El ser humano es movimiento, la historia es muy clara en ello. El desplazamiento de personas de un lugar a otro se remonta a la creación de ellas mismas, y cada traslado, lleva consigo sus propios matices, pues su variabilidad de manifestaciones es tal, que existen expresiones totalmente asimiles: nomadismos e invasiones, por ejemplo.

Existen estudios, análisis e hipótesis al respecto, el contexto mundial contemporáneo lo amerita y la academia ha flexibilizado su foco de atención. Sin embargo, por el objeto de la presente reflexión, el enfoque adoptado es el movimiento de personas como consecuencia de un conflicto armado, específicamente, el caso de Colombia en relación con la migración cuyo país receptor es Ecuador.

De manera adicional, se considera la violencia de género bajo dicho contexto, comprendiendo los desafíos que ello implica.

Violencia de Género

La Organización Mundial de la Salud la explica como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico… inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. La víctima, puede ser cualquier persona. Sin embargo, la visibilidad de la violencia de género es mayoritariamente manifiesto en mujeres, y en otros grupos sociales, como la comunidad GLBTI.

América Latina es una de las regiones del mundo en donde existe mayor presencia de violencia de género, esa ha sido la conclusión del Observatorio de Violencia de Género para América Latina y el Caribe. Es complejo establecer con certeza cuáles son las causas y detonantes, pero es indiscutible afirmar que tiene que ver con las prácticas culturales profundamente enraizadas en la cultura latina, producto de la herencia católica en la región tras el proceso de colonización. La repercusión comprende muchas aristas, entre ellas, que las mujeres tengan un índice de participación política muy bajo, que ganen, en promedio, 10% menos que hombres que ocupan cargos similares.

Además, la tasa de feminicidio se eleva cada vez más; solamente en lo que va del año 2018, en Brasil se registró alrededor de 1 133 infracciones de este tipo penal, y le sigue El Salvador, Honduras y Argentina, con cifras igual de alarmantes (Observatorio de Igualdad de Género de Latinoamérica y el Caribe).

Ecuador es un caso particular, el feminicidio se tipificó recientemente, en agosto del año 2014, por lo que las cifras no son elevadas. Hasta la fecha, existen 244 casos de femicidios, lo que significa que cada 3 días hay una nueva víctima. 5 de cada 10 femicidios ocurrieron con arma blanca, 37% de las víctimas tenían entre 25 y 34 años, 6 de cada 10 agresores tienen entre 25 y 44 años, y solamente el 67% de los victimarios ha sido procesado.

Lamentablemente, pese a que Ecuador cuenta con una tasa inferior a los países mencionados, no deja de ser alarmante el número de agresiones de este tipo que existen, precisamente porque la cifra se eleva (INEC, 2018).

Conflicto Armado No Internacional (CANI): contexto Colombiano

Tribunales y cortes internacionales han dado visibilidad, con respeto y cautela, a los episodios más inhumanos de la historia: guerras (coloquial) o conflictos armados (Sassoli, Bouvier, & Quintin, 2017).

El conflicto armado es el objeto esencial del Derecho Internacional Humanitario (DIH), rama que provee un aporte doctrinario esencial para entender la realidad del caso de estudio: Colombia, ha resistido un Conflicto Armado No Internacional (CANI), caracterizado por el DIH (bajo las Convenciones de Ginebra de 1949, sus respectivos Protocolos Adicionales de 1977, el Derecho Consuetudinario, y la evolución doctrinaria desarrollada desde su nacimiento) como el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de un Estado y fuerzas armadas disidentes o rebeldes, o grupos armados organizados que, bajo una cadena de mando, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas (CICR, 2018).

El CANI colombiano surge en 1964, año en el que aparecen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas popularmente como FARC, en respuesta protestante ante las represivas Fuerzas Armadas colombianas. Las FARC poco a poco, fue constituyéndose como una organización terrorista, atribuyéndose el cometimiento de atentados contra políticos, policías y población civil, alegando una protesta en contra del sistema de gobierno y la sociedad en general. Para 1980, el conflicto escaló de tal magnitud que, las FARC se vincularon a actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión, y minería ilegal, como medios de sustento y financiamiento de sus operaciones bélicas. 

