Adolescentes: un camino hacia la justicia restaurativa en Ecuador

Adolescentes: un camino hacia la justicia restaurativa en Ecuador

diciembre 12, 2017
in Category: Análisis jurídico
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Adolescentes: un camino hacia la justicia restaurativa en Ecuador

La justicia juvenil en el Ecuador se enmarca en la Constitución que consagra los principios a los que deben adecuarse la organización de los poderes y servicios públicos, en particular, los referentes a una justicia respetuosa de los derechos de las personas, más aún al tratarse de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, tiene como referentes su Código de la Niñez y Adolescencia, su Plan Nacional del Buen Vivir y la normativa internacional ratificada por el Ecuador en materia de Justicia Juvenil.

Tal como lo define la Declaración de Lima (2009), el enfoque restaurativo no es nuevo, ya que proviene de comunidades ancestrales de distintas regiones del mundo, como las de los Maorí en Nueva Zelandia o las de los Navajos en Norteamérica que tenían un concepto sabio, participativo, comunitario y reparador de la justicia. En el siglo XX asistimos a un renacimiento de este concepto de justicia, con autores como el criminólogo Howard Zehr, considerado el “abuelo de la justicia restaurativa”.

Así como el enfoque restaurativo promueve la participación activa de los involucrados en el conflicto, la  violencia o el delito, también busca procurar la reparación emocional, material y/o simbólica del daño y el restablecimiento de las relaciones humanas y sociales afectadas a través de los procesos y prácticas restaurativas. A diferencia de la justicia retributiva, en la cual la vulneración de la ley y el castigo consecuente constituyen el eje central, la justicia restaurativa se centra en las consecuencias que el delito ha generado para una persona en concreto y la necesidad de reparar el daño cometido. Busca que el ofensor se haga responsable de las consecuencias de su acto, procurando que en el encuentro con la victima haya una reconciliación basada en la restitución del daño y el perdón. Además, busca también que se restituya el vínculo social procurando la reintegración del infractor en la comunidad, fortaleciendo así el sentimiento de seguridad quebrantado. La reparación del daño –sea directamente con la víctima o, indirectamente, a través o servicios a la comunidad – genera empatía responsabiliza y restaura el vínculo humano. Los adolescentes, al reparar el daño descubren una realidad distinta a la suya, desarrollan empatía y realizan acciones positivas que, a pesar de sus dificultades, pueden convertirse en un valioso soporte humano para otras personas y, simultáneamente, se pueden sentir personas valiosas, con cualidades, capaces de servir a la sociedad, de ayudar a los demás y, quizás por primera vez, ser reconocidos como ciudadanos de bien. Esta experiencia produce verdaderos cambios humanos, profundos y duraderos, que hacen menos probable que reincidan en cometer  un acto en contra de la ley. También es importante subrayar que estos cambios experimentados por el adolescente trascienden su ámbito individual, para alcanzar su núcleo familiar y su entorno.

Es en este marco que la Fundación Terre des hommes (TDH) ejecuta el proyecto Justicia  Juvenil  Restaurativa (JJR) en el Ecuador, desde 2012. Conjuntamente con sus aliados estratégicos, la Fundación busca propiciar la implementación de la justicia restaurativa, brindando la posibilidad de que tanto los adolescentes en conflicto con la ley penal, como las víctimas y la sociedad en su conjunto, puedan tender puentes, dialogar y lograr mejores formas de hacer justicia, formas más humanas, enmarcadas en los derechos y el respeto a los adolescentes. A pesar de que el camino hacia una justicia juvenil con enfoque restaurativo es largo, ya se ven avances importantes y prometedores desde las distintas instituciones del sistema de justicia: desde el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC), se destaca la implementación progresiva del enfoque restaurativo en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) y en las Unidades Zonales de Desarrollo Integral (UZDI) a nivel nacional.

Existe una voluntad de priorizar medidas no privativas de libertad, fortaleciendo las UZDI a nivel nacional y de trabajar estas medidas con un enfoque restaurativo. En junio del 2017, 568 adolescentes fueron atendidos en las 10 UZDI del país (es decir, las medidas no privativas representan el 48,2% de los 1178 adolescentes), lo cual es un gran avance en el país, dado que hasta hace algunos años no existían las UZDI y la mayoría de las medidas eran privativas de libertad. A pesar de este esfuerzo, los limitados recursos financieros y humanos impiden no solo una mejor calidad de los servicios, sino también que, en muchos casos, los jueces dicten estas medidas. La sobrepoblación en los centros es también una realidad: a la misma fecha, 610 adolescentes estaban privados de libertad en los CAI, por 559 plazas disponibles, que representan una sobrepoblación de 9,1%; los más hacinados son los masculinos de Esmeraldas, Ibarra, Ambato y Guayaquil.

