La independencia judicial es una fuerza ciudadana, necesaria para la democracia

La independencia judicial es una fuerza ciudadana, necesaria para la democracia

octubre 8, 2017
in Category: Análisis jurídico
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La independencia judicial es una fuerza ciudadana, necesaria para la democracia

La independencia judicial en el ojo del huracán

Una de las interrogantes que vienen a mi mente en estos momentos cuando se discute en Ecuador de 2017 sobre la independencia judicial, es ¿por qué seguimos en la Región hablando desde hace 40 años sobre lo mismo? Hemos probado de todo para la elección de los servidores judiciales: nombramiento clásico por ternas, jueces vitalicios, impugnación social, control técnico de perfiles, concurso público, fortalecimiento de carrera judicial, implementación de mecanismos participativos, creación de organismos de administración y gobierno, formación de escuela judicial, eliminación de juico político, institucionalización de las altas cortes, etc. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo. De acuerdo con un informe de Foro Económico Mundial (2015), Ecuador ocupa el lugar 133 entre 148 países en independencia judicial. En esta misma medición, en 2012 ocupaba el lugar 100. Los mejores puntuados de la Región en este informe son en su orden Uruguay, Costa Rica y Chile.

Hoy con ocasión de la transición política durante el gobierno de Lenín Moreno, el tema vuelve a la palestra. Varios sectores apuntan sus propuestas para que sean tomadas en cuenta en la consulta popular anunciada como mecanismo para fortalecer la institucionalidad y asegurar la democracia. La independencia judicial es el centro de esta intención democratizadora respecto del Poder Judicial. No obstante, esta problemática se pierde en el tecnicismo y en la opinión de los expertos. No se comprende a nivel político y social qué ganamos con una justicia independiente. Es más, pareciera que todos estamos conformes con una justicia a la carta, por supuesto, cuando nos conviene en lo personal. Pareciera que nuestra gente piensa lo que expresa el argot popular: “el problema no es la argolla, el problema es no estar en ella”.

Esto provoca en nuestra clase política, en los ciudadanos y en la opinión pública una especie de ceguera o incapacidad de entender la magnitud del cambio que se está proponiendo desde hace años en los países en la Región. Por esta razón, quiero explicar por qué sí conviene la independencia judicial, que supone tener claro qué ganamos con un Poder Judicial independiente en nuestros país. Quiero explicar la pregunta que nos hicimos cuando la Defensoría Pública tomó la decisión de enfrentar la falta de independencia judicial en Ecuador y de presentar propuestas políticas y jurídicas para la transformación de la justicia: ¿Por qué defender la independencia judicial?

  1. ¿Para qué sirve la independencia? En tres ámbitos analizaré la independencia judicial: a) organización política; b) consolidación jurídica; y, c) uso social.
  2. Organización política: En las tradicionales teorías jurídicas, el poder debe ser dividido para evitar que se abuse de su ejercicio. Aquello tuvo sentido al inicio de la modernidad porque los regímenes absolutistas acumularon todos los poderes en una sola persona: el monarca. Él ejercía el poder no solo por el derecho de sangre, sino porque lo hacía, además, como un “buen padre de familia”. Vale decir, su autoridad se asentaba en dotes naturales de mando, sabiduría y bondad. Montesquieu y los demás pensadores del iluminismo plantearon el principio de separación de poderes con dos fines. Por una parte, para dividir las funciones del poder (hacer leyes, decidir la cosa pública y solucionar los conflictos entre ciudadanos); y, por otra, para evitar que una persona o grupo de personas acumule poder que le permita cometer abusos. Pero esta separación no sería únicamente estática, sino que se realizaría por controles dinámicos mutuos, que les llevaran a los poderes, como lo postulaban los fundadores de los Estados Unidos, a un equilibrio político (pesos y contrapesos). Las democracias modernas, entonces, se fundan bajo el principio de separación de poderes y mutuos controles políticos.

En la visión liberal, este control busca evitar la intervención abusiva del poder en la vida ciudadana, y en la social que esta sea para la realización de fines políticos de distribución y redistribución social y económica. A pesar de la racionalidad de estos modelos, en la realidad se pervierte afectando a los ciudadanos.

