis Pásara (diario El Comercio, 10-09-17). Y es que en los últimos meses, el conjunto del sistema de justicia ha sido objeto de profundos cuestionamientos, por su falta de independencia, por su sometimiento al poder ejecutivo anterior y por el uso arbitrario de la figura del “error inexcusable”, tal como han denunciado decenas de jueces destituidos, lo que mereció el estudio de varios analistas y su profusa publicación en los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Pero el cuestionamiento en realidad viene de mucho tiempo atrás, no solo desde el punto de vista estrictamente legalista y doctrinario, sino desde la ética y la dimensión humanitaria. Citemos un par de ejemplos: el 14 de junio de 2013, el expresidente Rafael Correa hizo una definición antológica sobre su compresión de la independencia de la justicia. Frente a los excesos punitivos establecidos en el nombrado caso de “los 10 de Luluncoto”, reconoció que existe un problema en el Código Penal por una mala clasificación de artículos en la sección de sabotaje y terrorismo. “Pero pretender que no se sancione ciertas actitudes antisociales (…) equivaldría a decir que no se sancione la violencia a la mujer si por equivocación se la puso en el acápite de sabotaje y terrorismo”. Este es su grado de comprensión de la justicia, no importa que se juzgue mal, con tal de juzgar, de hacer valer el poder punitivo del Estado, valga decir, el poder del presidente de ese entonces.

Hasta hace algo más de 100 días era una tarea imposible que el sistema de justicia reconozca los problemas de proporcionalidad de las penas, del “legalismo” de ciertos jueces, de la oposición dogmática ciega, sorda y muda  a los estándares sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva, al derecho a la protesta, a los derechos colectivos signados por el Convenio 169 de la OIT, a los derechos constitucionales de las Nacionalidades y Pueblos, no se diga a los derechos de la naturaleza. A todos estos derechos los agruparon con desdén, menosprecio y prepotencia en uno de sus eslóganes favoritos: el “hipergarantismo”.

Así como las tesis abolicionistas de la esclavitud eran una aberración para el statu quo, estas tesis de derechos individuales y colectivos se configuraron en un estorbo para el régimen anterior, en un exceso constitucional que había que desprestigiar por medio de un gigantesco y asfixiante aparato de propaganda, siendo uno de sus brazos ejecutores una parte del aparato de justicia y su instrumento predilecto el “error inexcusable”.

Pero aun cuando estuvieron conscientes de aquellos “problemas” en la clasificación delictual del código penal, fueron estas figuras utilizadas profusamente para desactivar protestas sociales, creando un entorno de “terror judicial” para perseguir y sancionar cualquier disidencia, incluso la más nimia, como aquella de los estudiantes del colegio Central Técnico y del emblemático colegio Mejía, cuyas madres de familia tuvieron que humillarse ante el expresidente, en noviembre de 2014, poniéndose de rodillas para rogar por el perdón a sus jóvenes hijos, la mayoría de ellos menores de edad.

En medio de ese contexto y mucho antes de que explotara la bomba de la corrupción, frente a la cual los jueces hicieron de la vista gorda, se publicó el denominado “Informe Pásara”, sobre cuyo autor últimamente el Presidente de la Judicatura no ha ahorrado adjetivos para destacar sus cualidades académicas. Fue presentado en julio de 2014 y en ese entonces, cuando aún funcionaba la furia “correista” contra cualquier disidencia u opinión contraria a la oficial, se hizo notar varios de los profundos problemas de independencia que presentaba el sistema de justicia en el Ecuador.

Pásara puso el dedo en la llaga, al analizar casuística concreta y extraer hallazgos que en aquel momento no solo fueron desestimados, sino sobre todo desacreditados. En su resumen ejecutivo se advierte que “la democracia requiere de la independencia judicial debido a que es ante el órgano judicial que se puede hacer responsables de sus actos, constitucional y legalmente, a quienes ejercen el poder. Pero el control sobre los actos de gobierno solamente puede ser ejercido por jueces independientes. Si el poder judicial no ejerce seriamente la función de control de constitucionalidad y de legalidad sobre los actos de gobierno, su papel queda reducido a resolver conflictos entre particulares y el equilibrio de poderes, indispensable para la democracia, resulta vaciado de contenido”.

