La consulta popular le da voz a la ciudadanía; la CC debe dar paso

La consulta popular le da voz a la ciudadanía; la CC debe dar paso

diciembre 12, 2017
in Category: Análisis jurídico
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La consulta popular le da voz a la ciudadanía; la CC debe dar paso

La democracia en la modernidad hace indispensable el mecanismo de representación política, que  consiste en el conjunto de instituciones que permiten la intermediación entre los intereses sociales dispersos, los partidos políticos y la elección popular de las autoridades públicas (Duverguer, 1988). De esta manera, los ciudadanos elegimos a nuestros representantes o mandatarios para que ejerzan el poder en nuestro nombre. Este mecanismo supuso una solución ideal a la democracia directa, que en sociedades más complejas y numerosas se hizo imposible, puesto que permitió la racionalización y secularización del poder. Así, las monarquías se transformaron en repúblicas cuando el poder se despersonalizó y logró separarse de otras corporaciones políticas, tales como la Iglesia.

También, aquello significó la existencia del Estado laico y profundamente racionalizado. Este tipo de Estado, el liberal, se consolidó durante el siglo XX en Europa, pero en América Latina no tuvo la misma suerte. En nuestra Región, se vio afectado por el impacto de las estructuras coloniales y la debilidad de los sistemas políticos. Por esta razón, el mecanismo de representación experimentó irregularidades. Nuestra Región estuvo marcada por la emergencia de caudillos y estructuras políticas que le sirvieron para profundizar la exclusión, la elitización y el autoritarismo (Alcántara, 2003).

Durante la década de los noventa, la representación política entró en crisis a nivel global, debido a la caída de los regímenes del socialismo real, la hegemonía del mercado y modelo capitalista, y al sorprendente y acelerado desarrollo de los medios de comunicación masiva. La gente siente que ni los políticos ni los partidos los representan y en lo común pierde interés en los aspectos políticos y, aún países altamente institucionalizados vivieron crisis políticas que no siempre se solucionaron con idoneidad (Chiriboga, 1984).

Una de las formas en que los sistemas políticos enfrentan estos problemas es integrando algunos mecanismos de participación política, pero sin negar la representación política. Referéndum, consulta popular, rendición de cuentas, la silla vacía, revocatoria del mandato y participación ciudadana y control social como una política transversal son los más importantes y la esperanza de que el ejercicio se convierta en algo socialmente trascedente. En Ecuador, esto empezó en la década de los noventa y se perfeccionó en la Constitución de 2008. De estos, el más conocido es la consulta popular, que consiste en preguntarle a los votantes sobre temas de interés social y político.

Esta naturaleza, no obstante, hace de la consulta popular una herramienta que profundiza la democracia, permitiendo que sea el pueblo quien dirima conflictos políticos de manera pacífica y sin sacrificar al sistema político (Hurtado, 1990). Desde este punto de vista, la consulta popular le da voz a las personas y colectivos, permitiéndoles acompañar los procesos de conformación de las normas jurídicas y las instituciones políticas.

Una consulta popular, desde esta perspectiva, es un mecanismo que busca consolidar la representación y, al mismo tiempo, profundizar la democracia. En el contexto del régimen de la década pasada, se convierte en una herramienta trascendental para el retorno a la democracia, toda vez que la crisis política de 2006 toleró la hegemonía de un solo grupo político, lo cual borró el principio de alternabilidad en una polémica reforma en la Asamblea Nacional en 2015, permitiendo la reelección indefinida.

La misma Corte Constitucional del Ecuador relieva, incluso, la naturaleza de la consulta popular como mecanismo de la denominada “democracia directa”: “el derecho de participación a la consulta popular es la forma más desarrollada de un sistema democrático avanzado…” (cs. 001-13-SCP-CC).

