En Ecuador poco se sabe sobre las mujeres que se encuentran en prisión

En Ecuador poco se sabe sobre las mujeres que se encuentran en prisión

febrero 4, 2018
in Category: Análisis jurídico
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En Ecuador poco se sabe sobre las mujeres que se encuentran en prisión

¿Qué conocemos de las mujeres privadas de libertad? ¿Cuál es su composición social y cultural? ¿Qué patrones delictivos se presentan en ellas?  Sobre todo, ¿cómo es su situación de vida dentro de las prisiones?

Estas son algunas preguntas básicas, cuando se presenta este escurridizo tema, sin embargo, no existen respuestas satisfactorias, porque pocos son los estudios realizados desde un enfoque nacional y de género que dé cuenta sobre la situación de las mujeres en prisión. No obstante, parecería que no figura en las agendas principales de las ciencias sociales y del Derecho, y la escasa especialidad agrava su desconocimiento.

Para instituciones como la Defensoría Pública, que cuenta con un grupo importante de abogados defensores en la atención a privados de libertad en general, es de suprema importancia contar con información y análisis especializados sobre las mujeres privadas de libertad, que superen los ámbitos estrictamente legales y se abran hacia aquel terreno inexplorado de la realidad de las mujeres en prisión. Hay mucho que saber y mucho que contar.

También constituye una agenda pendiente el análisis diferenciado de las prisiones en el Ecuador, pues por citar un ejemplo, una es la realidad de las mujeres en las cárceles regionales de Latacunga, Guayaquil o Cuenca y otra muy distinta en las cárceles más pequeñas, como las de Esmeraldas y Portoviejo. Y es fundamental contar con estas exploraciones, porque constituyen una fuente imprescindible para precisar políticas especializadas de atención, desde una dimensión humana, de género y de derechos.

Esa perspectiva, que debe nutrirse por una rotunda mirada desde las propias mujeres,  fortalece el sistema democrático, porque con absoluta seguridad genera instrumentos y acciones que disuaden la violencia, no solo dentro de las cárceles sino fuera de ellas, que evitan la consumación de ilegalidades y, sobre todo, que edifican una política penitenciaria de largo plazo, desde las culturas locales, en plena articulación con las familias, interviniendo en los procesos de reinserción, facilitando en muchos casos el acceso a la educación y a la salud que afuera no tuvieron.

Caso contrario, la privación de libertad no será sino apenas el cumplimiento de una condena en la cárcel, con el agravante de una especie de perfeccionamiento de la “escuela del delito”, de articulación de redes del crimen y sostenida, además, con fondos públicos. Es paradojal que desde la cárcel se vayan consolidando estas pseudo-entidades del delito.

A diferencia del Ecuador, en otras latitudes se ha trabajado mucho sobre la cárcel, prácticamente desde todos los enfoques: jurídicos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, socioculturales, cuyos insumos los requerimos a diario.

Precisamente por lo anotado, nos complace presentar un testimonio vivo de diez mujeres privadas de libertad, trabajo realizado por la abogada Tamia Brito, con base en los apuntes de la politóloga suiza, Lucile Franz, traduciendo aquellas confesiones en relatos conmovedores que deberían ser parte imprescindible en la formación de todos los actores del sistema de justicia, en particular, de los jueces de garantías penitenciarias, que tanta falta nos hacen y que el sistema de justicia adeuda a la sociedad ecuatoriana.

Es urgente ahora mismo, cuando varias amenazas a la seguridad del Estado provienen de organizaciones criminales externas, que la sociedad ecuatoriana preste atención a lo que ocurre en su patio trasero: en las cárceles, tras aquellas edificaciones panópticas que vigilan y castigan, pero donde generalmente se legitiman una escala de actos de violencia cometidos por los custodios o entre los propios privados de libertad.

Sabemos que la violencia tiene orígenes non sanctos, pues se ejerce con mayor crudeza en contra de los más débiles, siendo un rasgo común predominante en ellos, la pobreza y la exclusión. Erradicar toda forma de violencia es una tarea de la sociedad en su conjunto, de las instituciones públicas, de la empresa privada, de las organizaciones sociales, de las organizaciones no gubernamentales, de las comunidades y de los hogares ecuatorianos. Erradicarla en todos los escenarios, en todo lugar, en toda instancia, inclusive dentro de las cárceles, caso contrario, solo estaremos viéndonos en un espejo violento que nos define como sociedad, porque la cárcel reproduce los valores y antivalores sociales, es ese micro universo que reproduce no otra cosa que lo que somos.

Las normas no bastan

El mundo ha realizado varios intentos por exorcizar la barbarie en relación a las cárceles. Una década después de la segunda guerra mundial, en 1955, la Organización de las Naciones Unidas adoptó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, en el primer congreso sobre prevención del delito y el tratamiento del delincuente, que se constituyeron en estándares mínimos para administrar los centros penitenciarios y para el tratamiento de las personas privadas de libertad.