El informe, compuesto de tres partes, examinó un conjunto de 12 casos que fueron judicializados y que llegaron a niveles de escándalo público hasta nuestros días, como sucedió con el periodista y político Fernando Villavicencio, la dirigente del gremio de profesores Mery Zamora, el exasambleísta Klever Jimenez, varios dirigentes indígenas como Pepe Acacho, los estudiantes de los colegios Central Técnico y Mejía, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, diario el Universo, diario La Hora, “los 10 de Luluncoto”, entre otros.

Así, la población llegó a percibir al aparato judicial como parte orgánica del poder ejecutivo, hasta niveles insospechados, como la sentencia a Fernando Villavicencio principal autor de las denuncias de corrupción en el área petrolera por el delito de injuria contra Correa, ordenando el pago de 47 mil dólares al expresidente. La esposa del periodista hizo este pago en enero de 2017.

En la segunda parte del estudio, Pásara analizó 42 resoluciones del Consejo de la Judicatura desde agosto de 2011, en las cuales fueron sancionados y destituidos los jueces, excepto en dos procesos. El investigador y académico resume que “en 2013, de cada tres procesos disciplinarios abiertos contra jueces, uno terminó en la sanción de destitución”, utilizando la figura del “error inexcusable”, aunque constitucional y legalmente (artículo 125 del Código Orgánico de la Función Judicial), no puede ser materia de trámite la queja o la denuncia en la que “se impugnare criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales”, que bien pueden ser objeto de evaluación, pero no de sanción y menos por un órgano administrativo, como lo es el Consejo de la Judicatura.

El informe concluye que “siendo el Consejo un órgano cuya integración es de naturaleza política, especialmente desde la modificación de su forma de designación y composición en 2011, los procesos disciplinarios a su cargo en varios casos documentados han seguido a declaraciones presidenciales que rechazaban decisiones adoptadas por determinados jueces y llamaban a su procesamiento”.

El tercer capítulo estudia el lugar de la justicia en la “revolución ciudadana”, examinando especialmente lo que se conoce en el Ecuador como “criminalización de la protesta social”. El proceso de conformación del Consejo de la Judicatura y la elección de los jueces de la Corte Nacional, fueron cuestionados, incluso por Baltasar Garzón, jefe de la veeduría internacional para la reforma judicial en el Ecuador, al ser “un escenario en el que la independencia judicial no solo no ha recibido la atención que merece en una democracia robusta sino que ha resultado afectada por aquello que la hiere en esencia: la interferencia de otros poderes”.

Las reacciones al informe y a los cuestionamientos al Consejo de la Judicatura, se redujeron a desacreditar a los denunciantes, siendo este uno de los principales rasgos del sistema político impuesto por el presidente del gobierno anterior.

Una vez que el expresidente Correa dejara el poder, tres factores pulverizaron las pretensiones de mantener y continuar este modelo centralista, populista y autoritario: las convicciones democráticas de su sucesor, los escándalos de corrupción que involucran a la élite de la llamada “revolución ciudadana”, y el filtraje de documentación que prueba la “metida de manos” del poder ejecutivo en los otros poderes, especialmente el poder judicial.

En efecto, primero se divulgó un oficio del Secretario Jurídico de la Presidencia, en el que prácticamente ordena a los jueces que sus sentencias jamás sean en contra del Estado; luego se difundieron correos electrónicos donde se prueba que el mismo funcionario hizo llamadas para ordenar determinado tipo de comportamiento a altas autoridades de otras funciones del Estado, como al Defensor Público General. Y para remate, decenas de exjueces destituidos hicieron públicas sus denuncias de todo tipo de presiones, exigiendo que los fallos sean a su favor; incluso se llegó a indicar que no solo hubo presiones, sino que en más de una ocasión les traían a sus despachos las sentencias redactadas, solo para la firma de estos jueces.