Para los liberales, se justifica la intervención cuando afecta a las libertades políticas. Nuestros países lo han interpretado como una afectación a la libertad de gobierno y de decisión política. Por eso, no extraña que se diga que hay que intervenir la justicia para proteger la propiedad de los particulares, el Estado, los recursos públicos y toda forma de obstaculización de las decisiones políticas del Estado. Y, para los progresistas, para el mantenimiento de metas políticas a largo plazo o un régimen de amplio espectro social. Si a ambas perspectivas le aumentamos la cultura política latinoamericana, no será difícil imaginar que se proteja a las autoridades y regímenes, empresas y grupos de poder, ya sea para proteger al Estado o un proyecto político determinado. No importa, si existe corrupción, vulneración de derechos personas y colectivos, autoritarismo o abuso del poder en perjuicio de los ciudadanos: los liberales se justifican en el combate al terrorismo, al comunismo o al Estado; mientras que los progresistas, en los cambios revolucionarios y las políticas de equidad. Todo vale para tener un poder judicial cautivo y una justicia a la carta a favor de los políticos.

La Constitución propone un ideal conciliador en lo que se ha llamado el Estado constitucional. Este toma lo mejor de los extremos y le adiciona un sistema de garantías. Por esto, se esperaba que dicho sistema permitiera al ciudadano controlar al poder y ponerlo a su servicio. En este contexto, hay que entender a la independencia judicial como un instrumento que involucra la responsabilidad política, que puede materializarse por el uso de las garantías por parte del ciudadano.

Sobre esta base, la clase política obtiene un beneficio tangible a largo plazo: legitimidad política. Vale decir, “de origen”, puesto que los cargos de los servidores judiciales serían ocupados por los mejores y más probos, de manera transparente y por fuera de los partidos políticos; y, al mismo tiempo, “de ejercicio”, toda vez que un poder judicial de esta naturaleza pudiera resolver los conflictos jurídicos puestos a su decisión con una respuesta creíble, racional, efectiva, necesaria y respetada por los ciudadanos. Todo esto permitiría que el poder judicial pase a formar parte de los mecanismos que fortalecen la democracia y la realización de los derechos. La sanidad del sistema político que respeta la independencia judicial generaría procesos políticos de largo aliento y transformaciones políticas consolidadas. La política dejaría de ser esa parte desacreditada de la sociedad y se convertiría en un oficio digno y respetado por los ciudadanos.

  1. Consolidación jurídica: Un Estado liberal considera al poder judicial con funciones atenuadas. Aquello se da por la desconfianza que tenían los revolucionarios liberales del Siglo XVIII de los jueces. Su fin particular sería resolver conflictos inter partes. Al mismo tiempo, en este modelo los jueces tienen un origen por designación y no por votación popular, con el objetivo de que no se afecte su ánimo por los intereses políticos y sociales que están alrededor de los expedientes judiciales. Además, para esta visión del Derecho, son las normas jurídicas, particularmente las leyes, la única manera de garantizar racionalidad jurídica. Las sentencias, en este sentido, son una labor de comprensión y análisis lógico del alcance de las leyes al caso concreto (subsunción). Por su parte, a un estado social le importa más el voluntarismo político del Poder Ejecutivo mediante su política pública. Se soluciona en abstracto en el marco de las leyes con respuestas tecnocráticas y el uso real de recursos de todo tipo. En ambos extremos, la independencia judicial estorba. Para lo liberal, un servidor judicial activista extralimita sus funciones, y para lo social, es obstáculo para el desarrollo y progreso nacionales. A nadie parece convenir un servidor judicial creativo y que influya en el sistema político con su actuación.

Ante esto, el Estado constitucional propone un poder judicial creativo y con amplio espectro de incidencia social. La propuesta pone en sospecha el autoritarismo del poder ejecutivo y la indolencia política del legislativo, ambos poderes degradados en la actualidad, y coloca a los servidores judiciales como una apuesta por encontrar legitimidad política.

