En Ecuador, 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia, según datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia de Género (Envigmu, 2019).

La violencia psicológica se presenta en 56.9% de mujeres, violencia física en 35,4% y violencia sexual en 32.7%.

Cada una de las formas de violencia, que se contemplan en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, tiene consecuencias dramáticas en la persona que la sufre y en las distintas esferas en las que se desenvuelve (Quintana, Rosero, Serrano y Pimentel, 2014).

La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (2019) corrobora estos datos y precisa que, en Ecuador, 65 de cada 100 mujeres, han experimentado, por lo menos, un hecho relacionado con algún tipo de violencia, en alguna esfera de su vida, en los últimos 12 meses.

En lo referente al ámbito donde se genera existe una prevalencia de violencia en el espacio doméstico o de pareja.

A lo largo de su vida, el 42,8% de las mujeres ha experimentado violencia por parte de sus parejas y en los últimos 12 meses el 18%.

Aun cuando los episodios de maltrato no pueden ser justificables, bajo ningún parámetro, los roles de género juegan un papel importante para la normalización de la violencia contra las mujeres.

A escala nacional, el 27% de mujeres cree que “una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él ordene” y el 45% afirma que “deben ser las responsables de las tareas de la casa, cuidado de los hijos, de las personas enfermas y ancianas”.

Así mismo, el 57% señala que “deben actuar y vestirse de forma recatada para no provocar a los hombres”, entre otros aspectos, que acentúan la problemática (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2019).

El Boletín Estadístico de la Defensoría Pública (2018), entidad autónoma del Poder Judicial, que brinda asesoría jurídica a personas vulnerables, registra entre otros: contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar 2.883 casos (27,2%); delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 2.003 casos (18,9%); delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 1.682 casos (15,8%).

Ante la gravedad de esta problemática y lo impactante de los datos recopilados por los organismos competentes, a escala mundial, la mayoría de naciones ha tomado medidas.

En América Latina, 18 países, entre ellos Ecuador, han modificado sus leyes para prevenir y sancionar estos actos de violencia contra la mujer.

Sin embargo, para erradicar la violencia de género es necesario no solo centrar los esfuerzos en la prevención y detección del comportamiento violento a nivel social, sino también es de gran importancia la transformación de los individuos y sus actitudes que, mediante diferentes comportamientos y prácticas, toleran la violencia en el plano de las relaciones y de la comunidad (United Nation Office on Drugs and Crime, 2010).

A través de las redes formales la víctima puede tomar medidas legales y por las informales comunicar lo que vive y siente para fortalecer su capacidad de resiliencia.

Frente a esta realidad se requiere formular una propuesta que permita comprender y abordar dichas prácticas y actitudes. Si bien la violencia contra las mujeres atañe a todos los sectores sociales, al Estado ecuatoriano y a la comunidad en su conjunto, la psicoterapia tiene cabida para otorgar un espacio de palabra a las víctimas y enfrentar el problema desde una nueva perspectiva.

La propuesta contempla un abordaje de la violencia de género, desde el análisis de la subjetividad de las propias mujeres, considerando que el tratamiento de los efectos de la violencia en la vida de las personas también genera un impacto social.

De hecho, la violencia es un problema multicausal que involucra tanto a la víctima como a su entorno. Por lo tanto, los efectos de la psicoterapia suponen beneficios para las mujeres, sus familias y sus comunidades.

La Constitución de la República del Ecuador (2008) garantiza la protección física y moral de las personas que requieran mayor protección.

Las mujeres, los niños y las familias gozan de derechos inalienables que el Estado tiene la obligación de garantizar.

La normativa exige del Estado acciones para garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres y orienta el quehacer de los psicoterapeutas.

La defensa de los Derechos Humanos y la búsqueda de la equidad también pasan por la creación de espacios de escucha para las víctimas de violencia.

El rol de la psicoterapia: identificando las redes de apoyo

Uno de los mayores riesgos para las víctimas de violencia consiste en el deterioro de las relaciones familiares, sociales y otras modalidades de red de apoyo que podrían potenciar la capacidad de sobreponerse a la situación de violencia.

Perrone y Nanini (2010) afirman que la violencia afecta la posibilidad de mantener vínculos sociales sanos y estables. Así, infiere que los vínculos cercanos y las relaciones significativas permiten desarrollar la capacidad de sobrellevar las situaciones de violencia y afrontarlas.

El abandono del círculo de violencia y el desarrollo de formas de resiliencia, depende de las diferentes formas de apoyo social (Flores, 2018).

Las redes de apoyo desempeñan un rol clave en el proceso de afrontamiento o salida de la situación violenta. Además, tienden a ser partícipes de denunciar el hecho y confrontar la situación de violencia.

Civak (2018) define la resiliencia como “la capacidad construida con características sociales y personales que permiten al individuo recuperar su estado inicial”.