Por esto, es que se convierte en el más importante mecanismo de la democracia moderna: “Resulta fuera de todo debate que la forma más acertada del desarrollo de la democracia de un país, se obtiene haciendo participar a los ciudadanos de manera directa en la toma de decisiones sobre asuntos trascendentales, simplemente porque esa es la esencia de la democracia. Es por esta razón que la Constitución vigente mantiene en su cuerpo instituciones tan importantes como la consulta al pueblo. Pero el mismo Estatuto Máximo ha determinado los requisitos y procedimientos para su procedencia, los que todos deben aceptar de acuerdo a lo que dispone el numeral 1 del artículo 83 del mismo” (cs. 0001-09-CP).Incluso, tanta importancia tiene este mecanismo que la Corte ha desarrollado un derecho especial de participación a partir de la consulta popular, que sería “derecho a la democracia directa”: “Como quedó claramente determinado al inicio de esta sentencia, quienes requieren la convocatoria a consulta popular son la unión entre representantes de un gobierno seccional y la ciudadanía, por lo que es necesario determinar respecto de que temas, tanto los gobiernos seccionales como la ciudadanía pueden ejercer su derecho de democracia directa…” (cs. 0001-10-CP).

Es un mecanismo institucional y pacífico, pero lo más importante es que permite a las personas y colectivos participar activamente en la toma de decisiones. Justamente, la reforma constitucional que aprobó la Asamblea Nacional, previo dictamen de la Corte Constitucional, tuvo un enorme déficit democrático, puesto que se hizo de espaldas al pueblo. Para aquel entonces, dicho dictamen determinó que la reforma no alteraba la estructura esencial del Estado, razón por la cual no necesitaba realizarse una consulta popular, sino solo su tratamiento en la Asamblea Nacional. No obstante, este dictamen no definió claramente qué significa “elementos constitutivos del Estado” ni “estructura fundamental del Estado”, con lo cual la ilegitimidad de la reforma fue doble.

Por otra parte, la hegemonización del poder en un solo partido y su caudillo durante la última década trajo como consecuencia el nombramiento de autoridades judiciales y de control que adolecen de ilegitimidad de origen, puesto que sus concursos favorecieron a personas cercanas al régimen, lo cual redundó en la impunidad de actos de corrupción de varias autoridades y la intervención política para beneficiar tesis del gobierno y sus amigos (Ware, 2004).

Luego de analizados varios mecanismos político-jurídicos para sustituir a estas autoridades ilegítimas, la consulta popular por su carácter democrático y participativo es la más idónea, puesto que permite que las personas y los colectivos sean los autores de su destino. Esto revaloriza el ideal de fortalecer el poder popular y la democracia participativa de manera pacífica y fortaleciendo las instituciones.

Además de lo señalado, analizaré dos, de las siete preguntas propuestas por el Primer Mandatario, que a su vez son las del debate nacional por su trascendencia en lo político y en la democracia ecuatoriana.

Pregunta 2: ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas para una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el anexo 2?

Ecuador y América Latina tienen una fuerte tradición republicana. Por esta razón, desde los primeros textos constitucionales a finales del Siglo XIX, se incluyen dos grandes principios estructurales de nuestros sistemas políticos: separación de poderes y mutuo control. Son dos puntales sobre el que descansa un principio fundamental de nuestra historia institucional: el de alternabilidad. Este principio es el resultado de los principios mencionados. Por una parte, la separación de poderes que fue propuesta durante la Revolución Francesa con la impronta de los pensadores de la Ilustración, especialmente Montesquieu, permite poner límites al poder mediante dos funciones políticas fundamentales: uno, separa a quien ejerce el poder de la sociedad civil (gobierno); y, dos, impide la acumulación del poder en una sola persona o grupo de personas.

Luego, el principio de mutuos controles fue un claro aporte de los próceres de la independencia en los Estados Unidos, donde se conoce como “check and balance” (pesos y contrapesos). Consiste en la potestad que tienen los poderes divididos para controlarse mutuamente. De esta manera, se evita la concentración de poderes y el abuso consiguiente (Watson, 1984).

La función liberal de limitar el poder de los principios mencionados guardan referencia con el principio de alternabilidad mediante una relación de doble vía. Así, mientras estos principios le dan base política a la alternabilidad, y esta ocasiona la consolidación de los primeros, puesto que impide que una misma persona o grupo de personas gobierne, lo cual pudiera hegemonizar el poder en perjuicio de los ciudadanos.