Se provoca una reacción adversa a la situación creada por las FARC; Colombia convulsiona a partir de la década de los 90 con el surgimiento de grupos paramilitares de extrema derecha que, en su lucha contra los terroristas, cometen crímenes similares, incrementando la violencia en zonas urbanas y rurales, y creando amenazas de seguridad en todo el país.

Los atentados más sonados inician en 1996 con la Toma de las Delicias; siguen en el 2002 con el secuestro de Ingrid Betancourt, el secuestro de 12 diputados, y la masacre de Bojayá, que dejó al menos 119 muertos. Para el 2003, se lleva a cabo el atentado al club El Nogal, mismo que dejó 36 muertos y el asesinato del gobernador de Antioquia. En el 2007, los grupos disidentes continúan con sus operaciones, llevando a cabo con la ejecución extrajudicial de 11 diputados, entre otros dolorosos eventos cuya atribución de responsabilidad varía entre numerosos grupos guerrilleros, grupos paramilitares e incluso, las denominadas Bacrim, estructuras delincuenciales de gran capacidad militar.

Casi toda autoridad ejecutiva colombiana ha intentado cesar el conflicto, y en más de una ocasión, cada intento fallido ha conllevado la intensificación de las  hostilidades. La espera llegó hasta el 24 de noviembre de 2016, fecha en la que el gobierno colombiano, encabezado por Juan Manuel Santos, y las FARC, bajo el mando de Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, firman el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, pacto que pese a las dificultades diplomáticas y políticas, significa el fin de una guerra interna de más de 50 años, que causó más de 220 mil fallecidos, 160 mil desaparecidos, 30 mil secuestrados y más de 6 millones de desplazados (El País, 2016).

Desplazamiento transnacional hacia Ecuador

El Acuerdo de Paz no le brindó a Colombia la tranquilidad esperada. Pese a los avances paulatinos tomados para consolidar efectivamente la paz en Colombia, la violación de derechos humanos bajo un contexto del conflicto armado continúa, a manos de grupos disidentes que decidieron no acogerse a la paz entre Timochenko y Santos. Hasta la fecha, se prolonga el desplazamiento de ciudadanos colombianos como consecuencia de ello, mayoritariamente al territorio vecino ecuatoriano.

Como dato referencial, y con un filtro de Protección Internacional, Ecuador, siendo país vecino y país sudamericano que acoge al mayor número de refugiados (aproximadamente 62.000) tiene un 98% de personas refugiadas de nacionalidad colombiana (El Comercio, 2018). El número de personas de nacionalidad colombiana que ha solicitado refugio desde el 1 de enero de 1980 hasta el 24 de noviembre del año 2016 (suscripción del Acuerdo de Paz), se eleva a 173 525, que da un promedio aproximado de 4 820 personas por año. A partir del 25 de noviembre del año 2016, es decir, desde la firma del tratado de paz, hasta el 25 de octubre del año 2018, se han registrado 9536 solicitudes de refugio, un promedio de 4768 por año (MREMH, 2018).

Las cifras muestran que no se ha dado más que una mínima reducción de solicitudes de refugio, lo que otorga una noción primaria del contexto de violencia que se mantiene en Colombia, mera noción porque, además de las personas de nacionalidad colombiana que han solicitado refugio en Ecuador, se debe sumar el número de personas de otras nacionalidades que habitaban en Colombia, y el número de personas que sin solicitar protección internacional, han ingresado a Ecuador a través de otras categorías migratorias informales.

Violencia de género: CANI en Colombia

Así, en el contexto actual colombiano se divisan varios escenarios que se interrelacionan y entrelazan entre sí. La desmilitarización de las FARC, permitió que, de manera casi inmediata, grupos residuales que no fueron parte de las negociaciones o que estaban en desacuerdo con ellas, tomen control de aquellos territorios que solían estar bajo mando de las FARC (Grace & Brooks, 2015), prolongando así un conflicto armado ya existente, pero modificando a sus agentes.

Zonas previamente controladas por las FARC siguen soportando abandono estatal evidenciado en la inexistencia de servicios básicos, y de oportunidades de desarrollo, razón primordial por la que muchas personas que habitan en la franja sur de Colombia se dediquen al cultivo de coca (EHC, 2017), y otras se ven forzadas a movilizarse, tanto dentro como fuera del territorio colombiano, en búsqueda de un mejor futuro.