En este contexto, la independencia judicial es profundamente útil. Por una parte, antepone las soluciones jurídicas a las políticas, con el beneficio social de paz, eficiencia y racionalidad; y, por la otra, involucra a los servidores judiciales en los efectos políticos y sociales más allá de su actuación procesal. Veamos, por ejemplo, lo que ocurrió con las altas cortes de Colombia, Costa Rica, Sudáfrica, India y Argentina en las últimas décadas. Ellas resolvieron cuestiones sociales de la cotidianidad, corrigieron la política pública, fueron un dique para la corrupción de las autoridades públicas y los particulares, ampliaron los derechos más allá de la constitución y los instrumentos internacionales, desarrollaron creativamente instituciones novedosas para la protección de los derechos y los intereses sociales, y en algunos casos, protegieron a sectores desprotegidos y minorías de todo tipo.

En definitiva, la independencia judicial hace útil al derecho y es socialmente aceptada la labor de los servidores judiciales y de los abogados de manera general. Un poder judicial independiente supone un Estado al servicio de los ciudadanos y un derecho como instrumento de liberación política. Las leyes dejan de ser mecanismos de explotación y diferenciación social, y se convierten en herramientas para la emancipación social desde lo jurídico en beneficio de la sociedad.

  1. Uso social: Una sociedad sin conciencia de sus derechos está destinada a desaparecer. Un poder judicial independiente es un aliado de confianza para los ciudadanos para la realización de sus derechos. En un modelo liberal, la diferencia entre ciudadanos y el Estado está severamente marcada por el mecanismo de representación política. Así, los ciudadanos son solo importantes al momento de la elección de sus autoridades y los electos no son responsables en estricto sentido ante ellos por sus decisiones. Por su parte, en el modelo social, la política pública se hace de espaldas al ciudadano, quien es apartado porque no posee conocimientos técnicos ni tiene experiencia en el manejo de la cosa pública. La independencia judicial es una barrera para ambos modelos, ya que en un modelo liberar pone en cuestión la hegemonía de las autoridades electas por el voto popular, y en el social, entorpece la naturaleza burocrática del funcionamiento del Estado.

Nuestro modelo constitucional propone como eje transversal de democracia participativa. Un poder judicial independiente puede facilitar el proceso de participación de los ciudadanos en las decisiones del poder político. Aquello se refleja en mayores niveles de exigibilidad de los derechos. Un estado constitucional no sólo requiere autoridades responsables y receptivas de la participación, sino además, ciudadanos empoderados de sus derechos y que se involucren el control social de sus autoridades y en participar en el ejercicio del poder.

Algunas experiencias pueden ayudar a entender la trascendencia de esto. Piénsese en el movimiento de los derechos civiles, en los años sesenta, en los Estados Unidos (que permitió la emergencia de la Corte Warren), el activismo de sociedad civil en Argentina (Madres de la Plaza de Mayo), y Colombia (Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”) para el planteamiento de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ninguna actuación de las organizaciones de sociedad civil o de ciudadanos independientes es posible sin un poder judicial independiente.

La participación, además, no es únicamente para la exigibilidad de derechos, sino para involucrarse en el ejercicio de la justicia con candidaturas para integrar el poder judicial e impugnar a quienes no sean idóneos o probos, actuar en los procesos con interés social (con un amicus curiae o como denunciante aunque no sea la víctima), y para fiscalizar al poder político. Para que los ciudadanos puedan hacer buen uso del poder judicial es necesario que sea confiable y útil para los intereses comunes de la gente. Aquello no es posible si aquel es visto como un lacayo del poder de turno, de los intereses de clase y los grupos de poder acostumbrados a obtener beneficios. La justicia puede y debe ser una tribuna para que los ciudadanos puedan equilibrar la desigualdad respecto del Estado y de los particulares con poder. La independencia es el punto de partida para la incidencia social del derecho y la justicia que proteja sobre todo a los más débiles.

Ernesto Pazmiño Granizo – Defensor Público General del  Ecuador

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