Por su parte, en América Latina estos principios del clásico Estado liberal han tenido matices y presentan una enorme debilidad institucional a pesar de que en todas las constituciones se desarrollan alrededor del concepto de democracia (Arias, 2015). No obstante, la mayoría de los países permiten una reelección presidencial inmediata o después de un período, y prácticamente en la historia constitucional no existe la reelección indefinida. Pero sí existieron gobiernos administrados por caudillos por largos períodos, lo cual imposibilitó que la reelección indefinida sea posible en la Región. Recordemos regímenes como el de Leónidas Trujillo, los Duvalier, Somoza, Pinochet y Viela, que experimentaron enormes déficits democráticos y de respeto de los Derechos Humanos.

Sin embargo, en la década de los noventa uno de los problemas de la gobernabilidad democrática era que los períodos de las autoridades parecían desfavorecer la eficiencia de la política estatal (CLD, 2001). Así, esa diferencia entre políticas de gobierno y de Estado, se pensó tenía que ver con el poco tiempo que los gobiernos tenían para realizar su gestión (Hurtado, 2008: 6). De esta manera, los períodos de las autoridades fueron alargados y paulatinamente se incluyó la reelección indefinida para las autoridades locales (Cordes, 1999).

Al mismo tiempo, el sistema de partidos entró en crisis. Elitismo, populismo, autoritarismo y corrupción eran algunos de los vicios más importantes que fueron advertidos en los partidos políticos. No obstante, en algunos países, entre ellos Ecuador, en vez de fortalecerlos, se los debilitó más. Se crearon los “movimientos” que eran estructuras menos formales y con programas políticos menos ideológicos. Aquello en Ecuador le llamamos “partidocracia”, que resulta una contradicción, puesto que es imposible pensar una democracia moderna sin partidos y, al contrario, los partidos sin una base democrática.

Al mismo tiempo, en la primera década se inició una tendencia para modificar las reglas de la reelección con la emergencia de liderazgos carismáticos y gobiernos con éxitos sociales y económicos nunca antes vistos (Penfold, 2014). A pesar de esto, en la Región, excepto Nicaragua y Venezuela, ningún otro país tiene reelección indefinida (Sánchez, 2013). Y en Europa, si bien es cierto, existen algunos países que la tienen, se trata de países con sistemas políticos saludables y partidos políticos fuertes. Es el caso de Alemania para citar un ejemplo.

Así, veamos, por ejemplo, lo que establece la Corte Constitucional de Colombia: “en los estados contemporáneos la voz del pueblo no puede ser apropiada por un solo grupo de ciudadanos, así sea mayoritario, sino que surge de los procedimientos que garantizan una manifestación de esa pluralidad… […] El principio democrático constituye un elemento esencial de la Constitución de 1991 y se desprende del texto constitucional que Colombia es una democracia participativa, representativa y pluralista, rasgos definitorios estos ligados indisolublemente a la realización de elecciones transparentes, periódicas, inclusivas, competitivas e igualitarias, de donde la idea misma de representación va ligada por lo tanto a los períodos fijos y a las elecciones periódicas, en que la alternación cobra una doble dimensión: (i) como eje del esquema democrático en la que toda autoridad es rotatoria y no hay previstos cargos de elección popular vitalicios; y (ii) como límite al poder político, y si bien la reelección inmediata…” (sentencia C-141/10.).

La pregunta 2 planteada por el presidente de la República, Lenin Moreno, permitiría que se restituya la norma al estado anterior a la antidemocrática reforma constitucional de 2015 que incorporó de manera arbitraria y sin consulta al pueblo la figura de la “reelección indefinida”. No es una forma, como se ha distorsionado, de “impedir el retorno del expresidente de la República, Rafael Correa”. Puesto que, si la norma originalmente decidida en la Constitución de 2008 disponía que solo era posible una reelección para cualquier persona, y la reforma constitucional de 2015 fue intencionadamente realizada para favorecerlo como candidato a la presidencia, esta pregunta 2 lo único que haría sería volver las cosas al estado anterior al acto ilegítimo e inconstitucional que puso en vigencia la reelección indefinida. Es decir, no sería una pregunta con dedicatoria, sino para eliminar una reforma que sí la tenía claramente hecha a la medida del caudillo. Tal como ocurrió en el polémico uso electoral de la reelección por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia: “no produce buena impresión que se modifiquen las reglas de juego para beneficiar al presidente en ejercicio, ni que reformen la Constitución en función de sus aspiraciones personales, y mucho menos que se utilicen los recursos del Estado para inducir a los congresistas a que voten el proyecto de acto legislativo. Si la reelección es tan buena, puede defenderse sola, por sus bondades intrínsecas, sin requerir la acción de ministros sonsacando con dádivas y promesas a los parlamentarios” (Estrada, 2010: 69).