El accionar de los grupos armados ha diversificado los enfrentamientos armados hacia actividades ilícitas a costa de la población civil, como por ejemplo secuestro, reclutamiento de menores, extorsiones, tráfico de personas, prostitución forzada, tráfico de armas y de sustancias sujetas a fiscalización, explotación, “limpieza social” de grupos LGBTI, etc. (US, 2017) (Murphy & Acosta, 2018)

Añadiendo el contexto de la franja sur colombiana a la vulnerabilidad soportada por grupos con necesidades específicas como lo son las víctimas de violencia de género, se perfeccionan personas especialmente frágiles.

En el caso colombiano, la violencia de género continúa siendo un factor importante de desplazamiento forzado. En el año 2017, miles de civiles fueron desplazados, siendo la gran mayoría mujeres y niños (70%), grupos poblacionales que sufren mayoritariamente la violencia de género. Las formas son muchas: violaciones, asesinato, amenazas, tortura, terrorismo, desapariciones, esclavitud sexual, abuso sexual, y otros. De manera adicional, en el caso de mujeres, se suman los embarazos y abortos forzados (Murphy & Acosta, 2018) (UN, 2018).

Datos oficiales indican que más de 400 000 mujeres han sido víctimas de feminicidios en el marco del conflicto armado, y hay más de 57 000 mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Entre 1995 y 2011, la violencia en el conflicto armado ha generado el desplazamiento interno de más de 2 700 000 mujeres (cerca de 6% de la población total de Colombia y el 51% del total de personas desplazadas). De las mujeres desplazadas, el 15,8%  declaran haber sido víctimas de violencia sexual. Las mujeres pertenecientes a grupos étnicos indígenas y afrocolombianas se han visto afectados de manera desproporcionada por la violencia derivada del conflicto; se calcula que de 3 445 casos de homicidios de personas indígenas y afrocolombianas, el 65,5% eran mujeres (UN Women, 2017).

Las tendencias más preocupantes exponen abuso sexual por más de un perpretador (41%), victimización como represalia por algo que hizo la víctima o dejó de hacer (40%), y que las víctimas hayan sido agredidas en sus hogares (32%) (ICRC, 2016).

En relación con la propia violencia, se encuentra una escasez de denuncias por la ausencia de un ambiente confidencial y protector en el que las víctimas puedan apoyarse y compartir sus experiencias de manera que lleguen a instancias de justicia. Aun así, entre los años 80 y 2016 se han registrado cerca de 17 100 mujeres y niñas que han sufrido violencia de género en el marco del conflicto armado. La falta de denuncia por parte de hombres o personas con otras identidades de género, no implica que no sean víctimas, y es precisamente la falta de visibilidad que lleva a un elevado índice de impunidad. 

Los relatos son dolorosos. Existen incidentes particulares como aquel en el que una mujer fue trasladada a la fuerza desde Arauca, Colombia a la República Bolivariana de Venezuela, en donde fue violada por miembros de un grupo armado disidente que la amenazaba. Se han expuesto cientos de denuncias de mujeres que, por ser líderes comunitarias y denunciar violencia de género, han sido amenazadas de muerte e incluso asesinadas. Por la demanda de los grupos armados, conformados en su mayoría por hombres, la explotación sexual de niñas y mujeres por parte de redes criminales ha crecido exponencialmente (UN, 2018).

“Isabel fue agredida sexualmente por tres hombres armados que hacían presencia en la región montañosa en la que vivía. El temor a que lastimaran a sus hijos, que dormían en la habitación contigua, la obligó a callar sus gritos. Fue golpeada y violentada durante un tiempo que no logra calcular. Unas semanas más tarde, supo que estaba embarazada. Decidió huir, con sus hijos a cuestas. Nunca volvió a su tierra. Nunca habló. Isabel cargó durante veinte años con el precio del silencio. Nadie conocía su secreto. Sin embargo, hace un año, tras haber sido desplazada de nuevo por su trabajo como líder comunitaria, decidió por fin con su hija, fruto de aquella violación”.

