Análisis jurídico: ¿Es inconstitucional el procedimiento abreviado?

Análisis jurídico: ¿Es inconstitucional el procedimiento abreviado?

octubre 8, 2017
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Análisis jurídico: ¿Es inconstitucional el procedimiento abreviado?

El procedimiento penal en el Ecuador sufre de dos abusos: la prisión preventiva y el procedimiento abreviado. Ambas prácticas socavan la confianza en la administración del sistema penal. Mientras la impunidad y la indolencia eran (o todavía son) una cara de la medalla, el uso arbitrario (de la prisión preventiva) y la inexactitud (el procedimiento abreviado) son la otra. Es decir: con el fin de superar la impunidad y la falta de responsabilidad, el sistema penal planteaba la celeridad como valor propio, olvidándose del esmero que es imprescindible para establecer confianza en un orden del Derecho.

Mediante el presente texto quiero someter este instituto procesal a un examen constitucional. Es decir: ¿cuáles son los conflictos entre el procedimiento abreviado y las garantías constitucionales? En otras palabras: ¿en qué sentido limitan los principios fundamentales y universales del debido proceso la aplicación del procedimiento abreviado? Sin embargo, y sabiendo que el uso del procedimiento es prolífero en el Ecuador, quiero cuestionar su obviedad a través de la presentación de una sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, del año 2013, sobre la temática.

Cabe mencionar que la Constitución alemana admite el recurso de amparo constitucional a cualquier ciudadano que se vea lesionado en sus derechos constitucionales por acciones estatales (ejecutivas, legislativas o jurídicas). Sin embargo, el Tribunal Constitucional no es una simple instancia de revisión y no puede entrar en acción cuando una querella jurídica no afecte a cuestiones constitucionales.

La sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, de marzo de 2013, marcó un hito destacando el alcance de las siete garantías constitucionales del debido proceso ante el “chanchullo” entre fiscalía/juzgador y la defensa:

  1. Presunción de inocencia.
  2. Principio de la culpabilidad (Latín: Nulla poena sine culpa, no hay pena sin culpa).
  3. Obligación del Estado de investigar la verdad: el juez tiene que utilizar todas las pruebas que se encuentran a su alcance para aclarar la verdad.
  4. Principio de un juicio justo: Nemo tenetur se ipsum accusare. Amparo de autoincriminación; el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo.
  5. Prohibición de la coacción.
  6. Imparcialidad del juez y
  7. Publicidad del juicio.

Antecedentes: El recurrente impugnó una sentencia condenatoria que ha sido confirmada, a pesar de la casación, por el Tribunal Federal Supremo para asuntos penales ante el Tribunal Constitucional Federal Alemán. En el año 2011, el Landgericht Berlin (Audiencia “provincial” del estado de Berlín) condenó al recurrente por robo calificado a dos años de privación de libertad y ordenó en él la suspensión condicional de la  pena. (En consecuencia, el recurrente nunca entró la cárcel). El recurrente es agente de policía y llevaba su arma (sin utilizarla) durante el robo, lo que abre un marco penal entre tres y quince años y califica el hecho como robo calificado. Sin embargo, a la apertura del juicio, el juez dijo al recurrente que tendría tres opciones. Primera: absolución; segunda, en caso de una convicción, se imaginaría una condena por robo calificado a por lo menos de tres años de privación de libertad. El juez dijo también que no vería ninguna atenuación ante el hecho que el imputado es agente de la policía y cometía el robo durante su tiempo de trabajo. Tercera: en caso de una confesión del imputado (asumiendo la responsabilidad según el escrito de la acusación), el tribunal pudiera asumir una atenuación, es decir, un caso menos grave (en cierto modo una excepción del tipo penal “robo calificado”. El hecho sigue siendo robo calificado, pero el marco penal “corre” para evitar penas consideradas demasiado duras). En cuando la confesión del imputado resultaría superfluo el registro de prueba, el tribunal podría reconocer la atenuación mencionada con la consecuencia de una pena de dos años con suspensión condicional de la pena. Después de esa “propuesta”, se realizó un receso de 85 minutos para que el imputado pudiera hablar con su defensor. El juez urgió y dijo que no había mucho tiempo. El defensor le comunicó al imputado que debiera contar con una detención ya en la sala de audiencias si no aceptaba la propuesta. Después de la pausa, el imputado lo hizo, asumió la responsabilidad y confirmó la acusación de la fiscalía. El imputado no aceptó preguntas adicionales, solo admitió que llevaba su arma cargada durante el hecho. El juez no tuvo preguntas ni escuchó testigos. Al final condenó al imputado a dos años de privación de libertad en suspensión condicional. Sin embargo, el imputado interpuso el recurso de la casación ante el Tribunal Federal Supremo para asuntos penales. Él criticó la violación del artículo 136a StPO (Código del Procedimiento Penal). Este artículo protege la libre ejecución de la voluntad, es decir, prohíbe cualquier tipo de coacción por parte del Estado para obtener información. Declaraciones obtenidas a través de la coacción no podrán ser utilizadas en el juicio. Además, el recurso criticó la violación de la obligación del tribunal de investigar todas las circunstancias del hecho. El Tribunal Federal Supremo para asuntos penales rechazó la casación en pocas palabras. No vio ninguna coacción en la actuación del juez.