Si hubiera sido “democrática” tan abusiva imposición y no fuera contraria, más bien, a los derechos humanos de las personas y los pueblos, la mentada “reelección indefinida” hubiera sido consultada al pueblo ecuatoriano por el anterior régimen, pues la sociedad debe ser consultada -como hoy, por fin, lo es- para que apruebe o desapruebe una “reforma” tan profunda que cuestiona toda ética política, todo principio democrático de alternancia y la historia democrática desde el retorno constitucional de 1979. Esa reforma de “reelección indefinida”, recordó más bien la llamada “Carta Negra” de 1873, tendiente hoy, en pleno siglo XXI, a consolidar el caudillismo unipersonal tan típico del siglo XIX y a eternizar en el poder a un grupo de poder.

Por otra parte, la reelección indefinida supuso una regresión de derechos que se justificó sorprendentemente con la supuesta garantía del derecho particular del presidente a la participación política. Si vemos la historia constitucional de la Región, la reelección indefinida es totalmente contraria a nuestra tradición política. Pero, al mismo tiempo, significó una regresión de derechos, de acuerdo a los siguientes argumentos: El artículo 1 de la Constitución determina que el Ecuador es un Estado democrático. Y tal como lo hemos argumentado en este alegato, la alternabilidad es uno de los elementos más importantes de la democracia moderna. La alternabilidad, además, es parte importante de la democracia, puesto que evita el abuso del poder cuando una sola persona o grupo de personas se perennizan en el poder, mediante el uso de bienes y recursos públicos y la posición dominante que otorga al primer mandatario un régimen presidencialista; y, desde esta perspectiva, es algo más que una simple “afectación o violación a los derechos”, es una anulación total de los derechos de participación de los artículos 61 y 62, y el derecho a la libertad política del artículo 66.6.13; y, el derecho a la igualdad y no discriminación de los artículos 11.2 y 66.4 de la Constitución vigente.

El carácter anulatorio que tendría el dictamen es reparatorio, pues restablecería el espíritu de Montecristi, tal como expresa la propuesta de la pregunta 2, y la restauración de los derechos de participación y a la igualdad y no discriminación ya mencionados.

En resumen, dentro de las implicaciones del concepto Estado constitucional de derechos la más importante es la idea de que el poder tiene límites. Los derechos políticos y los derechos de propiedad son derechos que, sin restricciones, llevan a acumular poder. Estos derechos son intrínsecamente limitables. Sin límites los derechos políticos llevan al despotismo como los derechos de propiedad llevan al monopolio. Ambos excluyen a otras personas con iguales derechos.

La esencia del Estado constitucional tiene que ver con los límites. Ejemplo de estos límites es la exitosa incursión en la norma electoral de techos al gasto electoral, interrumpiendo así la seducción de poder político al capital, equilibrando las condiciones de competencia entre aspirantes a ser dignatarios de elección popular. Ese mismo criterio es aplicable al poder Estatal con respeto a sus administradores.

Finalmente, tampoco tendría efectos solo hacia el futuro como han planteado algunos políticos, puesto que la pregunta elimina la norma incluida de manera arbitraria. El efecto anulatorio, es decir, que vuelvan las cosas al estado anterior a la reforma constitucional de 2015, sería una medida de reparación política para que tenga vigencia lo que se decidió en Montecristi, esto es la reelección por una sola vez, y se reparan los derechos de participación y de igualdad y no discriminación que fueron anulados por la inconstitucional reelección indefinida.

Con los argumentos expuestos, apoyo la aprobación por dictamen favorable a la pregunta 2 de las preguntas propuestas por el presidente de la República, Lenín Moreno.

Pregunta 3: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos, de acuerdo al anexo 3?

La democracia representativa es una forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político indirectamente, a través de sus representantes elegidos mediante sufragio, siendo éste el mecanismo que se emplea para investir de legitimidad a los representantes elegidos para actuar, hablar y tomar decisiones en nombre de sus representados (Held, 2009).