El nombre de Isabel puede ser cambiado por cualquiera. Existen incontables casos. El problema es tan arraigado, que Colombia que es el único país que reconoce a los niños fruto de violación, como víctimas bajo el contexto de conflicto armado.

  • Mujeres 89.7% 89.7%
  • Hombres 7.6% 7.6%
  • No informa 2% 2%
  • LGBTI 0.6% 0.6%

Radiografía de la VIOLENCIA SEXUAL
Cerca de 19 000 personas han sido registradas por el Estado como víctimas de delitos contra la libertady la integridad sexual en el marco del conflicto y la violencia armada.
Sin embargo, el subregistro y el miedo a las represalias mantiene muchas agresiones en el silencio.

  • Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte al 1ro de enero del 2017

Ecuador: ¿el destino a salvo o segundo calvario?

Ecuador se convirtió en el destino principal de quienes se han visto forzados a abandonar sus hogares para precautelar su seguridad. Sin embargo, las condiciones en cuanto a los derechos de quienes ingresan al territorio ecuatoriano no siempre mejoran. El estigma social que existe en contra de los desplazados, en combinación con la cultura popular ecuatoriana, ha puesto en alto riesgo a la comunidad inmigrante, sobre todo a mujeres y grupos GLBTI. Como consecuencia, en búsqueda de protección y otras oportunidades, muchas víctimas del conflicto armado colombiano terminan involucrándose en las actividades a las que tienen acceso, por ejemplo, relacionarse con grupos criminales o mafias que obligan a prostituirse, en muchas ocasiones bajo condiciones inhumanas, convirtiéndose además en las principales víctimas de enfermedades de transmisión sexual.

Sumándose, se encuentran las redes de trata de personas. Fundación Esperanza expone que las mujeres más propensas a caer en estas redes son aquellas entre los 18 y 30 años de edad. Además de ingresar al territorio ecuatoriano con falsas promesas, como carreras de actrices, modelos o niñeras, se convierten en víctimas de abuso de sustancias estupefacientes en contra de su voluntad y muchas veces mueren debido a las altas dosis de drogas suministradas (Fundación Esperanza, 2016).

Ecuador es un país en el que, en lo que va del año 2018, 100 mujeres han perdido la vida por razones relacionadas a sus parejas o ex parejas, el índice de embarazos adolescentes producto de violaciones es alarmante y la falta de políticas de planificación familiar son un claro atentado a la sociedad y en particular a la mujer como destinataria de derechos básicos (Observatorio de Igualdad de Género, 2018).

En cuanto a los grupos GLBTI, la idiosincrasia latina los obliga a permanecer como marginados de la sociedad, y lamentablemente, Ecuador es un país sumamente conservador. Las personas que se identifican como parte de la comunidad GLBTI se han convertido en foco de constantes ataques, muchos de los cuales no son denunciados, ya sea por una decisión propia basada en miedo, o en el propio rechazo proveniente de las autoridades. La situación, variable por supuesto, mantiene una lastimera constante: todos son víctimas, en algún grado y de algún tipo de violencia de género.

Aunque Ecuador cuenta con leyes que pretendan mitigar las prácticas y creencias culturales profundamente enraizadas, estas no desaparecerán a menos de que se enfrente al problema desde la raíz, es decir, en equidad y respeto. El desconcierto que implica trabajar con personas que se vieron forzados a abandonar su país como un acto de supervivencia, abandonando su hogar, familia y vida entera, se convierte en indignación cuando a ello se suma la falta de protección estatal en el país que las acoge.

La educación y concientización es la única forma de cambiar la realidad de los grupos con necesidades específicas, un proyecto a largo plazo sumamente necesario, pues no se puede pretender que el sistema de derechos evolucione si sus operadores no están educados en la materia. Pero la urgencia viene del contexto colombiano. El conflicto armado no espera a nadie, por lo que es inminente que por parte del Estado, se adopten políticas públicas y un marco legal eficaz que promuevan la igualdad de género, evitando que se sigan propagando vulnerabilidades.

Tamia Brito
Asistente de Protección Internacional ACNUR
tamiabritom@gmail.com
Twitter: @quashiiii

Sarah Espinosa
Periodista y Voluntaria en la Fundación del Migrante Ecuatoriano
sarah.emb.93@gmail.com
Twitter: @s_untamed