¿Cuáles de los derechos fundamentales pudieron ser violados por la actuación del juez inicial? El Tribunal Constitucional vio casi todas las garantías constitucionales del imputado vulnerados por la actuación del juez inicial y revocó la sentencia inicial. Miremos la argumentación del Tribunal en detalle:

  1. a) Presunción de inocencia / principio Nulla poena sine culpa / Obligación del Estado de investigar la verdad antes de condenar a un ciudadano: La prerrogativa del Estado de castigar corresponde con su obligación de aclarar y explorar la verdad, según las normas del procedimiento penal y de manera agotadora. En otras palabras: antes de condenar, el juez tiene que ser convencido de la culpa de la persona procesada más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la presunción de inocencia prohíbe la imposición de una pena sin constancia de la culpa según las normas debidas, es decir, a través del debido proceso. Por ende, la actuación del juez inicial ha violado estos principios: él impuso una pena sin haber investigado la verdad. Por ello, también contravino a la presunción de la inocencia. Ante su “amenaza” de la privación de la libertad había el riesgo concreto de que la confesión de la persona procesada era falsa. Ante la alternativa de ser condenado a varios años de la privación de libertad, muchos imputados prefieren “sacrificar” la verdad para obtener libertad. Estos falsos positivos atentan contra el Estado del Derecho. Además, el imputado solo asumió la responsabilidad según el escrito de acusación. Esto no puede ser la base para una convicción. Por todo lo mencionado, la actuación, o sea la forma en la que el juez presentó su propuesta, violó tres derechos fundamentales del imputado durante el juicio: la presunción de inocencia, el principio Nulla poena sine culpa y al final el deber del Estado de investigar la verdad.

Dogmáticamente, la presunción de la inocencia, el principio no hay pena sin culpa y el deber del Estado investigar toda la verdad, no pueden ser vistos por separados. Uno viene con el otro: sin verdad no hay constancia de la culpa, sin constancia de la culpa no hay pena. Y una pena sin constancia de la culpa contraviene a la dignidad humana. El Tribunal Constitucional deduce estos tres principios de la dignidad humana y del derecho a la libertad, los principios fundamentales de la Constitución alemana.

La dignidad humana prohíbe que el Estado trate a un ser humano como objeto. En el ámbito del derecho penal significa que la pena tiene que ser fundamentada en el dolo demostrado, en la libre decisión del delincuente para la injusticia, en la autodeterminación “falsa”. El medular del derecho penal es la voluntad mal formada. A pesar del conocimiento de la ley, el delincuente toma la libre decisión de violarla. El libre albedrío mal formado es supuesto y razón de la pena. Por ello, el filósofo Hegel ha manifestado que la intimidación como mecanismos psicológico nunca puede justificar la pena. Buscar el fin de la pena en el efecto motivatorio (intimidación) sería tratar al sujeto como a un perro al que se le levanta un palo. Si bien la voluntad del autor, en tanto irracional, no podría afectar la objetividad del Derecho, la única forma de tratar al delincuente como un ser racional es darle a su voluntad subjetiva una pretensión de validez general.