La falta de personal es otro problema urgente, ya que limita la calidad de las medidas (tanto las privativas como las no privativas de libertad): en 2017, 177 profesionales trabajan en los 11 CAI, mientras el MJDHC evalúa en déficit de 129 profesionales (principalmente en los mismos CAI de varones que tienen sobrepoblación).

En las UZDI faltan actualmente unos 10 profesionales para realizar una atención de calidad, además restaría abrir dos nuevas UZDI (Napo y Pastaza; Los Ríos/Babahoyo), para poder brindar una cobertura nacional. Otra dificultad señalada es la presencia de un número significativo de jóvenes adultos (actualmente 177 jóvenes mayores de edad) que siguen cumpliendo sus medidas privativas de libertad con adolescentes, ya que a la fecha no existe una estructura adaptada y diferenciada para ellos.

Desde el Consejo de la Judicatura se ha impulsado la mediación entre adolescentes en conflicto con la ley y sus víctimas, con la capacitación por la Fundación Terre des hommes de un grupo de 19 mediadores a nivel nacional, en 2016. Estos han realizado 7 mediaciones en ese año, de las cuales 5 terminaron con un acta de acuerdo, que crearon un precedente en el país y sembraron nuevas prácticas de justicia juvenil. También se ha sensibilizado a 1569 operadores de la justicia en la plataforma virtual de la Escuela Judicial, en el marco del convenio vigente entre nuestras dos instituciones. En la actualidad existen 841 operadores de justicia y equipos técnicos de unidades judiciales en materia de familia, mujer, niñez y adolescentes infractores y 9 jueces especializados para adolescentes en conflicto con la ley penal.

En cuanto a la Defensoría Pública del Ecuador, se ha especializado desde 2015 en brindar servicios en justicia penal juvenil, con el fin de brindar protección a los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley, a través de una defensa técnica en la cual se reconoce el interés superior del niño, niña y adolescente, sobre la base de lo señalado en la Constitución y a la normativa interna de la institución. A julio de 2017, la Institución cuenta con un total de 12 defensores públicos especializados, quienes patrocinan a los adolescentes en conflicto con la ley penal y a sus familias en Pichincha y Guayas (las dos provincias más grandes del país con el mayor número de adolescentes en conflicto con la ley).

En el caso de las otras provincias, la Defensoría cuenta con defensores multicompetentes que patrocinan estos casos. Para remediar la falta de especialización, la Defensoría elaboró, junto con la Fundación Terre des hommes, un protocolo de defensa penal juvenil, sobre la base de la cual se capacitó  a 96 defensores de Quito y Santo Domingo en 2016 (capacitación que seguirá en el semestre de 2017 en las otras provincias). Así, entre abril y diciembre de 2016, 4311 adolescentes en conflicto con la ley fueron respaldados por defensores públicos, de los cuales 2178 (el 50,5%) se concentran en las dos provincias que cuentan con defensores especializados.

Desde la Fiscalía, los 30 fiscales especializados que existen a nivel nacional dictan remisiones fiscales; sin embargo, debido a las limitaciones de no contar con personal técnico (psicólogos, trabajadores sociales, etc.) para hacer un buen seguimiento, y también por el hecho que las UZDI no atienden a las remisiones fiscales, es muy difícil brindar una atención satisfactoria con estas medidas, a pesar de toda la voluntad y la indudable especialización de estos fiscales. Además, los 157 fiscales multicompetentes

(es decir, el 84%) no tienen especialidad en justicia juvenil, lo cual hace poco probable la aplicación de remisiones fiscales de los casos que les corresponden, y en general la adopción de medidas de desformalización, como son conciliaciones o suspensiones del proceso a prueba.

Finalmente, es muy importante el destacado compromiso de la Policía con la justicia juvenil restaurativa. Así es como, conjuntamente con la Policía Comunitaria y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), la Fundación Terre des hommes ha podido capacitar a 267 policías a nivel nacional en 2016, lo cual repercutirá en una mejor prevención de la violencia juvenil en las comunidades, así como a un trato adecuado a los adolescentes detenidos.

