Los indígenas están transformando el régimen de drogas

Los indígenas están transformando el régimen de drogas

julio 29, 2013
in Category: Interculturalidad
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Los indígenas están transformando el régimen de drogas

A finales de 2008, mientras desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaboraba el anteproyecto del Código Orgánico de la Función Judicial (hoy en vigencia), en los medios de comunicación el único ruido que causaba la reforma judicial era la disputa entre el Fiscal General, para entonces Washington Pesantez, y el Ministro de la cartera de gobierno mencionada, Gustavo Jalkh (hoy Presidente del Consejo de la Judicatura). Desde el Ministerio, se proponía demostrar que era necesario reforzar la rectoría del sector justicia en cabeza del Consejo de la Judicatura con el fin de “transformar la justicia”, como motivo central de esta nueva reforma. Esta buscaba ser estructural, casi revolucionaria. La más reciente, en el período 1992-1996, había logrado, no obstante, profesionalizar la justicia e iniciar su institucionalización en todos los niveles: los juzgados corporativos y el fin de la informalidad-precaridad laboral (“los meritorios” y los sueldos inferiores a los de un profesor de primera enseñanza) constituyen el emblema de esta época. El Ecuador, para 2008, era el país de la Región que menos invertía en justicia, según los informes del Centro de Justicia de las Américas (CEJA) y del Banco Mundial. Y lo poco que se incluía en el Presupuesto General del Estado estuvo destinado al fortalecimiento del aparato punitivo del Estado y la represión bélica del tráfico de drogas, lo cual permitió a los países centrales desplazar el conflicto a los países productores y reservase el consumo como un problema de salud pública y de control del comercio.

Nuestra reforma se intentó casi exclusivamente con recursos económicos y personales propios. Transformar requería una actitud soberana -se pensó desde el inicio-, si la entendemos como el resultado de una acción política permanente que mueva las estructuras que provocan un acceso a la justicia desigual e históricamente injusto desde el sistema de justicia. Al mismo tiempo, esta reforma política puso su fe en el sistema de garantías, en tanto, instrumento al servicio de la gente común –en principio- y en la materialización del estatuto de derechos constitucionales. Se esperaba que el garantismo se convirtiera en el lenguaje del Estado y los particulares frente a los más débiles, para quienes sería un vehículo de sus intereses sociales.

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