El desafío Catalán: una análisis sobre España y el independentismo

El desafío Catalán: una análisis sobre España y el independentismo

diciembre 12, 2017
in Category: Perspectivas
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El desafío Catalán: una análisis sobre España y el independentismo

Contextualizando la crisis catalana para los no españoles: La situación actual del conflicto de Cataluña en España no se puede entender sin tres elementos que hoy se vuelven centrales en el debate político del país ibérico: 1) La conformación de la identidad nacional española; 2) La crisis económica del 2008; 3) La reconfiguración del sistema político español.

1) La conformación de la identidad nacional española

España se ha constituido antes como Estado que como nación. Esto ha conllevado a que construya un poder central poderoso de forma temprana pero sin la capacidad de generar nación común; esto es, que las capas populares se identifiquen con la razón de Estado y la falta de integración de sus territorios (Villacañas, 2014).

Como una respuesta a esa falta de nación común, a lo largo de la historia de España se han dado episodios de respuestas agresivas homogeneizadoras. Por ejemplo, durante el franquismo se prohibió el hablar otras lenguas (euskera, catalán, gallego, etc) y se reprimió cualquier atisbo de identidad regional diferente a la española. Así, el discurso de la identidad nacional española tradicional presenta un sustrato fundamentado en la ideología del nacional-catolicismo que el franquismo levantó durante cuarenta años en su dictadura filofascista.

Con el retorno a la democracia se intentó reconstruir la identidad nacional sobre nuevas bases promoviendo dotarle de contenido patriótico – democrático, alrededor del proceso de transición a la democracia y de la Constitución de 1978. Además, se establecen como elementos centrales el reconocimiento de la pluralidad interna a la que incluso se denomina como nacionalidades -que no cuestiona el carácter indivisible y unitario de la nación española-, la historia de España y el status del castellano como idioma común articulador.

Investigaciones recientes (Muñoz Mendoza, 2012) establecen que la identidad española constitucional ha tenido éxito las últimas tres décadas en convertirse en el formato identitario mayoritario pero que convive con la identidad tradicional españolista y con identidades nacionalistas desafiantes asentados en forma masiva en algunos territorios (País Vasco, Cataluña), lo que hace que la transformación de la identidad nacional española sea todavía un proceso incompleto.

A esto hay que agregar que, gracias al marco de las autonomías del Estado español, las regiones que tenían entidades políticas sólidas han logrado generar un trabajo de preservación identitaria del nacionalismo periférico.

De esta forma, tenemos los casos del País Vasco y Cataluña, dos regiones con altos niveles de vida y riqueza, fuerte institucionalidad propia e identidades históricas diferenciadas de la nacional española. Así, alrededor de la institucionalidad de la Comunidad Autónoma, del trabajo de preservación de la lengua, del manejo de las competencias de la educación, de medios de comunicación propios regionales y de discursos políticos identitarios de sus élites políticas han generado el marco político – ideológico adecuado para preservar su institucionalidad, poder político e identidad nacional específica. Sin embargo, es necesario identificar otros factores -económicos y políticos- para entender cómo se activa el proceso por el que el nacionalismo catalán se torna en una propuesta independentista.

2) La crisis económica

La crisis económica mundial del año 2008 fue uno de los fenómenos más debatidos en la economía contemporánea. Todavía hoy se discute si fue solo una crisis cíclica o el punto de inflexión que genera un nuevo escenario cualitativo. En todo caso, la crisis que arrancó en Estados Unidos y luego contagió al mundo desarrollado constituyó un catalizador de un problema de la dinámica interna española: su burbuja inmobiliaria.

El ingreso de España a la entonces denominada Comunidad Económica Europea (1986) y la creación de la Eurozona (1999-2002) dieron una sólida cobertura económica a España, dotándole de los beneficios europeos de una moneda fuerte y liquidez abundante. Esto a su vez consolidó al sistema financiero español y le permitió internacionalizarse, así realizó compras de bienes y servicios (especialmente en América Latina) asegurando negocios rentables y una acumulación económica desacoplada de la dinámica española. Mientras, en el plano interno, les permitió otorgar crédito abundante y barato a los ciudadanos españoles con dinero procedente, sobre todo, de la banca del norte de Europa.

Esto hizo que España se convierta en un consumidor neto, aumentaba sus importaciones y déficit exterior que eran financiadas por los préstamos de los bancos de los países excedentarios, con Alemania a la cabeza, asegurando así la demanda de su producción exportadora (Varoufakis, 2015). Configurando, de tal suerte, un ingreso subordinado a la división internacional de trabajo en la Unión Europea.