En este sistema democrático existen tres elementos indispensables: el titular de poder –el pueblo- que no lo ejerce por sí mismo sino por medio de representantes, varios de estos por elección popular y otros por mecanismos de selección o concurso; el segundo es la división poderes o funciones del Estado para el control y equilibrio de la administración, en la definición clásica de la división de poderes se reconoce la necesidad de otorgar independencia a la función judicial, pluralidad a la función legislativa y equilibrio al ejecutivo; y como tercer elemento en este sistema son los partidos políticos que generalmente es el mecanismo por el cual emergen los representantes para las funciones del Estado (Montesquieu, 2010).

El Ecuador en el año 2008 progresó en lo referente a los medios para representar a la población, ahora se reconoce un papel importante a la sociedad civil organizada y se relativiza a los partidos políticos para que estos se quedaran única y exclusivamente en la esfera del ejecutivo y legislativo, pero al ser el Consejo de Participación Ciudadana y Cotrol Social un cuerpo colegiado no tuvo la pluralidad que aspiraba al ser integrado solo por la sociedad civil, perdiendo así ante los ojos de la misma sociedad y varios actores la legitimidad política requerida no solo para procesar procesos de rendición de cuentas, sino fundamentalmente la lucha contra la corrupción y la selección de autoridades (Cohen y otros, 2001).

Las transformaciones en lo estructural se juegan entre dos extremos, tal como lo plantea Maurice Duverger en su cita a la obra titulada “Sociedad, Poder y Legitimación”: “Desde que los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas. Para unos, la política es esencialmente una lucha, una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ello. Para otros, la política es un esfuerzo por hacer reinar el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común […]. Para los primeros, la política sirve para mantener los privilegios de una minoría sobre la mayoría. Para los segundos, es un medio de realizar la integración de todos los individuos en la comunidad y de crear la “ciudad perfecta” de la que hablaba Aristóteles” (Duverger, 2010).

De acuerdo a esto, el poder político solo puede ser realmente efectivo si incluye el consentimiento de los gobernados. Así, lo ha planteado la Corte Constitucional del Ecuador en su jurisprudencia. Para la filósofa Hannah Arendt, la supervivencia del poder está estrechamente ligada al grado de adhesión que logre suscitar y mantener en la ciudadanía. Para ella, el poder no es nunca una propiedad individual.

Así, mientras se adecuan las condiciones para que los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, avance de un proceso de méritos y oposición limitado a pocos ciudadanos para que en su reemplazo sean todos los electores por medio una elección general nacional los que elijan a los Consejeros, se requiere un régimen de transición que no excluya lo bueno de lo actuado pero no proteja o mantenga los errores cometidos.

Por esta razón, nos parece que se hace indispensable un régimen de transición para la democratización del Ecuador. Es por esto que la Constitución de la República define a la Función de Transparencia como la responsable de promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público así como a las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público con la finalidad de que estas sean transparentes.

Dentro de esta Función, la Institución denominada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la responsable de impulsar e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, debiendo cumplir los siguientes deberes y atribuciones, (art. 208) entre otros: establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social; emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan; y, solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley.

Claramente, se puede determinar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la capacidad constitucional de requerir información para investigaciones o procesos que junto a los informes de rendición de cuentas que presentan las autoridades pueden llegar a una informe con el que se determinen las responsabilidades de las autoridades.

Estas disposiciones son concordantes con la responsabilidad otorgada al Consejo de Transición propuesto en el anexo 3, numeral 3 del Régimen de transición, entre la actual forma de selección de los Consejeros, por un mecanismo indirecto de representación popular –concurso de méritos y oposición- y la evolución hacía un mecanismo directo de representación popular –elecciones generales-, conceder a los Consejeros Transitorios la facultad de evaluar el desempeño de las autoridades que fueron electas por sus predecesores fenecidos por la votación de los ecuatorianos, permite generar un avance en el fortalecimiento de las garantías constitucionales (participación ciudadana) para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos (participación) consagrados en la Constitución del 2008.