Resumiendo: solamente bajo la condición de que una persona haya determinado erróneamente su voluntad, el Estado podrá condenar su comportamiento. En otras palabras: la dignidad humana requiere que haya una relación clara entre la culpa y la pena.

Claramente, esto inhibe que un juez acepte una confesión posiblemente falsa, una confesión que haya obtenido porque el imputado(a) no vio otras alternativas o la realizó para obtener ventajas. Ante la dignidad humana, la contravención al principio del Estado Constitucional es secundaria. Según este principio, el Estado podrá ejecutar su fuerza solamente en la forma de la ley. Pero como la dignidad humana es el principio fundamental, se puede deducir los demás de ella. Es decir: La presunción de inocencia, el principio Nulla poena sine culpa y el deber del Estado de investigar la verdad, todo se desprende de la dignidad humana. Para retomar el caso inicial: una confesión obtenida ante la amenaza de la cárcel no puede ser base de una pena. Como no sabemos si el imputado es culpable, una pena contravendría a la dignidad humana.

  1. b) Principio de un juicio justo: Nemo tenetur se ipsum accusare / Prohibición de la coacción: lógicamente, los dos principios no pueden ser vistos separados. Si hay coacción, el derecho a permanecer en silencio no tiene sentido. Los dos principios también han sido violentados por la actuación del juez. Mostrando una pena alternativa en caso de que el imputado no acepte la propuesta es evidentemente coacción. El imputado no podía ejecutar su voluntad libremente. Su libre decisión, si quiere colaborar o hacer uso de su derecho al silencio, ha sido dañada por la “oferta” del juez.

De igual manera podemos tratar el problema: Nemo tenetur se ipsum accusare. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. Presenta una violación de la dignidad humana obligar al imputado aportar a su propia condena. El imputado tiene derecho a que no se utilice el silencio en su contra. Una sentencia nunca podrá deducir una desventaja del silencio de la persona procesada. En el caso presente, el silencio hubiese resultado como desventaja.

  1. c) Imparcialidad del juez: Además, el Tribunal Constitucional vio vulnerado el principio de la imparcialidad del juez por dos razones: obviamente el juez ya había tomado su decisión anteriormente del juicio oral y expuso cual pena tenía en mente. Por eso, el juez anticipó el registro de pruebas. Él anticipó el resultado. Como ha preferido reducir la pena a cambio de un ahorro de tiempo, mostró la falta de imparcialidad.
  2. d) Publicidad del juico = control público: Después de todo el juez violó el principio de la publicidad del juicio. Este principio requiere que el público se entere de la motivación de la sentencia. Si la esencia del juicio tiene lugar en la informalidad fuera del juicio público, los observadores del juicio no pueden entender que es lo que realmente está fundamentando la conclusión. En otras palabras: una demanda principal al procedimiento penal en la democracia es que los ciudadanos puedan ejercer el control de la jurisprudencia. Evidentemente, negocios ocultos entre la defensa y los juzgadores imposibilitan este fin.

Aunque el marco legal en Alemania es diferente, las garantías judiciales y constitucionales gozan de validez universal. Por eso, si se puede aplicar las lecciones mencionadas en su mayoría a la situación del Ecuador. Considerando solamente el artículo 8.3 CADH (“La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”), la práctica de la aplicación del procedimiento abreviado debería ser puesta en duda. Un ahorro de tiempo nunca puede justificar la limitación de garantías judiciales y la presunción de inocencia.

Stefan Florian Krauth

1 comment

  1. guido
    Reply

    Una Resolución del Tribunal Alemán clara… cómo deben ser todas la resoluciones en los procesos penales, que sirvan para ilustrar tanto a abogados como a la ciudadanía…cuanto nos falta por aprender…

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