Bien hace el investigador Luis Verdesoto, al ironizar en un editorial de diario El Universo, solicitando “encarecidamente a los nuevos cuadros recién graduados en las universidades mundiales de excelencia, que les hagan saber a nuestros burócratas de alto nivel, que no todo lo público es estatal, (…) que colectivismo no es sinónimo de general y que el destino de la historia es la sociedad y no el Estado. Cuando lo comprendan, entenderán que nada justifica la manipulación de la administración de la justicia con base en una supuesta razón de Estado, propia del fascismo, una vez que se ha apropiado y ha reducido a la nación”.

En síntesis, el modelo de integración política del Consejo de la Judicatura y de sus procesos disciplinarios, respondió a los designios de Rafael Correa, cuyas declaraciones y reclamos tuvieron la clara intención de “alinear” a los jueces y, caso contrario, activar la maquinaria del “error inexcusable” para promover su destitución, dotándole al acto de un barniz de legalidad.

La sociedad ecuatoriana, como aquellas madres de familia, se vio profundamente afectada, porque en todos estos años se destruyó un proceso interesante de reinstitucionalización del Estado y se pulverizó el anhelo de contar con un sistema de justicia independiente. No obstante, se olvidaron un elemental principio de la dialéctica: nada es eterno.

Los estándares y los principios sobre independencia judicial

Así como éticamente nadie puede estar de acuerdo con la esclavitud, hoy en día nadie ha cuestionado la necesidad de contar con un sistema de justicia independiente. Ese es el estándar internacional y constituye una de las conquistas de la humanidad.

En el ejercicio del poder, muchos mandatarios abdican de este principio o pretenden legitimar formas oscuras de control, con instrumentos legalistas que penosamente tienen una influencia insólita en amplios segmentos del gremio. Por ello, es de extrema importancia subrayar la voluntad democrática del presidente Lenín Moreno, de respetar la independencia de la justicia, lo que quiere decir, recuperar la institucionalidad democrática y la plena división de poderes, garantizando el ejercicio de los derechos de las personas y de los pueblos, así como las libertades individuales y colectivas.

El nuevo gobierno ha colocado en la mesa del diálogo, la necesidad de respetar aquellos estándares internacionales relacionados con la independencia de la justicia y en ese sentido, coloca al Ecuador en el escenario más alto del debate sobre los sistemas de justicia.

Por cierto, el tema no es reciente, pues hace más de 30 años, en 1985, Naciones Unidas adoptó los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”, en el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. En sus considerandos preludia el interés prioritario del organismo, en tanto los jueces son “los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos”, por lo que es “pertinente que se examine en primer lugar la función de los jueces en relación con el sistema de justicia y la importancia de su selección, capacitación y conducta”.

Allí se proclama la necesidad de contar con un sistema de justicia independiente, que deberá ser garantizado por el Estado, proclamado por la Constitución o la legislación del país y respetado por todas las instituciones gubernamentales. La segunda recomendación sobre independencia judicial es tácita: “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.  También subraya procedimientos claros frente a acusaciones o quejas contra los jueces, quienes tendrán derecho a ser oídos imparcialmente y solo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos de acuerdo con normas claras y sujetas a revisión independiente.

Por su parte, la Comisión Internacional de Juristas ratifica que “los sistemas judiciales son esenciales para la protección de los derechos humanos y el mantenimiento del estado de derecho. Los jueces abogados y fiscales tienen un papel fundamental en proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos y en llevar ante la justicia a los supuestos autores de abusos. Asimismo, son ellos los principales garantes del derecho a un juicio justo. El poder judicial es también responsable en garantizar que los otros poderes públicos respeten el derecho internacional de los derechos humanos y el estado de derecho”.

En Europa se puso en marcha todo un “Plan de acción para fortalecer la independencia y la imparcialidad judicial”, en octubre de 2016, una vez que se hizo un diagnóstico y se identificó que las justicias europeas están enfermas: debilidad de la independencia y la imparcialidad judicial, politización de la justicia y críticas públicas desde el ejecutivo y el legislativo.