Esta evolución normativa con respecto a los derechos de las personas y las garantías ha sido importante en relación a la Constitución de 1998, puesto que, a más de los derechos existentes en ese momento, se incorporan adicionales teniendo como noción principal el sumak kawsay; y que con respecto a las garantías la evolución es aún mayor, pasando de la existencia única de las garantías jurisdiccionales a garantías de los derechos la propia actividad legislativa y en general de producción de normas (Art. 84), la realización de políticas públicas (Art. 85) y la participación ciudadana (Art. 85, inciso final) (Grijalva, 2012): “Esta universalización de la capacidad para reclamar derechos se corrobora también en una ampliación y desarrollo de las garantías constitucionales. Las garantías en sentido amplio son los medios de los que disponen los ciudadanos para hacer efectivos sus derechos constitucionales. La Constitución de 2008 amplía y fortalece estas garantías”.

La Constitución de 2008 mantiene estas garantías e incorpora otras tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales. Entre las jurisdiccionales se agregan a nivel constitucional el acceso a la información pública (Art. 91) y la acción de cumplimiento (Art. 93); además se crea el amparo o tutela contra sentencias judiciales (Arts. 94 y 437) prohibida en la Constitución de 1998.

Además de estas garantías jurisdiccionales, la Constitución de 2008 considera como garantías de los derechos la propia actividad legislativa y en general de producción de normas (Art. 84), la realización de políticas públicas (Art. 85) y la participación ciudadana (Art. 85, inciso final).

Se ha observado que al establecer la Constitución de 2008 un amplio catálogo de derechos, especialmente de carácter social, y al fortalecer las garantías para exigirlos, se está colocando sobre el Estado una presión o demanda inmanejable en términos presupuestarios” (Grijalva, 2012). Esto quiere decir que la Constitución de 2008 incorporó una verdadera garantía de participación autónoma de las otras garantías constitucionales. Una especie de garantía institucional específica para permitir que los ciudadanos podamos integrarnos al quehacer político de manera activa y protagónica.

Por otro lado, la conformación del Consejo transitorio que propone la consulta popular no supone la cesación ipso facto de los organismos de control y de justicia, sino un mecanismo racional y consensuado por la voluntad de las personas y colectivos para evaluar a las autoridades nombradas por el actual Consejo. A este respecto, se vislumbra otra solución democrática y efectiva, puesto que lo que  se debe asegurar a toda costa es que los derechos constitucionales se materialicen debidamente. De esta manera, siempre se elegirá la opción constitucional que sea más efectiva para la garantía de los derechos y no la que restrinja derechos como lo ha manifestado la Corte Constitucional: “La protección y garantía de los derechos constitucionales tiene como fundamento efectivizar el Estado de derechos y justicia; en este contexto y con relación al conflicto de competencia positivo analizado, es necesario recalcar que la eficacia de los derechos se circunscribe a dotarlos de integralidad y efectividad, mas no a su restricción” (cs. 0002-10-DC; 16-nov-2011).

Al mismo tiempo, de acuerdo a lo manifestado, el régimen de transición es una medida de reparación indispensable para restaurar el carácter democrático y participativo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y para la realización del Estado constitucional de derechos y justicia mediante la materialización de la garantía institucional de participación conforme a la Constitución de 2008.

Conclusiones

La convocatoria a consulta popular realizada por el presidente de la República, Lenín Moreno, es el mecanismo idóneo para la restauración democrática en el Ecuador, pues le da al pueblo la oportunidad de decidir su propio destino. Además, la pregunta 2 de esta consulta que hace referencia a la eliminación de la reelección indefinida que incorporó la reforma antidemocrática e inconstitucional la Asamblea Nacional en 2015, restaura el espíritu democrático y constitucional de Montecristi, anula el carácter personalista y caudillista de los cambios constitucionales incluidos, y restaura los derechos de participación y a la igualdad jurídica y no discriminación anulados por la reforma constitucional de 2015.

Finalmente, la pregunta 3 de la consulta que tiene que ver con un régimen de transición para recuperar el carácter participativo y democrático del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es una medida constitucional indispensable para la realización de la garantía ciudadana de participación y su evolución al aplicar el derecho de participación de elegir y ser elegido en la integración del nuevo mecanismo de integración propuesto en esta consulta. Entonces, desde una perspectiva democrática, la Corte Constitucional debe dar paso a la Consulta Popular y dejar que la ciudadanía decida aprobar o negar las preguntas del Presidente.

Ernesto Pazmiño Granizo – Defensor Público General del Ecuador

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