López y Rodríguez (2010) consideran que el caso español puede ser analizado en forma  similar al de Estados Unidos. Así, toman de Robert Brenner (2003) el concepto de “keynesianismo de precios de activos”. Parten de la concepción que el modelo neoliberal, que prioriza el ajuste fiscal y fortalece al mercado como ente regulador, no crea demanda a través de una mayor inversión pública y redistribución, como había propuesto el keynesianismo clásico. Así compensa la falta de redistribución con acceso al crédito y genera mecanismos de revalorización de activos para generar el efecto riqueza en la sociedad.

La construcción se convirtió entonces en el motor de la economía española. Si en 1997 suponía el 4,7% del PIB en el 2007 llegó a representar el 9,3% (Romero, 2010). En contraste, a países como Francia, Holanda, Noruega o -fuera de Europa- Estados Unidos, donde el peso del sector no llega al 5%. Como consecuencia tenemos que las familias presentaban una riqueza inmobiliaria de 320% del PIB de España en 1997, pasando luego a suponer el 600% en el 2006 (Campos Echeverría, 2008: 51). España se convierte en el 2007 en un país donde un 87% de sus ciudadanos eran propietarios de vivienda, 17 puntos más que otros países con burbujas inmobiliarias, como Gran Bretaña y Estados Unidos, y muy lejos de otros países europeos como Alemania y Dinamarca con su 46% (Observatorio Vasco de la Vivienda, 2011).

Con la crisis económica mundial del 2008 España sufriría la mayor crisis económica desde 1978. A la desaceleración económica del 2007 vino un período de contracción, con una caída de alrededor del 7% del PIB y crecimiento negativo por varios años (2009-2012). El costo social de la crisis ha sido enorme. España ha perdido población, ha aumentado la pobreza y desigualdad, así como el desempleo y la mala calidad del trabajo existente. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España empezó la crisis con una tasa de desempleo del 8,57 en el 2007, llegó en el 2012 al 25,77% y posteriormente desde el 2015 parece estabilizarse alrededor del 20%.

La crisis económica constituiría un escenario donde el malestar público y la agitación política contribuirían a la crisis de legitimidad y representación del sistema político.

3) La reconfiguración del sistema político español

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria desnuda la realidad y se hace más visible la ineficiencia, la corrupción, el primitivo perfil de la élite gobernante. Mientras, los costos sociales y la gestión de la crisis económica forman un estado de malestar hacia la política. El otrora estable sistema político español se ve sacudido por un clima de indignación, por una ola de movilización social que terminaría en una crisis de representación.

Al principio los sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda inician una serie de movilizaciones sectoriales ante la política de ajuste fiscal. Sin embargo, aunque logran sensibilizar a la sociedad sobre los efectos del recorte del gasto público, especialmente en salud y educación, no logran movilizar fuera de los círculos de activistas.

El 15 de mayo de 2011 empiezan una serie de movilizaciones que ganarían apoyo masivo y contaría con pluralidad de asistentes. Pero esta nueva jornada de movilización contiene elementos novedosos. Aunque estaba vinculada a la crisis no se centraba en reclamos sectoriales y hacían de la desafección ciudadana a la política su eje, si bien combinando con críticas a los bancos y a la emergente precariedad social. La convocaban colectivos de jóvenes desconocidos a la fecha y los espacios de discusión pública adoptan formas asamblearias de organización, cuestionando las formas tradicionales de hacer política. Tenía una fuerte presencia en redes y gran parte de las movilizaciones y debates se realizaban en la noche. Es el inicio del despertar político de la población joven de España que percibe su futuro menos promisorio que el vivido por sus padres.

En ese clima, el 22 de mayo se realizan elecciones municipales donde gana el Partido Popular. Pocos meses después, el gobierno del Rodríguez Zapatero decide adelantar las elecciones generales que se efectúan en noviembre del 2011. El Partido Socialsta Español(PSOE) sufre una pronunciada caída de más de 15 puntos y obtiene un 28,76% de los votos. El Partido Popular gana con un 44,63% de la votación, subiendo alrededor de 4 puntos desde las elecciones del 2008. Empieza un período de gobierno presidido por Mariano Rajoy que profundiza el procesamiento neoliberal de la crisis económica.