La resiliencia se alcanza cuando termina la situación o acto perturbador al que el sujeto ha sido sometido.

Las redes de apoyo ofrecen a las víctimas alternativas para afianzar sus relaciones con el entorno, brindándoles recursos internos como confianza en sí mismo, seguridad y autoestima.

La generación de resiliencia es una forma concreta de hacer frente y abandonar la situación de violencia, de manera definitiva.

Una propuesta para generar resiliencia.

Los profesionales, que se encuentran en primera línea de atención, evalúan la situación y los recursos sociales y subjetivos con los que cuenta la persona para abordar el problema.

Esto permite que la resiliencia se vea favorecida y genere recursos aún mayores para hacer frente a la situación, permitiendo que la persona se muestre sensible a la intervención de sus pares y familiares cercanos, así como a la de instituciones de atención y cuidado (Quitumbo, 2019).

Con frecuencia, las formas de normalización de la violencia más insidiosas y difíciles de erradicar se presentan bajo la forma de constructos de pensamiento por parte de la propia persona que las padece.

La ayuda externa contribuye a la persona a comprender, de mejor manera, la situación que atraviesa y la toma de consciencia.

Desde esta perspectiva, se demuestra la relevancia que tiene el fortalecimiento de las diferentes redes de apoyo, sean de carácter formal o informal.

La activación de dichas redes permite a las mujeres generar resiliencia e incide en la decisión de abandonar el círculo de violencia del que han sido parte.

La labor supone una intervención con la familia, amigos u otros miembros de la comunidad, con miras a reinstaurar los vínculos sociales y generar procesos de resiliencia.

En este sentido, las relaciones cercanas y fuertes aparecen como un factor protector de primer orden ante las situaciones de violencia.

El trabajo con mujeres víctimas de violencia debe fundamentarse en un modelo de intervención integral, en el que se reconozcan e identifiquen a las personas con las que cuenta la víctima.

Conclusiones

El trabajo con mujeres víctimas de violencia debe fundamentarse en un modelo de intervención integral, en el que se reconozca e identifique a las personas con las que cuenta la víctima.

La acción se orienta no solo a intervenir a la víctima de violencia, sino también a guiar a los miembros de su red de apoyo en cómo convertirse en un factor protector y promotor de resiliencia.

El objetivo es lograr que las mujeres, a través de su propia red de apoyo, obtengan beneficios significativos en términos de autoestima y empoderamiento.

Las instituciones estatales que brindan atención directa a las mujeres que han sido víctimas de violencia en los diferentes ámbitos, como salud, justicia, educación, entre otros, podrían beneficiarse de estos principios rectores en cuanto a la intervención.

El propósito fundamental es fortalecer las redes de apoyo formales o institucionales, conformadas por vínculos de confianza entre los profesionales y las usuarias.

El proceso que una mujer debe atravesar para abandonar la situación de violencia requiere de redes de apoyo amplias y fuertes.

De lo contrario, el riesgo de que estas mujeres abandonen los procesos que han emprendido, sean legales o psicoterapéuticos, se eleva significativamente.

La relación violenta implica momentos en los que la víctima considera que su pareja puede cambiar, o que debe mantenerse en la relación por amor a los hijos, por razones económicas u otros factores.

Las entidades de apoyo social externo, que incluye tanto a instituciones y profesionales como a la familia y amigos, funcionan como una instancia de reflexión que impida normalizar la situación de violencia.

Abandonar el círculo violento implica cambios considerables en la estructura familiar y en la percepción de las situaciones. El apoyo externo es importante para las mujeres, a través de redes formales o informales.

Las redes de apoyo social contribuyen al restablecimiento del estado emocional de las víctimas y conllevan sentimientos de tranquilidad y armonía propios del ser.

Sin embargo, debe considerarse que existen otros factores que justifican la importancia de las redes de apoyo: la necesidad de socializar las propias emociones, de recibir consejo o acompañamiento en procesos decisivos para la propia vida y de la familia, así como ayuda en el fortalecimiento emocional que favorece la toma de decisiones.

Las redes informales o familiares, así como las formales o institucionales resultan ser espacios de reflexión y puntos concretos de apoyo que garantizan el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

Las instituciones, al ser los organismos encargados de hacer cumplir las leyes que respaldan estos derechos, deben contar con lineamientos y protocolos que apunten al fortalecimiento y la multiplicación de apoyos externos, con el fin de que las mujeres puedan generar resiliencia y abandonar el círculo de la violencia, de manera definitiva.

Jenny Olalla
Kevin Toala
Rocío Játiva

Universidad Internacional SEK.
Quito-Ecuador

Ángel Torres Machuca
Defensor Público General

Ricardo Morales
Coordinador Nacional de Gestión de la Defensa Pública