En 2011 se realizó una revisión de esas reglas mínimas, inspirados por las opiniones del premio Nobel de la Paz, Nelson Rolihlahla Mandela: “Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”. Por lo tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas las denominó como Reglas Mandela.

¿Qué contienen estas reglas? Son los estándares mínimos que todos los países deben cumplir en el tratamiento de los privados de libertad y en la gestión de los centros penitenciarios. Fueron un punto de partida fundamental, incluso, es un instrumento inspirador de cuerpos legales y, sobre todo, de prácticas, de experiencias de manejo de cárceles en el mundo, con una visión humanitaria de nuevo tipo. El documento tiene un valor estratégico para todos los estados, pues se trata de nueve reglas cuyos contenidos son el mínimo a cumplir:

  1. Dignidad inherente de los reclusos como seres humanos: es decir, tratar a las personas privadas de libertad con el respeto a su dignidad humana, prohibir toda forma de tortura y malos tratos, y velar por la seguridad de las personas privadas de libertad, del personal administrativo y de los visitantes.
  2. Grupos vulnerables privados de libertad: existen necesidades individuales que deben ser consideradas: discapacidades, adolescentes infractores, tercera edad, enfermedades catastróficas, entre otros grupos de atención prioritaria.
  3. Servicios médicos y sanitarios: entregar servicios disponibles y gratuitos, fomentar la salud física y mental, garantizar los principios en la relación médico-paciente, prohibición de participar en actos de tortura y obligación de denunciar.
  4. Restricciones, disciplina y sanciones: el régimen de sanciones no podrá equivaler a tortura o malos tratos. Aislamiento prolongado como último recurso, prohibición del aislamiento indefinido, registro de reclusos y celdas bajo condiciones mínimas de dignidad humana, salud emergente a reclusos sometidos a separación forzada y prohibición de participación en sanciones disciplinarias.
  5. Investigación de muertes y tortura de reclusos: se debe garantizar investigaciones independientes en estos casos, información continua a familiares y terceros, información a autoridad competente independiente de la administración penitenciaria.
  6. Acceso a representación jurídica: se extiende el derecho a contar con una asistencia legal en todos los procesos, incluso en los de tipo disciplinario, lo cual debe ser informado al momento del ingreso, facilitando instalaciones para recibir visitas de abogados sin censura de ningún tipo.
  7. Quejas e inspecciones: se garantiza el derecho de las personas privadas de libertad y sus abogados, a presentar peticiones o quejas sobre el trato que reciben y a ser atendidas sin demora; se prevé también la obligación de contar con sistemas dobles de inspecciones regulares internas y externas.
  8. Terminología: se supera terminología obsoleta en relación con la legislación internacional y los avances en esta materia, especialmente en relación con la salud y el enfoque de género.
  9. Capacitación del personal: se indica la obligación de contar con personal capacitado en todas las fases de operación penitenciaria, desde el ingreso y registro hasta la permanencia en las celdas, siendo indispensable un tipo de formación teórica y práctica para el ingreso al servicio penitenciario sobre legislación, derechos y deberes del personal, seguridad y primeros auxilios.

Las nueve reglas se encuentran bajo supervisión de las Naciones Unidas, que tiene el mandato de brindar asistencia a los Estados miembros, para aplicar estas normas y estándares en programas especializados. Más aún, la asistencia técnica incluye el desarrollo de estrategias para: (a) reducir el número de privados de libertad, (b) mejorar la gestión penitenciaria, (c) fomentar la reinserción una vez que cumplen la pena. También se desarrollaron reglas específicas para la atención a mujeres privadas de libertad. El año 2010, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas aprobó las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes”, que se conocen como Reglas de Bangkok.  Estas normas establecen disposiciones dirigidas a los gobiernos, a las autoridades penitenciarias, a los poderes legislativos y al poder judicial, para garantizar la atención y la protección de derechos humanos de las mujeres privadas de libertad.

Las reglas surgen por varias razones. En el Ecuador  -y creemos que en el mundo entero- las mujeres presas principalmente son pobres, provienen de círculos de violencia, tienen bajo su responsabilidad el cuidado exclusivo de sus hijos, de personas de la tercera o con discapacidad, que han sido condenadas por delitos de drogas y delitos menores, y cuando recibieron penas mayores por delitos contra la vida, generalmente sufrieron largos períodos de violencia y de peligro de muerte.

Las 70 Reglas de Bangkok abarcan un amplio campo de derechos de las mujeres presas, que desde las Américas y específicamente desde la Asociación Americana de Defensorías Públicas, se buscó una suerte de adaptación, a través del Manual Regional: Las Reglas de Bangkok en clave de Defensa Pública. El documento clasifica las reglas en 12 capítulos, siendo esta elaboración de gran importancia para nuestros Defensores Públicos en el ejercicio de sus patrocinios jurídicos a favor de las mujeres privadas de libertad.

Todos estos esfuerzos se orientan a promover condiciones dignas de reclusión de las mujeres privadas de libertad. El manual señala además, que las 100 Reglas de Brasilia son “un valiosísimo instrumento pues ha reconocido a las mujeres, en general, y a las mujeres privadas de libertad, en especial, como grupo vulnerable –o vulnerabilizado– y establece que la portación de sus derechos debe verse reforzada”; y reconoce además, que se han dado avances significativos en la legislación y en la aplicación de derechos humanos de las mujeres privadas de libertad.