Se genera entonces un ambiente que combina crisis económica, retroceso del bienestar social, malestar general con la política, movilización de afectados, pérdida de credibilidad del PSOE y consolidación del partido conservador en las urnas. Ante ello se perciben tres respuestas políticas que desafían la salida conservadora de la crisis e incluso cuestionan el marco político desplegado desde la transición en 1978.

Una, emerge una movilización social encabezada por la Plataforma de Afectados por las Hiotecas (PAH) que al tratar de frenar los desahucios de la banca logra poner el tema en el debate político y genera, como respuesta del Estado, una ola de reformas que mejoran las condiciones de negociación de los afectados. La PAH se convertiría en el movimiento social más dinámico y extenso de España, con gran aceptación en la opinión pública. Luego de un ciclo de movilizaciones sociales, España entra a un ciclo político (2014) donde la energía social de resistencia y lucha contra el neoliberalismo se concentra en el terreno institucional y se pasa a un ciclo de movilizaciones electorales permanentes.

Dos, en las elecciones europeas del 2014 un colectivo de jóvenes de izquierdas desafían al sistema político tradicional e irrumpen con fuerza. Podemos se constituye en un movimiento progresista que logra constituirse en una fuerza política nacional que, poco a poco, logra alcanzar alrededor del 20% del voto, con bastiones en algunas regiones (Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia) y un voto joven muy pronunciado, siendo la primera fuerza política entre las personas de 18 a 44 años.

Tres, el tercer desafío ha sido el más inesperado pero a la vez el de mayor envergadura. El nacionalismo catalán, que era tradicionalmente moderado, se radicaliza e inicia un proceso político de ruptura proclamando como objetivo la independencia del Estado español y la constitución de un Estado propio.

La transición del nacionalismo catalán: de autonomista a independentista

El gobierno de Rodríguez Zapatero del PSOE, en su discurso de respeto a la España plural, ofrece ratificar el nuevo estatuto que apruebe Cataluña. Cataluña, en ese momento (2006) regido por la marca catalana del PSOE (PSC) en alianza con las izquierdas catalanas, discute un nuevo estatuto de autonomía, lo aprueba en la cámara legislativa de su Comunidad Autónoma ( con apoyo de 120 diputados de 135) y lo hace votar por la población (gana con el 73% de los votos).

El Partido Popular, en oposición al gobierno y siendo una fuerza marginal en Cataluña, presenta el Estatuto ante el Tribunal Constitucional al considerar que viola la Constitución española. El Tribunal Constitucional, con mayoría conservadora, dicta la sentencia que deja sin validez el estatuto (2010). Desde entonces se inicia una espiral donde sube la confrontación política y el nacionalismo catalán inicia su tránsito hacia el independentismo.

Como respuesta a lo que fue percibido como desconocimiento de la singularidad catalana y el intento por homogeneizar España, en el 2010, el sector moderado del nacionalismo catalán levanta la proclama del “derecho a decidir”, pero definido únicamente como la necesidad de un nuevo pacto fiscal que establezca un nuevo modelo de financiación de la Comunidad autónoma de Cataluña. El planteamiento realmente buscaba asimilar su financiamiento a lo que ya mantiene el País Vasco.

El jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, indica que no pretende revisar la política de distribución de recursos territoriales del Estado español y que no cuenta con margen económico, dada la aguda crisis económica que atraviesa España.

Al considerar que no existe aceptación del Estado de posibles reformas que incrementen la autonomía de Cataluña, la respuesta fue de radicalización del nacionalismo catalán. Entonces las movilizaciones nacionalistas (2012) proclaman abiertamente la independencia como objetivo, se inician nuevas elecciones autonómicas (2012), donde el nacionalismo más extremo crece, se convoca un referéndum ilegal (9/11/2014) y nuevamente otras elecciones autonómicas (2015).

En el camino, el nacionalismo moderado se rompe, cambia de nombre y liderazgo, así como disminuye su peso político, por lo que recurre a alianzas con el nacionalismo independentista (ERC). Por su parte, el nacionalismo extremo (ERC) crece y se convierte en el eje de la alianza de las fuerzas políticas catalanas, donde aparece también un nacionalismo independentista de izquierda radical (CUP).

En medio de ese proceso, la legitimidad de la Constitución de 1978 se difumina. El PP se resiste a reformarla para adaptarle a las nuevas demandas y la cambiante realidad. El PSOE, otrora partido eje del sistema político, disminuye su peso e inicia un errático camino sin norte claro. Podemos apuntala el reformismo constitucional hacia formas más progresistas y plurinacionales pero recibe una gran resistencia del establishment.