Además de todo ello, se hace relevante destacar que entre la mayoría de estas instituciones, en 2016 se ha conformado una comisión interinstitucional en JJR que busca general mejores prácticas e instaurar de manera paulatina el enfoque restaurativo desde la atención por parte de los distintos operadores de la justicia. En el marco de esta comisión, se está implementando en Quito una nueva unidad udicial especializada en JJR, antecedente importante en el país, y que proyecta replicarse en otras provincias. También, en el marco del proyecto de la Fundación Terre des hommes, 13 operadores de justicias aprobaron el Curso Internacional en Justicia Juvenil Restaurativa, (4 defensores públicos, 3 jueces, 2 psicólogas, 2 trabajadoras sociales, 1 fiscal y 1 policía), desarrollado por la delegación de Perú. También se realizó la pasantía de 8 operadores de justicia ecuatorianos a Perú (1 juez, 2 fiscales, 1 defensor público, 3 mediadores, 1 policía comunitario).

En conclusión, se observa en el Ecuador mucho interés, voluntad y compromiso por mejorar la atención de las adolescentes en conflicto con la ley penal a través de la implementación del enfoque restaurativo. Sin embargo, hay que ser conscientes de que estos son procesos de mediano plazo y que también existen limitaciones. A continuación, presentamos algunas recomendaciones:

Fortalecer el enfoque restaurativo en sus distintos aspectos: reconocimiento por parte del adolescente del daño cometido y su responsabilidad en el hecho; garantía de la defensa del adolescente desde la fase policial; reparación del daño y atención a la víctima; reinserción del adolescente al reconocer su vulnerabilidad, carencias, necesidades, pero también sus fortalezas, capacidades y deseos; participación del adolescente, de la víctima, de las comunidad.

Implementar una estrategia de especialización a operadores de justicia y operadores sociales, a nivel nacional, priorizando en un primer momento las provincias con mayor nivel de incidencia en violencia adolescente. Para tal fin, es importante que el grupo especializado  en JJR actualmente existente (fiscales, jueces, defensor público, mediadores), conforme un grupo interinstitucional de capacitación especializada para sus pares en las provincias de mayor incidencia de violencia juvenil, especializado de manera paulatina a los operadores de justicia y sociales en la aplicación de la JJR.

Que la comisión interinstitucional (u otro espacio de articulación) siga intercambiando, articulando y reflexionando sobre las mejores prácticas en justicia juvenil restaurativa y sobre el sistema de justicia juvenil en el Ecuador.

Que la nueva Unidad Judicial especializada en JJR sea fortalecida, tanto en su infraestructura (con espacios exclusivamente reservados para atender adolescentes en conflicto con la ley y con espacios suficientes, y que respeten la intimidad y la dignidad de los adolescentes, familiares y víctimas), como en la nominación de operadores de justicia y personal de apoyos especializados en JJR, criterio de especialidad que se debería, en lo ideal, aplicar a todos los funcionarios que tengan alguna competencia en la materia: DINAPEN, fiscales, jueces, mediadores, psicólogos, medicina legal y con un personal administrativo sensibilizado.

Que se fortalezcan las UZDI, con la dotación de recursos económicos, con la especialización de sus funcionarios y con el diseño e implementación de un modelo de atención adaptado al contexto y a las medidas no privativas de libertad, con el fin de mejorar el cumplimiento efectivo de estas medidas y, de esta manera, incitar a los operadores de justicia a dictarlas siempre y cuando el caso lo amerite. Ello tendría una consecuencia directa sobre los CAI, lo cual disminuirá de manera significativa la sobrepoblación observada actualmente.

Que se fortalezcan las condiciones de atención en los CAI, limitando el número de medidas privativas de libertad (aplicándolas en los casos de mayor gravedad y por el menor tiempo posible, tal como lo establecen las distintas normas internacionales).

Que las instituciones de justicia del Ecuador fomenten intercambios con sus pares en otros países de América Latina, buscando reflexionar, intercambiar prácticas, avances y dificultades, con el fin de implementar paulatinamente una justicia juvenil restaurativa que mejore la paz social a través de la reinserción de los adolescentes en la sociedad, la reparación del daño a las víctimas y/o a la sociedad, contribuyendo así a una mayor paz social en la región.

Finalmente, dado que el Ecuador tiene raíces eminentemente indígenas, se debería aprender más de los procesos de justicia de sus comunidades, para de ese modo fortalecer el enfoque restaurativo en la justicia, además de fortalecer la visión integral de tratar el delito que tiene las culturas indígenas.

Véronique Henry – Jefa de delegación Ecuador, Fundación Terre de Hommes

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1 comment

  1. Wendy Ibarra
    Reply

    En Guayaquil no se ha capacitado personalmente a los Fisacales y Jueces, hay total desconocimiento en justicia juvenil no aplican terminaciones anticipadas solo proponen abreviados y se está criminalizando las relaciones sexuales consesuadas entre adolescentes

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