En el Ecuador, esperamos que los testimonios de estas 10 mujeres sirvan como un factor de inspiración para dar cumplimiento a todas estas reglas, para emprender en estudios especializados de mayor alcance, así como a la formulación de políticas especializadas, con el aporte de las propias mujeres privadas de libertad.

Las prisiones en Ecuador están nuevamente hacinadas

Una de las finalidades para la construcción de las cárceles regionales fue acabar con el hacinamiento. Se llevó a cabo la construcción de tres cárceles enormes y, sin embargo, estamos viviendo nuevamente problemas de hacinamiento. El Ministerio de Justicia cifra en 37 mil el número de personas privadas de libertad en el país, con un hacinamiento de 37,6 por ciento y un costo mensual por persona, de entre 400 y 500 dólares. El gráfico de esta página  ilustra un crecimiento sostenido y desmesurado de privados de libertad desde el año 2015. Nos preocupa, porque el encarcelamiento con penas incluso desproporcionadas frente al delito, ha sido la respuesta mayor del sistema de justicia ecuatoriano.

Es decir, se ha demostrado claramente que el hacinamiento es apenas “la punta del ovillo”, pues la problemática radica en la carencia de una política criminal de carácter integral, que combata el delito, que grade adecuadamente la penas, que utilice la prisión preventiva como último recurso, que evite la prisión para ciertos delitos menores, que se incremente el uso de dispositivos electrónicos; y al mismo tiempo, que se preste atención emergente a las cárceles medianas y pequeñas, donde se puede diseñar políticas penitenciarias de nuevo tipo, que contengan nuestras singularidades culturales, que faciliten el contacto de los familiares y que promuevan la inserción de los privados de libertad una vez cumplida la pena.

En conjunto, estas son las tareas que urgen desde el punto de vista de los principios, de los derechos humanos y de la legislación, que diseñen políticas y normativas claras orientadas a brindar un trato digno a las personas privadas de libertad, con enfoques específicos de atención a mujeres presas y a todos los grupos de atención prioritaria, sobre todo a desarrollar iniciativas que eviten el incremento desmesurado de personas encarceladas.

Es necesario entender que el encierro de las mujeres es una condena que se extiende a sus hijos, ellos están en prisión con las madres porque no tienen familiares que se hagan cargo de los niños. En los testimonios que presentamos se evidencia el abandono y el dolor de las mujeres por vivir el encierro con sus hijos en la más inmensa soledad.

Por lo demás, el Estado y específicamente el Consejo de la Judicatura, tiene una deuda, un saldo negativo en los temas relacionados con los privados de libertad, pues desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, en agosto de 2014, simplemente decidió ignorar el mandato legal para el nombramiento de Jueces de Garantías Penitenciarias.

El artículo 666 del COIP ordena que “en las localidades donde exista un centro de privación de libertad habrá por lo menos un juzgado de garantías penitenciarias. La ejecución de penas y medidas cautelares corresponderá al Organismo Técnico encargado del Sistema de Rehabilitación Social, bajo el control y supervisión de las o los jueces de garantías penitenciarias”.

El artículo 230 del COIP dispone que será competencia de los jueces de garantías penitenciarias “la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria”, en una decena de situaciones jurídicas, como las garantías jurisdiccionales, los regímenes semiabierto y abierto, las resoluciones de inmediata libertad, los indultos, las disposiciones establecidas en el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las violaciones a sus derechos, entre otros aspectos.

Varios de los hechos de violencia sucedidos en las cárceles del mundo, generalmente se deben al incumplimiento de normas y Ecuador no es la excepción. Es urgente e impostergable que el Estado ecuatoriano construya una política criminal y penitenciaria de carácter integral, que no deje cabos sueltos y que brinde servicios con sentido humanitario a los grupos de atención prioritaria, a las mujeres, a los enfermos, a los adultos mayores, a los discapacitados, pues como dijimos antes, el cómo tratemos a las personas privadas de libertad nos define como sociedad y, por supuesto, debemos alejarnos cada vez más de la crueldad.

Ernesto Pazmiño Granizo – Defensor Público General

1 comment

  1. Carlos Gavilanes T.
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    Excelente artículo mí estimado Dr. Ernesto, más allá de todo lo descrito por usted en este artículo, es también de considerar la falta de imparcialidad de los jueces, y la ninguna objetividad de los fiscales, no existe observancia y respeto a los derechos humanos y sus garantías mínimas, so pretexto de la llamada “conmoción social”, por más trabajo que realice la Defensoría Pública, se ve obstruido por este tipo de situaciones, de ahí que la labor del órgano administrativo llamado Función Judicial que poco o nada ha hecho al respecto, dejando de lado y a su albedrio la actividad jurisdiccional, no nos queda más que seguir luchando y no claudicar ante las injusticias que se comenten.

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