Por su parte, el nacionalismo catalán deja de ver a la Constitución como el marco de convivencia que le permitía mantener su autogobierno autonómico y, a su vez, gracias a su peso legislativo, convertirse en el asegurador de la gobernabilidad española, con sus alianzas legislativas que daban mayoría al partido de turno en el gobierno del Estado español a cambio de recursos o más competencias para Cataluña, como lo había hecho siempre.

La crisis del régimen del 78, como algunos caracterizan al orden político español, combina así una crisis económica que impide contar con recursos para responder a demandas; una crisis social, por el deterioro de las condiciones de vida; una crisis política, por la desafección ciudadana, el perfil reformista de varios partidos políticos de peso y un cambio de actores políticos de la escena nacional; con una crisis territorial, levantada por el cuestionamiento catalán al reparto de recursos y la negativa del gobierno del PP de incrementar la descentralización económica o las competencias de las Comunidades Autónomas. De hecho, varios de sus planteamientos son regresivos.

Esto ha puesto de relieve como el levantar la postura españolista da rédito político al PP en otras regiones de España con mayor cercanía a la identidad nacional española castellana (Andalucía, Murcia, las Castillas). Mientras, Cataluña se ha roto en dos grandes comunidades políticas de tamaño similar (pro independencia/ contra independencia), sin embargo los independentistas se han convertido en un segmento masivo, movilizado e intenso que imponen la agenda política.

Los nacionalistas proponen la celebración de un referéndum vinculante negociado con el Estado donde se consulte sobre la independencia a Cataluña, de forma similar a las consultas realizadas en Canadá sobre Quebec y Reino Unido sobre Escocia. Hasta ahora los referéndum que han convocado vía la Generalitat (Gobierno de la Comunidad Autónoma) han sido actos ilegales e informales, en los que han votado mayoritariamente sólo los sectores proindependencia. Pero aun así incluso han avanzado, con mucha improvisación, en declaraciones de independencia unilaterales a través de la institucionalidad autonómica (Parlamento y Ejecutivo).

La propuesta de la consulta vinculante ha contado con el apoyo de Podemos y otros sectores progresistas, quienes aseguran que se debe aprobar el mecanismo democrático para resolver el impase que ha escalado demasiado pero que, posteriormente aprobado, ellos harían campaña para que Cataluña se mantenga dentro de España. Igualmente, este sector ha cuestionado la irresponsabilidad de los independentistas, la falta de tratamiento público de los problemas sociales y económicos, así como su falta de legitimidad y legalidad para arrogarse la representación de todo el pueblo catalán.

Por su parte, el gobierno del PP se ha negado a cualquier negociación sobre el asunto. Su discurso de combate al nacionalismo catalán ha sido vía reactivación del discurso tradicional de la identidad española. Sus únicas respuestas políticas han sido judiciales contra los líderes de la movilización e incluso interviniendo las instituciones de la Comunidad Autónoma.

España se encuentra así en un callejón sin salida con un estancamiento de difícil resolución democrática. La discusión identitaria se ha vuelto escencialista y excluyente. Los dos bloques políticos extremos polarizan el debate y la confrontación, dejando poco espacio a la negociación así como a otro tipo de discursos, problemas o actores.

Tras la crisis económica se desarrolló una reorganización del sistema político español. Las fuerzas del statu quo parecían encontrarse a la defensiva sin capacidad de seducción. Años después, el escenario si bien se mantiene abierto parece tomar otro rumbo. Las fuerzas propulsoras del cambio se ven agotadas con techos claros. La restauración retoma la iniciativa. El orden vuelve a Madrid. El problema catalán parece ser el último desafío. Sin embargo, las élites catalanas, tan conservadoras como las madrileñas, no pueden mantener su enroque. El enquistamiento tiene un coste económico y político difícil de sostener.

El gobierno conservador español parece mostrarse más duro en términos políticos pero la situación de mejora económica le otorga mayor margen de seducción y la posibilidad de abordar reformas. Rajoy, el presidente inmóvil, tendrá que retomar la iniciativa para que la restauración sea eficiente y cerrar las ventanas de oportunidad de las potenciales rupturas que la crisis económica dejó abiertas.

Gustavo Xavier Ayala Cruz – Académico

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