El “Plan de Acción” tendrá una duración de cinco años y fue aprobado por el Comité de Ministros, que es el máximo órgano de decisión, el 13 de abril de 2016. Su objetivo fundamental “es identificar los modos en el que el Consejo de Europa guiará y apoyará a sus Estados miembros en la implementación de medidas concretas necesarias para fortalecer la independencia y la imparcialidad” de las diferentes administraciones de Justicia europeas, siendo esta la más alta prioridad. Además, “la urgencia de estas acciones reside en la necesidad de reforzar la independencia judicial y la imparcialidad en casos donde se ha identificado que las estructuras existentes están fallando en su cometido de garantizar el imperio de la ley y la seguridad democrática”.

Así mismo, el 10 de octubre del año pasado, el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), criticó con dureza a España por no garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial, recordándole que “las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados”.

En nuestro continente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó, en 2013, las “garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas”, bajo la convicción de que “la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público”.

El documento pone énfasis en la defensa de los derechos humanos, porque en América Latina ha sido una vergonzosa tradición que los derechos de las personas generalmente sean violados por los Estados y, en ciertos períodos, de manera sistemática. Por ello, subraya el documento en la necesidad de “hacer preservar el Estado de Derecho, posibilitando que toda denuncia pueda tomar su correcto cauce a través de los mecanismos jurisdiccionales dispuestos  por el estado, y en casos de violaciones a derechos humanos sea posible investigar, castigar efectivamente a los responsables y recibir una reparación, garantizando a su vez un debido proceso a toda persona que pueda ser sometida al ejercicio del poder punitivo del Estado”.

Recomienda la CIDH, entre otros aspectos, que los Estados establezcan a nivel constitucional la separación de poderes, “consagrando con claridad que el poder judicial es independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo y que no está subordinado a ninguno de estos poderes”.

Para el sistema de justicia ecuatoriano, es oportuno el documento de la CIDH en sus recomendaciones 23, 24 y 25, donde subrayan la necesidad de garantizar que los procesos disciplinarios prevean la posibilidad de preparar adecuadamente una defensa de derechos de los jueces, que las resoluciones sean motivadas, así como “garantizar que en los procesos disciplinarios llevados contra operadores  y operadoras de justicia, exista la posibilidad de recurrir el fallo ante un superior jerárquico que realice una revisión de aspectos de hecho y de derecho, como asegurar un recurso judicial idóneo y efectivo en relación con las posibilidades a derechos que ocurran dentro del propio proceso disciplinario”.

En la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, propuso unas reformas legales para precisar de mejor manera el uso del “error inexcusable”. Desconocemos su contenido, no obstante, suponemos que buscará precisar su alcance y armonizarlo en concordancia con las recomendaciones de la CIDH. Pero solo es una suposición.

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional no se dio trámite a una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, presentada por el Defensor Público General Ernesto Pazmiño, en septiembre de 2016, para que se derogue la figura de error inexcusable, “porque atentan contra el principio de independencia de los operadores de justicia”. La mayoría oficialista, bajo el control de casi todas las comisiones, especialmente la de Justicia, no dio paso a la propuesta y recién hace un par de semanas convocó al Defensor Público, para que argumente su proyecto, cuando ya los escándalos de injerencia del gobierno anterior en el manejo de la justicia, estuvieron en su más alto punto.

La propuesta del Defensor Público General tenía como propósito “blindar totalmente la independencia de los jueces para que puedan resolver las causas sin ningún tipo de interferencias y más allá de los sectores políticos que administren de manera coyuntural el Estado”.

El planteamiento hecho por el Defensor Público General, el año pasado, se sintoniza con los tiempos nuevos marcados por el actual Presidente de la República, presentándose una gran oportunidad para recobrar la independencia de la justicia, actuar con absoluta soberanía en la lucha contra la corrupción y defender los derechos de las personas frente a los abusos del poder punitivo del Estado. Ese es el espíritu que hay que recuperar.

Marlo Brito

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